STSJ Castilla-La Mancha 436/2009, 11 de Marzo de 2009
| Ponente | FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN |
| ECLI | ES:TSJCLM:2009:1058 |
| Número de Recurso | 1394/2008 |
| Número de Resolución | 436/2009 |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA: 00436/2009
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
SALA DE LO SOCIAL
ALBACETE
SECCIÓN PRIMERA
Recurso nº 1.394/08.-Ponente: Sr. Fernando Muñoz Esteban.
Iltmo. Sr. D. Pedro Librán Sainz de Baranda
Presidente
Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover
Iltmo. Sr. D. Fernando Muñoz Esteban
Iltma. Sra. Dª. María del Carmen Piqueras Piqueras
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En Albacete, a once de marzo de dos mil nueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados citados al margen, y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA Nº 436En el Recurso de Suplicación número 1394/08, interpuesto por Marina , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, de fecha 5 de septiembre de 2008, en los autos número 425/08, sobre Despido, siendo recurrido ADIMPO, S.A.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Fernando Muñoz Esteban.
Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por Dª Marina , absuelvo a la demandada ADIMPO S.A. de las acciones deducidas frente a ella en el presente procedimiento".
Que, en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:
Dª Marina , con D.N.I. obrante en actuaciones, ha venido prestando servicios laborales por cuenta de ADIMPO SA dedicada a la actividad de comercio en virtud de contrato de alta dirección, con antigüedad de 17 de junio de 1999, categoría profesional de directora percibiendo un salario anual de 102.499'7 # y todo ello sin ostentar cargo alguno de representación de los trabajadores.
La actora ha utilizado como residencia habitual la vivienda sita en Albacete, c/ DIRECCION000 nº NUM000 NUM001 y plaza de garaje nº NUM002 de la finca asumiendo el coste del arrendamiento y los gastos de luz, agua y comunidad la mercantil ADIMPO SA.
La empresa ADIMPO SA ha puesto a disposición de la actora durante 365 días al año, el vehículo propiedad de la empresa, modelo BMW 330 D, matrícula ....-KLB y cuyo precio de adquisición fue de 42.422'01 #
Con fecha 16 de junio de 2008 la demandada notifica a la actora carta de despido alegando motivos disciplinarios. La carta obra unida a las actuaciones al folio 8 de las actuaciones y su contenido integra esta redacción de hechos probados.
La demandada ha reconocido la improcedencia del despido y ha procedido a consignar en la cuenta de consignaciones del Juzgado decano de lo Social de Albacete la cantidad de 84.562 #.
Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con resultado sin efecto por incomparecencia de la demandada.
Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.
Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.
Disconforme la actora con la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el Derecho aplicado en dicha resolución.
Así, en los motivos Primero y Segundo solicita, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral , la revisión de los hechos declarados probados, pidiendo, respectivamente, que se modifique el Hecho Probado Primero y que se adicione uno nuevo, en los términos que propone. A lo que se opone la demandada en su escrito de impugnación por las razones alegadas en dicho escrito.
Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar lo siguiente:
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- El recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida) dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b)ó c) del art. 191 de la LPL , según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión y que produce la consecuencia prevista en el art. 200 LPL , se denuncien yerros fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o, finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material, postulando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en los arts. 201 ó 202 LPL .
Así, dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia (vgr. SS. del Tribunal Supremo de 22-4-1970 y 21-6-1971 , entre otras muchas), aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio. Sin que quepa ignorar que corresponde exclusivamente a las partes la construcción e impugnación del recurso, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
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- Asimismo, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que las cuestiones de hecho y de derecho ineludiblemente han de ser tratadas por separado y, por otro, que sólo cuando se aprecia la infracción denunciada, procede la estimación del recurso, bien entendido que el error de derecho en la apreciación de la prueba, por aducirse infracción de una norma, ha de formalizarse por la vía del artículo 191 c) de la LPL , pero las infracciones de normas procesales no pueden denunciarse por esta vía, debiendo acudirse a la del apartado a) para denunciar aquéllas que hayan producido indefensión para el recurrente, mientras que, en lo que respecta al error fáctico, que ha de denunciarse por el cauce del artículo 191 b) LPL , no es posible ignorar que, dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, de la doctrina sentada respecto al mismo se desprenden una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformarlo en una segunda instancia, pudiendo compendiarse estas reglas, en lo que aquí interesa, del siguiente modo:
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) La revisión de hechos no faculta al Tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental o pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho, bien entendido que su apreciación no puede entrañar denegación de las facultades valorativas de la prueba atribuidas al Juzgador "a quo", a quien corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la LPL , apreciar todos los elementos de convicción aportados al proceso y declarar, en función de éstos, los que estime probados.
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) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada (STS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985 ).
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) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba (STC 44/1989, 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero). Así, en la valoración de contradictorios informes periciales ha de estarse al que haya servido de base a la resolución recurrida, salvo que, notoriamente, se demuestre el error en que ha incurrido el juez de instancia en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad (sentencias del Tribunal Supremo de 22-5-1984, 24-12-1986 y 22-12-1989 , entre otras).
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) No pueden introducirse en el momento de la suplicación cuestiones fácticas novedosas y que no hayan sido objeto de alegación y, en su caso, debate en la instancia (SS. T.S. de 18-7-1984 y 3-3-1987 , entre otras muchas), debiendo subrayarse que siendo únicamente las pruebas documental y pericial aptas para amparar este tipo de motivo, sólo son admisibles para poner de relieve el yerro fáctico los documentos hábiles que ostenten un decisivo valor probatorio y tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia o idoneidad (SS. del T.S. de 19-11-1987 y 18-1-1988 ), de forma que el error que se denuncia ha de quedar de manifiesto de manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas (Sª T.S. de 18-1-1988 , entre otras), a lo que se ha de añadir que el recurso se da contra el fallo y no contra los hechos o consideraciones jurídicas de la sentencia, siendo intrascendentes al recurso las denuncias por error de hecho o infracción jurídica que no alteren el sentido del fallo (SS del Tribunal Supremo de 18-10-1982 y 16-3-1987 , entre otras muchas).
Pues bien, en el supuesto de autos se observa que la recurrente pretende en primer lugar la revisión de los hechos declarados probados solicitando que se modifique el Hecho Probado Primero a fin de...
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