STS 171/2020, 25 de Febrero de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 25 Febrero 2020 |
| Número de resolución | 171/2020 |
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4150/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Sahún
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Sentencia núm. 171/2020
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
Dª. María Luisa Segoviano Astaburuaga
Dª. María Lourdes Arastey Sahún
D. Antonio V. Sempere Navarro
D. Sebastián Moralo Gallego
D. Juan Molins García-Atance
En Madrid, a 25 de febrero de 2020.
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Control y Montajes Industriales Cymi S.A., representada y asistida por el letrado D. Roberto Reguera González, contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2017 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en recurso de suplicación nº 1544/2017, interpuesto contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Bilbao, en autos núm. 656/2016 seguidos a instancia de D. Romulo contra la ahora recurrente y A.C.S. Actividades de Construcción y Servicios S.A..
Ha comparecido como parte recurrida D. Romulo representado y asistido por la letrada Dª. Irene Martínez García.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Sahún.
Con fecha 5 de abril de 2017 el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Bilbao dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:
"PRIMERO. El actor Don Romulo, con DNI NUM000, comenzó a prestar servicios por cuenta de Dragados y Construcciones, S.A. el 1/02/73, pasando desde el 24/02/03 a hacerlo para la codemandada Controles y Montajes Industriales Cymi, S.A. (en adelante, Cymi), con categoría profesional de Oficial de lª.
SEGUNDO. No se discute que Dragados y Construcciones, S.A. cambió su denominación por la de Grupo Dragados, S.A. por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 30/04/99, siendo absorbida el 12/12/03 por la codemandada Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (en adelante, ACS).
La última empleadora del demandante, Cymi, pertenece al grupo de empresas de ACS.
TERCERO. El actor ha permanecido en situación de jubilación parcial entre el 1/09/09 y el 20/08/14, fecha en la que ha causado jubilación ordinaria.
CUARTO. Los importes salariales recibidos en el último año de servicio ascienden a 3.999,51 euros, dándose por reproducido el cuadro contenido en el Hecho Quinto de la demanda.
La última empleadora del demandante, SICE, pertenece al grupo de empresas de ACS.
QUINTO. Vigente la relación laboral con el actor Dragados y Construcciones, S.A. regulaba una serie de beneficios sociales; entre los que se encuentra la norma 760-16 que bajo la rúbrica "concesión de ayudas económicas al personal obrero a su jubilación", tiene el siguiente contenido:
"1. Podrá solicitarse este tipo de ayudas para el personal obrero que cumpla una de las dos condiciones:
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Tenga concedidos los beneficios complementarios a los de plantilla.
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Lleve más de 15 años de servicio ininterrumpido en la empresa.
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En todo caso, deberá solicitar la jubilación según la legislación vigente y, si tiene menos de 65 años, deberá justificarse debidamente la conveniencia de la jubilación.
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Los años de servicio se computarán desde que empezó a trabajar en la empresa y siempre que posteriormente no haya habido ruptura del vínculo laboral superior a tres meses.
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La cuantía de la ayuda económica nunca podrá rebasar el importe de tantas mensualidades como años de servicio haya prestado a la empresa.
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El importe de la mensualidad considerada a este efecto, será la media aritmética de lo cobrado en los últimos doce meses, con exclusión de las horas extraordinarias y ayuda familiar.
-
La Dirección de Personal autorizará la concesión de estas ayudas, a propuesta del Director Regional o análogo correspondiente, con cargo a Administración de Personal-Seguros".
SEXTO. No se discute que, a efectos de la norma reproducida, el demandante ostenta la condición de personal obrero, sin tener concedidos los beneficios complementarios de plantilla.
SÉPTIMO. Consta agotada la vía administrativa previa, habiéndose presentado papeleta el 30/07/15 y celebrado el acto de conciliación el 19/08/15.
La demanda fue presentada el 20/07/16.".
