STS 768/2006, 30 de Mayo de 2006

Por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, previsto en el artículo 24 de la Constitución española , amparado en el artículo 5. 4 de la L.O.P.J ., por inexistencia de prueba que practicada con las debidas garantías procesales haya destruido la presunción de inocencia.

Por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, previsto en el artículo 24 de la Constitución española , amparado en el artículo 5.4 de la L.O.P.J ., por inexistencia de prueba que practicada con las debidas garantías procesales haya destruido la presunción de inocencia.

Por error en la apreciación de la prueba, al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 5.- La representación del procesado Jesús Ángel, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 242.1-2º del Código Penal, en relación con los artículos 29 y 63 del C.P .

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por la indebida aplicación del artículo 163-1º del Código Penal, en relación con los artículos 29 y 63 del C.P .

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 617-1º del Código Penal, en relación con el artículo 29 del C.P .

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación de la agravante de disfraz, art. 22-2º de C.P ., y la falta de aplicación del artículo 65-2º.

Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la L.O.P.J . y del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por vulneración del derecho de presunción de inocencia, artículo 24.2 de la Constitución española .

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por incorrecta aplicación del artículo 77 del Código Penal (concurso medial) en relación con los delitos de robo y allanamiento de morada.

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 66. 1º del Código Penal , al no haberse motivado la extensión de las penas impuestas.

6. - La representación del procesado José, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

PRIMERO, TERCERO Y QUINTO.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , del artículo 5.4 de la L.O.P.J . y del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse infringido los artículos 18.2 y 3, y 24. 2 de la Constitución española y 117.3 y 4, en relación con los artículos 281 y 473 de la L.O.P.J .

SEGUNDO Y CUARTO.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , art. 5.4 de la L.O.P.J . y del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse infringido el art. 24. 1 de la Constitución española , referente a la tutela judicial efectiva e indefensión, y al amparo de aquél artículo 849. 1º , al haberse infringido los arts. 11. 1 y 238.3 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial , en relación con la condena por un delito de receptación.

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849, 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida de los artículos 298, 66 y 67 del Código Penal .

7. - La representación del procesado Victor Manuel, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción del artículo 24. 2 de la Constitución española , al amparo del artículo 5.4 de la L.O.P.J . y del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por aplicación indebida del artículo 242.1-2º del Código Penal .

Por infracción del artículo 24. 2 de la Constitución española , al amparo del artículo 5. 4 de la L.O.P.J . y del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 163. 1 del Código Penal, en relación con los artículos 29 y 63 del Código Penal .

Por infracción del art. 24. 2 de la Constitución española , al amparo del artículo 5. 4 de la L.O.P.J . y del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por inexistencia de prueba practicada que haya destruido la presunción de inocencia.

8. - Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 15 de Noviembre de 2005, evacuando el trámite que se le confirió, y por las razones que adujo, interesó la inadmisión de los motivos de los recursos que, subsidiariamente, impugnó, a excepción del motivo sexto del recurso de José, que lo estima parcialmente.

9. - Por Providencia de 26 de Abril de 2006 se declaró el recurso admitido y quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

10. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 22 de Mayo de 2005.

Los cuatro primeros motivos que formaliza tienen un denominador común, en cuanto que tratan de combatir la condena como cómplice de todos los delitos por los otros que otros recurrentes han sido condenados como autores.

1. - En síntesis, la cuestión es la siguiente. Los autores principales son condenados por los delitos de allanamiento de morada, robo con violencia en las personas y uso de armas, cuatro delitos de detención ilegal, uno de ellos en concurso ideal con un delito de robo y una falta de lesiones.

2. - El hecho probado relata que el objeto de la actuación convenida era realizar un atraco en un chalet con la finalidad de apoderarse de la caja o abrir el bunker por medios violentos, para lo cual, el recurrente prestaba su aportación encargándose de comprar dos botellas de oxígeno acetilado y el grupo electrógeno necesario para perpetrar el robo, así como obtener el medio de transporte para llegar al lugar.

   Con más detalle, se afirma que el recurrente no llegó a estar de acuerdo con el robo, pero ayudó al especialista en reventar cajas fuertes con el grupo electrógeno y era plenamente conocedor del mismo, al haber acudido a diversas reuniones con ellos, antes y después del robo.

3. - Esta forma de relatar los hechos nos lleva a la conclusión de que el recurrente aportó esfuerzos y medios para realizar un robo con fuerza en las cosas en casa habitada sin que puede acreditarse, de ninguna manera, más bien, debe descartarse, que el cómplice estuviera presente de alguna forma el día de los hechos en el escenario de los crímenes o en sus alrededores a modo de apoyo logístico. La sentencia lo descarta radicalmente, al mantener que se había limitado a mantener contacto en reuniones "antes y después del robo".

