STS, 31 de Mayo de 1997

El Juzgado Central de Instrucción número 2, incoó procedimiento abreviado con el número 65 de 1989, contra otros y Jose Enrique, Benitoy Manuel, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal, Sección Segunda, con fecha 30 de noviembre de 1995, dictó sentencia que contiene los siguientes:

"HECHOS PROBADOS: 1.- En los últimos meses del año 1983 el Consejo de Administración de DIRECCION000. que integraban en aquel momento, además de otras personas, los acusados Jose Enrique, Benito, deciden la ampliación de la actividad de la Compañía para actuar en otras ramas del seguro distintas de las que hasta en ese momento venía operando, para lo que se precisaba incrementar el Capital social de la Compañía.

El 05.12.1983, de acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Administración, la Junta General Extraordinaria de DIRECCION000. decide, entre otros acuerdos, efectuar un aumento de capital en la cantidad de 29.600.000 pesetas, quedando establecido éste de forma nominal en 80.000.000 de pesetas, compareciendo Jose Enrique, en ejecución del acuerdo, el día 16.12.1983, ante el Notario de Zaragoza D. Julio Gulbenzu Romano como vocal del Consejo de Administración y en nombre y representación de DIRECCION000., para otorgar escritura de ampliación de capital social, cese y nombramiento de Consejo de Administración, aumentando el capital de la referida Cia en 29.600.000 pesetas mediante la creación de 29.600 acciones nominativas de mil pesetas de valor nominal cada una de ellas, afirmandose estar totalmente suscrito y desembolsado, en efectivo, dicho capital y adjuntando al efecto una certificación emitida por el fallecido Jesúsen la que constaba esta circunstancia del desembolso en efectivo mediante ingreso en la Caja Social. Así, a tenor de dicha certificación D. Juan Franciscohabría, por la suscripción de 12.500 acciones, ingresado en la Caja Social la cantidad de 12.500.000 de pesetas, D. Jose Enriquepor 6.750 acciones la cantidad en metálico 6.750.000 pesetas, D. Benitola misma cantidad, Dª Martay otras personas por 3.600 acciones la cantidad de 3.600.000 de pesetas, no siendo ciertas algunas de esta circunstancias, ya que don Juan Franciscoen realidad aporto, en fecha 28.02.1983, 6.988 acciones de la Compañía Central Sanitaria, S.A."CENSA" que se valoran en 10.000.000 de pesetas que se compensaron con el importe de la ampliación que suscribió, quedando la diferencia de 2.500.000 de pesetas en la cuenta del agente nº NUM004con saldo deudor de 2.500.000 de pesetas; los acusados Jose Enriquey Benitosuscriben entre los dos 13.500 acciones por importe de 13.500.000 de pesetas que se compensan con cantidades que, según parece, les adeudaba DIRECCION000, quedando reflejadas estas cantidades en la contabilidad de esta Compañía con otros conceptos tales como mejoras en Inmuebles en Valencia por importe de 7.612.500 pesetas, sin que se realizaran dichas mejoras. Tampoco en el caso de los otros suscriptores de acciones se hizo la entrega en la forma en que consta en la escritura. Así, en el caso de Martase efectuó mediante el libramento de letras con vencimientos posteriores al momento de la ampliación, de igual manera que con respecto a los restantes accionistas, que en realidad solo desembolsaron en metálico una pequeña cantidad del importe total del capital suscrito, ya que recibieron un préstamo de DIRECCION000. por el importe de las letras libradas; todo ello con escepción del accionista D. Alfonsoque efectivamente ingresó en metálico la cantidad de 1.000.000 de pesetas que, junto con las 450.000 pesetas cantidad única aportada realmente por el conjunto de los otros accionistas minoritarios, suman la cantidad de 1.450.000 pesetas que fue la cantidad realmente desembolsada.