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:
"Que desestimando la demanda deducida por Romulo contra Cymi S.A. Control y Montajes Industriales y A.C.S. Actividades de Construcción y Servicios S.A., debo absolver y absuelvo libremente a las empresas demandadas de las pretensiones frente a ellas deducidas.".
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Romulo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual dictó sentencia en fecha 19 de septiembre de 2017, en la que consta el siguiente fallo: "Se estima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Bilbao de 5-4-2017, procedimiento 656/2016, por doña Irene Martínez García, letrada que actúa en nombre y representación de don Romulo, y dando lugar a su demanda se condena a la empresa Control y Montajes Industriales, S.A., a que le abone la suma de 13.844,87 euros, con intereses desde el 20-8-2014 en el importe del interés legal ( art. 1108 del Código Civil), sin costas.".
Por la representación de Control y Montajes Industriales Cymi S.A. se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación.
A los efectos de sostener la concurrencia de la contradicción exigida por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), el recurrente propone como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 21 de diciembre de 2011, (rollo 472/2011).
Por providencia de esta Sala de fecha 23 de marzo de 2018 se admitió a trámite el presente recurso y se dio traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
Presentado escrito de impugnación por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal que emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente.
Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 25 de febrero de 2020, fecha en que tuvo lugar.
1. La cuestión que hemos de resolver en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si la Norma 760-16 de Dragados y Construcciones establece una mejora voluntaria de la Seguridad Social (premio por Jubilación) como un derecho de todo trabajador si cumple las circunstancias que allí se expresan o, por el contrario, no existe tal derecho incondicionado sino que tiene que ser avalado por una propuesta del director correspondiente previa autorización de la dirección de personal.
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La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 octubre 2018 (rollo 1737/2018), confirma la sentencia de instancia sobre mejora voluntaria de Seguridad Social, que concede el premio por jubilación reclamado por el trabajador en los términos transcritos en los antecedentes previos.
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La norma 760-16, bajo la rúbrica "concesión de ayudas económicas al personal obrero a su jubilación", tiene el siguiente contenido:
"1. Podrá solicitarse este tipo de ayudas para el personal obrero que cumpla una de las dos condiciones:
-
Tenga concedidos los beneficios complementarios a los de plantilla.
-
Lleve más de 15 años de servicio ininterrumpido en la Empresa.
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En todo caso, deberá solicitar la jubilación según la legislación vigente y, si tiene menos de 65 años, deberá justificarse debidamente la conveniencia de la jubilación.
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La Dirección de Personal autorizará la concesión de estas ayudas, a propuesta del Director Regional o análogo correspondiente, con cargo a Administración de Personal-Seguros".
La sentencia recurrida declara que el beneficio social contemplado en la norma 760/16 se trata de un auténtico derecho social y no de una mera expectativa de derecho, cuyos términos de concesión no pueden ser interpretables en el sentido de facultar o no su cumplimiento a la dirección de la empresa, y declaró la responsabilidad solidaria de ambas empresas codemandadas en el pago de la ayuda económica por jubilación.
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La demandada recurre en casación para la unificación de doctrina y aporta, como sentencia referencial, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 21 de diciembre de 2011 (rollo 472/2011).
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Ninguna duda cabe que, entre las sentencias comparadas, concurre la contradicción exigida en el artículo 219.1 LRJS, pues en ambos casos se trata de trabajadores que prestaron servicios para la misma empresa, solicitan la ayuda económica a la jubilación prevista en la norma 760-16 de Dragados y Construcciones S.A., al pertenecer al personal obrero, tener más de quince años de antigüedad y haberse jubilado y, no obstante, obtienen soluciones contradictorias, ya que en la sentencia recurrida se concede la cantidad reclamada al trabajador en concepto de ayuda económica por jubilación, mas, en la referencial se desestima la demanda al entender que debe solicitarlas el Director Regional o análogo, sin que sea suficiente el cumplimiento del resto de los requisitos de la norma, como sucede en la recurrida.
