STS, 8 de Noviembre de 2006

La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS.- Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo. Sin costas.".

Notificada la anterior sentencia la representación procesal de Dña. Julieta, presentó escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte recurrente, se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado recurso de casación articulado en los siguientes motivos:

"Primero.- Infracción del artículo 54 de la Ley de 16 de Diciembre de 1.954 de Expropiación Forzosa (LEF ) y del artículo 40 de la Ley 6/1998, de 9 de Abril, sobre Régimen del suelo y Valoraciones (LRSV) y de la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso".

Segundo.- Infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzcan indefensión. art. 88.2 de la LJCA .

Solicitando finalmente sentencia estimatoria, que case la recurrida resolviendo en los términos interesados en el recurso.

Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplaza a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalicen escrito de oposición.

Evacuado el trámite de oposición conferido, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 2 de Noviembre de 2.006, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Margarita Robles Fernández, Magistrada de Sala

Por la representación de Dª Julieta se interpone recurso de casación contra Sentencia dictada el 20 de Diciembre de 2.002 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la misma contra la Resolución de la Comunidad de Madrid recaída en el expediente nº 67.174/98 el 4 de Junio de 1.998, por la que se denegaba la reversión de las parcelas NUM000, NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector V del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas-Parque Empresarial.

La Sala de instancia parte de los siguientes hechos que tiene por probados:

1°) El 4 Agosto 1988 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas que, dentro del suelo urbanizable programado para el primer cuatrienio, delimitó el Sector V, a ejecutar por el sistema de expropiación; y el 2 Noviembre 1988 se aprobó definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expropiación de terrenos en el Sector V. 2°) En la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas, aprobada en 1994, dicho suelo fue clasificado como urbano, área de reparto VII. 3°) En 1997 se aprobó una modificación puntual del Plan General en el ámbito del Sector V.

A continuación desestima la petición de reversión formulada con la siguiente argumentación:

"TERCERO: Dicho lo anterior, y dada la petición deducida en el presente recurso se deduce que ha de estudiarse si la causa expropiandi contenida en el Proyecto de Expropiación se ha mantenido tras la modificación del Plan General. Y al respecto ha de darse una contestación afirmativa, ya que efectivamente los terrenos en cuestión estaban destinados según el Plan General de Ordenación para Parque Empresarial; y la modificación puntual del Plan General se sustenta en dos factores: el mantenimiento del uso terciario como uso característico o predominante en el ámbito del Parque Empresarial, y, el reconocimiento, de forma implícita, por el Plan General de 1994, del cumplimiento de la causa expropiandi, la transformación del suelo en terreno edificable, al clasificar el Parque Empresarial como Suelo Urbano dado el alto grado de urbanización; quedando justificada al mantenerse las parcelas del frente terciario, y por la necesidad de su adaptación a modo de ciudad empresarial que integre las funciones relacionadas con las necesidades vitales y residenciales y la actividad económica, con una organización más densa y plurifuncional capaz de constituirse en centro administrativo y de servicios del Municipio de forma acorde a su buena accesibilidad viaria y ferroviaria.

Todas esas razones determinan que no se ha modificado la causa expropiandi como pretende la recurrente, existe pues la causa de utilidad pública conforme al artículo 33 de la Constitución y leyes ordinarias, y se cumple el destino causal de la expropiación, todo lo cual obliga a la desestimación del presente recurso contencioso administrativo. "

