ATS, 8 de Octubre de 2014
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| Número de Recurso | 899/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil catorce.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Córdoba se dictó sentencia en fecha 20 de julio de 2012 , en el procedimiento nº 448/2012 seguido a instancia de D. Juan Alberto contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 16 de octubre de 2013 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 31 de enero de 2014, se formalizó por el letrado D. Ignacio Pedrero Ortega en nombre y representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por escrito de fecha 5 de septiembre de 2014 y para actuar ante esta Sala se designó a la procuradora Dª Elena Medina Cuadros.
Esta Sala, por providencia de 3 de julio de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El demandante ha prestado servicios para la empresa TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, con categoría de ingeniero principal desde el 12 de mayo de 1981 hasta el día 17 de febrero de 2012, fecha en la que causo baja por cumplimiento de la edad de jubilación conforme a lo establecido en el Art. 249 de la Normativa Laboral de la empresa en la redacción dada por el Convenio Colectivo de la demandada para los años 2011 a 2013 (BOE 4/8/2011) que vincula la extinción de la relación laboral al cumplimiento de la edad de 65 años. En los ejercicios 2011 y 2012 se han incorporado a Telefónica un total de 251 trabajadores como consecuencia de nuevas contrataciones y han causado baja por jubilación forzosa del 1/1/2011 al 25/5/2012 un total de 107 trabajadores. La Fundación SEPI de conformidad con el Convenio suscrito con Telefónica para el ejercicio 2011 convocó 100 becas y, para el ejercicio 2012, 500 becas.
Por resolución de la Dirección General de Trabajo de 14 de julio de 2011 se autorizó la extinción de 6.500 contratos en la empresa Telefónica de España SAU.
El trabajador presentó demanda, origen de las presentes actuaciones, reclamando la nulidad y subsidiaria improcedencia del despido al entender que las cláusulas 4 y 11.2 del nuevo convenio 2011/2013 no se ajustan a los fines establecidos en la Disposición Adicional ( DA) 10ª del Estatuto de los Trabajadores (ET ). La sentencia de instancia, desestima la demanda al entender que la normativa laboral de la empresa y la regulación de la jubilación forzosa en el Convenio Colectivo cumplen los requisitos legales establecidos en la Disposición Adicional 10ª del ET .
Sin embargo, la sentencia ahora impugnada, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 16 de octubre de 2013 (R. 3322/2012 ), revoca la anterior y declara la improcedencia del despido. Considera que no se cumplen el en caso las exigencias convencionales de supeditar la jubilación forzosa a la adopción de políticas de creación de empleo, ya que consta que se han extinguido como consecuencia de la autorización administrativa 6.500 contratos, cifra muy superior a las contrataciones efectuadas en el periodo de referencia (años 2011 y 2012). La Sala, en definitiva, concluye que no se cumplen los objetivos previstos para el establecimiento de la jubilación forzosa.
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- Acude la empresa demandada en casación para la unificación de doctrina, invocando para sustentar la contradicción la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de abril de 2008 (R. 251/08 ) que desestima la demanda en reclamación de despido nulo o improcedente por la extinción de la relación laboral por razón de edad, acordada en fecha 12/10/2007 al amparo del art 249 de la Normativa Laboral de Telefónica, en la redacción dada por el Convenio Colectivo de la demandada 2003-2005, prorrogado hasta el 31/12/2007. Por resolución de 10-10-2006 se dio publicidad al Acuerdo de 5-7-2006, adoptado por los miembros de la Comisión de Negociación Permanente, en el cual se establecía la Cláusula de adaptación a la legislación vigente en materia de jubilación forzosa, acordando la jubilación forzosa a los 65 años de edad de los trabajadores que cumpliesen los requisitos para generar pensión de jubilación con la "finalidad mejorar la estabilidad y sostenimiento del empleo, así como la contratación de nuevos trabajadores como objetivos coherentes de la política de empleo".