1. El recurso sostiene que la sentencia recurrida vulnera los arts. 39.1, 191 y 192 del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley General de Seguridad Social, vigente hasta el 2 de enero de 2016 (LGSS 1994), actuales arts. 43, 238 y 239 del vigente Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley General de Seguridad Social (LGSS 2015), la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con las normas que rigen el devengo de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social contenida (entre muchas otras) en las STS/4ª de 20 marzo 1977 (rcud. 2730/1995) y 13 julio 1998 (rcud. 3883/1997), en relación con los arts. 3, 1281, 1285 y 1286 del Código Civil (CC) -sobre los criterios de interpretación de normas y contratos)-, las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en materia de interpretación de los contratos -entre ellas la STS/4ª de 26 noviembre 2008 (que se remite a muchas otras)-, incurriendo asimismo en aplicación indebida del art. 1256 CC, todo ello en relación con el art. 41 de la Constitución (CE) y con la Norma 760-16 de Dragados y Construcciones, S.A.
Tan amplio listado de preceptos y jurisprudencia infringida son citados formalmente tal como se ha transcrito; sin embargo, en el extenso desarrollo del motivo no se expone luego la más mínima argumentación que permita deducir en qué y porqué estima el recurrente que cada uno de los preceptos que invoca han sido infringidos por la sentencia impugnada, ni tampoco explicita en qué medida ésta infringe la jurisprudencia que pudiera deducirse de las sentencias citadas.
Al contrario, el recurso se construye materialmente transcribiendo la norma 760-16 de Dragados y Construcciones y busca, una interpretación distinta de la mencionada norma interna a la sustentada por la sentencia recurrida, con copia de diversas sentencias de diferentes Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia.
Resulta evidente, por tanto, que, bajo la formal invocación de diversas normas legales y preceptos, lo que la parte recurrente plantea en realidad es un motivo en el que, en la práctica, se cuestiona la interpretación efectuada por la sentencia recurrida de una regla empresarial interna que no tiene la condición de norma.
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Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, tanto con carácter general, como en relación a asuntos idénticos al presente, sobre cuando la denuncia de la infracción se ha limitado a la invocación de pactos, acuerdos o decisiones, incluso en relación con la normativa civil de interpretación de los contratos, no entrando en conocer tal tipo de infracciones.
En esta línea, cabe citar las STS/4ª de 9 julio 2013 (rcud. 2737/2011), 27 noviembre 2013 (rcud. 2317/2012), 26 marzo 2014 (rcud. 615/2013) y 4 febrero 2015 (rcud. 3207/2013).
Todas ellas fueron dictadas en asuntos idénticos al presente, afectantes a trabajadores del mismo grupo empresarial, que, igualmente, reclamaban la ayuda de jubilación prevista en la Norma 760-16 y que, asimismo, pretendían una distinta interpretación de su contenido, invocando como preceptos legales infringidos la propia norma en cuestión y algunos otros de carácter general.
No encontramos razones para aplicar en este caso una solución diferente, cuando lo que realmente pretende el recurso no es sino una interpretación a su favor del texto de la norma 760-16, por más que formalmente contenga una larga lista de preceptos infringidos, sin cumplir con las estrictas exigencias del recurso de casación, como pasamos a razonar.