La actora formula dos motivos de recurso. El primero sin precisar al amparo de qué precepto lo realiza, por supuesta vulneración del art. 54 de la LEF, y del art. 40 de la Ley 6/98. Para la recurrente "la causa expropiandi" consistía en la creación de un parque empresarial, como se recogía en el Proyecto de Delimitación y Expropiación de Terrenos en el Sector V del municipio de Las Rozas de Madrid, sin embargo añade que aunque la revisión del PGOU de Las Rozas aprobada definitivamente el 1 de Diciembre de 1.994, había mantenido el destino de Parque Empresarial, la modificación puntual del Plan General en el ámbito del Parque Empresarial, aprobada definitivamente el 17 de Enero de 1.997, supuso una modificación radical del uso exclusivo de parque empresarial, incrementándose la edificabilidad y destinándose más de la mitad de la misma a usos residenciales y de equipamientos privados, con un valor de mercado muy superior al del uso de parque empresarial, y ese cambio a uso residencial se había hecho para la construcción de viviendas libres de lujo, circunstancias todas estas que evidenciarían el incumplimiento de la causa justificativa de la expropiación, por lo que resultaría procedente la reversión, concluyendo que al no ser procedente la restitución "in natura" el derecho de reversión debería materializarse mediante la adjudicación de la edificabilidad generada en el Sector por la superficie de las fincas expropiadas o si ello no fuera posible, por haberse consumido toda la edificabilidad, mediante la indemnización sustitutoria correspondiente.

El segundo motivo de recurso aduce infracción de las normas relativas a actos y garantías procesales que produzcan indefensión (art. 88.2 de la Ley Jurisdiccional, con vulneración de los artículos 307 LECivil de 1.881 y 64.4 en relación con el 61.2 de la Ley Jurisdiccional ), en el sentido de que pese a haberse dictado providencia el 22 de Octubre de 2.001, admitiendo la prueba documental que se había propuesto, y en concreto la consignada en el apartado 1.3, en el que se pedía se librase oficio a la Comunidad de Madrid para que se certificase la autenticidad de determinados documentos, dicha documental no se habría practicado, habiéndose reiterado su practica en el escrito de conclusiones, pidiendo que se practicase para mejor proveer. Los documentos de los que se acompañaban fotocopias y cuya autenticidad se pedía que se certificase eran:

1. apartado 1 a 5 del Proyecto de Delimitación y Expropiación de terrenos incluidos en el Sector V del Municipio de Las Rozas de Madrid. b) Plano de Ordenación del expediente de modificación puntual de PGOU de Las Rozas en el parque empresarial. c) Cuadro resumen comparativo de los usos admitidos en el PGOU de Las Rozas de 1.994 y en la Modificación Puntual aprobada por Orden de 17 de Enero de 1.997. TERCERO.- Entrando en el estudio del primer motivo de recurso, debe partirse de que la actora solicitó en su demanda la reversión de las parcelas referidas, alegando que al no ser posible la reversión "in natura", esta debería materializarse mediante la adjudicación de la edificabilidad generada en el sector; en el suplico de la misma solicita "la reversión de los terrenos". La sentencia de instancia con la argumentación que antes se ha transcrito, deniega la reversión solicitada por entender que no se ha producido una modificación de la causa expropiandi.

Esta Sala y Sección en su Sentencia de 4 de Julio de 2.005 (Rec.Cas.709/2002 ) ha tenido oportunidad de abordar ya la cuestión ahora debatida sobre si era procedente el derecho de reversión en relación a unas fincas expropiadas para la construcción del Parque Empresarial de Las Rozas de Madrid, a la vista de la citada modificación del PGOU en relación al Sector V del Parque Empresarial pronunciándose sobre si como consecuencia de esta se había alterado la causa expropiandi.

Aun cuando en la sentencia de instancia que se casaba por la nuestra de 4 de Julio de 2.005 se denegaba la reversión al entender que el objeto de la reversión no puede ser la edificabilidad solicitada por los recurrentes -solicitud que es la que también se contiene en la fundamentación de la demanda formulada por la hoy recurrente-, la argumentación contenida en nuestra sentencia da respuesta a la cuestión que se plantea en el primer motivo de este recurso, a efectos de determinar si ha habido o no, una vulneración de los arts. 54 LEF y 40 de la Ley 6/98.

Decíamos en la Sentencia de 4 de Julio de 2.005 (Rec.709/2002 ):

"PRIMERO.- Tiene por objeto el presente recurso de casación la impugnación de la sentencia de 13 de noviembre de 2.001 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resuelve el recurso contencioso administrativo nº 1.771 /97 interpuesto por la representación de Dª Rosario y D. Gerardo contra resolución de la Comunidad Autónoma de Madrid por la que se deniega la reversión de la edificabilidad correspondiente a los usos residencial bloque abierto, vivienda unifamiliar y locales comerciales en el ámbito de la modificación puntual del Sector V del Parque Empresarial de Las Rozas de Madrid.

