STS 35/2021, 14 de Enero de 2021

1. Presentada demanda en materia de despido por Dª Africa contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública y Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, fue turnada al Juzgado de lo Social nº 3 de Granada, en cuyos HECHOS PROBADOS consta lo siguiente:

"PRIMERO. - Dª Africa con DNI NUM000, suscribió el 02/05/2007 con la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, contrato de trabajo "temporal para vacante R.P.T.", para la prestación de servicios desde la fecha indicada, con categoría profesional de Monitora de Educación Especial (grupo III del Convenio), con destino en el centro de trabajo "E.O.E. Chana", en la localidad de Cogollos-Vega, Granada, adscrita a un puesto de trabajo con código NUM001.

En contrato se indicó que el mismo tenía carácter de "laboral temporal para vacante de la R.P.T. (R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, Interinidad artículo 4)" y que su duración venía prevista hasta la cobertura de tal puesto de trabajo por los procedimientos establecidos en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el convenio colectivo vigente y en todo caso, hasta que el servicio fuera necesario o finalizara la obra para la que había sido contratada la parte demandante.

Desde el 13/09/2010 la demandante prestaba servicios en el C.E.I.P. Jabalcón, en Baza, Granada, por traslado.

SEGUNDO. - Por resolución de 2 de mayo de 2017, se aprobó y se hizo pública la resolución definitiva correspondiente al concurso de traslados entre el personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, convocado por Resolución de 12 de julio de 2016.

El puesto de trabajo que venía ocupando el demandante estaba incluido entre los asignados a trabajadores que participaron en el mencionado concurso.

Según la resolución de 02/05/2017, "La extinción de los contratos de aquellos trabajadores temporales que ocupen puestos adjudicados en el presente concurso de traslados se producirá con efectos del día 30 de junio de 2017. El cese de estos trabajadores en los códigos de puestos de trabajo que tengan más de una plaza se producirá conforme a las Instrucciones 2/2013 y 3/2013, sobre la resolución de los procesos de acceso a la condición de personal laboral fijo, promoción o traslados convocados por esta Consejería".

La parte demandante recibió el 15/06/2017 preaviso fechado a 05/06/2017, en el que se le indicaba lo siguiente:

"Resuelto definitivamente el Concurso de Traslados entre el Personal Laboral fijo o fijo discontinuo al servicio de la Junta de Andalucía, por Resolución de 2 de mayo de 2017 (BOJA. Número: 85, de 23 de mayo de 2017); el día 1 de julio de 2017 tomarán posesión de los destinos definitivos los adjudicatarios correspondientes, entre los que se encuentra el puesto de Monitor de Educación Especial de Zona ocupado por usted en el CEIP "Jabalcón" de Baza, Granada. Por ello, notifico:

La extinción de su relación laboral conforme a la cláusula sexta del contrato temporal suscrito con esta Delegación Territorial y al artículo 49.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores; cuya terminación tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2017".

El contrato de trabajo suscrito entre la parte actora y la Consejería demandada finalizó de manera efectiva el 30/06/2017.

TERCERO. - El 07/08/2017 la parte demandante ha suscrito nuevo contrato de trabajo, de interinidad, con la Consejería demandada, para la prestación de servicios desde el 11/09/2017, con categoría profesional de personal técnico en integración social (Grupo III del convenio), en el centro "C.E.I.P. San José de Calasanz", sito en Huercal-Overa, Granada. La demandante, en virtud del mencionado contrato viene prestando servicios en un puesto de trabajo al que corresponde el código NUM002.

En el indicado contrato se señaló que el mismo se concertaba para la cobertura temporal de un puesto de trabajo hasta su cobertura por los procedimientos reglamentarios.

CUARTO. - El salario diario bruto percibido por la parte demandante, a efectos del presente procedimiento por despido, era de 65,74 euros brutos diarios.

QUINTO. - La parte actora no ha desarrollado actividad de representación de los trabajadores".

2. -En la parte dispositiva de dicha sentencia se dice lo siguiente: "Estimo en parte la demanda formulada por doña Africa frente a las Consejerías de Educación y de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y, en consecuencia, desestimó la acción por despido y declaro que la actora ostenta derecho a percibir de la parte demandada una indemnización derivada de la extinción de su contrato de trabajo de efectos 30/06/17, por importe de 13.367,13€".

