ATS, 14 de Julio de 2021

La representación procesal de D. Rosendo, presentó escrito de interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada con fecha 11 de junio de 2018 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Cuarta, en el rollo de apelación núm. 294/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 50/2017 del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de San Cristóbal de La Laguna.

Mediante diligencia de ordenación de la Audiencia Provincial de Tenerife (Sección Cuarta), se acuerda remitir los autos originales y el rollo de apelación a la Sala Primera del Tribunal Supremo, emplazando a las partes personadas en los autos para su comparecencia ante el mismo.

Con la diligencia de ordenación de fecha 3 de diciembre de 2018 se tiene por parte recurrente a D. Rosendo, y en su nombre y representación a la procuradora Sra. Barrera Rivas, y como recurrida a D. Urbano, y en su nombre y representación a la procuradora Sra. Alba Monteserin, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

Por providencia de fecha 28 de abril de 2021 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

Transcurrido el plazo concedido para alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión del presente recurso, sólo ha evacuado dicho trámite la parte recurrente, como se contiene en la diligencia de fecha 31 de mayo de 2021.

Por la parte recurrente se han constituido los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.

Por la representación procesal de D. Rosendo se interponen recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal contra sentencia recaída en un juicio ordinario sobre seguro de defensa jurídica.

La sentencia de primera instancia estima la demanda, y contra la misma se interpone recurso de apelación, que es estimado en parte por la audiencia.

El presente procedimiento se ha tramitado como juicio ordinario por razón de la cuantía inferior a 600.000 euros, por lo que la vía de acceso al recurso de casación es la contenida en el art. 477. 2. 3.º LEC.

El recurso por infracción procesal se interpone al amparo del art. 469.1. 2.º y 4.º LEC, por inaplicación del art. 218 LEC.

- El recurso de casación se interpone al amparo del art. 477. 2. 3.º LEC, por violación del art. 1438 CC, con contradicción de la doctrina del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad profesional y condena en costas. Presenta tres subapartados (1.1, 1.2 y 1.3):

1.1.-Vulneración de los arts. 1101, 1103, 1104 y 1106 CC, con contradicción de la doctrina de la sala sobre el seguro de defensa jurídica, inexistencia de relación directa entre actor y demandado.

1.2.- Vulneración de los arts. 1101, 1103, 1104 y 1106 CC, en relación con contrato de defensa jurídica y la pérdida de oportunidad.

1.3.-Vulneración del art. 394.2 LEC.

Examinado en primer lugar el recurso de casación interpuesto, ha de inadmitirse por lo siguiente:

1. - Por no cumplir con los requisitos exigidos para el escrito de interposición del recurso ( art. 483. 2. 2.º LEC), ya que el mismo no tiene la debida estructura, que ha de ser en motivos con formulación de cada infracción en un motivo distinto y todos aparecer numerados correlativamente, sin poder formularse submotivos dentro de cada motivo. El ATS de 3 de julio de 2019 (recurso 1902/2017) establece:

   El presente recurso de casación carece de técnica casacional, incumpliendo los requisitos esenciales en su formulación. Como expresa la sentencia de Pleno de esta sala 232/2017 de 6 de abril (recurso 644/2015):

   "[...] el recurso de casación exige claridad y precisión en la identificación de la infracción normativa ( art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que se traduce no sólo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, sino también en la exigencia de una razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado ( art. 481.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), la fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada ( art. 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y el respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida.

   Por ello, esta sala ha declarado de forma reiterada que la imprescindible claridad y precisión del recurso de casación, implícitamente exigidas en el citado art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exigen una estructura ordenada que posibilite un tratamiento separado de cada cuestión, con indicación de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o el principio general del Derecho infringidos. Y además, que el recurrente argumente la infracción con razonable claridad para permitir la individualización del problema jurídico planteado, de tal forma que no cabe una argumentación por acarreo en la que se mezclen argumentos sobre las cuestiones más diversas y se denuncien en un mismo motivo infracciones legales de naturaleza muy diversa. La naturaleza extraordinaria del recurso no tolera el acarreo de argumentos heterogéneos y la invocación de normas carentes de conexión cuando generan imprecisión.

