STS, 16 de Noviembre de 2002

Por la representación de FEDERACION ESTATAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE CCOO, se planteó conflicto colectivo, del que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la se declare: "La Nulidad del I Convenio Colectivo General de ámbito Nacional para el Sector de Regulación del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública mediante el Control Horario y cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos publicado en el BOE del 19 de junio de 2.000, reintegrando dicha unidad de negociación al marco del I Convenio General de Ambito Nacional para el sector de empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos, decretando expresamente la sumisión a éste convenio por estar integrada en su ámbito la actividad recogida en el convenio que se impugna".

Admitida a tramite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratifico en la misma, oponiéndose las demandadas, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Con fecha 24 de abril de 2.001, se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda de FED EST COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE CCOO y AEGA (sic) contra ASOC. DE EMPRESAS DE REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTO (ANERE), FED EST. TRANSP. COM Y MAR DE UGT Y MINISTERIO FISCAL declaramos nulo y anulamos el I Convenio Colectivo General de Ámbito Nacional para el Sector de Regulación del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública mediante el Control Horario y cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos, publicado en el BOE del 19-6-2000, por estar integrado su ámbito funcional en el I Convenio General de Ámbito Nacional para el sector de empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos, condenando a los demandados y estar y pasar por ello a todos los efectos".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "PRIMERO.- Por Resolución de 1-6-2000 la Dirección General de Trabajo dispuso la inscripción en el registro y la publicación del Convenio Colectivo suscrito entre la Asociación Patronal ANERE y la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, con la rúbrica "I Convenio Colectivo General de Ámbito Nacional para el Sector de Regulación del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública mediante el control Horario y cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamiento", suscrito el 6-4-2000. Dicho convenio se publicó en el BOE de 19-6-2000. SEGUNDO.- Con anterioridad, se había publicado en el BOE de 11-3-98, suscrito por la Asociación Nacional de Empresas Concesionarias y Privadas de Aparcamientos (ANECPA) y las Federaciones de Transporte de UGT y CCOO el I Convenio Colectivo General, de ámbito nacional, para el sector de las empresas concesionarias y privadas de aparcamiento de vehículos. TERCERO.- La Asociación Patronal ANERE, se fundó el 19-10-98, presentando sus Estatutos en el Registro del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 24-11-98, siendo sus fundadores las entidades "Estacionamiento Servicios, S.A.", "Aparcamientos Concertados, S.A.", "Aparcamientos Ferrovial Aparcamientos, S.A." y "Dornier, S.A." Pertenecen en la actualidad a esta Asociación, "Estacionamientos Servicios, S.A." que tiene 879 trabajadores, "Dornier, S.A." 677, "Empresa Mixta de Tráfico Gijón" 75, "Aussa.", "Parcosa, S.A." 54 y "Estacionamiento UTE Vigo" 44. CUARTO.- ANECPA, fue fundadora el 13-7-77 y desde mayo 98 se llama AEGA. En la misma figuran como afiliadas las entidades "Estacionamiento Servicios, S.A." "Aparcamientos Concertados, S.A.", y "Aparcamientos Ferrovial, S.A." "Dornier, S.A.", perteneció a la actual AEGA desde 24-6-91 hasta el 26-11-99. QUINTO.- El 13-11-2000 ANERE, presentó demandada de impugnación de un Convenio del sector de aparcamientos de ámbito catalán, firmado por AEGA, por entenderlo contrario al que es objeto de impugnación en este litigio, dictándose sentencia desestimatoria por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Cataluña el 24-1-2001, sentencia de la que obra copia en autos. SEXTO.- La actividad desarrollada por las empresas en la "zona azul", se realiza siempre, mediante concesión administrativa y consiste en la adquisición, colocación, mantenimiento y puesta en marcha de los parquímetros, así como la señalización, limpieza y publicidad de la zona de estacionamiento, siendo responsables de los daños y perjuicios causados con la actividad. Realizan la recaudación de los parquímetros, abonando a la Administración un canon por la concesión. Se han cumplido las previsiones legales".

Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de casación por los Letrados, de una parte D. Jordi Puigbó Oromí, en nombre y representación de ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTO (ANERE) y, de otra, por D. Javier- Santiago Berzosa Lamata, en nombre y representación de FEDERACION ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA UGT (FETCM-UGT), formalizando los recursos en los siguientes motivos:

Por parte de ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTO (ANERE): 1º.- Al amparo del artículo 205 e) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, infracción, por aplicación indebida, del artículo 84 del TRLET, así como el artículo 63 del Código Civil.- 2º.- Subsidiariamente, al amparo del mismo artículo y cuerpo legal, por infracción, inaplicación e interpretación errónea, de los artículos 84 y 86.3º del TRLET, así como la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1.992 y 23 de octubre de 1.995.

Y, de otra, por D. Javier-Santiago Berzosa Lamata, en nombre y representación de FEDERACION ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA UGT (FETCM-UGT): 1º.- Al amparo del artículo 205 d) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, con objeto de adicionar un párrafo al hecho probado segundo de la sentencia recurrida.- 2º.- Al amparo del artículo 205 e) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, infracción del artículo 84 en relación con el 83 y 86 del TRLET, asimismo en relación con el artículo 1281 del Código Civil, los artículos 17 y 18 del I Convenio Colectivo General de ámbito nacional para el sector de las empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos (BOE 11.3.98) y las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22.9.98, 23.10.95 y 19.1.92.

Emitido el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, se señaló para votación y fallo el día 18 de junio de 2.002, suspendiéndose el mismo y dada la trascendencia y complejidad del presente asunto, se acordó que la deliberación, votación y fallo del presente recurso se hiciera en Sala General, señalándose para tales efectos el día 10 de julio de 2.002, que fue también suspendido. Se señaló de nuevo para Sala General el 25 de septiembre del mismo año. En dicho acto, el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Luis Ramón Martínez Garrido no compartió la decisión mayoritaria de la Sala y anunció que formularía voto particular, por lo que se encomendó la redacción de la ponencia al Presidente de la Sala, Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez.

Se han cumplido las normas de procedimiento aplicables, excepto el plazo para dictar sentencia, por la complejidad del asunto y el mucho trabajo que pesa sobre esta Sala y ponente.

En el B.O.E. de 11 de marzo de 1998 se publicó el I Convenio Colectivo General de ámbito nacional para el Sector de las Empresas Concesionarias y Privadas de Aparcamiento de Vehículos, (en adelante, Convenio colectivo de aparcamientos), que fue suscrito por la Asociación Nacional de Empresas Concesionarias y Privadas de Aparcamientos (ANECPA), de un lado, y por la Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y por la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de Comisiones Obreras (CCOO), por otro lado.

El art. 13 de este convenio colectivo determina el ámbito funcional del mismo, estableciendo que "este Convenio General es de obligada observancia para todas las empresas del Sector, cuya actividad principal consista en la explotación de aparcamientos de vehículos automóviles, bien de concesión, bien mediante cesión por cualquier título lícito, bien de propiedad".

En el BOE de 19 de Junio del 2000 se publicó el I Convenio Colectivo general de ámbito nacional para el Sector de Regulación del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la vía pública, (en adelante, Convenio colectivo de la ORA o Convenio Colectivo de la Zona Azul), mediante control horario y cumplimiento de las Ordenanzas de aparcamientos", el cual fue suscrito por la Asociación Nacional de Empresas de Regulación del Estacionamiento (ANERE), por parte empresarial, y la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.), por parte de los trabajadores.

El art. 13 de este último convenio colectivo también delimita el ámbito funcional del mismo, y a tal efecto dispone: "El presente Convenio General es de obligada observancia para todas las empresas del sector, cuya actividad principal consista en la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante control horario y cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamiento, control de la ORA, mantenimiento de parquímetros y en general zonas azules o cualquier otra actividad complementaria o accesoria y básica para el funcionamiento de la ORA, como pueda ser la retirada del vehículo en la zona azul cuando proceda".