La sentencia recurrida deniega la pretensión anulatoria del acuerdo recurrido porque entiende que el objeto de la reversión no puede ser la edificabilidad solicitada por los recurrentes, puesto que la misma está limitada, por imperativo legal, a la recuperación de los bienes expropiados y no de su edificabilidad.

A tal efecto conviene precisar que en el escrito por el que se solicitó la reversión, se suplicó expresamente de la Comunidad de Madrid que artículo 225 del Texto Refundido de la vigente Ley del Suelo sobre el 2,86441 % de la edificabilidad correspondiente a los usos "residencial bloque abierto", "vivienda unifamiliar" y "locales comerciales" en el ámbito de la modificación puntual del Sector V del Parque Empresarial de Las Rozas de Madrid, con los efectos previstos en el anterior texto refundido y en la vigente Ley de Expropiación Forzosa; y en virtud de este ejercicio resuelva la procedencia de la reversión solicitada.

El citado escrito, que tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid el 7 de marzo de 1.997, fue objeto de resolución desestimatoria expresa por parte de dicha Consejería, y contra el mismo se ha interpuesto el recurso jurisdiccional resuelto por la sentencia recurrida. Argumentó la Comunidad de Madrid en su resolución desestimatoria que el supuesto que contempla el artículo 225.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 que es el de las expropiaciones de carácter dotacional, no es de aplicación en el presente caso, rigiéndose las expropiaciones sistemáticas por el artículo 225.3, y las derivadas del incumplimiento de deberes por el artículo 226 . Se añade en dicha resolución que en el presente supuesto es notorio que la expropiación a que se refiere la solicitud de reversión fue de las llamadas sistemáticas, porque su objeto era el desarrollo de todo el Sector V del Plan General por el sistema de expropiación, como el propio solicitante reconocía, y, por tanto, la reversión procedería si hubiesen transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se hubiese concluido conforme al artículo 225.3 pues es la ejecución de la obra urbanizadora en sentido genérico la causa expropiandi en las expropiaciones sistemáticas, según consolidada jurisprudencia de este Tribunal.

Contra la indicada sentencia se interpone el presente recurso de casación con fundamento en un único motivo en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se denuncia la infracción que se dice cometida por la sentencia recurrida de lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley de Expropiación Forzosa y 63 y siguientes de su Reglamento, así como de la legislación urbanística estatal (artículo 225 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 ) y de la jurisprudencia de este Tribunal que se invoca. El citado motivo se desglosa a su vez en dos submotivos aludiéndose, en el primero, a una supuesta desviación procesal que se dice denuncia la sentencia de instancia al relacionar el escrito interpositorio del recurso contencioso administrativo con la demanda. Este primer submotivo del motivo único naturalmente no puede prosperar, puesto que basta con la lectura de la sentencia recurrida para concluir en que ni ha existido desviación procesal ni tampoco tal circunstancia es tomada en consideración por la sentencia como base y fundamento de su pronunciamiento desestimatorio, ya que en la misma simplemente se deniega el derecho de reversión por entender que se ha incurrido en el defecto formal de pedir la reversión sobre la edificabilidad y no sobre los terrenos que constituyen el único objeto posible en el ejercicio del derecho de reversión.

En el submotivo segundo de ese motivo único denuncia el recurrente nuevamente la infracción de lo dispuesto en los artículos 54 del Texto Refundido de la Ley de Expropiación Forzosa, así como del artículo 63 y siguientes del Reglamento de Expropiación y de la legislación urbanística estatal vigente en el momento de ejercitar la acción, haciendo referencia a los artículos 225 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 así como a la jurisprudencia que invoca de esta Sala.

