ATS, 27 de Octubre de 2016
| Ponente | ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO |
| ECLI | ES:TS:2016:11563A |
| Número de Recurso | 3740/2015 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Octubre de dos mil dieciséis.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro
Por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de Granada se dictó sentencia en fecha 8 de julio de 2014 , en el procedimiento nº 566/14 seguido a instancia de D. Luis contra SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, sobre materias laborales individuales, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 5 de febrero de 2015 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 26 de marzo de 2015 se formalizó por el Letrado D. Manuel Nicolás Martos García de Veas en nombre y representación de D. Luis , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 24 de junio de 2016, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y falta de cita y fundamentación de la infracción legal, falta de idoneidad de la sentencia de contraste y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ), 18/12/2014 (R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 (R. 160/2014 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
Se interpone demanda, origen de las presentes actuaciones, contra el SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS), sobre reconocimiento de derechos y cantidad, interesando la trabajadora que se dicte sentencia por la que se declare que la relación jurídica entablada con aquel organismo, desde el 3/06/2004, es laboral a jornada completa y por tiempo indefinido como médico FEA de pediatría adscrita al Hospital Virgen de las Nieves, y se declare el derecho al abono de la cantidad de 2356,56 euros más el 10% de intereses de demora en concepto de retribución dejada de percibir, condenado al SAS a estar y pasar por estas declaraciones. Sostiene que la sucesión de contratos de "nombramiento" eventuales y a tiempo completo son ilegales y encubren una relación laboral indefinida fraudulenta.
El juzgado de lo social, tras conferir el correspondiente traslado a las partes y al MF, dictó auto el 8/07/2014, confirmado por auto de 8/09/2014, que declara de oficio la falta de jurisdicción del orden social para el conocimiento de la demanda, estimado orden competente el contencioso administrativo, con referencia a la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud arts. 5 a 9 y la ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las Profesiones Sanitarias, art. 20 y DA 1ª.
Recurre la parte actora en suplicación, solicitando la nulidad del auto, con reposición de las actuaciones al momento en que se le ha producido indefensión, con amparo en letra a) del art. 193 de la LRJS , afirmando que no eran estatutarios sus nombramientos, sino que existía contratación temporal eventual que reputa fraudulenta, que este extremo precisamente es el que hay que discutir y probar en el plenario, momento hábil para practicar la prueba, y concluir entonces a la luz y vista de la practicada si llevaba o no razón y si la competencia del orden jurisdiccional social es o no es correcta. Sostiene que la calificación de la relación exige juicio previo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 5 de febrero de 2015 (Rec. 264/15 ) rechaza el recurso, estimando que no se aprecia indefensión porque le queda libre la vía del orden jurisdiccional contencioso administrativo para defender su pretensión, y por tratarse de una vinculación del actor con la demandada en base a nombramiento eventual y dentro de las competencias del Organismo demandado realizado como tal personal estatutario.
Acude el demandante en casación para la unificación de doctrina, articulando, en el escrito de formalización, lo que parecen dos motivos, el primero relativo a la indefensión producida al no posibilitar que sea la jurisdicción social la que mediante prueba valore la existencia de relación laboral y el segundo en cuanto al fondo del asunto relativo a la incompetencia social en materia de contratación de personal sanitario.
El presente recurso adolece de defectos formales que impiden la admisión a trámite del mismo. En primer lugar es palmaria la falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción al no existir comparación alguna entre hechos, fundamentos y pretensiones, de las sentencias comparadas haciendo una referencia genérica a las mismas pero sin especificación alguna, explayándose en copiar las fundamentaciones de algunas de las sentencias invocadas. En preparación cita la recurrente 7 sentencias y un auto que reproduce en el escrito de interposición. Por diligencia de ordenación de 25/11/2015 se requiere a la parte a fin de que seleccione una de las sentencias invocadas por cada punto de contradicción, con la advertencia de que deberá elegirse necesariamente de entre las designadas en el escrito de preparación. Por escrito de 14 de diciembre de 2015 concreta la parte los dos motivos de contradicción. El primero, no tener acceso al procedimiento judicial para practicar la prueba necesaria y señala como sentencia de contraste la sentencia 33/1987 [sic]. Y el segundo en cuanto al fondo del asunto relativo a la incompetencia social en materia de contratación de personal sanitario, a cuyo efecto invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2013 (Rec 1768/12 ).