Conviene indicar que, los dos Convenios colectivos que se acaban de mencionar tienen un contenido coincidente en muchos de sus artículos, sobre todo aquéllos que tratan de temas generales, pero no son exactamente iguales pues un número nada desdeñable de preceptos de uno y otro convenio son claramente diferentes. La diferencia de regulación es manifiesta y palpable, sobre todo, en lo que atañe a las modalidades y tipos de contratos, y a la subrogación del personal, así como en la estructuración de los grupos profesionales de Explotación y de Control de explotación.

El 22 de diciembre del 2000 la Federación Estatal de Comunicación y Transportes de Comisiones Obreras presentó demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que impugnó por ilegalidad el citado I Convenio Colectivo General de la ORA. La razón esencial en que se funda la pretensión impugnatoria base de esta demanda consiste en que "el convenio impugnado invade de forma ilegítima el espacio funcional del I convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de las empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos, al incluir en su ámbito funcional a empresas que por estar dedicadas fundamentalmente a la actividad de aparcamientos de vehículos, estaban, y deben seguir estando, incluídas en el ámbito funcional del convenio preexistente" (hecho quinto de tal demanda), destacando que "parece poco razonable la pretensión de las partes signatarias del convenio impugnado, en su afán por crear una nueva unidad de negociación sin justificación racional y objetiva de carácter funcional, separando de su ámbito natural a una serie de empresas y trabajadores cuya actividad nuclear y central no es, en definitiva, otra que el aparcamiento de vehículos" (hecho sexto); así mismo en el hecho décimo se puntualiza que "el convenio impugnado fue firmado por ANERE y por UGT, es decir por partes que carecían de legitimación suficiente y plena para la negociación de una norma convencional de eficacia general". En los fundamentos de derecho de esta demanda se alega la violación del art. 84 del Estatuto de los Trabajadores, en razón a que "en el presente caso se evidencia fraude legal para eludir la aplicación del art. 84, dado que un convenio no puede negociarse para concurrir con otro ya vigente, salvo en los supuestos contemplados en el precepto legal y que no son de aplicación al supuesto contemplado"; también se aduce la conculcación por el convenio impugnado de los arts. 83-1 y 85 y también del art. 87 del Estatuto de los Trabajadores, este último con base en que "los convenios de eficacia limitada están supeditados a la ley por el mandato del art. 1255 del Código Civil y 3 del Estatuto de los Trabajadores, y no se ajusta a derecho la pretensión de que un convenio de eficacia limitada derogue o pretende sustituir parcialmente y "ante tempus" a uno de eficacia general". Esta demanda se dirige contra la Asociación Nacional de Empresas de Regulación del estacionamiento (ANERE) y contra la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la U.G.T.. En el suplico de esta demanda se solicita que se declare la nulidad del referido Convenio Colectivo para el sector de regulación del Estacionamiento de Vehículos en la vía pública, "publicado en el BOE del 19 de junio de 2000, reintegrando dicha unidad de negociación al marco del I Convenio General de ámbito nacional para el sector de empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos, decretando expresamente la sumisión a este convenio por estar integrada en su ámbito la actividad recogida en el convenio que se impugna"; como petición subsidiaria se insta que "se declare la nulidad en su dimensión estatutaria del Convenio impugnado, así como la subsiguiente sumisión declarándose así mismo su naturaleza de pacto de eficacia limitada".

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitió a trámite la mencionada demanda. Algo después de tal admisión de demanda, la Federación de CCOO, que la formuló, llevó a cabo una ampliación de la misma, en virtud de la cual solicitó que "sea tenida por parte interesada en el procedimiento de referencia la Asociación Española de Aparcamientos y Garajes (AEGA) y, en virtud de ello, sea citada al acto del juicio oral ...". Se destaca que, según consta en el hecho probado cuarto de autos, AEGA es la denominación que desde mayo de 1998 adoptó la Asociación patronal ANECPA, que, como antes se dijo, negoció el Convenio Colectivo de aparcamientos publicado en el BOE de 11 de marzo de 1998.

