STS, 28 de Marzo de 2007

Con fecha 11 de abril de 2005, el Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena, dictó sentencia, en la que como hechos probados se declaran los siguientes:"PRIMERO.- El demandante ha prestado servicios para la empresa "Fertilizantes Enfersa, S.A." (actualmente denominada "Ferroatlántica S.L.U") en el centro de trabajo de Escombreras (Cartagena), con una antigüedad de 30-5-88 y categoría profesional de oficial de primera (nivel 12). SEGUNDO.- El 17 de septiembre de 1.993 la empresa procedió a extinguir la relación laboral del demandante, en virtud de los expedientes de regulación de empleo números 125/93 y 144/93, aprobados por resolución de la Dirección General de Trabajo de 7-5-93. TERCERO.-Como consecuencia de la referida extinción, el demandante percibió una indemnización de 4.057,14 euros, correspondiente a 20 días de salario por año de servicio. CUARTO.- Por sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12-5-01 y 1-6-01, declaradas firmes por sentencias del Tribunal Supremo de 12-5-04 y 20-10-04, notificadas a los demandantes el 27-5-04 Y el 15-11-04 respectivamente, se declaró la nulidad de la resolución aprobatoria del expediente de regulación de empleo. El demandante no fue parte en ninguno de los dos recursos contencioso-administrativos. QUlNTO.-El demandante no ha sido readmitido en su puesto de trabajo. SEXTO.- El salario diario del demandante en el año 1.993 ascendía a 33,14 euros por todos los conceptos. Dicho salario, actualizado al año 2.004, ascendería a 45,85 euros diarios. SÉPTIMO.- En virtud de escritura pública de 19 de octubre de 1.993 la empresa "Fertilizantes Enfersa, S.A." aportó a "Fertiberia, S.A." sus terrenos e instalaciones en el valle de Escombreras. En la fecha indicada, el centro de trabajo se encontraba cerrado y sin actividad, al igual que en la actualidad. En virtud de la misma escritura se aportaron otras fábricas de fertilizantes como las de Avilés y Puertollano, que tenían y todavía tienen actividad empresarial. OCTAVO.- El demandante presta servicios desde el 1-7-03 para la empresa "GE Plastics de España". NOVENO.- El demandante no ostentaba en la fecha del despido ni durante el año anterior al mismo cargo alguno de representación sindical o legal de los trabajadores. DÉCIMO.- El demandante presentó solicitud de conciliación ante el S.M.A.C el 21-6- 04. El acto de conciliación se celebró sin avenencia el 8-7-04. La demanda tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de Cartagena el 9-7-04". En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por don Plácido contra la empresa "Ferroatlántica, S.L.U declaro NULO el despido del actor, y dada la imposibilidad de readmisión del trabajador, declaro extinguida a esta fecha la relación laboral que unía a las partes, y condeno a la empresa demandada a que abone al trabajador la cantidad de 34.731,37 euros en concepto de indemnización, cantidad de la que se descontará la ya percibida en tal concepto como consecuencia del expediente de regulación de empleo, más otra cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde el 27-5-04 y hasta la de la presente sentencia, a razón de 45,85 euros diarios, sin perjuicio de los descuentos que legalmente procedan y de la responsabilidad que pudiera corresponder al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en los términos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Se absuelve a la empresa "Fertiberia, S.A." de las pretensiones deducidas en su contra".

Anunciado e interpuesto recurso de suplicación contra dicha sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia, dictó sentencia en fecha 7 de noviembre de 2005, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: "Que con estimación del recurso de Ferroatlántica, S.L.U., debemos revocar y revocamos la sentencia recurrida dejándola sin efecto, pues no existe despido del actor.- En consecuencia debemos absolverla y la absolvemos.- Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal".

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de

D. Plácido, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 29 de diciembre de 2005, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia de fecha 13 de enero de 2000 (Rec. nº 1156/99).

Por providencia de esta Sala de fecha 16 de mayo de 2006, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

Evacuado el trámite de impugnación por la representación de Ferroatlántica, S.L.U. y Fertiberia, S.A., se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 21 de marzo de 2007, fecha en que tuvo lugar.

