ATS, 28 de Abril de 2015
| Ponente | MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN |
| ECLI | ES:TS:2015:4552A |
| Número de Recurso | 2409/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Abril de dos mil quince.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Lourdes Arastey Sahun
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Granollers se dictó sentencia en fecha 8 de noviembre de 12 , en el procedimiento nº 75/12 seguido a instancia de Dª Guadalupe contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente en grado absoluta, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 29 de abril de 2014 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 10 de julio de 2014 se formalizó por la Letrada Dª Lidia Rodríguez Pérez en nombre y representación de Dª Guadalupe , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 19 de noviembre de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
Antes de analizar la cuestión de la admisibilidad del recurso, debemos señalar que la parte recurrente pretende que, con amparo en el art. 233 LRJS , se unan a las actuaciones dos documentos consistentes en sendos informes médicos de fecha 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2014.
Pues bien, conforme a lo establecido en el precepto legal citado y la doctrina de esta Sala sentada en la sentencia dictada por el Pleno en fecha 5 de diciembre de 2007 (rec. 1928/2004 ), sobre admisión de documentos por la vía del artículo 231 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral , en interpretación de dicho precepto a la luz de la nueva redacción de los artículos 270 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no procede admitir para su unión a las actuaciones los documentos ya señalados, puesto que no reúnen los requisitos exigidos por el citado artículo 233 LRJS -sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documento decisivo para la resolución del recurso- para la admisión de documentos en este trámite, al no constar la firmeza de las resoluciones que en ellos se plasman por mera copia no certificada.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R. 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 . Contradicción que no puede apreciarse en este caso.
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de abril de 2014 (rec. 3148/2013 ), revoca la de instancia desestimatoria de la demanda rectora del proceso, en la que pretende la parte actora una declaración de incapacidad permanente absoluta. La pretensión es desestimada en suplicación, con reconocimiento únicamente del grado de total, porque las lesiones de la actora, vigilante de seguridad, no la inhabilitan para trabajos de corte marcadamente sedentario y liviano. En concreto, sufre la actora "hernia discal L5-S1, tratada con discetomía, afectación séptica focal de tejidos blandos (nivel L4-L5) persistencia de lumbociatalgia izquierda por fibrosis post-quirúrgica que engloba raíz S1, pendiente de clínica de dolor, sin fecha aún asignada, y limitación del raquis lumbar, cuadro depresivo e intolerancia medicamentosa".
Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la trabajadora, insistiendo en su pretensión de ser declarada afecta de incapacidad permanente absoluta y aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de 01/12/2011 (rec. 2162/11 ), respecto de la que no resulta posible apreciar contradicción porque se refiere a un supuesto diverso al del caso de autos. En efecto, en este otro caso se declara al actor afecto de incapacidad permanente absoluta pero porque presenta "hernia discal intervenida en marzo de 2008, fibrosis postquirúrgica. Presentando como limitaciones sintomatología dolorosa constate que no cede completamente pese a tratamiento empleado. En tratamiento en unidad del dolor continua con intenso dolor radicular, en tratamiento diario con mórficos, precisa medicación de rescate casi a diario, a la espera de implantar estimulador epidural dorsal". Entiende la Sala que estas dolencias le limitan para todo trabajo.
Pese a la coincidencia parcial de las dolencias, no puede admitirse la contradicción que se alega porque en el caso de contraste consta un dato que no figura en similares términos en la de autos, a saber: que el actor presenta sintomatología dolorosa constante que no cede completamente pese a tratamiento empleado, estando en tratamiento en la unidad del dolor sufriendo continuo e intenso dolor radicular, en tratamiento diario con mórficos, y precisando medicación de rescate casi a diario, estando a la espera de implantar estimulador epidural dorsal. De la actora sólo consta, en este sentido, que presenta intolerancia medicamentosa y que está pendiente de clínica de dolor, sin fecha aún asignada.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las sentencias comparadas, pero partiendo de unos hechos que por las razones expuestas no pueden ser tomados en consideración, al no proceder la incorporación de los documentos que se pretende.
De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Dª Lidia Rodríguez Pérez, en nombre y representación de Dª Guadalupe contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 29 de abril de 2014, en el recurso de suplicación número 3148/13 , interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Granollers de fecha 8 de noviembre de 2012 , en el procedimiento nº 75/12 seguido a instancia de Dª Guadalupe contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente en grado absoluta.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
