STS, 11 de Marzo de 2003
| Ponente | Gonzalo Moliner Tamborero |
| ECLI | ES:TS:2003:1634 |
| Número de Recurso | 2371/2002 |
| Procedimiento | SOCIAL - 10 |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. LUIS GIL SUAREZD. BENIGNO VARELA AUTRAND. MANUEL IGLESIAS CABEROD. JOSE MARIA BOTANA LOPEZD. GONZALO MOLINER TAMBORERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Marzo de dos mil tres.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Luis Fernando Alvarez Wiese en nombre y representación de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2002 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso de suplicación nº 2916/2001, interpuesto contra la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2001, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Donostia-San Sebastian, en autos núm. 240/01, seguidos a instancias de D. Simón contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre pensión.
Ha comparecido en concepto de recurrido el actor, representado por el Procurador D. Guzman de la Villa de la Serna.
Con fecha 15 de septiembre de 2001 el Juzgado de lo Social nº 3 de Donostia-San Sebastian dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: "D. Simón , DNI NUM000 , nacido el 22-8-27, está afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el número NUM001 . Su afiliación data de 1-12-1972, fecha en que empieza a prestar servicios por cuenta ajena para la empresa Loistarain S.A. Permanece en esta situación hasta el 31-12-92 en que pasa a la situación de jubilación, reconociéndosele la correspondiente pensión con arreglo a una base reguladora de 219.168 ptas y con un porcentaje del 72% en función de los años cotizados. 2º) El hoy demandante, con anterioridad al trabajo que motivó su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, fue ordenado presbítero en la diócesis de San Sebastián el 30-5-52. Deja de ser sacerdote diocesano y se le dispensa de sus obligaciones por rescripto de 1-2-74. 3º) Solicitó que el periodo en que fue clérigo diocesano se le computara a efectos de acrecentar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora de la pensión de jubilación. La Entidad Gestora le aumenta el porcentaje en un 28% en virtud de resolución de 5-11-99 y con fecha de efectos 13-1-99 y le advierte que está obligado a abonar el capital coste de la diferencia de pensión que asciende a 9.606.988 ptas, de las que 738.998 ptas corresponden a una tasa por tramitación del expediente y gastos de capitalización y le advierte que tiene quince días para estudiar como se va a llevar a cabo la amortización del capital, y de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se le fraccionará en 180 cuotas que se deducirán del importe de la pensión. 4º) El demandante formula un denominado recurso de alzada ante la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social en fecha 23-2- 01. El órgano ad quem da curso del referido escrito a la Dirección Provincial del INSS de Gipuzkoa para que le de trámite de reclamación previa. Dicho órgano dicta resolución desestimatoria en fecha 12-3-01. Frente a esta desestimación expresa el actor interpone demanda ante este Juzgado pretendiendo la exoneración del pago del expresado capital coste y subsidiariamente del de la tasa referida."
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa previa y de falta de acción y desestimando la demanda interpuesta por D. Simón y confirmando la resolución impugnada, debo absolver y absuelvo al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de todos los pedimentos de la demanda."
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Simón ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual dictó sentencia en fecha 26 de marzo de 2002, en la que consta el siguiente fallo: "Que declaramos de oficio la incompetencia de este orden social de la jurisdicción para el conocimiento de la cuestión debatida, que debe entenderse atribuida a la jurisdicción contencioso-administrativa, y todo ello previa declaración de nulidad de la sentencia de instancia y de todas las actuaciones practicadas desde aquel momento."
Por la representación de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 3 de junio de 2002, en el que se alega infracción por aplicación indebida del art. 9.4 de la LOPJ, art. 3.1.b) de la LPl y arts. 1 y 4 del RD 1637/95 de 6 de octubre así como por inaplicación del art. 9.5 LOPJ y arts. 1 y 2.b) de la LPL en relación con el art. 163 del TRLGSS y con el art. 4 del RD 2665/98 de 11 de diciembre (dictado en desarrollo de la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/96 de 30 de diciembre). Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada el 11 de diciembre de 2001 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Rec.- 214/01).
Por providencia de esta Sala de fecha 18 de septiembre de 2002 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte demandada para que formalice su impugnación en el plazo de diez días.
Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 4 de marzo de 2003.