   No corresponde a la sala, supliendo la actividad que la regulación del recurso de casación atribuye a la parte, investigar si el agravio denunciado deriva de una infracción sustantiva, identificar la norma vulnerada y construir la argumentación del recurso, seleccionando los argumentos adecuados, a fin de precisar en qué y por qué resulta infringida [...]".

   Y en el ATS de 23 de noviembre de 2016 (recurso 148/2015):

   "[...] TERCERO .- El recurso incurre en el motivo de inadmisión de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos al acumular infracciones en un mismo motivo, con cita de preceptos genéricos y heterogéneos que generan ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada [...]".

   En el presente recurso se acumulan infracciones en dos subapartados, la redacción es más parecida a un escrito de alegaciones resultando confusa y con cita de precepto absolutamente heterogéneo, relativo a la separación de bienes, respecto del resto de preceptos invocados referidos a la negligencia contractual y a la responsabilidad profesional.

2. - Por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483. 2. 4.º LEC), concretada en hacer supuesto de la cuestión, en cuanto al subapartado primero, ya que en el recurso se alega la inexistencia de relación directa entre el demandante y el demandado. Mientras que la sentencia recurrida establece que el letrado fue nombrado por la aseguradora con aquiescencia del asegurado, y que a partir de ahí la relación era entre letrado y asegurado:

   "[...] Tal y como se desprende del hecho segundo de la demanda y del documento n.º 2 acompañado a la misma fue la Compañía de Seguros Mapfre, con la aquiescencia del asegurado, la que designó al abogado, desprendiéndose también de dicho documento que a partir de ahí la relación se establecía entre asegurado y abogado, limitándose la Compañía a asumir el coste económico de los servicios hasta el límite establecido en la póliza, entre ellos, los honorarios del letrado asignado, pero sin que conste que existiera relación de dependencia alguna entre el letrado y la Compañía [...]".

3. - Por falta de acreditación de interés casacional ( art. 483. 2. 3.º LEC), en relación al subapartado segundo, por contradicción con la doctrina del Tribunal Supremo, ya que para ello se hace preciso citar dos o más sentencias de esta sala y que se razone cómo, cuándo y en qué la sentencia recurrida ha desconocido o vulnerado la jurisprudencia que se establece en ellas, además de existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto del recurso. Dichas sentencias han de identificarse por su número y fecha o, excepcionalmente, por su fecha y número de recurso. En este caso se citan varias sentencias de la sala sólo por su fecha, y únicamente una sentencia se cita por su número de recurso y fecha, que ni es del pleno ni fija doctrina por razón del interés casacional. Y no se trataría tanto que la sentencia recurrida haya desconocido la doctrina de la sala sobre pérdida de oportunidad, como establece por ejemplo en la STS 50/2020, de 22 de enero (recurso 3073/2019):

   "[...] La aplicación de tal doctrina, en el caso de demandas de responsabilidad civil de abogados y procuradores, por los daños patrimoniales sufridos por sus patrocinados, exige a los tribunales celebrar el denominado "juicio dentro del juicio" (trial within the trial); es decir, apreciar el grado de probabilidad o expectativas de éxito, que cabría racionalmente haber obtenido en el caso de haberse presentado la demanda o el recurso; en definitiva, de no haberse frustrado las acciones judiciales susceptibles de ser ejercitadas.

   De manera tal, que si las posibilidades de éxito de la acción no entablada fueran máximas o muy probables, la indemnización sería equivalente a la cuantía del daño experimentado; mientras que, por el contrario, si son muy escasas o muy poco consistentes, la demanda deberá ser rechazada. En los supuestos intermedios entre ambos niveles probabilísticos procederá el resarcimiento del daño en proporción a las posibilidades de que la acción no entablada por causa imputable al letrado prosperase, fijando de tal forma la cuantía del resarcimiento a que tiene derecho el perjudicado, mediante un juicio ponderativo y motivado que debe contener la resolución judicial que decida el litigio.