1.- La sentencia que se recurre es la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el día 7 de noviembre de 2005 en el rollo de suplicación nº 1097/2005. En ella se decidió, revocando la sentencia de instancia, la desestimación de la demanda de despido que el demandado había ejercitado contra la empresa Ferroatlántica S.A y otros, argumentando, que el demandante carecía de acción de despido contra dicha empresa, fundándose en el hecho de que este trabajador había visto extinguida su relación laboral con aquella empresa en el año 1993 en virtud de un expediente de regulación de empleo aprobado por la Autoridad Laboral, cuya decisión él no había recurrido, y por esta circunstancia no podía reclamar en el año 2004 como consecuencia de haberse declarado nula aquella autorización por decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa; todo ello partiendo de la base de que la sentencia contencioso-administrativa contenía un pronunciamiento general de anulación y un pronunciamiento separado e individualizado reconociendo al demandante su derecho a recuperar frente a la empresa la misma situación jurídica que tenía con anterioridad. En ambos aspectos la sentencia estima que los efectos de la sentencia no podían alcanzar al actor por no haber sido parte en el procedimiento jurisdiccional, razón por la cual estima que carecía de acción para reclamar contra la no readmisión.

2. - Como sentencia de referencia para la contradicción ha aportado el recurrente la sentencia dictada por la Sala de lo Social de Valencia en 13 de enero de 2000 (Rec.-1156/1999 ) en la cual se pronunció igualmente en un proceso en el que se cuestionaba como despido la demanda formulada por un trabajador, que, después de haber visto extinguida su relación laboral con la empresa en el año 1995 como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, accionaba contra dicha empresa por despido en 1998 fundándose en el hecho de que una sentencia de lo contencioso administrativo había anulado la resolución administrativa que lo autorizó, en un caso en el que el aquí interesado tampoco había utilizado el recurso contencioso administrativo. En este caso la sentencia entendió que aun cuando el trabajador no había impugnado por vía jurisdiccional la decisión administrativa habilitante de la extinción de su contrato, los efectos de aquella decisión le alcanzaban y por ello tenía acción contra la empresa por no haberle readmitido, con lo que revocó la sentencia de instancia que había apreciado caducidad en la acción de despido por él ejercitada sobre el argumento de que al no haber recurrido contra la autorización administrativa en su día ni haber accionado por despido entonces, el plazo para el ejercicio de aquella original acción de despido había caducado.

3. - Interpuesto el oportuno recurso contra aquella sentencia por parte de la representación del trabajador a quien le fue desestimada la demanda, y dado traslado de dicho escrito a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal, ambas representaciones se han opuesto a la admisión del recurso alegando defectos formales que procede examinar. Con independencia de ello, la recurrida solicita que se proceda a la inadmisión del documento que, como número 2, se acompaña con el escrito de formalización del recurso, y consistente en copia de un Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 1 de diciembre de 2004 ; petición ésta que ha de ser estimada por la Sala, porque además de que en el escrito de recurso nada se manifiesta sobre dicho Auto, no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 231.1 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Por la empresa recurrida se denuncia como inexistente la contradicción entre sentencias exigida por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, así como la falta de fundamentación jurídica de la infracción, a cuyo último alegato se refiere igualmente el informe del Ministerio Fiscal.

1.- Conviene señalar, con carácter previo, que estas mismas alegaciones fueron ya objeto de estudio y resolución en las Sentencia de esta Sala de fecha 10 de octubre de 2006 (Rec. 5379/2005), 18 de enero de 2007 (Rec. 5357/2005 ) y 22 de marzo de 2007 (Rec. 1559/2006), dictadas en asuntos iguales al aquí planteado entre las mismas partes, y con sentencia de contraste, recurso, impugnación e informe del Ministerio Fiscal también iguales. Las alegaciones fueron rechazadas en base a los siguientes razonamientos, que reiteramos :