Dª Africa y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y Consejería de Educación de la Junta de Andalucía interpusieron recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, quien dictó sentencia el 31 de enero de 2019, en su recurso de suplicación nº 2179/2018, en cuya parte dispositiva se dijo lo siguiente:

"Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como el recurso de suplicación interpuesto por Dª Africa, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo social núm. 3 de Granada, en fecha 06 de marzo de 2018, en sus Autos núm. 720/2017, seguidos a instancia de Dª María Dolores Sánchez Mesa, en reclamación sobre despido, contra la mencionada recurrente, confirmamos íntegramente la sentencia recurrida, con imposición de 300 euros en costas".

1. La Letrada de la Junta de Andalucía en la representación de quien ostenta interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia recurrida. Aporta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 1 de marzo de 2018 (rec. Suplicación 1884/2017).

2. Por diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2020, sin haber presentado impugnación la parte recurrida pese a haber sido emplazada en legal forma, se le da traslado al Ministerio Fiscal para que evacúe informe.

El Ministerio Fiscal en su informe interesa la procedencia del recurso de casación para la unificación de doctrina.

El 4 de diciembre de 2020 se dicta providencia, mediante la cual se designa nuevo ponente por necesidades del servicio al Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín. Se señaló como fecha de votación y fallo el 12 de enero de 2021, fecha en la que tuvo lugar.

1. Debemos resolver en el presente recurso de casación unificadora si la superación del plazo de tres años, previsto en el art. 70 EBEP, novó el contrato de interinidad por vacante, suscrito por la demandante, en indefinido no fijo, cuya extinción debe indemnizarse con veinte días por año de servicio.

2. La sentencia recurrida confirma la de instancia, que estimó en parte la demanda, desestimando la acción de despido, pero declarando el derecho de la actora a percibir una indemnización por cese de 13.376,13 €, correspondiente a 20 días de salario por año de servicios prestados.

   La demandante prestó servicios para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con la categoría de monitora de educación especial y en virtud de contrato de interinidad por vacante RPT suscrito el 2 de mayo de 2007. En dicho contrato se especifica que el mismo durará hasta la cobertura del puesto de trabajo a través de los procedimientos establecidos en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre y, en todo caso, hasta que el servicio sea necesario o finalice la obra para la que fue contratada.

   Entre las partes rige el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. El 15 de junio de 2017 la demandante recibió carta de la Consejería en la que se le comunicaba la resolución del contrato con efectos de 30 de junio de 2017 por cobertura de la vacante que venía ocupando.

   El 7 de agosto de 2017 la parte suscribió con la Consejería demandada nuevo contrato de interinidad por vacante.

   La sala de suplicación aplica la doctrina de esta Sala Cuarta, para concluir que, la Administración demandada ha mantenido una permanente necesidad de ocupación de la plaza, a la que se encuentra adscrita la actora, mediante un contrato de interinidad por vacante desde hace más de 10 años, por lo que la relación ha devenido en indefinida no fija, de acuerdo con lo recogido en el art. 70 del EBEP. Y tal calificación de la relación existente entre las partes determina que la extinción del contrato conlleve el derecho a percibir la indemnización de 20 días prevista para los despidos objetivos.

3. Recurre la Junta de Andalucía, en casación para la unificación de doctrina, articulando un motivo de recurso, que se centra en determinar los efectos jurídicos de la prolongación del plazo de duración del contrato de interinidad, más allá de lo previsto en el art. 70 EBEP. La recurrente citaba de contraste tres sentencias distintas, por lo que una vez requerida para que seleccionara una sola de las citadas en ambos escritos de preparación e interposición y ante la falta de selección expresa por la recurrente, se ha de tener por seleccionada como referencial la más moderna de las citadas, que es la dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga el 1 de marzo de 2018 (R. 1884/2017).

   En el caso de la referencial se debatía si al actor, que prestaba servicios por cuenta y dependencia de la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad para vacante RPT desde el 16 de noviembre de 2009 debía reconocérsele la cualidad de trabajador indefinido no fijo del sector público por haber prestado servicios en centro diferente del que fue objeto del contrato. La duración del contrato se extendería hasta que el puesto de trabajo fuera cubierto a través de los procedimientos establecidos en la ley 6/1985 de 28 de noviembre de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía y el vigente Convenio Colectivo.