   Ello quiere decir que en ningún momento se le puede imputar el conocimiento de que se iba a utilizar la fuerza física y las diferentes maneras de como se iban a desarrollar los acontecimientos. El plan era un robo con fuerza y a él unió, los medios y su colaboración, el acusado.

4. - La sentencia le achaca que conocía plenamente el plan que se estaba tramando e incluso el papel que cada uno de ellos iba a tener, lo que podría incriminarle como autor. Esta conclusión no se corresponde con la declaración del hecho probado, por lo que va más allá de los que pueden ser abarcados por el conocimiento del sujeto para que se le pueda reprochar a titulo de culpabilidad. No puede entrar en su cuota de responsabilidad, todo aquello que es el producto de una sucesión o cadena de hechos que, en principio, ni estaban previstos ni eran conocidos, según el hecho probado, por el recurrente.

5. - La culpabilidad sólo llegará a donde alcanza el poder de decisión del sujeto y su adhesión a una determinada actuación delictiva. Cualquier exceso desborda este principio básico del derecho penal y, de manera correlativa, el principio de legalidad penal cuyo sistema bascula sobre la existencia de una culpabilidad referida al hecho en el que se decide participar.

   En este caso, podemos admitir que los detalles de la apertura de la caja fuerte y de los posibles beneficios económicos, sí estaban en el plan del autor. No entramos en valoraciones sobre la calificación de su conducta como cómplice ya que está admitida por el propio recurrente, si bien sin la extensión que se le ha dado en la sentencia.

   Por lo expuesto los cuatro motivos deben ser estimados, no siendo necesario entrar en el análisis de los restantes.

   ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y ENTRADAS Y REGISTROS

Un bloque común que se esgrime por los recurrentes está relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.

1. - Esta cuestión ya fue suscitada en la instancia alegándose que no hubo intermediación judicial, que el auto carecía de motivación, que no se siguió judicialmente el proceso de escuchas y que las cintas no fueron transcritas bajo la fe del Secretario.

2. - En relación con la intervención judicial, nada puede objetarse. En primer lugar, debemos relatar que no se trata de unas escuchas de prospección o averiguación aleatoria, sino que nos encontramos ante acontecimientos de violencia inusitada y de gran repercusión que suscita la oportunidad de realizar determinadas escuchas, ya que habían desaparecido joyas por un importe valioso y podía resultar efectivo el control de los teléfonos de una persona a la que se consideraba, con fundamento, como perista o receptadora, a través del cual se podía llegar a establecer, o bien una actividad delictiva autónoma o una pista que llevase hasta los autores. En todo caso, la proporcionalidad de la medida estaba perfectamente ajustada ya que, basta con la lectura del hecho probado para comprobar la gravedad e importancia de los hechos que se había cometido.

3. - La petición, por razones de urgencia, se realizó al Juzgado de domicilio del perista que, evidentemente no era la circunscripción donde habían tenido lugar los graves hechos que estamos enjuiciando. Inicialmente se autorizó por dicho Juzgado, pero de manera inmediata se pasarían las actuaciones a los juzgados competentes que incoaron las correspondientes diligencias previas, procediéndose, a continuación, con arreglo a las normas de reparto, que integran los criterios para determinar el juicio ordinario señalado por la ley.

   Descartado cualquier exceso o desproporción en la medida, lo cierto es que estaba absolutamente justificada por los antecedentes fácticos que se desprenden del oficio policial y por el conocimiento judicial de los mismos. En el curso de la investigación, que se demuestra bien orientada, se amplia la intervención telefónica a uno de los autores materiales de los delitos.

4. - Es evidente que sólo constan las transcripciones policiales y que no se da fe por el Secretario de su exactitud y veracidad, pero lo cierto es que se conservaron las cintas originales y que estuvieron a disposición de las partes para que las utilizasen en el momento del juicio oral.

   Este material probatorio no sería utilizable al no haberse previsto su audición por parte de las acusaciones, pero es evidente, como se verá, que existen mas pruebas que se relacionan con alguno de los coimputados, con las víctimas y con los policías que intervinieron en la investigación.

5. - La vulneración de la inviolabilidad del domicilio la suscita la persona acusada y condenada como receptadora, que la extiende también a las escuchas telefónicas. En este último punto damos por reproducido lo que anteriormente hemos argumentado.

   Por lo que se refiere al registro domiciliario se esboza su vulneración en el encabezamiento del motivo pero, después, no se encuentra la más mínima argumentación autónoma sobre este tema por lo que se estima que se ha renunciado a su planteamiento dialéctico subordinando su invalidez a la nulidad de las escuchas telefónicas.

