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Nota a la presente edición

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Vincent
AutorCarmelo Jiménez Segado
Páginas17-18
NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN
La responsabilidad penal en el ejercicio de la abogacía constituye una
revisión en profundidad de mi libro La responsabilidad penal de los abo-
gados. La intervención del Derecho penal en la profesión (2017), cuya bue-
na acogida ha facilitado una segunda vuelta con la conf‌ianza editorial
de siempre de Rafael Tigeras y Diana Martín.
El nuevo libro conserva el genial prólogo de Esteban Mestre Delgado,
testimonio fehaciente de la génesis de este trabajo. Le debo al profesor
Mestre su amistad, magisterio y apoyo para abordar un tema, la respon-
sabilidad penal en el ejercicio de la abogacía, en el fondo incómodo, y
que otros habrían evitado con el «preferiría no hacerlo» de Bartleby, el
escribiente.
Se ha mantenido la división en cinco capítulos, que han sido ree-
laborados en el fondo y en la forma, en particular, para tratar el tema
de la responsabilidad penal de los propios colegios de la abogacía y
su exención; la adscripción forzosa al turno de of‌icio; ahondar en el
conf‌licto aparente entre el secreto profesional, la posición de la abo-
gacía de empresa y los deberes de prevención del delito de blanqueo
de capitales y el fraude f‌iscal; ofrecer un lenguaje más acorde con la
realidad de la abogacía, practicada por tantas mujeres como hom-
bres; y contemplar los cambios legislativos y jurisprudenciales de los
últimos cinco años, equivalentes a un siglo en términos de produc-
ción normativa.
La promulgación de toda una serie de normas esenciales para el
ejercicio profesional y la interpretación de los tipos penales bastaría por
sí sola para justif‌icar este texto, pues desde su aparición se ha publicado
un nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española (aprobado por
el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de
2019), un nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado
por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo) o la Ley 15/2021, de 23 de
octubre, que renombra la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso
a las profesiones de la Abogacía y la Procura, que unif‌ica el acceso a
ambas profesiones.

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