   En definitiva en palabras, en esta ocasión, de la STS 123/2011, de 9 de marzo, es necesario "urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción (que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales: SSTS de 20 de mayo de 1996, RC n.º 3091/1992, 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003, 30 de mayo de 2006, 28 de febrero de 2008, RC n.º 110/2002, 3 de julio de 2008 RC n.º 98/2002, 23 de octubre de 2008, RC n.º 1687/03 y 12 de mayo de 2009, RC n.º 1141/2004) [...]".

   Sino más bien de una aplicación de la misma a las circunstancias del caso, en cuanto la sentencia recurrida establece que el demandado presentó en nombre del actor reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en abril de 2005, sin que conste que acompañara documentación alguna, siendo requerido para que proporcionara dicha documentación en mayo del mismo año, sin que conste que la hubiera presentado con posterioridad. Que como se describe en el expediente del siniestro aportado por Mapfre, desde la fecha en que había comenzado a manifestarse la negligente actuación del demandado, desentendiéndose del asunto, fueron insistentes e innumerables las reclamaciones del actor. Por lo que si bien la posibilidad de éxito de la reclamación administrativa era dudosa, lo era debido a la insuficiente prueba presentada sobre las circunstancias del accidente, posibilidad que se vio mermada por la negligente actuación del letrado que podía haber presentado o instado más y mejores pruebas, y sin que el actor haya podido contactar con el demandado pese a intentarlo.

4. - Por no cumplir con los requisitos exigidos para la interposición del recurso ( art. 483. 2. 2.º LEC), en relación al subapartado tercero, por falta de cita de norma sustantiva infringida y cita de norma procesal. El ATS de 9 de septiembre de 2020 (recurso 3562/2019) establece:

   "[...]TERCERO.- El recurso de casación debe ser inadmitido por incurrir en varias causas de inadmisión:

   A.- Incumplimiento de los requisitos de encabezamiento y desarrollo de los motivos, por falta de cita de norma sustantiva infringida ( art. 483.2 LEC), por cuanto en el recurso se cita únicamente como norma infringida el art. 250.1.2 LEC, que regula el procedimiento de desahucio por precario, precepto de naturaleza procesal, y que como tal no puede ser, base del recurso de casación

   Esta sala haya venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, pues el verdadero motivo en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso" (entre otras, sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, y 380/2017, de 14 de junio).

   En este sentido esta Sala Primera, en numerosas resoluciones, tiene dicho que es requisito esencial del recurso de casación identificar la norma jurídica infringida:

   En la formulación del motivo de casación hay una exigencia mínima e ineludible que es la identificación de la norma o normas que resultaban aplicables en la resolución de las cuestiones objeto de controversia. El recurso, según el art. 477 LEC, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y como ha venido insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación. [ STS 108/2017, de 17 de febrero]

   Es claro que en este caso no se cita la norma infringida, que ha de ser sustantiva y aplicable al fondo de la controversia, y evidentemente no cumple estos requisitos el art. 250. 1. 2.º LEC [...]".

   El ATS de 30 de septiembre de 2020 (recurso 2929/2018) establece:

   "[...] el recurso de casación ha de fundarse en infracción de norma jurídica sustantiva aplicable para la resolución del litigio ( artículo 477.1 LEC), que en el presente caso no se expresa, ya que no presenta tal carácter la cita de los preceptos reseñados ut supra, al ser de carácter procesal. Esta sala ha venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, pues el verdadero motivo en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso" (entre otras, sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, y 380/2017, de 14 de junio). En este sentido esta Sala Primera, en numerosas resoluciones, tiene dicho que es requisito esencial del recurso de casación identificar la norma jurídica infringida:

   En la formulación del motivo de casación hay una exigencia mínima e ineludible que es la identificación de la norma o normas que resultaban aplicables en la resolución de las cuestiones objeto de controversia". El recurso, según el art 477 LEC, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y como ha venido insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación". [ STS 108/2017, de 17 de febrero] [...]".