El 17 de abril del 2001 se celebró el acto de juicio verbal de este proceso, en el que intervinieron la Federación de CCOO demandante, los demandados ANERE y la antedicha Federación de UGT, y también la mencionada AEGA. La entidad actora se afirmó y ratificó en su demanda; los demandados se opusieron a la misma; y AEGA adoptó "la posición de demandante" y se adhirió "a lo manifestado por el actor". La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia de fecha 24 de abril del 2001, en la que se estimó la comentada demanda y, en consecuencia, declaró nulo el referido Convenio del estacionamiento limitado, publicado en el BOE de 19 de junio del 2000, "por estar integrado su ámbito funcional en el I Convenio General de ámbito nacional para el sector de empresas concesionarias y privadas de aparcamiento de vehículos, condenando a los demandados a estar y pasar por ello a todos los efectos".

Esta sentencia sostiene que el ámbito funcional del Convenio colectivo de la ORA está comprendido dentro del ámbito funcional del Convenio Colectivo de aparcamientos, y por ello aquél incurre en concurrencia con éste, de lo que deduce la declaración de nulidad de dicho convenio invasor.

Contra esta sentencia de la Audiencia Nacional interpusieron sendos recursos de casación los demandados, es decir la asociación empresarial ANERE y la Federación Estatal de Transportes, Comunicación y Mar de UGT.

El recurso de ANERE se articula en dos motivos. En el primero y principal se alega la infracción por aplicación indebida del art. 84 del Estatuto de los Trabajadores, así como del art. 6-3 del Código Civil. En el segundo motivo, que se aduce con carácter subsidiario, se denuncia la infracción por inaplicación e interpretación errónea de los arts. 84 y 86-3 de dicho Estatuto, en relación con la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1992 y 23 de octubre de 1995.

El recurso de casación de U.G.T. también se estructura en dos motivos. En el primero de estos motivos se pretende la revisión del hecho probado segundo de la sentencia recurrida, a fin de que al mismo se añada un párrafo más, párrafo que se expresa y reseña en ese motivo. El segundo motivo se ampara en el art. 205-e) de la Ley de Procedimiento Laboral, y en él se denuncia la vulneración del art. 84 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los arts. 83 y 86 del mismo y con el art. 121 del Código Civil y los arts. 17 y 18 del Convenio colectivo de aparcamientos, y las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1998, 23 de octubre de 1995 y 29 de enero de 1992. La argumentación y alegaciones de este segundo motivo coincide en lo esencial con las que se esgrimen en el segundo motivo del recurso de ANERE.

En los dos recursos se pide la estimación de sus pretensiones, que se case y anule la sentencia recurrida que dictó la Audiencia Nacional el 24 de abril del 2001, y que se desestime íntegramente la demanda inicial de este proceso.

Por razones de método examinaremos en primer lugar el primer motivo del recurso entablado por la asociación empresarial ANERE.

Y al efectuar tal análisis lo primero que se pone de manifiesto es la clara separación y divergencia existente entre la actividad, cometidos y funciones de las empresas dedicadas a la explotación de aparcamientos de vehículos y aquellas otras que tienen por objeto controlar el cumplimiento de la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública. Y no cabe duda que esta evidente diferencia indica, en principio, que nos encontramos ante dos distintos "ámbitos funcionales" de convenio colectivo.

La Sala estima conveniente exponer seguidamente las disparidades que separan la actividad negocial de las empresas que se dedican a la explotación de aparcamientos de vehículos, de la que es propia de las empresas que efectúan el control de los estacionamientos limitados de vehículos en la vía pública. A juicio de la Sala, estas diferencias son las siguientes:

1).- Una cosa es la explotación de locales o inmuebles destinados a aparcar en ellos vehículos mediante el pago de un canon a precio, y otra cosa muy distinta es llevar a cabo el control del estacionamiento en las vías públicas.

2).- Las empresas de aparcamiento ordinario responden a un interés privado, no entremezclándose en su objeto esencial ninguna clase de interés público . Por el contrario, en las empresas que se dedican al control de la zona azul subyace el interés público de ordenar la utilización de la vía pública por los usuarios de los vehículos de motor, tanto en cuanto al estacionamiento de estos vehículos en esas vías, como para facilitar y mejorar la circulación por ellas.

