STS, 21 de Abril de 1997

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:1997:2787
Número de Recurso191/1994
ProcedimientoREC. ORDINARIO(c/d)
Fecha de Resolución21 de Abril de 1997
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Abril de mil novecientos noventa y siete.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Gabriel Sánchez Malingre, en nombre y representación de DON Felipe , contra acuerdos del Consejo de Ministros de 4 de junio y 22 de diciembre de 1993, el segundo desestimatorio del recurso de reposición entablado contra el primero, sobre sanciones impuestas al amparo de la Ley 26/1988, de 29 de julio. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de junio de 1993, acordó imponer a DON Felipe , Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Arrendamiento Financiero DIRECCION000 ., las siguientes sanciones, todas ellas previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito:

  1. Multa, prevista en el apartado a) del art. 12, por importe de 250.000 pts, por su participación en el grado que ha quedado fijado en el presente expediente disciplinario, en la infracción muy grave consistente en haber incurrido en insuficiente cobertura del coeficiente de recursos propios, habiendo estado situado por debajo del 80% del mínimo obligatorio, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses, tipificada en el apartado c) del art. 4 de la Ley Disciplinaria.

  2. Amonestación privada, prevista en el apartado a) del art. 13, por su participación en el grado que ha quedado fijado en el presente expediente en la infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes en materia de límite de riesgos, tipificada en el apartado i) del art. 5 de la Ley Disciplinaria.

  3. Multa de 100.000 pts., prevista en el apartado c) el art. 13, por su participación en el grado que ha quedado fijado en el presente expediente disciplinario, en el incumplimiento de normas vigentes en materia del Coeficiente de Caja, tipificado como infracción grave en el apartado g) del art. 5.

  4. Multa de 150.000 pts., prevista en el apartado c) del art. 13, por su participación en el grado que ha quedado fijado en el presente expediente disciplinario, en el incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre formulación de balances y cuentas de resultados, tipificado como infracción grave en el apartado p) del art. 5.

SEGUNDO

Contra el anterior acuerdo interpuso recurso de reposición el Sr. Felipe , desestimado por acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1993.

TERCERO

El Procurador de los Tribunales, D. Gabriel Sánchez Malingre, en nombre y representación de D. Felipe , mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 9 de marzo de 1994, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1993. Solicitó la acumulación del recurso al interpuesto por DIRECCION000 ., D. Inocencio , D. Ángel Daniel y D. Pedro Enrique . Previa oposición del Sr. Abogado del Estado, por auto 20 de junio de 1994 se acordó denegar la acumulación interesada.

CUARTO

Reclamado reiteradamente el expediente administrativo y hechas las publicaciones legales, mediante diligencia de ordenación de 17 de enero de 1996 se hizo entrega a la parte actora del expediente administrativo para que formalizara la demanda, lo que llevó a cabo mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 5 de febrero de 1996. Tras la exposición de los hechos y de los fundamentos de derecho que consideró procedentes, la demanda concluye textualmente solicitando a la Sala que "dicte sentencia por la que se anule y deje sin efecto el referido acuerdo y, en consecuencia, se declaren nulas las sanciones impuestas a mi mandante, o se reduzcan las mismas a amonestaciones privadas". Por otrosí solicitó el recibimiento del proceso a prueba.

QUINTO

Contestó a la demanda el Sr. Abogado del Estado mediante escrito de fecha 5 de marzo de 1996. Suplica la desestimación del recurso, la condena en costas al recurrente por su manifiesta temeridad o mala fe y se opone al recibimiento a prueba.

SEXTO

Fue recibido el proceso a prueba mediante auto de 9 de mayo de 1996, practicándose las propuestas por el recurrente. Constan en autos las copias certificadas del Balance y Cuenta de Resultados de DIRECCION000 ., correspondientes a los ejercicios 1991 y 1992, remitidas por el Registro Mercantil de Madrid. Asimismo, se ha incorporado a los autos informe del Jefe de los Servicios Jurídicos del Banco de España (Registro de Salida de 31 de julio de 1996) en el que se hace constar que "no obran en el mismo la petición de baja de DIRECCION000 ., en el Registro de Entidades de Arrendamiento Financiero ni informe alguno originado por tal petición". También dice este informe, previa cita de las disposiciones aplicables, que "la competencia para acordar dicha baja reside en el Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe no vinculante del Banco de España, por lo que la documentación por ustedes interesada se encuentra en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera".

SÉPTIMO

Concluso el periodo de prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, ambas partes evacuaron sus escritos de conclusiones sucintas. La parte actora presentó las suyas el 18 de octubre de 1996, reiterando sustancialmente lo expuesto en la demanda. El Sr. Abogado del Estado las evacuó con fecha 22 de noviembre de 1996. En la segunda dice textualmente: "Es mucho decir que la conducta del recurrente ha sido limpia en todo momento cuando ha sido sancionado en dos expedientes mas ("Banco de Inversión y Servicios Financieros" y "Marleasing, S.A.") cual resulta de otros tantos recursos seguidos ante esta Excma. Sala y Sección". Y en la cuarta conclusión escribe: "Es obvio el rechazo que merece una tesis en fraude de Ley: la baja voluntaria no es, ni puede ser, causa de exoneración de la responsabilidad disciplinaria por infracciones cometidas con anterioridad a la presentación o solicitud de aquella".