Argumenta el recurrente en el desarrollo del motivo que solicitó la edificabilidad correspondiente a los terrenos ante la imposibilidad material de precisar a qué fincas concretas se correspondían las aportadas por vía expropiatoria, por lo que entiende que artículo 225.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo relacionado con las expropiaciones de naturaleza sistemáticas, entiende que no cabe examinar la finalidad expropiatoria desde el ámbito restringido de uno o varias de las concretas parcelas sino desde el punto de vista de la completa actuación en el sector por lo que, en definitiva, habiéndose producido una alteración sustancial de la causa expropiandi en el ámbito de la total actuación expropiatoria, procede otorgar el derecho de reversión de la edificabilidad que corresponda a la actora en función de los terrenos aportados.

Termina suplicando la recurrente que se dicte resolución por la que se reconozca el derecho de los recurrentes a la reversión de los terrenos expropiados en la forma jurídica que actualmente tengan junto con la edificabilidad que legalmente les corresponde.

Conviene ante todo precisar que no cabe en vía casacional alterar los términos del petitum del escrito de demanda, donde quedó ya definitivamente acotada y precisada en su íntegro contenido la pretensión procesal. Quiere decirse que es a este suplico al que únicamente ha de atenderse y no al que al parecer pretende formular el recurrente con un nuevo texto en el escrito interpositorio de esta casación, con ánimo, tal vez, de incidir en la expropiación de los terrenos y no tan sólo de la edificabilidad y ello para acercar su postura a la mantenida por la Sentencia recurrida. Mas ello no determina, como pretende la recurrida Arpegio, la inadmisión de esta casación, sino, simplemente que habrá de estarse al literal tenor de la pretensión contenida en la demanda, trasunto a su vez de lo pretendido al solicitar la reversión en vía administrativa; y en la que se solicitó la reversión de la edificabilidad en función de los terrenos aportados y en proporción al total y materializada en otros terrenos esa edificabilidad resultante, y, de no ser posible, su sustitución por la correspondiente indemnización.

Se centra, por tanto, la cuestión a resolver en el presente recurso en determinar si resulta procedente, en función de la legislación aplicable y de la causa expropiandi que determinó la inicial privación coactiva de la propiedad de los terrenos, acceder a la pretensión de reversión solicitada en los términos en que lo fue en vía administrativa y que se mantuvo en el escrito de demanda, referido, más que a la reversión de los terrenos expropiados, a la de la edificabilidad correspondiente a los nuevos usos y ubicada en terrenos actuales de la zona o, a la satisfacción de la indemnización sustitutoria, en el caso de no resultar posible acceder a la pretensión en los términos interesados.

Resulta para ello imprescindible comenzar por aludir y concretar la normativa aplicable que, como nadie cuestiona, está constituida por lo dispuesto en el artículo 225 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992, norma que, después de concretar en su apartado primero el principio general de que los terrenos de cualquier clase que se expropien por razones urbanísticas deberán ser destinados al fin especifico que se estableciese en el Plan correspondiente, introduce en los párrafos siguientes dos modulaciones. Hace referencia la primera a las que se han venido a llamar actuaciones dotacionales y, en el apartado siguiente número 3, a las expropiaciones sistemáticas. Se concretan las primeras en aquellos supuestos en que la expropiación supone y se realiza para la afectación de los terrenos a un uso concreto y determinado, en cuyo caso, cuando se modificara o revisara el planeamiento alterando aquel uso inicialmente previsto, procederá la reversión salvo que el nuevo uso fuese igualmente dotacional público, a cuyo supuesto se equipara el de la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y con mantenimiento por la Administración de la titularidad del suelo afectado, reversión que tampoco procedería cuando el uso dotacional que motivó la expropiación hubiese sido efectivamente implantado y mantenido durante ocho años.

El apartado 3 del artículo 225 del Texto Refundido se refiere a la procedencia de la reversión de terrenos incluidos en una unidad de ejecución para su desarrollo por el sistema de expropiación cuando hubieran transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se hubiera concluido.