3).- En los aparcamientos o "parkings" la empresa ha de poseer un local cerrado, cualquiera que sea el título jurídico en que se basa esa posesión (dominio, arrendamiento, concesión administrativa); lo que a su vez exige a la empresa una importante inversión relativa a un bien inmueble, y la subsiguiente conservación y mantenimiento del mismo. Nada de esto es necesario en la actividad desarrollada por las empresas incluídas en el convenio colectivo de la ORA, pues tal actividad opera sobre la utilización de la vía pública por los vehículos, la cual en principio está abierta a todos.

4).- La actividad negocial propia de la explotación de los aparcamientos privados o cerrados consiste fundamentalmente en ceder a los clientes el uso temporal del espacio que ocupa el vehículo, mediante el pago del precio o canon correspondiente. Por contra, en las empresas que controlan la llamada "zona azul" no existe por parte de la empresa ninguna cesión a los usuarios de los vehículos, pues éstos utilizan la vía pública; lo que hace la empresa es controlar la correcta utilización de esa vía, en lo que concierne al estacionamiento en ella, y llevar a cabo la recaudación de la correspondiente tasa.

5).- De ahí que, mientras en los aparcamientos cerrados existe o se genera una relación contractual entre la empresa titular de los mismos y los clientes que dejan los vehículos en su local; entre las empresas de la ORA y los conductores y poseedores de los automóviles que estacionan en la vía pública no existe ningún tipo de vínculo jurídico. Estas empresas se limitan a vigilar o controlar ese estacionamiento, velando por el cumplimiento de las ordenanzas o normas municipales, de ahí que la función que desempeñan estas empresas tenga el carácter de servicio público y que el nexo jurídico que les permite el desempeño de tal función se dé entre la empresa y el Ayuntamiento de que se trate. El cual nexo puede revestir la forma de contrato administrativo o de concesión administrativa.

6).- Abundando en la idea de que en los aparcamientos privados o cerrados la actividad negocial llevada a cabo en ellos supone la creación sucesiva y frecuente de vínculos contractuales entre la empresa y los usuarios de tales aparcamientos, debe destacarse que la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de octubre de 1996 manifiesta que "el aparcamiento o 'parking', entendido, más allá de su acepción neutra, como empresa que cobra un canon, suponen un local o terreno acotado (al que no se puede entrar libremente con el vehículo), con casetas o controles de acceso ... y con casetas o controles de salida que obligan, para retirar y llevarse el coche, a abonar antes el precio establecido por horas o días de permanencia, conforme a módulos proporcionales"; siendo el núcleo esencial de tal explotación el llamado "contrato de aparcamiento", que dicha sentencia califica "de naturaleza atípica, al carecer de regulación propia en nuestro ordenamiento, y de índole mixta, pues su configuración contiene elementos del contrato de arrendamiento (parcela expedita donde estacionar) y elementos del contrato de depósito (obligación de restitución), junto con las demás prestaciones accesorias que se pacten". Por todo ello esta sentencia de la Sala 1ª de 22 de octubre de 1996 define al contrato de aparcamiento como "un contrato celebrado entre titular del aparcamiento y usuario del vehículo que consiste en la ocupación, previo acceso permitido, de una plaza de estacionamiento por aquél, según tarifas conocidas que se abonan al retirarlo en función de las horas o días de permanencia".

Y es indiscutible que este contrato de aparcamiento, que constituye el núcleo esencial del negocio que llevan a cabo las empresas de "parkings", no existe ni aparece por parte alguna en las empresas de la ORA.

7).- Como consecuencia de todo ello, resulta claro que en los aparcamientos privados el usuario viene obligado a pagar a la empresa el precio del estacionamiento de su coche, cosa que no acontece, en absoluto, en las empresas de la ORA, pues en la actuación que éstas desarrollan la obligación que grava el conductor del automóvil es la de pagar la tasa impuesta por el Ayuntamiento.

8).- Y así, las empresas de aparcamientos privados o cerrados pueden reclamar a sus clientes, incluso judicialmente, el pago del precio de estacionamiento que les adeuden. En cambio, el impago de la tasa referida por la parada del automóvil en la zona azul, no da lugar a que la empresa reclame su abono al individuo que lo aparcó o al titular del vehículo, sino que determina la imposición de la sanción administrativa de multa por el Ayuntamiento e, incluso, en su caso la retirada del vehículo por el servicio de grúa o su inmovilización.