   El centro de destino consignado en contrato era la Residencia de Pensionistas de Estepona.

   El actor ha prestado servicios desde el 16 de noviembre de 2009 en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Avenida Manuel Agustín Heredia 26 en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. El actor esta de alta como usuario en el organismo D.P IBS de Málaga, servicio Gestión Económica de Pensiones y consta como usuario S.I.S.S Delegación Provincial Consejería de Igualdad y Bienestar Social de Málaga, Servicio Gestión Económica de Pensiones, y el cargo que ocupa, Técnico Grado Medio.

   La magistrada de instancia consideró probado que el actor fue contratado como técnico de mantenimiento en el centro de destino residencia de pensionistas de Estepona, y que durante toda la relación laboral había prestado servicios en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga como técnico grado medio, por lo que apreció fraude de ley en la contratación al haber discordancia entre el puesto de trabajo indicado en contrato y el efectivamente ocupado. Lo que determina que la relación haya de ser considerada como indefinida no fija.

   La sala de suplicación, sin embargo, estima el recurso de suplicación que formulaba la Consejería, para finalmente desestimar la demanda del trabajador y absolver a la demandada de las pretensiones formuladas frente a ella.

   La sentencia se remite al criterio expresado por la propia sala de Andalucía en las sentencias que cita y en las que se argumenta que el contrato de interinidad por sustitución es un contrato con término final que se extingue por extinción de la causa que dio lugar a la reserva de puesto de trabajo, y así lo considera el RD 2720/98 en su art. 4.1, aludiendo además la referencial a las normas reglamentarias dictadas para la gestión del personal de la Junta de Andalucía. Tales normas son el reglamento de Gestión de Personal (RGP) y la orden de 24 de septiembre de 1999, que adoptan la aplicación SIRhUS (Sistema de Información de Recursos Humanos) para la gestión de los procedimientos en materia de personal y el decreto 9/1986 que aprueba el Reglamento del Registro General de Personal, que no incluye entre sus previsiones una mención específica a la plaza que sea objeto de contratación temporal.

   La referencial alude igualmente a diversas resoluciones de la misma sala en las que no se estimaron las demandas en las que los actores prestaron servicios desde el primer día en puesto de trabajo diferente al consignado en contrato. Se considera que tal circunstancia no desvirtúa la realidad de la necesidad de la empresa de cubrir interinamente un puesto de trabajo dejado vacío por quien mantenía derecho a reserva de puesto de trabajo, considerando admisible también que las funciones propias de quien se halla de baja pasen a ser desempeñadas por otro trabajador más cualificado de la plantilla, y que la empresa redistribuya las tareas.

   Finalmente en cuanto a la superación del plazo de tres años a que se refiere el art. 70.1 del EBEP, considera la sentencia que en la base primera de la convocatoria se proclamaba que de conformidad con el VI Convenio Colectivo se convocaba concurso de promoción para cobertura de plazas y que la cobertura de la plaza de la actora había seguido el trámite indicado en el convenio cuya aplicación ha requerido la ejecución de las correspondientes fases, sin que a estos efectos ni el convenio ni la resolución de convocatoria fijen plazo de ejecución determinado.

1. El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16 de julio de 2013 (R. 2275/2012 ), 22 de julio de 2013 (R. 2987/2012 ), 25 de julio de 2013 (R. 3301/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 302/2012 ), 15 de octubre de 2013 (R. 3012/2012 ), 23 de diciembre de 2013 (R. 993/2013 ), 29 de abril de 2014 (R. 609/2013 ), 17 de junio de 2014 (R. 2098/2013 ), 18 de diciembre de 2014 (R. 2810/2012 ) y 21 de enero de 2015 (R. 160/2014 ).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14 de mayo de 2013 (R. 2058/2012), 23 de mayo de 2013 (R. 2406/2012), 13 de junio de 2013 (R. 2456/2012 ), 15 de julio de 2013 (R. 2440/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 2366/2012 ), 3 de octubre de 2013 (R. 1308/2012 ), 4 de febrero de 2014 (R. 677/2013 ) y 1 de julio de 2014 (R. 1486/2013 ).

