Consideraciones finales
| Autor | Eduardo Lizardo González |
| Páginas | 345-362 |
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La imposición de un orden social, que niega la diferencia y no reconoce
las complejidades de las relaciones humanas puede ser injusto y cruel. Y puede
tolerar la violencia y los crímenes de odio y discriminación. La inobservancia
de los derechos de las minorías sociales es constante y la realidad es que estas
situaciones conmueven poco al resto de la sociedad. Cuesta garantizar los
derechos y libertades civiles de parte de la población dentro de un contexto
de exclusión y violación de los derechos humanos. Y los derechos de las mi-
norías sociales y sexuales también son derechos humanos. La marginación, la
pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, a la protección social y la falta
de reconocimiento de la variedad de las orientaciones sexuales e identidades
de género son trabas al ejercicio de los derechos de plena ciudadanía. Todos
los seres humanos tienen derecho a una vida digna y la diversidad en orienta-
ciones sexuales e identidades de género no debe ser un obstáculo para el libre
desarrollo de las identidades en igualdad de condiciones, y también para la
plena participación política en la comunidad social. En denitiva, para disfru-
tar de la vida y ser felices. Es prioritario que las administraciones y sus institu-
ciones lideren la lucha contra los delitos de odio y discriminación aceptando
la responsabilidad que les atañe. Y, de esta manera, neutralizar la discrimina-
ción social, cultural, legal y económica. Como sostiene Will Kymlicka en su
obra Multicultural Citizenship: A Liberal eory of Minority Rights (1996: 19),
el estudio concienzudo de las minorías sociales es un importante indicador
de la calidad de las democracias y, es fundamental para propiciar sociedades
abiertas y multiculturales. La igualdad en los derechos humanos básicos debe
CONSIDERACIONES FINALES
DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN: «EL CASO LGTB»
EDUARDO LIZARDO GONZÁLEZ
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ser garantizada, incluso, frente a la propia comunidad cultural erradicando
prácticas que sean contrarias a la dignidad humana y al ordenamiento jurídico.
La situación de odio y discriminación del colectivo LGTBIQ a lo largo
de la historia transita de la criminalización y persecución a la protección legal.
En las últimas décadas, la situación cambia de manera importante y positiva
en el contexto del Estado español con el impulso de la Unión Europea y la
sociedad civil organizada. Por eso, España se encuentra a la vanguardia del
mundo en cuanto a las garantías formales o legales de los derechos de las
personas LGTBIQ. Sin embargo, la situación real de muchas de las personas
pertenecientes a este grupo social continúa siendo insatisfactoria; estas per-
sonas son objeto de un trato discriminatorio y aversivo en diferentes ámbitos
de la vida, incluso, vejatorio que atenta contra la integridad física, moral y
psicológica de estas personas.
La pobreza, la desigualdad y la discriminación en el sistema capitalista
neoliberal son realidades que están íntimamente relacionadas. Un desigual
reparto de la riqueza en el orden social implica grandes bolsas de pobreza
que apuntan a la exclusión social y a las actitudes discriminatorias. En este
sentido, las crisis económicas de las últimas décadas no solo castigan a los más
vulnerables, sino que derivan también en un aumento de las actitudes hostiles
contra la otredad, inmigrantes, minorías sociales, etc. España es el país de la
Unión Europea con mayor distancia entre rentas altas y rentas bajas, es un país
desigual. Las desigualdades económicas producen una brecha social que está
en la base de las fracturas y de los problemas sociales y tiene un gran coste
social, político y humano.
Los delitos de odio y discriminación tienen una especial repercusión en
el colectivo LGTBI y la expansión de los delitos de odio se apoya en la gra-
vedad de un hecho que en España conrman los datos estadísticos pese a sus
limitaciones. Pero también es sabido que tan solo una parte ínma de las dis-
criminaciones y agresiones por odio se registran por parte de las instituciones
y el Ministerio del Interior. Este vacío informativo favorece la invisibilización
del problema para las instituciones y evita la asunción de la responsabilidad de
la sociedad en la lucha contra los procesos y escenarios que posibilitan el odio
y la discriminación. Diferentes estudios hechos desde las entidades del tercer
sector como la FELGTB, o el OCH de Barcelona, Madrid y Valencia, entre
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