Para justificar en el expediente administrativo (4/84) de ampliación de capital llevado a cabo por la Dirección General de Seguros que determino la autorización de la misma por O.M. de 26.04.1984, el desembolso en metálico del capital suscrito, se aportó en fecha 27.01.1984, entre otros documentos, abonaré de entrega de talones a compensar del Banco Industrial del Sur de Zaragoza en el que consta el ingreso de 29.600.000 pesetas en la c/c 11602-02 y con fecha 04.04.84 certificación bancaria del ingreso en cuenta corriente de la indicada cantidad, si bien la remesa de efectos ingresada en el banco el 10.12.1983 fue devuelta en un importe de 28.150.000 pesetas, restando únicamente en la cuenta la cantidad de 1.450.000 expresada anteriormente.

2. - Aproximadamente un año después el Consejo de Administración de DIRECCION000., bajo la Presidencia del acusado Benito, decide, para ajustarse a lo previsto en la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado de 2 de Agosto de 1984, una ampliación de capital por importe de 30.000.000 de pesetas. De la Junta General celebrada el 25.01.1985 levanto acta el Secretario del Consejo de Administración Carlos José.

   El día 07.02.1985 compareció el acusado Benitoante el Notario de Zaragoza D. Javier Dean Rubio actuando como Presidente del Consejo de Administración y en nombre y representación de DIRECCION000. (también como DIRECCION001de la entidad "Funeraria Orbe S.A.") para otorgar escritura de ampliación de capital social de la referida compañía en 30.000.000 de pesetas, haciéndose constar que dicho aumento de capital había sido totalmente suscrito y desembolsado en la forma en como se hacia constar en la certificación del Consejo de Administración que se adjuntaba a la escritura, mediante la suscripción y desembolso por parte de varias personas de 10.000.000 en metálico y por parte de la entidad "Funeraria Orbe SA" de los otros 20.000.000 de pesetas, en este caso, mediante la aportación de dos inmuebles ubicados en el Paseo DIRECCION002nº NUM000y NUM001de la Ciudad de Huesca, uno de ellos destinado a Residencia de ancianos, valorados conjunta y globalmente en 20.000.000 de pesetas, haciéndose constar expresamente en la escritura que los referidos inmuebles estaban libres de cargas y también que habían sido adquiridos el mismo día, ante el mismo Notario, por "Funeraria Orbe S.A.". No consta que en ningún momento ulterior se llevara a cabo la revisión de la valoración de los inmuebles exigida en el artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17.07.1951. Tampoco, que se adoptaran las cautelas previstas en el artículo 90 de la referida Ley, en relación a la memoria explicativa e informe técnico sobre valoración asignada, regulados en el artículo 17.

   En la contabilización de la aportación se valoran los inmuebles en 40.000.000 de pesetas, reflejándose al mismo tiempo unos pasivos de 20.000.000 de pesetas como deudas no hipotecarias al anterior propietario del inmueble que se traspasan a DIRECCION000.

   El mismo día 07.02.1985 DIRECCION000. había suscrito 2.000.000 de pesetas de la ampliación de capital que había efectuado "Funeraria Orbe S.A.", situándose el capital de esta entidad, tras la ampliación efectuada, en 2.000.000 de pesetas, de los que correspondía el resto, a razón de 250.000 pesetas cada uno, a los acusados Jose Enriquey a Benito, efectuándose la ampliación del capital para atender a la compra de los referidos inmuebles.

   El 30.05.1985 se constituyó hipoteca sobre el inmueble "Residencia de Huesca" por importe de 9.500.000 a favor del titular registral en dicha fecha que era "Funeraria Orbe S.A:", subrogandose posteriormente en dicha hipoteca DIRECCION000.

   Estos inmuebles fueron enajenados posteriormente por compraventa en documento público autorizado por el Notario de Zaragoza D. Fernando Gimeno Lázaro con nº de protocolo 518 de dicho año, por la Comisión liquidadora de Entidades de Seguros (CLEA) en fecha de 19.10.1988, siendo el precio de la compraventa 16.120.000 pesetas.

   Tampoco de la contabilidad de DIRECCION000. resulta cierto que la otra cantidad de 10.000.000 de pesetas, que en la escritura de ampliación de capital se afirma que se entregó en metálico, se realizara realmente de esta manera.