9).- A este respecto se destaca que el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y modificado, en lo que aquí interesa, por la Ley 5/1997 de 24 de marzo, sobre todo en los arts. 7, 38, 39, 65, 67, 70 y 71, otorga competencia a los Municipios para regular mediante Ordenanza Municipal "los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos ...", pudiendo el Ayuntamiento adoptar las medidas pertinentes, tanto sancionadoras como cautelares u otras análogas, a que aluden los citados preceptos, a fin de conseguir el más exacto cumplimiento de las normas reguladoras de esta materia.

Y es obvio que toda esta regulación es la base esencial que sostiene la actividad desarrollada por las empresas que controlan esos estacionamientos limitados, de lo que se deriva el carácter de gestión de servicio público que tal actividad presenta. Lo cual no es, de ningún modo, trasladable a las empresas que explotan los aparcamientos privados o cerrados, a las que no alcanzan ni afectan en absoluto las disposiciones legales que se acaban de mencionar.

10).- Conviene también indicar que en el día de ayer se publicó en el BOE la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, Reguladora del Contrato de Aparcamiento de vehículos, que afecta de lleno a la actividad de las empresas de aparcamientos privados, y que nada tiene que ver con las empresas que efectúan el control de la "zona azul", las cuales quedan expresamente excluídas del ámbito de esa Ley de conformidad con lo que expresa el art. 2-a) de la misma.

Y aún cuando es obvio que esta Ley no estaba en vigor ni cuando se aprobó o publicó el Convenio Colectivo de las empresas de la ORA, ni tampoco cuando se interpuso la demanda origen de este litigio, es indiscutible que los criterios conceptuales recogidos en ella pueden servir de referencia en los análisis y razonamientos aquí efectuados, máxime cuando tales criterios conceptuales responden a ideas y concepciones arraigadas desde hace tiempo en la sociedad española, como demuestra lo que se expone en la antedicha sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 22 de Octubre de 1996.

11).- En los aparcamientos privados la empresa tiene la obligación de guarda y custodia de los vehículos, cosa que no sucede en relación con las empresas de la ORA.

12).- Lo característico del estacionamiento en zona azul es la limitación del tiempo que ha de durar el mismo, y precisamente el control del cumplimiento de ese límite horario constituye misión esencial de las empresas que se dedican a esta actividad. En cambio en los aparcamientos ordinarios no se limita el tiempo máximo de permanencia.

13).- Todas estas indiscutibles disparidades entre los cometidos y funciones de una y otra clase de empresas, también encuentran reflejo en el ámbito propio del Derecho Laboral, pues el núcleo esencial de los trabajos que se desarrollan en unas y otras empresas es manifiestamente distinto. En los aparcamientos cerrados, y en cuanto a ese núcleo esencial, los trabajadores son muy escasos en número, máxime en razón al alto grado de mecanización o automatización que en la actualidad suelen tener estas empresas; la labor más destacada y característica es la que lleva a cabo el empleado situado en la cabina de caja o de control de salida de vehículos. En cambio, las empresas de la zona azul se basan sobre todo en la actuación que despliegan sus trabajadores, pues necesitan un número considerable de los mismos, para realizar el control de los estacionamientos, deambulando por las distintas calles.

Las indiscutibles y evidentes diferencias que existen entre las empresas de aparcamientos privados y las que se dedican al control de la zona azul, que se han dejado consignadas en el fundamento de derecho anterior, hacen lucir con toda nitidez que unas y otras empresas operan en ámbitos sectoriales distintos. Por ello, en principio, no es posible sostener que el convenio colectivo regulador de las condiciones de trabajo de una de esas clases de empresas incluye o comprende a las de la otra clase, ni que el convenio de estas últimas incide en concurrencia con el de las primeras. Se trata de dos "ámbitos funcionales" claramente separados, por lo que la negociación colectiva de cada uno de ellos puede llevarse a cabo, en principio, con total independencia y autonomía del otro.