OCTAVO

Mediante providencia de 2 de abril de 1997 fue señalado para votación y fallo del recurso el día 9 de abril de 1997, en cuya fecha tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Para abordar el primero de los motivos en que el actor funda su recurso resulta imprescindible exponer el contenido del pliego de cargos, de la propuesta de resolución y del acuerdo del Consejo de Ministros que impuso las sanciones impugnadas. En el pliego de cargos, de fecha 10 de septiembre de 1992 (Tomo I del expediente, pags. 72 a 75) se formulan contra el actor, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de " DIRECCION000 .", cinco cargos, correspondientes a cinco hechos perfectamente delimitados, citándose respecto de cada uno de ellos las normas aplicables y el apoyo probatorio que encontraban en el acta de inspección de 7 de febrero de 1992, levantada por el Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España, a la que -y esto es importante- prestó su conformidad el Director General de aquella Sociedad en representación de la misma (Tomo I, folios 11 al

25). En la propuesta de resolución, de 31 de diciembre de 1992 (Tomo I pags. 193 y siguientes, en particular pags. 205 y 206) se fijan de forma motivada los hechos -completamente coincidentes con los imputados en el pliego de cargos- se precisa su calificación jurídica, se determinan las infracciones que constituyen (todas ellas comprendidas en los arts. 4, las muy graves, y 5 , las graves, de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, Ley 26/1988, de 29 de julio) y se especifican las sanciones que se proponen. Más concretamente: a) el apartado A) de esta propuesta, que se corresponde con el cargoprimero (insuficiente cobertura del coeficiente de recursos propios) califica el hecho como infracción muy grave y propone una multa de doscientas cincuenta mil pesetas, calificación y sanción aceptadas íntegramente y en su propios términos por el Consejo de Ministros, previa propuesta del Subgobernador, Consejo Ejecutivo y Consejo General del Banco de España; b) el apartado B) de aquélla, que se corresponde con el cargo segundo (dotación insuficiente de las previsiones para insolvencias) califica el hecho como infracción grave y propone la sanción de amonestación privada, calificación y sanción también aceptada por el Consejo de Ministros que corrige el error de cita, contenido en la propuesta, sustituyendo la referencia al apartado K) del art. 5 por la del apartado i) del mismo artículo; c) el apartado C) de la misma propuesta, que se corresponde con el cargo tercero (incumplimiento del coeficiente de caja) califica la infracción de grave y propone la sanción de amonestación privada, sucediendo en este supuesto que el Consejo de Ministros acepta la tipificación de la infracción como grave, más impone como sanción la de multa de cien mil pesetas; d) el apartado D) de la propuesta, que se corresponde con el cargo cuarto (captación de pasivos del público por periodo indeterminado) califica el hecho de infracción muy grave y propone una sanción de multa de doscientas cincuenta mil pesetas, estimando el Consejo de Ministros la improcedencia de apreciar la existencia de esta infracción que, por ello, no fue objeto de sanción alguna; y

e) el apartado E) de la propuesta, que se corresponde con el cargo quinto (incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre formulación de Balance y Cuentas de Resultados) califica el hecho de infracción grave y propone la sanción de amonestación privada, sanción que fue modificada por Consejo de Ministros, suistuyéndola por la de multa de ciento cincuenta mil pesetas, manteniendo su calificación como infracción grave.

SEGUNDO

El actor sostiene que, al haber impuesto el Consejo de Ministros las sanciones de multa de cien mil pesetas y ciento cincuenta mil pesetas por las infracciones graves tipificadas, respectivamente, en los apartados C) y E) de la propuesta de resolución, alterando así las sanciones que dicha propuesta contenía, que eran de amonestación privada en ambos casos, ha incidido en una agravación determinante de anulación. Con otras palabras, el recurrente afirma que el órgano competente para resolver se encuentra vinculado por la propuesta de resolución, en la que no puede introducir modificación alguna, infracción que, en su opinión, es tanto más evidente cuanto que no se le ha oído en relación a tal modificación, para la que no encuentra en el expediente razón alguna, pues aparte de rechazar la gravedad y trascendencia de los hechos imputados y sancionados, sostiene que la conducta observada por él "ha sido siempre intachable".