   Y es doctrina consolidada de esta sala que la vulneración las normas sobre costas procesales tampoco es, en general, susceptible de recurso extraordinario por infracción procesal, salvo el supuesto excepcional de vulneración del derecho a tutela judicial efectiva por la vía del art. 469. 1. 4.º LEC, cuando la sentencia se aparte de las reglas generales sobre vencimiento en materia de condena en costas y, sin embargo, no motive su decisión ( STS 607/2018, de 6 de noviembre). Como explica la STS 56/2019, de 25 de enero:

   "[...] La vulneración de normas sobre costas procesales, pese a su naturaleza procesal, no es susceptible de recurso extraordinario por infracción procesal. A tales efectos debemos tener en cuenta que no todas las infracciones procesales son controlables a través del recurso extraordinario, ni en el régimen provisional regulado en la disposición final 16.ª de la LEC, ni siquiera en el más amplio del articulado (arts. 468 y siguientes), que tiene todavía pospuesta en parte su vigencia (vid. disp. final 16.ª, apartado 2); además es imprescindible, aparte la recurribilidad de la sentencia, que la vulneración de la norma procesal sea incardinable en alguno de los motivos tasados en el art. 469.1 LEC, en ninguno de los cuales tiene encaje adecuado la infracción de los artículos sobre costas, dado que el pronunciamiento relativo a éstas no se regula en la ley de enjuiciamiento dentro de las normas sobre las resoluciones judiciales, en los arts. 206 a 215, sino que es tratado en diferente Libro de la LEC (LibroII, Título I, Capítulo VIII, arts. 394 a 398 LEC), donde se establecen las disposiciones relativas a "la condena en costas", que, evidentemente, no tienen cabida en el motivo segundo, del art. 469.1 LEC, referido únicamente a normas reguladoras de la sentencia, ni tampoco en el motivo tercero del mismo precepto, atinente a normas que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad o hubiere podido producir indefensión; obviamente la falta de un motivo en que tenga encaje la vulneración de las normas sobre costas es razón bastante para considerar que el legislador ha optado por excluir del recurso extraordinario procesal la verificación de la aplicación de los preceptos correspondientes, ni siquiera para el control del criterio objetivo, único que la jurisprudencia de esta Sala venía admitiendo como susceptible de fiscalización a través del recurso de casación bajo el régimen de la LEC de 1881, pues ya era reiterada la doctrina sobre la exclusión de toda revisión del criterio subjetivo, en orden a la concurrencia o no de circunstancias relativas a temeridad o buena fe, para atemperar el criterio objetivo, sustentar la condena o relevar de la misma en los casos regidos por el criterio subjetivo. La exclusión del recurso extraordinario por infracción procesal es, por otra parte, acorde con el reforzamiento de la naturaleza instrumental del proceso, por ello no es de extrañar que cuestiones adjetivas de tanta amplitud como las correspondientes a la ejecución, no puedan acceder a este medio de impugnación, es más, incluso están excluidas como regla general del recurso de apelación (cfr. art. 562.1 LEC); de ahí que sea coherente con este sistema de recursos el que se exceptúe del extraordinario procesal la denuncia de vulneraciones de las normas reguladoras de las costas. Corrobora esta conclusión la explícita previsión del recurso de apelación sobre costas, en el art. 397 LEC, de modo que la LEC 1/2000, de 7 de enero, ha optado porque la función de unificación que corresponde a los órganos jurisdiccionales no vaya más allá del ámbito de cada Audiencia Provincial, a través de las resoluciones que dicten en grado de apelación; asimismo esa expresa referencia al recurso de apelación en materia de costas, sin mención del recurso extraordinario patentiza que sólo se contempla el devolutivo ordinario. Criterio el expuesto que constituye doctrina reiterada de esta Sala [...]".

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.

Las razones expuestas justifican la inadmisión de los recursos interpuestos, sin que las alegaciones realizadas en escrito presentado por la recurrente, tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, supongan una alteración de dichos razonamientos.

Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483. 4 y 473. 2 LEC, dejando sentado el art. 473. 3 y el art. 483. 5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

Siendo inadmisibles los recursos, la parte recurrente perderá los depósitos constituidos.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483. 3 y 473. 2 de la LEC, no habiéndose presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, no se hace expresa imposición de costas.