Tampoco existe cita ni fundamentación de la infracción legal. No existe en todo el cuerpo del escrito de formalización del recurso mención alguna que de forma clara e indubitada haga referencia al precepto o preceptos que el recurrente considere vulnerados por la sentencia que se impugna, ni menos aún existe el imprescindible razonamiento en orden al fundamento o por qué de la infracción atribuida.
Para la primera cuestión, invoca de contraste la sentencia 33/1987 , sin más datos, sentencia que no está mencionada ni en el escrito de preparación ni en el de formalización por lo que de acuerdo con lo que disponen los artículos 221.4 y 224.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social la parte recurrente debe identificar en preparación la sentencia o sentencias que considera contradictorias con la recurrida, sin que puedan ser válidamente invocadas en el escrito de interposición las sentencias que no hayan cumplido previamente dicho requisito. Así lo establece la doctrina reiterada de esta Sala, por todas STS 18/12/2014- R. 2810/2012 ), STS 17/06/2013 (R. 2829/2012 ) y las que en ella se citan, así como AATS 26/09/2013 (R. 658/2013 ), 12/09/2013 (R. 717/2013 ), y 30/05/2013 (R. 1797/2012 ), según la cual "las únicas sentencias que sirven para acreditar la contradicción son las previamente citadas en el escrito de preparación, careciendo de idoneidad para actuar como sentencias de contraste las resoluciones que no hayan sido mencionadas en el referido escrito".
Dicho defecto procesal es insubsanable y se trata además de una omisión injustificada imputable a quien prepara el recurso en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad del procedimiento al retrasar, también de forma injustificada, la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable, habiéndose pronunciado al respecto el Tribunal Constitucional en el auto 260/1993, de 20 de julio , donde señala que este criterio no es contrario al art. 24 de la Constitución , "sino más bien impecable desde el punto de vista constitucional y legal", doctrina que reitera la STC 111/2000, de 5 de mayo .
Por lo que se refiere al segundo motivo relativo al fraude en la contratación y por tanto la existencia de relación laboral, invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2013 (Rec 1768/12 ), que declara la nulidad de actuaciones que se reponen al momento de dictar sentencia por el Juzgado de lo Social a fin de que dicho órgano se pronuncie, con libertad de criterio acerca de la existencia o inexistencia de fraude en la contratación existente entre las partes. La demandante prestó servicios por cuenta de la Comunidad de Madrid en virtud de contrato temporal como titulado medio fisioterapeuta sanitario a tiempo completo durante 35 horas desde el 5/11/2008, objeto de prórrogas sucesivas. El 5/5/2010 presentó reclamación previa, solicitando que la relación laboral se considere concertada por tiempo indefinido. Con efectos del 31/12/2008 se le comunica la extinción del contrato suscrito el 5/12/2008. El 28 de diciembre de 2010, las partes suscribieron nombramiento estatutario como diplomado sanitario para realizar servicios de naturaleza temporal. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda por despido en la pretensión principal de nulidad y la subsidiaria de improcedencia, negando que hubiera existido despido, porque se ha iniciado otra relación, la estatutaria, de donde se desprende la existencia de una novación, confirmada en suplicación. Sin embargo, la Sala IV sostiene en relación con el alegado fraude en la contratación que las resoluciones previas han prescindido de la valoración que pueda recaer sobre el tracto negocial habido entre las partes, y esta función de apreciación compete al Juzgado y no a la Sala dada la naturaleza fáctica del fraude.
Es evidente que no existe la contradicción entre las sentencias comparadas al ser diferentes los supuestos de hecho, y el alcance de los debates, sin que por otra parte ninguna de las resoluciones entre a debatir sobre el fondo de la cuestión suscitada. En efecto, en la recurrida se confirma la declaración de oficio de la falta de jurisdicción del orden social para conocer de la demanda, en la que se pretende por un trabajador vinculado al SAS mediante nombramientos eventuales estatutarios, la declaración de relación laboral indefinida, con remisión a la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, en la de contraste se trata de una demanda de despido y se declara la nulidad de actuaciones con devolución al juzgado de lo social para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de fraude en la contratación laboral temporal, dada la naturaleza fáctica del fraude.
No habiendo presentado la parte escrito de alegaciones, por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS , dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación, y sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Manuel Nicolás Martos García de Veas, en nombre y representación de D. Luis contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 5 de febrero de 2015, en el recurso de suplicación número 2371/14 , interpuesto por D. Luis , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Granada de fecha 8 de julio de 2014 , en el procedimiento nº 566/14 seguido a instancia de D. Luis contra SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, sobre materias laborales individuales.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