Del texto de la norma cabe inferir que la misma se refiere en su apartado 2 a las expropiaciones dotacionales en que se produce una expropiación de fincas determinadas en función de una causa expropiandi de tal carácter dotacional, cuyo uso expresamente está previsto como causa legitimadora de la expropiación, mientras que el apartado 3 se reserva para supuestos en que la actuación expropiatoria tiene como causa justificativa de la misma la realización de una urbanización, sin más precisiones y en el total ámbito y conjunto de los terrenos expropiados dentro de una unidad de ejecución.

La distinción tiene su relevancia puesto que, precisamente, la resolución de la Comunidad de Madrid encajó el supuesto en lo dispuesto en el número 3 del precepto, y denegó la reversión alegando la existencia en el presente caso de una actuación sistemática y que, por lo tanto, no habían transcurrido los diez años establecidos en la norma desde la expropiación para la conclusión de la urbanización.

El supuesto de esas actuaciones sistemáticas y de la especialidad que en tales casos se produce en el ejercicio del derecho de reversión ha sido contemplado en una ya amplia jurisprudencia de esta Sala a la que parcialmente hace referencia el recurrente y conforme a la cual, cuando se trata de una expropiación de la indicada naturaleza, comprensiva de aéreas de actuación con amplia superficie y en que el objeto de la actuación administrativa es conseguir su urbanización con destino a la edificación de viviendas o establecimiento de unidades productivas con sus correspondientes dotaciones de equipo colectivo y servicios complementarios, ha de prescindirse de la contemplación de las fincas aisladas, puesto que en tales casos ha de estarse a la actuación administrativa urbanizadora en su conjunto. Son reflejo de esta doctrina jurisprudencial las Sentencias de 24 de noviembre de 1.992, 8 de febrero de 1.994, 2 de noviembre de 1.994, 13 de junio de 1.995, 5 de febrero de 1.996 ; y más recientemente el supuesto está contemplado en las sentencias de esta Sala de 27 de mayo de 2.004 y 30 de septiembre de 2.004 . En todas ellas se viene a afirmar, con criterio uniforme, que en los supuestos de expropiación para urbanizar, el cumplimiento o no de la causa no puede examinarse desde la perspectiva de una finca aislada sino contemplando la globalidad de las tareas llevadas a cabo, lo que ciertamente daría en un principio la razón al recurrente si el supuesto a aplicar fuera el establecido en el apartado 3 del artículo 225 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992

, pues en tal caso la individualidad de las concretas fincas y de la obra en las mismas realizada desaparece a la hora de precisar el cumplimiento de la causa legitimadora de la expropiación. Y, del mismo modo habrá de entenderse que no se alteraría la naturaleza y esencia de la reversión si se aceptara que la misma se ejercitara, no sobre las concretas fincas expropiadas, sino sobre el elemento que define y concreta el contenido urbanístico y, en definitiva el valor del terreno es decir, el aprovechamiento; y ello con mayor motivo cuando, como en el presente caso, sobre las concretas fincas expropiadas sí se han efectuado actuaciones previstas en el planeamiento y no resulta posible su devolución al expropiado.

De la misma forma que el expropiado fué privado de la propiedad de su parcela, asignándole a efectos de determinar el justiprecio la valoración en función del aprovechamiento medio correspondiente al del total sector o área de actuación para hacer posible la efectiva equitativa distribución de beneficios y cargas del planeamiento, nada impide que la reversión, que en principio atribuye a su titular el derecho a recuperar los mismos bienes de que fue originariamente privado, se traduzca en la recuperación del aprovechamiento que constituye, en definitiva, el contenido urbanístico del derecho de propiedad; consideración ésta que ha tenido acogida en el derecho positivo en el artículo 60 de la Ley 6/1.994 de 15 de noviembre de la Comunidad Valenciana que regula la actuación urbanística en esa comunidad autónoma y que define expresamente el aprovechamiento subjetivo como "la cantidad de metros cuadrados edificables que expresan el contenido urbanístico lucrativo del derecho de propiedad de sus terrenos, al que su dueño tendría derecho sufragando el coste de las obras de urbanización que le correspondan. El aprovechamiento subjetivo -añade esa normaes el porcentaje del aprovechamiento tipo que, para cada caso, determina el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.992 de 26 de junio ". Este concepto del aprovechamiento, en cuanto posibilita trasladar el mismo a terrenos distintos de los que su titular era originariamente propietario, ha tenido reflejo en la legislación urbanística a través de la técnica de la reparcelación o de la actuación por "ocupación directa" que posibilita la transferencia del aprovechamiento a parcelas distintas y que fué ya contemplado en las Sentencias de este Tribunal de 22 de junio de 1.981 y 4 de mayo de 1.982, confirmada luego por la Ley 8/90 de 25 de julio y el Texto Refundido de 1.992, como pone de relieve la Sentencia de 21 de febrero de 1.994.