Únicamente podría ser desvirtuada esta conclusión en el caso de que el convenio colectivo primeramente concertado hubiese comprendido dentro de su ámbito, de forma expresa y clara, a las empresas de los dos sectores mencionados, pues, si así lo hiciese, los mandatos de tal convenio regularían conjuntamente las condiciones de trabajo de todas esas empresas, aunque sus actividades y cometidos no fuesen iguales, en razón a lo que prescribe el art. 85-3-b) del Estatuto de los Trabajadores. Pero en el caso de autos, a pesar de lo que sostiene la sentencia recurrida, no se produce la situación justificativa de esta solución excepcional, pues el convenio aprobado con anterioridad en el tiempo, no acoge en su ámbito la actividad propia de las empresas reguladas en el segundo convenio.

El convenio de autos que se aprobó antes fue el I Convenio Colectivo General de ámbito nacional para el Sector de las Empresas Concesionarias y Privadas de Aparcamiento de Vehículos, publicado en el BOE de 11 de marzo de 1998. El artículo de este Convenio que es clave o determinante para dar solución a la problemática que aquí se plantea, es el art. 13, que fija el ámbito funcional de tal convenio. Y la Sala habiendo examinado con cuidado y detenimiento este precepto llega a la convicción de que el mismo no incluye ni alcanza a las empresas que llevan a cabo el control de los estacionamientos en la zona azul de la vía pública. El texto de este art. 13 del Convenio se reproduce en el párrafo segundo del fundamento de derecho primero de esta sentencia; en él se dice que este convenio "es de obligada observancia en todas las empresas del sector", precisando inmediatamente a continuación que en esas empresas o en ese sector la "actividad principal consista en la explotación de aparcamientos de vehículos automóviles". Así pues, el dato definidor y delimitador del ámbito funcional de este convenio es que el mismo se aplica a las empresas que se dedican a la explotación de aparcamientos de vehículos; y las empresas de la ORA no se dedican a tal actividad. Los datos diferenciadores entre las dos clases de compañías de que se viene tratando, que se reseñaron en el fundamento de derecho precedente demuestran nítidamente que las empresas que controlan los estacionamientos en la zona azul, no llevan a cabo la actividad de explotación de aparcamientos de vehículos automóviles. Como se desprende de lo que dice la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1996, citada anteriormente, tal explotación exige "un local o terreno acotado (al que no se puede entrar libremente con el vehículo)", en el que se dejan aparcados los vehículos por los usuarios o clientes mediante el abono de un precio; en la misma línea el art. 1 de la Ley 40/2002 reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, también mencionada en líneas anteriores, exige para llevar a cabo esta "actividad mercantil" ser titular de "un local o recinto ... para el estacionamiento de vehículos de motor"; y es indiscutible que las empresas de la ORA no tienen, al objeto de desarrollar su actividad, ni la titularidad ni la posesión de locales o inmuebles destinados a estacionar en ellos automóviles; en esta clase de actividad los estacionamientos se llevan a efecto en las vías públicas. No existe, pues, en estas empresas la explotación de aparcamiento de ningún tipo. Téngase en cuenta además que estas empresas que realizan el control de la zona azul, lo que realmente llevan a cabo no es la explotación de un aparcamiento, sino la gestión de un servicio público, el servicio público de controlar el cumplimiento de las normas en los estacionamientos limitados en vía pública.

Además se debe tener en cuenta que en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, (tanto en su vigésimo primera edición, de 1992, como en la vigésimo segunda, del 2001) se reconocen dos acepciones al vocablo "aparcamiento". Según la primera acepción, aparcamiento es la "acción y efecto de aparcar un vehículo", y según la segunda es el "lugar destinado a este efecto", es decir destinado a aparcar en él vehículos. No cabe duda que la expresión "explotación de aparcamientos" que se contiene en el art. 13 del Convenio Colectivo a que venimos aludiendo (publicado en el BOE de 11 de marzo de 1998), se refiere fundamentalmente a la mencionada segunda acepción del Diccionario de la RAE, toda vez que un lugar, local o recinto puede ser objeto de explotación negocial o comercial, pero malamente pueden ser explotadas de esta forma las acciones y efectos de aparcar los vehículos, consideradas en sí mismas prescindiendo del lugar o local en que esas acciones se llevan a cabo. Es más, el propio art. 13 citado deja claras las cosas a este respecto, cuando precisa que esos aparcamientos pueden ser "de propiedad" de la empresa de que se trate, pues la propiedad puede recaer sobre locales o inmuebles, pero no sobre acciones o actos humanos ni sobre los efectos de los mismos. En cualquier caso, se insiste en que la actividad esencial de las compañías dedicadas al control de la ORA no consiste en la explotación de ningún tipo de aparcamiento, sino en vigilar el cumplimiento de la normativa reguladora de los estacionamientos en las calles y plazas públicas.