   Sin embargo, como consecuencia de la documentación aportada, con fecha 27.12.1985 se dicta resolución por la Dirección General de Seguros en la que se hace constar que con dicha fecha se toma razón en el Registro Especial del artículo 40 de la Ley de 2 de Agosto de 1984 de la modificación estatutaria operada y de la nueva cifra de capital de la entidad DIRECCION0003.- En Junta General extraordinaria y Universal celebrada el 19.12.1985 y presidida por Benitose acuerda, con objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10,1º y 2º de la Ley de Ordenación del Seguro Privado de 02.08.1984, el aumento de capital de DIRECCION000. en 83.000.000 de pesetas hasta dejarlo en la cifra de 193.000.000 de pesetas. Dicho aumento de capital es elevado a documento público por escritura notarial de 26.12.1995 ante el Notario D. Javier Dean Rubio, compareciendo Benitocomo otorgante en calidad de Presidente del Consejo de Administración de DIRECCION000, aportando una certificación del Secretario del Consejo de Administración, actuando como tal Pilar, afirmándose en dicha certificación que el importe de las acciones suscritas es ingresado en efectivo en la Caja Social, por lo que el capital social estaba enteramente suscrito y desembolsado, no siendo cierta esta circunstancia ya que aunque se ingresaron en cuentas corrientes bancarias la totalidad de los desembolsos de capital, sin embargo, la cantidad de 27.500.000 pesetas correspondientes a los desembolsos por partes iguales de Jose Enrique, Benito, Pilar, Valentíny Regina, responde en realidad a un crédito obtenido por DIRECCION000. del Banco Espàñol de Crédito quedando por tanto obligada la entidad aseguradora al pago del capital y de los intereses.

   Por otra parte, de estas acciones, Manuelsuscribió 48.100.000 pesetas y 500.000 pesetas cada uno de sus cuatro hijos totalizando la cantidad de 50.100.000 pesetas que entregó en efectivo. Sin embargo, idéntica cantidad era la que se le había hecho entrega a este acusado por talón al portador como pago por la compra de 22 inmuebles de su propiedad, consistentes en viviendas de protección oficial en construcción, sitos en la ciudad de Valencia.

   El 03.01.1986 Manueles nombrado Presidente del Consejo de Administración de DIRECCION000.

   El 03.02.1986, es decir, un mes después, Benitoactuando en representación de DIRECCION000. vuelve a vender los mismos inmuebles a Manuelquien entrega como precio las acciones de DIRECCION000., que se valoran en 50.100.000 pesetas.

   Seguidamente, DIRECCION000., también representada por Benito, mediante escritura pública de 23.05.1986 autorizada por el Notario de Valencia D. Federico Barber Montalvá con el número 930 de su protocolo, permuta estas mismas acciones con la entidad Actividades y Asesoramientos Técnicos y Empresariales, SA (ACATESA) representada por Jose Miguelpor unos apartamentos en el municipio de Isla del Rio (Ibiza) que se valoran en 50.100.000 pesetas, sin embargo, esos inmuebles, en el momento de la permuta, se encontraban en segunda subasta en procedimiento de ejecución hipotecaria instada por el Banco Industrial de Bilbao, siendo adjudicados posteriormente a terceras personas y sin que llegaran a estar nunca inscritos registralmente a favor de DIRECCION000.

4. - Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 02.01.1987 se acordó disolver de oficio la Entidad DIRECCION000., revocando la autorización administrativa para la actividad aseguradora y ordenando su liquidación.

5. - Mediante resolución de la Dirección General de Seguros de 25.05.1987 se acordó que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras asumiera la función de Liquidador de la entidad DIRECCION000, al resultar el pasivo superior al activo.

6. - El 15.04.1991 se aprueba por Junta de Acreedores de 15.04.1991 el Plan de Liquidación de la Cia DIRECCION000., siendo ratificado por la Dirección General de Seguros en el 18.07.1991, haciéndose constar en el mismo que el activo de la Cía asciende a 61.727.222 pesetas con un deficit patrimonial de 264.130.610 pesetas, cantidad que todavía se adeuda al conjunto de los acreedores a los que representa la entidad de derecho público Comisión Liquidadora de Entidades de Seguros (C.L.E.A.).