   Por lo expuesto ambas cuestiones deben ser desestimadas

   RECURSO DE Guillermo

El motivo primero versa sobre las intervenciones telefónicas que ya han sido abordadas, aludiéndose, en el motivo segundo, a la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, aunque vuelve a insistir en la inexistencia de pruebas.

1. - Apoyándose en la nulidad de las escuchas telefónicas insiste en que no ha existido actividad probatoria de carácter incriminatorio. Señala que el testimonio incriminatorio del coimputado, al que se condena como cómplice, se realizó sin la presencia de su letrado y no ha sido ratificada en el acto del juicio oral.

   Admite que los policías declararon sobre el protagonismo del recurrente, pero estima que no está contrastada en el juicio oral. En definitiva, termina admitiendo que las imputaciones existen pero carecen de consistencia, regularidad y validez formal.

2. - Partiendo de la validez de las escuchas telefónicas, debemos hacer observar que, sin perjuicio de su mayor o menor contenido probatorio, lo cierto es que las mismas se escucharon por el tribunal en el acto del juicio oral lo que elimina sus posibles carencias en cuanto a la fidelidad de las transcripciones.

3. - Pero, además, el acta del juicio oral, está plagada de pruebas directas e indirectas, derivadas de la investigación minuciosa que se lleva a cabo. Todas ellas constituyen hitos probatorios suficientes para desmontar la pretensión de que se le aplique el principio de presunción de inocencia. Los argumentos están desgranados en el apartado de la sentencia dedicado a motivar y explicar las pruebas utilizadas, entre las que adquieren especial relevancia, los contactos con el receptador puestos en relación con los seguimientos policiales y las manifestaciones de esos mismos funcionarios en el acto del juicio oral. Todo ello, sin olvidar las manifestaciones iniciales del coimputado al que se condenó como cómplice, para lo que no es obstáculo que no estuviese presente el letrado del recurrente, ya que al surgir los datos incriminatorios en el curso de la declaración, era evidente que no se podía disponer del letrado, de una persona, que no se sabía, siquiera, si iba ha ser imputada. En todo caso, pudo la parte solicitar una nueva prueba contradictoria una vez que ya comprobó y supo que era acusado de participar en el hecho. También existe una prueba de voces que se ratificó en el acto del juicio oral aunque la sentencia no hace especial referencia en el apartado correspondiente a este acusado.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

En el motivo tercero denuncia la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba.

1. - En estos estrictos términos plantea que las declaraciones vertidas por uno de los imputados no son ciertas y han inducido a error a la Sala sentenciadora.

2. - La parte recurrente, consciente de que por dicha vía no tiene posibilidad de abrirse paso la invocación de una prueba personal, se remite al anterior motivo y vuelve a reproducir el tema de la presunción de inocencia, por lo que reiteramos lo ya dicho para descartar su concurrencia.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

RECURSO DE José

Los motivos primero, tercero y quinto se refieren a las intervenciones telefónicas a las que ya hemos aludido y los motivos 2º y 4º son una simple variante de la anterior cuestión, solicitando la nulidad de la incorporación a las actuaciones.

1. - Basa la nulidad en tres aspectos: autorización judicial de las escuchas, la ejecución policial de esta autorización y la incorporación de sus resultados a las actuaciones.

2. - Ya hemos dicho todo lo que concierne a la falta de intervención de la fé pública judicial que resulta absolutamente innecesaria en este supuesto concreto. La audición de las cintas masters en el juicio oral exime de cualquier formalidad adicional y subsana los defectos que surgirían en el caso de que se procediese a la lectura selectiva de la transcripción no debidamente autenticada.

Por lo expuesto, los motivos deben ser desestimados

El motivo se ampara en el nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que no están debidamente aplicados los artículos 298, 66 y 67 todos ellos del Codigo Penal. 1.- Toda la argumentación de la parte recurrente se desvía hacia un terreno baldío, ya que no puede, una vez más, combatir el hecho probado cuando lo que pretende, al final, es que no concurren los elementos del tipo de la receptación que le han sido aplicados.

2. - En este punto, si que podemos establecer un debate sobre si los hechos que se le imputan son o no constitutivos de un delito de receptación. Asimismo, merece atención la medida de la imposición de la pena en virtud de los argumentos que desliza el recurrente sobre la existencia de una atenuante de dilaciones indebidas con la consiguiente repercusión sobre la pena.