Es cierto que estas entidades realizan esa actividad en virtud de concesión administrativa y que el aludido art. 13, entre las diversas posibilidades que comprende en su radio de acción, menciona "la explotación de aparcamientos ... de concesión"; pero es obvio que ésto no modifica las conclusiones a que se llega en los párrafos inmediatos anteriores, dado que la concesión administrativa que han de obtener las compañías de la zona azul para desplegar su actividad, no tiene por objeto ninguna explotación de aparcamientos, pues tal concesión recae sobre la gestión del servicio público de control del estacionamiento limitado en la vía pública. Las concesiones que se recogen en dicho art. 13, son las que se refieren a la explotación de un inmueble o local dedicado al aparcamiento de vehículos, en aquellos casos en que la titularidad de este inmueble o local corresponde a una Administración pública y dicha explotación es cedida por tal Administración a una persona o entidad particular, mediante la pertinente concesión. Pero ésta clase de concesiones no tienen nada que ver con las empresas de la ORA.

Tampoco constituye ninguna clase de impedimento ni obstáculo a la conclusión que aquí mantenemos, el hecho de que algunas empresas de la ORA, al no existir antes de junio del 2000 un convenio colectivo específico regulador de su actividad, viniesen aplicando el convenio de los aparcamientos privados; ni tampoco el que determinadas compañías se dedicasen de forma diversificada a realizar las dos clases diferentes de actividades mencionadas, y viniesen aplicando a todo su conjunto el convenio de los aparcamientos privados; ni que algunas de estas empresas, (bien se centrasen sus funciones exclusivamente en la vigilancia de los estacionamientos efectuados en zona azul, bien llevasen a cabo además, aunque de modo separado y no conjunto, la explotación de aparcamientos privados) estuviesen afiliadas a la Asociación patronal ANECPA que negoció el I Convenio Colectivo General de ámbito nacional para el sector de empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos. Pues todas esas situaciones no modifican lo que prescribe el art. 13 de este último convenio, ni desvirtúan los razonamientos y aseveraciones que se han dejado consignadas en este fundamento de derecho y en el anterior; esas situaciones no son más que hechos concretos y específicos que no cambian ni el mandato contenido en tal precepto ni la interpretación que al mismo debe darse.

Todas las consideraciones que se han dejado expuestas se han de poner en relación con el texto del art. 13 del I Convenio Colectivo General de ámbito nacional para el Sector de Regulación del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la vía pública, publicado en el BOE de 19 de Junio del 2000, texto que se reproduce en el primer fundamento de derecho de esta sentencia, y en el que se fija el ámbito funcional de este convenio; y de ello se desprende de forma patente que los dos convenios colectivos objeto de controversia tienen ámbitos claramente distintos, sin que exista concurrencia entre ellos, ni pueda apreciarse la conculcación de los arts. 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores.

Por ende, la sentencia recurrida al mantener el criterio opuesto, ha infringido el citado art. 84 del Estatuto y el art. 6-3 del Código Civil, lo que determina el acogimiento favorable del primer motivo del recurso de casación entablado por la Asociación Patronal ANERE. Así, sin necesidad de examinar el segundo motivo que se formuló como subsidiario, procede, visto el dictamen del Ministerio Fiscal, estimar dicho recurso y casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el asunto planteado en el sentido de desestimar las pretensiones contenidas en la demanda inicial de este proceso. Y al haber prosperado el referido recurso de casación ANERE, ello implica que prosperan también las pretensiones ejercitadas en el recurso de casación de la Federación Estatal de Transportes, Comunicación y Mar de UGT.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.