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En las precitadas sentencias decimos, "Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta clase de asuntos en sus sentencias de 6 de abril de 2013, (rcud 2203/2011); de 22 de abril de 2013, rcud 1048/2012); de 9 de julio de 2013, (rcud 2737/2011) y de 27 de noviembre de 2013 (rcud. 2317/2012)... habiéndose desestimado en todas ellas los correspondientes recursos..., imponiéndose ahora también tal solución negativa porque como ya se dice en nuestra mencionada sentencia de nueve de julio de 2013 , "....lo más importante es que esos preceptos se aplican a la interpretación de los contratos y que el recurrente olvida que la norma interior 760/16 no es un contrato al que se puedan aplicar en general las normas de interpretación de los contratos. Las reglas de régimen interior de las empresas que no han sido consensuadas, ni publicadas, carecen de carácter normativo, como venimos señalando desde nuestra sentencia de 19 de abril de 1994 (Rec. 371/1993), lo que impide fundar en ellas un recurso extraordinario como el presente...". Este argumento, supone, en primer lugar, que la Norma 760/16 carece de la entidad y eficacia para ser alegada como norma infringida a los efectos casacionales, pero, además, que tampoco puede tenerse en cuenta al efecto el art. 1256 CC o, como también dice la igualmente referida STS/4ª de 16 de abril de 2013, la llamada norma de empresa posee naturaleza de régimen interno, adoptado por la empresa, sin concurso alguno de voluntades con el o los trabajadores afectados.
A lo que añadimos que "el recurso presentado se limita a citar por su número una serie variada de preceptos legales del ET, del CC. y de la LGSS, sin la más mínima argumentación que permita deducir en qué y por qué estima el recurrente que cada uno de ellos ha sido infringido por la sentencia impugnada ... y, en consecuencia, por qué razón sería legalmente más correcta la interpretación que hace la sentencia de contraste de la repetidamente citada Norma 760-16 que la realizada por la sentencia recurrida. Este proceder supone un claro incumplimiento del deber de fundamentación exigido por el art. 222 de la LPL. Y este defecto en la interposición del recurso es radicalmente insubsanable pues hacerlo exigiría por parte de esta Sala suplir la labor del recurrente con manifiesta violación del principio rogatorio y de los derechos de la otra parte. Por lo tanto, el recurso no debería haber sido admitido a trámite y, en este momento procesal, debe ser desestimado".
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Y eso mismo es lo que sucede en el presente caso , en el que el recurso se limita a citar por su número una serie variada de preceptos legales, así como diversas sentencias de esta Sala, sin la más mínima argumentación que permita deducir en qué y porqué estima la recurrente que cada uno de ellos ha sido infringido por la sentencia impugnada.
La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia expresa.
En realidad se construyen operando en la práctica como una denuncia de infracción de la repetida norma interna que no se anuda a las referencias legales o jurisprudenciales expuestas en la descripción de la teórica infracción, sino que se vincula a varias sentencias de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, que no constituyen jurisprudencia, y de las que copia sus argumentaciones jurídicas para defender una interpretación diferente de la sostenida por la sentencia recurrida.
Este proceder supone un claro incumplimiento del deber de fundamentación exigido por el art. 224 LRJS. Y este defecto en la interposición del recurso es radicalmente insubsanable pues hacerlo exigiría por parte de esta Sala suplir la labor del recurrente con manifiesta violación del principio rogatorio y de los derechos de la otra parte.
Por lo tanto, el recurso no debería haber sido admitido a trámite y, en este momento procesal, debe ser desestimado, tal y como hemos resuelto en asuntos iguales al presente que se han sometido ya a nuestro enjuiciamiento.
1. En atención a las precedentes consideraciones, desestimamos el recurso formulado por la empresa.
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Conforme al art. 235.1 LRJS procede la imposición de costas, en cuantía de 1500€, con pérdida de depósitos y consignaciones efectuadas para recurrir.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Control y Montajes Industriales Cymi S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 19 de septiembre de 2017 recaída en el recurso de suplicación formulado por D. Romulo contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de los de Bilbao de fecha 5 de abril de 2017 en los autos núm. 656/2016, seguidos a instancia de dicha parte contra ACS Actividades de Construcción y la ahora recurrente. Se condena en costas a la parte recurrente en cuantía de 1500 €, en concepto de honorarios del letrado de la parte impugnante, así como a la pérdida de los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
Dª Mª Luisa Segoviano Astaburuaga Dª María Lourdes Arastey Sahún D. Antonio V. Sempere Navarro
D. Sebastián Moralo Gallego D. Juan Molins García-Atance
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