2. La Sala considera, al igual que el Ministerio Fiscal, que concurren aquí los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS, aunque en el caso de autos se esté enjuiciando un despido y el importe de la indemnización por la extinción, porque en lo que afecta a la pretensión de declaración del carácter indefinido de la relación, ambas sentencias enjuician circunstancias sustancialmente idénticas, que parten de la existencia en ambos casos de un contrato de interinidad por vacante cuya duración ha excedido el plazo previsto en el art. 70 del EBEP, y se llega a pronunciamientos contradictorios, calificando la sentencia recurrida la relación como indefinida no fija y fijando una indemnización por la extinción de la relación de veinte días por año y la sentencia de contraste, sin embargo, absuelve a la Junta de Andalucía, incluso habiendo advertido que el puesto de trabajo desempeñado por el trabajador era distinto en lugar y categoría que el expresado en el contrato.

1. La Junta de Andalucía denuncia que la sentencia recurrida ha infringido lo dispuesto en el art. 15.1.c ET, en relación con el art. 4.2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 ET y el art. 70 EBEP.

2. La señora Africa, quien se había personado como parte recurrida, no impugnó el recurso en el plazo concedido.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso de casación unificadora en aplicación de la doctrina de la STS 2-5-2019, rcud. 1336/2019.

1. La Sala ha mantenido con reiteración que el artículo 70.1 EBEP se limita a imponer obligaciones a las administraciones públicas fijando un plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, sin que lo establecido en ese precepto permita concluir que la mera superación del plazo de tres años, salvo que se haya producido fraude o abuso en la contratación, pueda tener como consecuencia la novación de los contratos de interinidad por vacante en indefinidos no fijos, ni tampoco que estos contratos hayan de tener una duración máxima de tres años, pues como se ha dicho ese plazo va referido a la ejecución de la oferta de empleo público.

Nos remitimos, en este sentido y entre otras, a nuestras sentencias de 24 de abril de 2019 (Pleno, FD Tercero, 3, rcud 1001/2017); 4 de julio de 2019 (Pleno, FD Tercero, rcud 2357/2018); 18 de julio de 2019 (FD Segundo, 3, rcud 1010/2018); 19 de julio de 2019 (FD Segundo, 3, rcud 3975/2917); 12 de noviembre de 2019 (FD Tercero, rcud 2503/2018); 793/2019, 20 de noviembre de 2019 (FD Tercero, 2, rcud 2732/2018); 5 de diciembre de 2019 (FD Tercero, 2, rcud 1986/2018); y 17 de diciembre de 2019 (FD Segundo, 3, rcud 1758/2018).

Particular relevancia tienen para el presente recurso nuestras sentencias 793/2019, 20 de noviembre de 2019 (rcud 2732/2018) - ya citada -, 106/2020, 5 de febrero de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020, 10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018), 446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 3562/2018), 861/2020, de 7-10-2020 (rcud. 2968/19), 860/2020, de 7-10-2020, (rcud. 4645/18), 867/2020, de 7-10-2020 (rcud. 4855/18), 877/2020, de 8-10-2020 (rcud. 3790/18) y 967/2020, de 4-11-2020, (rcud. 2725/18). En dichas sentencias se invocaba la misma sentencia de contraste (la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 1 de marzo de 2018, rec. 1884/2017) que en el presente recurso se esgrime, descartándose en todas ellas que la mera superación del plazo de tres años, prevista en el art. 70.1 EBEP, nove en indefinido no fijo el contrato de interinidad por vacante. La citada STS 424/2020, 10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018), con mención de las STJUE 5 de junio de 2018 (C-677/16) y 19 de marzo de 2020 ( C- 103/18 y 429/18), recuerda que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo público quedaron paralizadas durante algunos años por la grave crisis económica existente.

2. - La aplicación de nuestra reiterada doctrina al presente caso conduce a estimar el recurso, toda vez que la mera superación del plazo de tres años del artículo 70.1 EBEP, sin que concurriera ninguna otra circunstancia, no convierte en indefinido el contrato, como venimos reiterando en nuestra doctrina.

1.- De acuerdo con lo razonado y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina de la Junta de Andalucía, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimamos el de tal clase interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Granada de 6 de marzo de 2018 (autos 720/2017) y declaramos que no procede indemnizar la válida extinción del contrato de interinidad por vacante, suscrito con la señora Africa, con la consiguiente absolución de la Junta de Andalucía.

2. - No procede que la Sala se pronuncie sobre costas ( artículo 235.1 LRJS).