"En efecto, en relación con la falta de contradicción alegada no se acierta a ver cómo no puede aceptarse que la contradicción exista cuando las dos sentencias comparadas están conociendo de sendas demandas por despido formuladas por trabajadores que vieron extinguida su relación laboral con una empresa en virtud de autorización declarada en expediente de regulación de empleo y que fundan su demanda en el hecho de que en ambos casos aquella autorización administrativa fue dejada sin efecto por la jurisdicción contencioso administrativa, y en supuestos en los que en ambos casos los trabajadores concretos demandantes no habían impugnado directamente aquella resolución, y cuando una sentencia resuelve que por no haber reclamado directamente no le afecta la decisión anulatoria -y por ello aprecia falta de acción- mientras que la otra, la de contraste, afirma de forma rotunda que sí que le afecta y le legitima para reclamar por despido, con el resultado de que, discutido en ambos supuestos, si la acción debía estimarse caducada o no, en la recurrida se dice que el actor no tenía acción para recurrir mientras en la contraria se afirma que sí que la tenía y por ello no estaba caducada. Las dos sentencias mantienen criterios distintos acerca de la eficacia "erga omnes" de lo dispuesto en el art. 72.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, y, además esos distintos criterios se reflejan en la decisión, por lo que, además de existir contradicción en la doctrina mantenida por cada una de ellas, no se puede afirmar que estemos ante supuestos de doctrina abstractas sino ante doctrinas aplicadas con la consecuencia de que la recurrida frustra la acción de despido y la de contraste la hizo posible. Por lo tanto, en contra de lo alegado, la contradicción entre las dos sentencia debe estimarse existente.

En cuanto a la falta de fundamentación jurídica que sostiene el Ministerio Fiscal tampoco puede aceptarse pues, aun cuando esta exigencia no se cubre con la sola cita de los preceptos legales denunciados ni la mera referencia a la motivación contenida en las sentencias comparadas, en el caso aquí contemplado ni el recurrente se ha limitado a denunciar como infringido el art. 72.2 de aquella Ley 28/1998 aunque acabe su recurso citando esta denuncia, ni se ha limitado a reiterar los argumentos de las sentencias de referencia, sino que, aun diluidas en su escrito ha aportado argumentos propios e incluso cita de sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en apoyo de su pretensión, con lo que puede aceptarse como suficiente tal argumentación por reunir las exigencias requeridas por la Ley Procesal y por esta Sala contenidas - por todas ver STS 19-9-2005 (Rec.- 6495/03 ) o Auto 24-5-2006 (Rec.- 828/05 )."

2. - En definitiva el recurso debe estimarse bien construido y la contradicción existente, siendo la cuestión a dilucidar en unificación de doctrina si un trabajador afectado por un expediente de regulación de empleo no recurrido por él directamente tiene acción para demandar a su empresa por despido cuando aquel expediente es anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa.

1.- Pues bien esta cuestión, con respecto a la cual, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 72, 86, 110 y 111 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la STS, Sala 3ª, de fecha 7 de junio de 2005 (Rec. 2492/2003 ), ha sido ya unificada por la ya citada sentencia de esta Sala de fecha 10 de octubre de 2006 (Rec. 5379/05 ), a cuya doctrina ha de estarse por un elemental principio de seguridad jurídica (artículo 9 de la Constitución Española ), acorde, también, con la naturaleza y significación del recurso que nos ocupa. A su tenor:

1. - "Esta cuestión ha de ser resuelta necesariamente a la vista de la interpretación que proceda hacer del art. 72.2 de la Ley 29/1998 que ha sido denunciado como infringido, cuando dispone que "la anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas", añadiendo que, al igual que las sentencias firmes que anulen una disposición general " también se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas". Se trata, en definitiva, de entender qué se entiende por "afectación" a los efectos que nos ocupan, o sea, de dilucidar si esa afectación supone que los efectos de la decisión anulatoria alcanza a todos los afectados por ella aun cuando no hayan sido parte en el procedimiento de anulación o si por el contrario sólo se extienden a los que han sido parte en el concreto procedimiento.