En el caso que enjuiciamos la actuación expropiatoria que dió lugar a la inicial privación del derecho de propiedad del recurrente nace con la aprobación del proyecto de delimitación y expropiación de terrenos en el Sector V del municipio de Las Rozas de Madrid (sector clasificado por el P.60V de las Rozas de 1.994 como suelo urbano, Area de Reparto VII) por el procedimiento de tasación conjunta, proyecto que fue definitivamente aprobado el 2 de noviembre de 1.988, que estableció la clasificación del Suelo como urbanizable programado con uso de parque empresarial y sistema de actuación por expropiación a favor de la Comunidad de Madrid.

El objeto de dicha actuación urbanística fue la creación de suelo y su urbanización, mas con el preciso y limitado fin de la creación a su vez de un parque empresarial, previsto en el Plan general de ordenación urbana de Las Rozas para el Sector V en el primer cuatrienio del programa de actuación con una superficie total de 2.310.900 metros cuadrados, de los cuales se destina a sistemas generales 731.866 metros cuadrados, desglosándose en 93.000 para viario, 92.466 para equipamiento y 546.400 para espacios libres, atribuyéndose en la ficha del Plan general correspondiente al Sector V el uso terciario y admitiéndose el dotacional que, como máximo, supondrá el 20 % de la superficie construida, precisando que la edificabilidad sobre el Sector es de 0,253 m2 /m2 y la superficie máxima construida de 400.000 metros cuadrados, actuándose como sistema de actuación por expropiación a favor de la Comunidad de Madrid.

Con fecha 26 de diciembre de 1.996 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptó acuerdo por el que se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Las Rozas de Madrid que afecta al ámbito del Area del Planeamiento Remitido P.R.-VII "Parque Empresarial" y modificación de las Ordenanzas Zonal 2: "Edificación en Bloque Abierto" y Zonal 3: "Vivienda Unifamiliar" promovidas por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. En el informe técnico para la adopción de dicho acuerdo que obra en las actuaciones se hace constar que la propuesta presentada pretende la transformación del Parque Empresarial en un aérea de centralidad de la zona oeste metropolitana, dotándole de un carácter plurifuncional: terciario, residencial, dotacional y servicios, si bien se mantiene el uso terciario como predominante. Y en la justificación se alude a que la propuesta tiende a la estructuración del equilibrio territorial de la zona oeste metropolitana adaptando el actual parque empresarial, de uso casi exclusivo terciario, hacia un centro de actividades diversas que integre las funciones relacionadas con las necesidades residenciales y la actividad económica, adoptando una organización plurifuncional capaz de constituirse en un centro administrativo y de servicios del municipio, acorde con la buena accesibilidad de la zona, expresándose en el cuadro resumen que la modificación supone atribuir un uso residencial, inicialmente cero, en el nuevo Plan de 254.814,51 metros cuadrados equivalente a una edificabilidad de 240.010,86 metros cuadrados. Cabe pues concluir en consecuencia que se ha procedido a una alteración sustancial del uso, fundamentalmente terciario, así como de la edificabilidad asignada a la zona, inicialmente expropiada con aquel exclusivo uso, estableciendo ahora un uso de carácter residencial que no existía en el anterior planeamiento.