1.- El presente recurso lo ha interpuesto el INSS y la sentencia que recurre es la dictada por la Sala de lo Social del País Vasco en 26-3-2002 (Rec.- 2916/01). Dicha sentencia declaraba la incompetencia de este orden jurisdiccional social para conocer de la demanda formulada por un beneficiario de una prestación de jubilación al que el INSS le había reconocido en 1992 una pensión de tal naturaleza en el 72% de la base reguladora en función de sus años de cotización en el Régimen General sin computar los años cotizados como sacerdote diocesano. A petición de dicho interesado la Entidad Gestora acordó incrementarle aquel porcentaje en un 28% con efectos de 13-1-1999, pero advirtiéndole que está obligado a abonar el capital coste de dicho incremento y que, de no optar en quince días por otra solución, se le fraccionaria en 180 mensualidades. El interesado recurrió la decisión de abono de aquel capital pretendiendo la exoneración del pago de aquel capital coste y subsidiariamente del reparto en aquellas cuotas.
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- Como sentencia de referencia para la contradicción aporta el INSS la dictada en 11-12-2001 por la Sala de lo Social de La Rioja (Rec.-276/01) en la cual, contemplando la misma situación de un sacerdote secularizado a quien, después de habersele reconocido una pensión de jubilación del Régimen General (en este caso del 77% de la base reguladora), le fue revisada la misma para reconocerle la prestación en el 100% de aquella base, mediante el cómputo de los años de servicio sacerdotal y con la exigencia de abono del correspondiente capital coste de renta a abonar en las mismas 180 mensualidades. E impugnada por dicho beneficiario esa decisión sobre el abono de tal capital y sobre tal aplazamiento, la Sala de Logroño declaró la competencia del orden social.
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- Como puede apreciarse las dos sentencias comparadas están resolviendo una misma cuestión y lo hacen de forma contradictoria, puesto que la recurrida declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la impugnación de la resolución del INSS acordada sobre la fijación y forma de abono del capital coste de renta, mientras que la de contraste declara para esa misma cuestión la competencia de este orden jurisdiccional; razón por la cual se está en la situación prevista en el art. 217 de la LPL, exigente de doctrina unificada al respecto.
1.- El recurso lo fundamenta el INSS en la aplicación indebida por parte de la sentencia recurrida de lo dispuesto en el art. 9.4 de la LOPJ en relación con el art. 3.1.b) de la Ley de Procedimiento Laboral y en los arts. 1 y 4 del RD 1637/95, de 6 de octubre, y también por inaplicación del art. 9.5 LOPJ, y arts. 1 y 2b) de la LPL en relación con el art. 163 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y con el art. 4 del Real Decreto 2665/98, de 11 de diciembre, dictado en desarrollo de la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Todo ello para sostener la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la cuestión planteada, solicitando con argumentos fundados en tales preceptos, la revocación de la sentencia recurrida.
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- La cuestión sometida a unificación en el presente procedimiento se concreta, pues, en decidir si es competente o no el orden jurisdiccional social para conocer de la impugnación hecha por el demandante de la decisión del INSS de reclamarle el capital coste de la parte de pensión de jubilación que deriva de los años de ejercicio de la actividad sacerdotal de aquél, durante los que no cotizó.
Para resolver el problema planteado se impone conocer los antecedentes del caso, y para ello hay que partir de la realidad de que el demandante obtuvo en un primer momento una prestación de jubilación del 72% de la base reguladora por los trabajos realizados en una empresa desde que dejó de ser sacerdote, y que en un momento le fue incrementada la misma hasta el 100% como consecuencia de haberle computado el INSS los años anteriores de ejercicio de aquella actividad sacerdotal anterior durante los que no cotizó porque en aquella época pertenecía a un colectivo que no tenía posibilidad de afiliarse al sistema de la Seguridad Social. Este incremento fue posible porque así lo dispuso el Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre, que completó el sistema de reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos de actividad sacerdotal o religiosa a los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados, dictado de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en aplicación de las previsiones contenidas en el mismo le fueron reconocidos al actor como asimilados a cotizados todos los años de ejercicio sacerdotal, efectuando el INSS un nuevo cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación ya reconocida en aplicación directa de lo dispuesto a tal efecto en el art. 3.2 del referido Decreto. Ahora bien, esta norma reglamentaria, después de disponer la asimilación a cotizados de todos aquellos años anteriores a los efectos indicados dispuso igualmente en el art. 4 que en estos supuestos los interesados deberán abonar el capital coste de la parte de pensión que derive de los años de ejercicio sacerdotal o religioso que hayan sido cotizados a la Seguridad Social, de conformidad con determinados porcentajes, previendo igualmente un pago diferido por un período máximo de quince años, ampliable en la medida necesaria para que en ningún caso la amortización de capital coste suponga una cuantía superior a la adicional referida.