   La interpretación que de dicho precepto ha de hacerse ya ha sido llevada a cabo por la doctrina administrativista y por la jurisprudencia de la Sala 3ª de este Tribunal. A tal efecto, la doctrina administrativa distingue en relación con las resoluciones anulatorias de actos administrativos dos tipos de situaciones, a saber: las que denominan sentencias estimatorias de pretensiones de anulación y las que denominan de plena jurisdicción, siendo aquéllas las que contienen un pronunciamiento de nulidad que afecta a todos y las otras las que son aquellas que se limitan a reconocer un derecho individualizado a favor de una concreta persona; siéndoles de aplicación a las primeras los efectos frente a todos (erga omnes) que se recogen en el apartado 2 del art. 72 citado, mientras que a las segundas se les reconoce sólo efectos entre partes, con la consecuencia de que aquella fuerza expansiva de las sentencias anulatorias permiten a todos aquellos a los que las mismas les afectan ejercer los derechos derivados de tal situación en el procedimiento que corresponda al margen del concreto en el que se dictó, sin perjuicio de las especialidades que en materia de ejecución se contienen en los arts. 11º y 11 de la misma ley procesal. Esta doctrina puede verse recogida en sentencias de la antigua Sala 5ª del Tribunal Supremo como las de 30 de noviembre de 1983, 12 de noviembre de 1991 y 26 de enero de 1992 dictadas en aplicación de lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 27 de diciembre de 1956 que decía lo mismo que el art. 72.2 actual, y también en alguna sentencia mas reciente de la actual Sala 3ª del Tribunal Supremo como la de 7 de junio de 2005 (Rec.-2492/03 ) en la que, al contemplar el término "afectados" del art. 72.2 LJCA y con cita de otras sentencias anteriores llegó a la conclusión de que "personas afectadas" no son solo las que fueron parte en el procedimiento sino todas aquellas a las que les alcanza los efectos de la sentencia.

   Esta fuerza expansiva de una sentencia anulatoria de un acto administrativo es la que justifica que la misma sea publicada para general conocimiento como dispone el mismo precepto legal, publicación que carecería de sentido si los afectados por la misma no pudieran beneficiarse o hacer valer los posibles derechos que derivaran de aquella decisión."

2. - "En el caso que aquí nos ocupa la decisión contencioso-administrativa declarando la nulidad de la resolución administrativa previa que había habilitado a la empresa para extinguir la relación laboral que le unía a todos sus trabajadores no solo afectó al trabajador que la recurrió sino obviamente a todos los trabajadores que estaban incluidos en aquella autorización extintiva en base a la cual vieron extinguidos sus contratos de trabajo; y el hecho de que la sentencia tenga esa fuerza expansiva que le da el art. 72.2 de la LJCA les legitimaba para pedir el reingreso en la empresa y para demandar por despido al empleador ante la falta de readmisión, que es lo que hizo el demandante, en situación parecida a la reiteradamente resuelta por esta Sala en relación con trabajadores en esta misma situación, si bien en supuestos en los que no se había planteado esta concreta cuestión por haber procedido la empresa a readmitirlos después de anulada la decisión administrativa previa - SSTS 21-12-2001 (Rec.-4189/00), 17-1-2002 (Rec.-4759/00), 24-1-2006 (Rec.-4915/04), o 31 de mayo de 2006 (Rec.- 5310/04 ) -.

   Por lo tanto el actor tenía acción para reclamar por despido contra la empresa que no le readmitió después de producida aquella anulación, no siendo ajustada a derecho ni a la buena doctrina la sentencia recurrida que mantuvo lo contrario."

   Esta doctrina ha sido ratificada por las Sentencias más recientes de 15 de noviembre de 2006 (Rec. 5359/2005); 29 de noviembre de 2006 (Rec. 117/2006); 18 de enero de 2007 (Rec. 5357/2005), 14 de marzo de 2007 (Rec. 1604/2006) y 22 de marzo de 2007 (Rec. 1559/2006 ); dictadas en asuntos en las que las partes se hallaban en idéntica situación a la aquí contemplada.

En virtud de lo expuesto procede estimar el recurso y casar y anular la sentencia recurrida por no estar adecuada a la buena doctrina. Ello conduce a resolver la cuestión en los términos planteados en suplicación lo que implica la desestimación del recurso de tal clase interpuesto por la empresa y la confirmación de la sentencia de instancia, sin condena en costas.

Ahora bien la circunstancia de que la resolución objeto del recurso de casación para unificación de doctrina no se hubiese pronunciado sobre los dos últimos motivos del recurso de Suplicación en su día interpuesto por la empresa implica que igualmente hayamos de acordar la devolución de las actuaciones a la Sala de origen, al objeto de que con plena libertad de criterio se pronuncie sobre los mismos.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.