Se produce con ello una esencial modificación del uso por vía de la reforma del Plan que hace que el supuesto quepa encuadrarlo en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 225 de la Ley del Suelo al haberse procedido a una modificación o revisión del planeamiento que alteró el uso motivador de la expropiación. Mas sin olvidar sin embargo que, a su vez, la total actuación expropiatoria comprendió una extensa superficie que inicialmente permitía encuadrar el supuesto en el previsto en el apartado 3 como una auténtica expropiación sistemática al objeto de proceder a la urbanización, si bien especificando el destino concreto a parque empresarial con la correspondiente asignación de usos correspondientes al carácter dotacional y de parque empresarial antes mencionado. En definitiva, se trata de un supuesto en que, inicialmente, sería aplicable la jurisprudencia que invoca el recurrente y que anteriormente recogimos, dada la amplia superficie de la zona expropiada y su finalidad esencial urbanizadora, lo que permite prescindir de terrenos y fincas concretas para enjuiciar la actuación urbanizadora en su conjunto, sin olvidar, además, que en el presente caso a la total superficie afectada por la expropiación se le asignó un fin y uso concreto, como era la construcción del parque empresarial y sus correspondientes dotaciones al servicio del parque, y que posteriormente ha sido modificado para acoger, junto con aquellas prestaciones, un uso también relevante de naturaleza residencial. Y es en consideración a esta naturaleza híbrida de la actuación expropiatoria por la que, por un lado, cabe considerar, a efectos de determinar el cumplimiento de la causa expropiandi, la labor urbanizadora en el conjunto realizada en los terrenos para precisar si la misma se ha realizado o no, pero sin olvidar, como decíamos, que junto con ello, que haría encajar el supuesto en el apartado 3 del artículo 225, ha existido a su vez una concreción del destino final de esa urbanización, inicialmente previsto para uso empresarial, fundamentalmente de oficinas y dotacional, y que se ha visto después modificado para afectarlo, junto con los anteriores, a un uso también residencial, alterando con ello el inicialmente previsto, alteración que también afecta a los usos dotacionales, lo que determina el nacimiento del derecho de reversión a favor del expropiado.

Por todo ello y como conclusión de lo antes expuesto, de una parte, ha de estimarse nacido en el presente caso el derecho de reversión y, puesto que el aprovechamiento refleja el contenido urbanístico del derecho de propiedad, resulta correcto referir el derecho de reversión a la recuperación de ese aprovechamiento, con mayor motivo además en el presente caso pues resultaba imposible el ejercicio del derecho de reversión sobre las fincas inicialmente expropiadas que habían sido afectadas por la actuación urbanizadora administrativa, según se recoge en el informe pericial. De ello resulta la procedencia, estimando el motivo, de casar la sentencia que fundamenta su decisión desestimatoria en criterio distinto, con argumento que ni siquiera fué considerado por la resolución administrativa objeto del recurso.

Procede, por tanto, resolver el debate, actuando ya esta Sala en función del Tribunal de instancia, en los términos planteados partiendo de la base de que, como antes decíamos, ha existido un incumplimiento del uso especifico asignado en el planeamiento a los terrenos objeto de expropiación globalmente considerados y prescindiendo del destino especifico que se asignó en definitiva a las fincas propiedad del recurrente y ello por cuanto que por el juego del principio de equidistribución de beneficios y cargas y, aunque sobre el terreno concreto se hubieran construido elementos dotacionales coincidentes con el fin expropiatorio inicialmente previsto con tal finalidad, tampoco cabe considerar que el mismo se ha cumplido puesto que ahora esos fines dotacionales quedan establecidos al servicio y en beneficio de una unidad de actuación que tiene asignada, junto con la finalidad de uso terciario, una finalidad además residencial y que consiguientemente está dotada de un aprovechamiento superior al inicialmente previsto, por lo que no tomar en consideración este cambio de aprovechamiento derivado de la alteración del uso para que se expropia sería contrario al principio de equidistribución de beneficios y cargas que debe presidir toda la interpretación de la normativa urbanística.