7. - Los acusados Jose Enrique, Benitoy Manueleran mayores de edad en el momento de producirse los hechos y no consta que tuviesen antecedentes penales."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLO: 1.- CONDENA a Jose Enriquey a Benitocomo sendos autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento público y otro de estafa con la concurrencia las circunstancias específicas descritas en el nº 7º y 8º del artículo 529 del Código Penal, a cada uno de ellos, a la pena de DOS (2) años de prisión menor por el primero de los delitos y a la pena de SEIS (6) años y UN (1) día de prisión mayor por el segundo de los delitos con la accesoria de suspensión de cargos públicos y derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la condena y a que indemnicen conjunta y solidariamente por iguales mitades partes a los acreedores de la entidad DIRECCION000., representados por la Comisión Liquidadora de Entidades de Seguros (CLEA) en la cantidad de 264.130.610 pesetas, y así como al pago, también por parte iguales, de dos sextos de las costas procesales.

2. - CONDENA a Manuelcomo cooperador necesario de un delito de falsedad en documento público a la pena de siete (7) meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la condena y al pago de la sexta parte de las costas del juicio.

3. - ABSUELVE LIBREMENTE a Pilar, Carlos Joséy Jose Miguelal haberse retirado la acusación inicialmente deducida contra ellos, tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.

4. - Se aprueba el auto de solvencia dictado por el Instructor de la causa en la pieza de responsabilidad civil.

5. - Notifíquese la presente sentencia personalmente al procesado, a su procurador y a las demás partes, haciéndoles saber que no es firme, ya que contra la misma puede interponerse recurso de casación para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la última notificación practicada de la presente resolución."

Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por el acusado Jose Enriquey por infracción de Ley, por los acusados Benitoy Manuel, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

I).- La representación del acusado Jose Enrique, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION. PRIMERO.- Artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial SEGUNDO.- Por infracción de Ley del art. 849.1º de la LECrim. por aplicación indebida de los artículos 779 y siguientes de la LECrim. (Procedimiento Abreviado); aplicación indebida del artículo 303 en relación con el art. 302.4 del CP; aplicación indebida del artículo 69 bis del CPenal; aplicación indebida de los artículos 528 y 529 7ª y 8ª del Código penal. TERCERO.- Al amparo del art. 849-2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos, y que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. CUARTO.- Por quebrantamiento de forma, por la vía del art. 850.2 de la LECrim., ya que se omitió la citación de los presuntos perjudicados, que podrían haber accionado como actor civil si realmente existiese algún perjudicado. QUINTO.- Por la vía del art. 850.2 de la LECrim., por quebrantamiento de forma, ya que la Sentencia no expresa claramente cuáles son los hechos que se consideran probados e incluye conceptos que por carácter jurídico implican una clara predeterminación del fallo . SEXTO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 de la LECrim., por cuanto en la Sentencia no se resuelve sobre todos los puntos que fueron objeto de la acusación y defensa.

II).-La representación del acusado Benito, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION. PRIMERO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por infracción del art. 24.2 de la Constitución Española. SEGUNDO.- Al amparo del nº 5.4 de la LOPJ, por infracción de Ley del Art. 24.2 de la CE, en cuanto que establece el principio de presunción de inocencia en relación con las garantías procesales de la actividad probatoria. TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 849-1º de la LECrim., por infracción de Ley, al haber aplicado indebidamente el juzgador el art. 303 en relación con el art. 302 nº 4 del Código penal.(El Ministerio fiscal apoya este motivo) CUARTO.- Al amparo del nº 1 del art. 849 por infración del art. 528 del Código penal, párrafo 1º, por aplicación indebida. QUINTO.- Al amparo del art. 849 nº 1 del Código penal, por infracción de la doctrina jurisprudencial que establece el principio in dubio pro reo, consagrado entre otras por las Sentencias de 15 de octubre de 1991, 11 de octubre de 1993 y 11 de julio de 1995. SEXTO.- Al amparo del art. 849.1º del CP por infración del art. 69 bis del Código penal por aplicación indebida. SÉPTIMO.- Al amparo del art. 849-1º de la LECrim., por violación del art. 529.7 del Código penal, por aplicación indebida. OCTAVO.- Se formula el presente motivo de casación, al amparo del art. 849-1º por violación por el concepto de aplicación indebida del nº 8 del art. 529 del Código penal. NOVENO.- Al amparo del art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento criminal, por infracción de ley y doctrina legal, por infracción del art. 68 del Código penal, por aplicación indebida.