Como antes se dijo, el actor recurrió contra la reclamación de abono del capital coste correspondiente y lo hizo por considerar que el Real Decreto en cuestión se había excedido en el mandato conferido por el legislador y contrariaba además las disposiciones legales vigentes tanto en Seguridad Social como en otras materias.
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- Ante esta situación tan especial el problema de la competencia o incompetencia de este orden jurisdiccional ha de abordarse desde los principios rectores de esta materia contenidos en los arts. 9.5 de la LOPJ y arts. 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral, en cuanto concretan el ámbito competencial del orden social para, después de decir que esa competencia alcanza a las cuestiones litigiosas que se promuevan "en materia de Seguridad Social" - art. 21 b) -, señalar que, sin embargo, no conocerán "de las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria o, en su caso, por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta, así como las relativas a las actas de liquidación y de infracción".
A partir de estas previsiones legislativas esta Sala ha dicho de forma reiterada, a pesar de las dificultades que en muchos casos encierra el deslinde competencial, que la regla general viene constituída por la competencia del orden social para el conocimiento de todas las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social - arts. 9.5 LOPJ y art. 2 LPL -, y la excepción la de la incompetencia del mismo para las cuestiones expresamente reservadas por el legislador al conocimiento del orden contencioso administrativo - por todas SSTS 9-4-1999 (Rec.- 2309/98) -
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- Si observamos lo ocurrido en el presente caso podemos apreciar cómo la decisión contra la que se recurre la adoptó el INSS y no la Tesorería General de la Seguridad Social, y no por la razón apuntada en alguno de los escritos del actor por una mera delegación de funciones de ésta hacia aquél, sino por la razón más profunda de que aquella decisión no tiene el contenido propio de un acto de gestión recaudatoria sino de algo más que se concreta en la exigencia de cumplimiento de una obligación prevista en la específica normativa aplicable, obligación que puede ser legal o ilegal y que la propia norma permite que se modalice de una u otra forma, pero que con toda claridad no es de las decisiones encomendadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo que a este efecto se contiene en los arts. 1 y 4 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprobó el Reglamento General de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social. Las decisiones de naturaleza recaudatoria las adoptará en su caso la Tesorería cuando se despejen las dudas sobre la legalidad o procedencia de esa decisión del INSS, pero mientras tanto se trata de decidir si el demandante tiene o no la obligación de abonar el capital que se le reclama, y ello es de neto carácter jurídico social y por lo tanto de la competencia del orden social por no poder incardinarse en ninguno de los supuestos excepcionados de la competencia en el art. 3 de la LPL conforme a lo antes indicado.
En este mismo sentido se ha pronunciado ya esta Sala sobre idéntica cuestión a la aquí planteada, por medio de la reciente STS de 12-2-2003 (Rec.- 2239/02) en la que ha llegado a la misma conclusión sobre el argumento fundamental de que en este caso "el capital coste tiene un componente económico a favor de la entidad gestora, esto es indudable, pero no pertenece propiamente a la gestión recaudatoria sino a una contraprestación a cargo del beneficiario para compensar a la entidad gestora de la ventaja que representa el incremento de la pensión de jubilación sin responder a cotizaciones reales...", pues "lo que debe decidirse es si a la entidad gestora le asiste o no el derecho a reintegrarse de lo que el artículo 4 del R.D. 2665/98 considera capital coste de la parte de pensión que reconoce en función de años no cotizados"
De conformidad con lo hasta ahora indicado la buena doctrina en relación con la cuestión aquí planteada se contiene en la sentencia de contraste que declaró la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda ante ella presentada, lo que habrá de declararse así casando y anulando la sentencia recurrida de conformidad con lo solicitado por el INSS en el presente recurso; lo que lleva a devolver las actuaciones a la Sala de procedencia para que, con plena competencia resuelva el recurso de suplicación formulado por la parte actora en este procedimiento contra la sentencia dictada en la instancia por el Juzgado de lo Social nº 3 de San Sebastián. Sin que proceda hacer pronunciamiento alguno sobre costas de conformidad con lo dispuesto en el art. 233 de la LPL.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2002 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso de suplicación nº 2916/2001, la que casamos y anulamos; y, en su virtud se devolverán las actuaciones a la Sala de procedencia para que se pronuncie con plena competencia y con libertad de criterio sobre los motivos de recurso planteados en suplicación por la parte actora en este procedimiento. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Gonzalo Moliner Tamborero hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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