ATS, 5 de Marzo de 2019

PonenteANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
ECLIES:TS:2019:3477A
Número de Recurso2676/2018
ProcedimientoSocial
Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2019
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 05/03/2019

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 2676/2018

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer

Procedencia: T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca

Transcrito por: MSG / V

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2676/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmo. Sr. y Excmas. Sras.

Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea

Dª. Rosa Maria Viroles Piñol

D. Angel Blasco Pellicer

En Madrid, a 5 de marzo de 2019.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Oviedo se dictó sentencia en fecha 22 de enero de 2017 , en el procedimiento nº 265/17 seguido a instancia de D. Carlos Alberto contra Empresa de Transformación Agraria SA, sobre reconocimiento de derecho, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 17 de abril de 2018 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 1 de junio de 2018 se formalizó por el letrado D. José Luis Pérez Esteban en nombre y representación de Empresa de Transformación Agraria SA, S.M.E; M.P.(Tragsa), recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 24 de enero de 2019, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

1.- La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 17 de abril de 2018 (rec 211/18 ), confirma la de instancia que, con estimación de la demanda, califica la relación existente entre el actor y la empresa Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), como una relación laboral indefinida discontinua, condenando a la Entidad demandada a todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración.

El demandante ha venido prestando servicios para TRAGSA, mediante contratos de duración determinada para obra o servicio determinado en los periodos de tiempo y campañas que constan en el relato histórico, iniciando la relación el 17/6/2014 en virtud de un contrato de trabajo temporal por interinidad, con la categoría profesional de Especialista BRIF. Estos contratos temporales están vinculados a los servicios de extinción de incendios. Los servicios que prestan las Brigadas BRIF se dividen en dos períodos anuales: uno de prevención que va de noviembre a mediados de junio, con una interrupción desde mediados de diciembre a mediados de enero, y otro de extinción que va de junio a octubre. A la relación laboral resulta de aplicación el Convenio Colectivo de empresa. El Anexo VII del Convenio dio una nueva redacción al artículo 16 incluyendo el siguiente apartado : " artículo 16.1 b ): Otras modalidades de contratación. Se añade: Contratos fijos discontinuos", cuyo contenido se reproduce en el HP 3º estableciendo las condiciones para la adquisición de la condición de fijo discontinuo.

Ante la estimación de la demanda declarando que la relación entre las partes es de naturaleza fija discontinua, acude la demandada en suplicación. La empresa no combate la condición de trabajador indefinido no fijo del demandante, ni que al mismo le resulten aplicables las condiciones laborales previstas en el del XVII Convenio Colectivo de la empresa, sino que lo que alega la recurrente es que el expresado estado de cosas resulto afectado por la D. A. décimo quinta Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado , al disponer limites tanto en lo que atañe al incremento de la masa salarial como sobre la tasa de reposición y la consolidación del empleo temporal. La Sala, con remisión a sentencia previa sobre la materia, desestima el recurso al no existir apoyo fáctico ni jurídico pues ni se expresa ni se acredita la cuantía a la que ascendieron el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales así como los gastos de acción social devengados por el personal de la empresa pública demandada durante el año anterior, en términos de homogeneidad para el período objeto de comparación, ni tampoco que las retribuciones del personal a su servicio hayan experimentado durante el año 2017 un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. En cuanto a la consolidación del empleo temporal y los límites a la tasa de reposición de empleo público, resulta que no se trata de la contratación de nuevo personal laboral con carácter temporal para el ejercicio presupuestario de 2017, sino que el actor viene desempeñando su puesto de trabajo desde el año 2015, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2017, y lo que ahora se trata es de calificar la naturaleza de esa relación laboral que ligaba a las partes que, que es la de fijo discontinuo conforme se pactó en el convenio colectivo, desde el 1 de enero de 2016.

  1. - Acude la empresa TRAGSA en casación para la unificación de doctrina, denunciando que existe una expresa prohibición en las leyes de presupuesto a la contratación de nuevo personal, incluidos los indefinidos no fijos.

    Invoca para sustentar la contradicción la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2014 (Rec 31/14 ) que conoce de una demanda de conflicto colectivo, en solicitud de condena al grupo AENA a jubilar a los trabajadores que, cumpliendo los requisitos establecidos, insten la jubilación parcial establecida en el convenio colectivo y en la legislación vigente. La Sala IV desestima la demanda en aplicación del principio de jerarquía normativa que da prevalencia a la ley sobre el convenio colectivo de aplicación, de modo que la prohibición de la contratación legalmente establecida impide el contrato de relevo inherente a la jubilación parcial, haciendo que ésta no pueda tener lugar.

  2. - El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (rcud 2147/2015 ), 30 de marzo de 2017 (rcud 3212/2015 ), 31 de mayo de 2017 (rcud 1280/2015 ) y 5 de julio de 2017 (rcud 2734/2015 )].

    Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (rcud 614/2015 ), 6 de abril de 2017 (rcud 1869/2016 ) y 4 de mayo de 2017 (rcud 1201/2015 )].

    La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes los supuestos de hecho, las pretensiones ejercitadas y el alcance de los debates. En la sentencia recurrida se cuestiona la prohibición establecida en las leyes de Presupuestos para la contratación de personal por las empresa públicas, sobre la base de declaración de fraude en la contratación temporal y adquisición de la condición de trabajadores fijos discontinuos, mientras que en la de contraste se plantea si AENA debe jubilar a los trabajadores que cumpliendo los requisitos establecidos, soliciten la jubilación parcial establecida en el convenio colectivo y en la legislación vigente y la contratación de relevistas y el encaje en la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones establecida en las leyes de presupuestos en relación con el principio de jerarquía normativa.

    En el caso de autos, el trabajador ha venido prestando servicios para una empresa pública, Tragsa, en virtud de contratos para obra o servicio determinado en las sucesivas campañas de prevención de incendios forestales y lo que solicita es que se declare la condición de trabajador fijo discontinuo, conforme a lo establecido en el convenio de aplicación, demanda que es estimada. En lo que ahora interesa, se declara que no es de aplicación la prohibición de nueva contratación establecida en las leyes de presupuestos, puesto que no se trata de una nueva contratación de personal, sino de la modificación de la naturaleza jurídica de la misma al convertir en fijos discontinuos unos contratos temporales. Por otra parte, se valora que la propia normativa excluye de la prohibición a aquellos supuestos excepcionales de adquisición de la condición en cumplimiento de una sentencia judicial . Sin embargo, en la sentencia de contraste, dicha prohibición se aplica a un supuesto diferente, cual es la contratación de nuevo personal consecuencia de la jubilación parcial. La sentencia considera que la normativa presupuestaria prohíbe la contratación como un medio de reducir el gasto público, y dicha normativa tiene carácter prevalente sobre el convenio colectivo. En el caso, la contratación de nuevo personal es algo inherente a la jubilación parcial, y sin la cual (contrato de relevo) ésta no puede tener lugar, lo que supone un mayor gasto e imposibilita la pretendida jubilación.

  3. - Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las sentencias comparadas, pero sin aportar elementos novedosos o relevantes al respecto.

SEGUNDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 225.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José Luis Pérez Esteban, en nombre y representación de Empresa de Transformación Agraria SA, S.M.E; M.P.(Tragsa) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 17 de abril de 2018, en el recurso de suplicación número 211/18 , interpuesto por Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Oviedo de fecha 22 de enero de 2017 , en el procedimiento nº 265/17 seguido a instancia de D. Carlos Alberto contra Empresa de Transformación Agraria SA, sobre reconocimiento de derecho.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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