III).- La representación del acusado, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION. PRIMERO.- Al amparo del art. 849-1º de la LECrim., por infracción por indebida aplicación al caso de los artículos 303 y 304-2º del Código penal en relación con el art. 14-3 del mismo Cuerpo punitivo. SEGUNDO.- Al amparo del art. 849-1º de la LECrim., por infracción por indebida aplicación al caso también de los artículos 303 y 304-2º del CP., en relación con el art. 14-3 del aquel mismo texto puntivo. TERCERO.- Al amparo del art. 849-1º de la LECrim., por infracción de doctrina legal relativa a los artículos 303 y 304- 2º del Código penal, en relación con el art. 14-3 de aquel mismo texto punitivo.

Dado traslado a los recurrentes a los efectos previstos en la disposición transitoria 9ª de la L.O. 10/95, de 23 de noviembre, los mismos lo evacuaron en escritos que obran en autos de fecha: I) Entrada en el Decanato, Juzgados de Madrid, Servicio de Apoyo y de Guardia de 5 de julio de 1996, el del recurrente Benito, en el que da por reproducidos los anteriores motivos de Casación alegados y se adicionan conforme al nuevo Código Penal los siguientes: DÉCIMO.- Al amparo del art. 849 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sic), por infracción del art. 392 por aplicación indebida del nuevo Código penal, en relación con el art. 390 nº 4. UNDÉCIMO.- Al amparo del art. 849 nº 1 de la LECivil (sic), por infracción del art. 250 del nuevo Código Penal, al haberse apreciado en la Sentencia condenatoria la agravante específica del nº 8 del art. 529 del antiguo Código Penal, que no está recogido en el actual art. 250. II) Entrada en el Decanato, Juzgados de Madrid, Servicio de Apoyo y de Guardia de 5 de julio de 1996, el del recurrente Jose Enrique, en el que entre otras manifiesta: "Sin perjuicio de lo que la Sala entienda, decide esta parte NO ADAPTAR su recurso a las nuevas disposiciones penales". III) Entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de 1996 el del recurrente Manuel, en el que adiciona el siguiente motivo de casación: CUARTO.- Se ampara en el artículo 849-1º de la LECrim., por infracción de los artículos 392 y 391 del vigente Código Penal, en relación con el art. 14-3 del mismo texto punitivo.

Instruídas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

Hecho el señalamiento se celebró la vista prevenida el día 21 de los corrientes, con asistencia del Letrado recurrente D. Francisco Amorós Ibar por Manuel, quien mantuvo su recurso, informando; D. Javier Notivoli por Jose Enrique, que mantuvo su recurso informando; D. Antonio Muñoz Perez por Benito, quien igualmente mantuvo su recurso, informando. La Letrado recurrida Doña Monserrat Alvarez Rodríguez, por la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, quien se adhiere a la petición del Fiscal.Y el Ministerio Fiscal que impugnó todos los recursos en todos sus motivos salvo el tercero del recurso del Sr.Benitoque apoyó y sin perjuicio de que beneficie a todos los demás.