Por otro lado, no ha de olvidarse que precisamente la existencia de una actuación urbanizadora y constructiva sobre las fincas realizada por la Administración hace imposible la reversión de los terrenos originarios, lo que permite acoger la pretensión del recurrente, al menos en parte, y con ello la estimación del recurso y el reconocimiento de su derecho de reversión, previo el correspondiente justiprecio, sobre terrenos dentro de la misma zona de actuación que conlleven unos aprovechamientos equivalentes a 2,86441% del total del antiguo sector V atendido al que le corresponde tras el cambio de planeamiento; y, para el caso de no ser posible dicha reversión, reconociendo el derecho a la percepción de una indemnización que se cuantificará en la diferencia que exista entre la valoración de dicho aprovechamiento en la fecha en que solicitó el derecho de reversión, el 7 de marzo de 1.997, y la fecha en que se determine la imposibilidad de la reversión en los términos arriba mencionados. A dicha indemnización deberá añadirse, además, el valor que corresponda a la diferencia entre el aprovechamiento medio correspondiente a los terrenos en la fecha de la expropiación inicial y el correspondiente a los mismos según el planeamiento vigente al solicitarse la reversión, calculado ese valor con referencia a la fecha en que se declare, en ejecución de sentencia, la imposibilidad de reversión."

La argumentación contenida en la sentencia transcrita resulta plenamente aplicable al caso de autos y determina que proceda la estimación del primer motivo de recurso. En efecto, la actuación expropiatoria que dio lugar a la inicial privación del derecho de propiedad de la recurrente, nace con la aprobación definitiva el 2 de Noviembre de 1988 del Proyecto de Delimitación y Expropiación de terrenos en el Sector V del término municipal de Las Rozas, que estableció la clasificación del suelo como urbanizable programado, con uso de parque empresarial, habiendo sido clasificados los terrenos de dicho sector en la Revisión del PGOU aprobada en 1.994 como suelo urbano, área de reparto VII.

La Modificación Puntual de dicho Plan General aprobada definitivamente mediante Orden de 17 de Enero de 1.997, afectó al Area de Planeamiento Remitido PR.VII "Parque Empresarial" y a las Ordenanzas Zonal 2: "Edificación en Bloque Abierto" y Zonal 3: "Vivienda unifamiliar y aun cuando la Administración entendió que no era procedente la reversión solicitada remitiéndose para ello al artículo 225.3 del TRLS 1.992, y 40.4 de la Ley 6/98, debemos reiterar la argumentación contenida en la sentencia transcrita de esta misma Sala, al ser plenamente aplicables sus razonamientos en relación al art. 40 de la Ley 6/98, aplicable a la reversión que ahora se contempla, lo que lleva a la conclusión de que debe estimarse nacido el derecho de reversión y consiguientemente procede la estimación del primer motivo de recurso.

La estimación del primer motivo de recurso, sin necesidad de entrar en el estudio del segundo de ellos, relativo a la falta de práctica de la prueba documental que se ha citado, obliga a entrar en el fondo de la cuestión debatida en los términos en que aparece planteado el debate, que viene fijado por la petición formulada en la demanda en la que se decía que al no ser posible la restitución de las fincas expropiadas al haber desaparecido sus límites y configuración a consecuencia de la ejecución de obras de urbanización, procedía materializar la reversión mediante la adjudicación de la edificabilidad generada en el sector por la superficie de las finca, respecto a las que procedía la reversión.

También respecto a la procedencia de la materialización de la reversió en la forma solicitada por la actora nos pronunciamos en nuestra Sentencia de 4 de Julio de 2.005 y consiguientemente ha de estar a cuanto se dice en el sexto de sus fundamentos jurídicos, con la adaptación a los presupuestos del caso de autos, y en tal sentido ha de reconocérse el derecho de reversión, previo el correspondiente justiprecio sobre terrenos dentro de la misma zona de actuación que conlleven unos aprovechamientos equivalentes al 1,15% del total del antiguo sector V atendido al que le corresponde tras el cambio de planteamiento. Para el caso de no ser posible dicha reversión se estará a cuanto dijimos en aquella sentencia en el fundamento jurídico sexto, si bien teniendo en cuenta que la actora solicitó el derecho de reversión el 19 de Mayo de 1.998.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no procede la imposición de costas en este recurso de casación ni se aprecian motivos determinantes de una expresa condena en costas en la instancia.