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- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 ). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
En las sentencias comparadas se discute si estuvo o no ajustada a derecho, a la luz de la Disposición Adicional 10ª ET , en su actual redacción dada por la Ley 14/2005 de 1 de Julio, la extinción de los contratos por jubilación forzosa, al amparo de previsiones convencionales posteriores a dicha Ley. También existe identidad de empleadora -Telefónica España SAU- pero no de la normativa convencional de aplicación y utilizada por la empresa para justificar el cese -art 249 de la normativa laboral- pues en un caso se trata del Convenio 2003-2005 y en el otro del Convenio 2011-2013 lo que implica que las normas aplicadas y analizadas sean diferentes. Siguiendo el criterio establecido por esta Sala IV en sentencia de 3 de diciembre de 2009 (Rec. 1159/09 ) estamos ante un recurso que invoca como contradictoria una sentencia que se pronuncia sobre una jubilación acordada en un convenio colectivo distinto del que se ha tenido en cuenta en la sentencia recurrida. En estos supuestos, tal y como exige la STS de 19 de diciembre de 2008 (recurso 881/2008 ) y 20 de mayo 2009 (Rec. 1349/2007 ) es preciso acreditar la equivalencia de las regulaciones, de forma completa y no de manera aislada o fragmentaria. "Y es que, como dice la sentencia citada, estamos ante la aplicación e interpretación de normas que no sólo tienen una distinta formulación, sino que además se insertan en contextos normativos que también resultan diferentes, por lo que "como regla general" la contradicción del artículo 219 LRJS no podrá apreciarse "cuando las pretensiones formuladas en los correspondientes procesos que han dado lugar a las sentencias comparadas se fundan en normas distintas", porque en estos casos no cae apreciar "la identidad de las controversias", ya que "se produce una diferencia relevante en el elemento jurídico de la pretensión, que no puede salvarse a través de meras semejanzas de redacción".
Esta exigencia no se cumple en el presente supuesto, pues el recurrente ni siquiera ha comparado los preceptos que regulan la jubilación forzosa, ni el conjunto de las regulaciones convencionales en cuestión. A lo que se añade que el alcance de los debates suscitados en las sentencias comparadas no es el mismo, en cuanto que en la de contraste lo que se cuestiona es la validez de la propia norma convencional, dado que el trabajador sostuvo que la nueva redacción otorgada por la Comisión Negociadora Permanente del Convenio era nula por modificar la norma cuando sólo tenía competencia para interpretarla. Razona la Sala en la sentencia referencial, tras declarar la validez de la cláusula en cuestión, que no ha quedado en modo alguno probada la total desvinculación del ERE, que alcanza en sus efectos al año 2007, del Convenio que el recurrente alega; antes al contrario porque en la cláusula cuarta de empleo del Convenio se ligan, convencionalmente, ambos aspectos. Entiende así la sentencia que la extinción del trabajador se justifica en el ERE y en concreto en que no conllevó la amortización del puesto de trabajo, ocupado por otro trabajador, aunque ello no implicase la contratación de un nuevo empleado, porque basta como justificación la estabilidad en el empleo de los ya contratados. En definitiva, en este supuesto mediaba un compromiso en el Convenio de favorecer la estabilidad en el empleo en la empresa, al vincularse esta medida al ERE con igual periodo de vigencia. Sin embargo, en la sentencia recurrida se analiza exclusivamente la conformidad del convenio colectivo 2011-2013 a la Disposición Adicional 10ª, cuestión que es rechazada al entender que no se han cumplido los objetivos previstos en el Convenio para el establecimiento de la jubilación forzosa, pues si bien existe un Plan de Becas y consta que se han formalizado 251 nuevos contratos, también consta que mediante ERE se autorizó la extinción de 6.500 contratos de trabajo durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013; sin que se acredite que dicha extinción colectiva de contratos esté conectada al mantenimiento del empleo en la empresa.
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las sentencias comparadas, pero sin aportar elementos novedosos o relevantes al respecto.
De conformidad con lo establecido en los artículo s 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 225.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Ignacio Pedrero Ortega, en nombre y representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., representado en esta instancia por la procuradora Dª Elena Medina Cuadros, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 16 de octubre de 2013, en el recurso de suplicación número 3322/2012 , interpuesto por D. Juan Alberto , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Córdoba de fecha 20 de julio de 2012 , en el procedimiento nº 448/2012 seguido a instancia de D. Juan Alberto contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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