1. RECURSO DE Jose Enrique

Manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida que no se opongan a los de la presente resolución debemos absolver y absolvemos a Benitodel delito de falsedad ideológica objeto de acusación, declarando de oficio la parte proporcional de las costas correspondientes a dicho delito.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal AUTO Auto Nº de Recurso: 504/1996 Fecha Auto: 17/11/99 Ponente Excmo. Sr. D.: Luis-Román Puerta Luis Secretaría de Sala: Sr. Auseré Pérez Escrito por: AMM * Auto corrección error material. Auto Recurso Nº: 504/1996 Ponente Excmo. Sr. D. : Luis-Román Puerta Luis Secretaría de Sala: Sr. Auseré Pérez TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal AUTO Excmos. Sres.: D. Luis-Román Puerta Luis D. Joaquín Delgado García D. Joaquín Martín Canivell ______________________ En la Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve. I. HECHOS . PRIMERO: La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, condenó a Jose Enrique, Benitoy Manuel, entre otros delitos, por uno de falsedad en documento público cometido por particulares de los arts. 303 y 302.4º del Código Penal de 1.973. Los condenados recurrieron en casación contra la anterior sentencia de la Audiencia Nacional, y todos ellos impugnaron la referida condena por el delito de falsedad (Motivos de casación: segundo del recurso de Jose Enrique, tercero de Benitoy los cuatro formulados por Manuel). El Tribunal de Casación razonó ampliamente por qué entendía que las conductas enjuiciadas no podían ser constitutivas del delito de falsedad por el que los acusados habían sido condenados, tanto según el Código Penal derogado (arts. 303 y 302.4º) como según el nuevo Código Penal (arts. 390.1.4º y 392), según consta especialmente en los Fundamentos de Derecho séptimo y decimotercero "in fine" de la sentencia decisoria de los referidos recursos. No obstante lo dicho, incomprensiblemente, en la parte dispositiva de la sentencia de casación únicamente se declara estimado el motivo tercero del recurso del acusado Chicote, al que por consiguiente, se absuelve de dicho delito en la segunda sentencia. SEGUNDO: Al haber fallecido el Magistrado Ponente de la sentencia dictada en la casación, queda formado el Tribunal que dicta esta resolución por los otros dos Magistrados que con aquél dictaron dicha sentencia, junto con el Magristrado que por turno corresponde.

2. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS UNICO: La anomalía advertida constituye sin la menor duda un evidente error material que, una vez advertido, puede y debe ser rectificado en cualquier momento, conforme autoriza el art. 267.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. III. PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA: Se rectifican los siguientes errores materiales advertidos en la sentencia de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y siete: A) En el fallo de la sentencia decisoria de los recursos de casación, debe decirse: "Se estima el segundo motivo de casación, con desestimación de los restantes motivos, del recurso del acusado Jose Enrique, el tercero de Benitoy los cuatro motivos del recurso del acusado Manuel, declarándose de oficio las costas de dichos recursos". B) En el segundo de los Fudamentos de Derecho de la segunda sentencia, debe decirse: "Por las razones que se exponen en la precedente sentencia, procede la libre absolución de los tres acusados (Jose Enrique, Benitoy Manuel) del delito de falsedad ideológica objeto de acusación, declarando de oficio la parte de las costas correspondiente a dicho delito y manteniendo en lo demás todos los pronunciamientos de la sentencia recurrida". Y, C) En el fallo de esta segunda sentencia, debe decirse: "Manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida que no se opongan a los de la presente resolución, debemos absolver y absolvemos a los acusados Jose Enrique, Benitoy Manuel, de los delitos de falsedad ideológica objeto de acusación, declarando de oficio la parte proporcional de las costas correspondientes a dicho delito". Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. anotados al margen de lo que, como Secretario, certifico. T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal AUTO Nº de Recurso: 504/1996 Fecha Auto: 11/11/97 Ponente Excmo. Sr. D.: Ramón Montero Fernández-Cid Secretaría de Sala: Sra. Oliver Sánchez Escrito por: MHS Aclaración S.776/97, Rº 504/96 Recurso Nº: 504/1996 Ponente Excmo. Sr. D. : Ramón Montero Fernández-Cid Secretaría de Sala: Sra. Oliver Sánchez TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal AUTO Excmos. Sres.: D. Ramón Montero Fernández-Cid D. Luis-Román Puerta Luis D. Joaquín Martín Canivell ______________________ En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de mil novecientos noventa y siete. I. HECHOS Primero.- En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, interpuesto por la representación de los acusados Jose Enrique, Benitoy Manuel, contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, se constituyó la Sala para vista y fallo el día 21 de mayo del corriente año, dictándose con fecha treinta y uno de mayo Sentencia número 776. Segundo.- En el fundamento de derecho décimo tercero "in fine", se dice lo siguiente: "El problema, en definitiva, carece de trascendencia, al apoyarse el motivo tercero del anterior recurrente, respecto a la ausencia de punibilidad en el nuevo Código penal, de las actuaciones falsarias recogidas en el anterior Código y en el presente en el número 4 del artículo 390, que al no poder ser cometidas por particulares según el artículo 392, quedan impunes." Tercero.- Con fecha veinticuatro de julio del presente año se presentó en el Decanato de los Juzgados de Madrid, Servicio de Apoyo al Juzgado de Guardia escrito de la Procuradora Sra. Albi Murcia, en nombre y representación de recurrente Manuelen el que literalmente alegó: «Que se me ha notificado la sentencia recaída en esta alzada, y dentro del término interesa a esta parte ACLARACION DE LA MISMA. En el fundamento de derecho décimo tercero "in fine", se dice lo sigsuiente: "El problema, en definitiva, carece de trascendencia, al apoyarse el motivo tercero del anterior recurrente, respecto a la ausencia de punibilidad en el nuevo Código penal, de las actuaciones falsarias recogidas en el anterior Código y en el presente en el número 4 del artículo 390, que al no poder ser cometidas por particulares según el artículo 392, quedan impunes." El motivo a que se refiere este párrafo, debe ser el cuarto que se introdujo por esta parte para adaptar el recurso al actual Código Penal, puesto que en el tercero no se invoca para nada a dicho Código. Se observa pues aquí un "lapsus calami". Pero de su contexto, se desprende que el Tribunal comparte la tesis del recurrente respecto a la impunidad de los hechos atribuidos a mi mandante, que son los mismos que se imputan a DON Benito, a aquél como autor y a mi mandante como cooperador necesario, y que han determinado la absolución de aquel en esta instancia al acoger el motivo tercero de su recurso. No obstante, sorprendentemente, ni se extraen las consecuencias que se desprenden del último párrafo del fundamento tercero, ni las que se derivan de la absolución del autor de la falsedad en documento público, que lógicamente debe acarrear en este caso la del cooperador necesario de aquella, que es mi mandante. Todo ello entiende esta parte que se debe a un error mecanográfico, y para evitar ulteriores recursos, interesa su subsanación por esta vía. Y, SUPLICO A LA SALA: Que, se sirva aclarar la sentencia recaída en estas actuaciones en los términos anteriormente interesados." Cuarto.- Es Ponente el Excmo. Sr. Magistrado de est Sala Don Ramón Montero Fernández-Cid.

2. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS UNICO.- La aclaración interesada ofrece dos vertientes totalmente diferentes: La primera se refiere a un simple error material consistente en señalar que en el Fundamento Jurídico Décimo tercero "in fine" de la sentencia se alude al delito de falsedad ideológica cometida por particular, alelgado en el tercer motivo del recurso, cuando dicho motivo en realidad debía de ser el motivo Cuarto; b) Una segunda vertiente de fondo expresiva de que en la mente de los sentenciadores estaba la impunidad de la falsedad ideológica cometida por particular. La primera vertiente debe ser estimada, al no exceder su ámbito de los límites propios del sedicente recurso de aclaración con arreglo a los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 161 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Contrariamente la vertiente de fondo debe ser rechazada por cuanto, al pretender una interpretación auténtica de la motivación de la sentencia, excede notoriamente del ámbio propio de este remedio de carácter tasado ilimitado. III. PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA: SE ACLARA la Sentencia dictada en el sólo sentido de entender que lo dicho en el Fundamento de Décimo tercero "in fine" de la sentencia se refiere al motivo cuarto del recurso. Declarando no haber lugar al resto de la aclaración solicitada. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales procedente. Y publíquese en la Colección Legislativa. ASI lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que como Secretario certifico.

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Ramón Montero Fernández-Cid, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.