3. - De una manera esquemática, pero irrefutable, se recogen los elementos típicos que integran el delito de receptación. En primer lugar, se hace referencia a que conocía su ilícita procedencia. Tanto en este delito como en el blanqueo de beneficios ilícitos, se ha dicho, con reiteración, que no es necesario que el receptador conozca los más mínimos detalles del hecho delictivo del que los bienes proceden, ya que basta con tener la conciencia suficiente de que el origen tiene su base en un acto ilícito considerado como delito.

   Además se le aplica el prevalimiento de tener un establecimiento abierto al público dedicado profesionalmente a la compra y venta de joyas.

   Todas las argumentaciones relativas a la inexistencia de pruebas están fuera de lugar y nos remitimos a lo expuesto en los motivos anteriores.

4. - En realidad y por lo que respecta a la aplicación indebida de preceptos penales sustantivos, solamente destaca o muestra interés por la forma en que se ha medido la pena en función de lo previsto en el artículo 66.6 del Código Penal . Si consideramos que el tipo aplicado se forma conjuntamente por la conducta básica del aprovechamiento de los efectos procedentes de un hecho ilícito y, además, prevaliéndose de la cobertura que le daba tener un establecimiento al público, la pena resultante sería la superior en grado, es decir, de dos a tres años. Situándonos en la mitad inferior, la pena de dos años es correcta porque es el mínimo posible y no desborda la impuesta a los autores de los hechos delictivos, no pudiéndose imponer la pena de multa por no haberlo solicitado nadie.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

   RECURSO DE Victor Manuel

Formaliza un primer motivo en el que, combinando diversos preceptos orgánicos y procesales, llega a la conclusión de que estima indebidamente aplicado el artículo 242.1.2º del Código Penal .

1. - En realidad todo el desarrollo es un largo alegato sobre la presunción de inocencia que ni siquiera ha mencionado en el encabezamiento del motivo, negando que hubiera prueba de su presencia en el chalet donde se cometieron los hechos.

2. - La prueba ha sido explicitada en anteriores motivos y se recoge con detalles en los fundamentos jurídicos de la sentencia. Se trata de prueba válida y directa en la que se hace referencia incluso al reconocimiento de las víctimas, por lo que nada es necesario añadir en relación con lo expuesto, sin que pueda seccionarse a gusto del recurrente aquellas pruebas que pudieran ser negativas y prescindir de las que arrojan datos incriminatorios evidentes.

3. - El motivo segundo suscita la inexistencia de prueba en relación con los cuatro delitos de detención ilegal. Insiste en que su única aportación iba a ser la de encontrar el bunker con la caja fuerte para abrirla con los utensilios que portaba. La Sala sentenciadora no descarta que ésta hubiera sido su misión pero establece que, en definitiva, estuvo presente en la vivienda y que allí participó en los hechos que tuvieron lugar. Se basa fundamentalmente en la existencia de un dato no frecuente y que es la característica tonalidad de voz del recurrente que fue identificada por una de las víctimas. Este dato fue ratificado en el juicio oral y además va acompañado de una diligencia de reconocimiento en rueda por lo que, no se puede tomar en consideración la inexistencia de prueba bastate de su autoría.

4. - El último motivo incide en las mismas cuestiones, en este caso sobre las lesiones sufridas por las víctimas. En este caso, la participación y actuación violenta fue compartida de forma indiscriminada por todos los asaltantes de la vivienda, por lo que no se puede exigir que se individualice cada una de las agresiones.

   Por lo expuesto todos los motivos deben ser desestimados

   III.

   FALLO

   FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de Jesús Ángel, casando y anulando la sentencia dictada el día 28 de Febrero de 2005 por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 2ª en la causa seguida contra el mismo por un delito de allanamiento de morada en concurso medial con otro de robo con violencia en las personas y uso de armas, y cuatro delitos de detención ilegal, uno de ellos en concurso ideal con el delito de robo, y de dos faltas de lesiones. Declaramos de oficio las costas causadas.

   QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos por Guillermo, José y Victor Manuel, contra la sentencia dictada el día 28 de Febrero de 2005 por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 2ª en la causa seguida contra los mismos por delito de allanamiento de morada en concurso medial con otro de robo con violencia en las personas y uso de armas, y cuatro delitos de detención ilegal, uno de ellos en concurso ideal con el delito de robo, y de dos faltas de lesiones. Condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas.

   Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos con devolución de la causa en su día remitida.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. José Antonio Martín Pallín D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Diego Ramos Gancedo

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a treinta de Mayo de dos mil seis.

   En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lliria, con el número 29/2000 contra Guillermo, Jesús Ángel, Arturo, Victor Manuel y José, en libertad provisional por la presente causa, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 28 de Febrero de 2005 , que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que hace constar lo siguiente:

1. - Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia recurrida.

1. - Se da por reproducido el fundamento de derecho primero de la sentencia antecedente.