TERCERO

No podemos acoger la tesis de la demanda. Conforme el art. 13 1. de la Ley 26/1988, "además de la sanción que corresponde imponer a la Entidad de Crédito, por la comisión de infracciones graves se impondrá una de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma, sean responsables de la infracción con arreglo al art. 15: a) amonestación privada; b) amonestación pública; c) multa a cada uno de ellos por importe no superior a cinco millones de pesetas; d) suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a un año". El examen del precepto transcrito revela que el Consejo de Ministros no ha alterado la gravedad de la infracción sancionada, que tanto en la propuesta de resolución como en el acuerdo que impone las sanciones, se califica de grave, sino que ha ejercitado con arreglo a Derecho una competencia que le es propia, la de elegir, entre las varias sanciones previstas por la Ley para las infracciones graves, aquélla que, con arreglo a las circunstancias concurrentes, ha considerado más congruente y adecuada a la naturaleza de los hechos imputados, hechos que no han experimentado modificación alguna desde la formulación del pliego de cargos hasta la resolución sancionatoria, con la excepción, beneficiosa para el recurrente, de los que se refieren a la captación de depósitos del público. Tal forma de proceder era conforme a derecho antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1992 y del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por R.D. 1.398/1993, de 4 de agosto (respectivamente publicados -Ley y Reglamento- en los B.O.E de 27 de noviembre de 1992 y 9 de agosto de 1993, por tanto después de que el Comité Ejecutivo del Banco de España acordase, en 25 de febrero de 1992, la incoación de expediente disciplinario a " DIRECCION000 ." y cargos de Administración y Dirección) y después de la vigencia de tales normas, que, pese a su inaplicabilidad (disposición transitoria única del R.D. 1.398/1993), nos proporcionan criterios válidos incluso en tiempos de vigencia de la L.P.A. de 17 de julio de 1958 (Título VI Cap. II "Procedimiento Sancionador") a la que remitía el art. 19 de la Ley 26/1988. En efecto, dice ahora el art. 138. 2 de la Ley 30/1992 que "en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica". Y el art. 20. 3 del Reglamento de 4 de agosto de 1993 establece que, con la única excepción que cita -aquí prescindible- "en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento" añadiendo que "(ello) no obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días". En el siguiente fundamento aplicamos estas normas a nuestro caso.TERCERO.- En el supuesto enjuiciado, el Consejo de Ministros ha mantenido la calificación que, en cuanto a la gravedad de la infracción, había hecho la propuesta de resolución, calificación inalterada de grave, por lo que no era exigible abrir una nueva fase de alegaciones del inculpado, exigencia que solo procede cuando el órgano competente para resolver estima que la infracción resulta de mayor gravedad, más no cuando considera que procede una sanción distinta de la recogida en la propuesta de resolución pero en todo caso prevista por la Ley, como una de las varias aplicables a una misma clase de infracción, en este caso, grave. Esta conclusión, ciertamente facilitada por el tenor literal de preceptos vigentes después de la incoación del expediente a que este proceso se refiere, era también deducible de los arts. 136 y 137 de la L.P.A. La jurisprudencia que interpretó aquellas normas construyó un cuerpo de doctrina tendente a evitar que la actuación de la Administración pudiera dejar en situación de indefensión a quien estuviera sometido a un expediente sancionador. Tal propósito garantizador está explícito, entre otras muchas, en las sentencias de 3 de marzo de 179 (Arazandi 837) y 5 de mayo de 1987 (Aranzadi 5.520), en las que, respectivamente, se afirma que no cabe imponer sanción por hechos distintos de los imputados, rechazándose la indefensión (fundamento de derecho cuarto, in fine, de la sentencia citada en segundo lugar) cuando el hecho imputado no ha sufrido alteración alguna a lo largo de la tramitación del expediente administrativo. Así ha ocurrido en nuestro caso: no solamente el hecho, sino también la calificación jurídica como infracción grave no ha experimentado modificación alguna. Quedarían inconclusas estas consideraciones si no añadiéramos que el Tribunal ha ponderado las razones que se exponen en los fundamentos jurídicos decimocuarto y decimoquinto, párrafo 3º, de la propuesta (Tomo II, pags. 332 a 347) que, en virtud del acuerdo del Consejo General del Banco de España, eleva el Subgobernador al Ministerio de Economía y Hacienda, para su remisión al Consejo de Ministros, razones y consideraciones suficientes para encontrar sentido a las dos modificaciones introducidas en la propuesta de resolución (la gravedad y número de las Infracciones, así como la conducta anterior de los responsables en relación con las normas de ordenación y disciplina en la misma o en otra entidad de crédito), especialmente cuando tales razones se interpretan teniendo presente lo alegado por el Sr. Abogado del Estado en el apartado dos de su única conclusión -que hemos transcrito textualmente en el antecedente de hecho séptimo de esta sentencia-. En conclusión, este primer motivo de impugnación, al que el actor atribuye una importancia tan relevante que solo ad cautelam dice que formula los restantes, debe ser desestimado. Examinemos a continuación los demás.

CUARTO

En relación con el cargo primero, correspondiente al apartado A) de la propuesta de resolución y del acuerdo impugnado (consistente en haber incurrido en insuficiente cobertura del coeficiente de recursos propios, habiendo estado situado por debajo del 80% del mínimo obligatorio, permaneciendo en tal situación por un período de, al menos, seis meses), infracción muy grave tipificada en el art. 4. c) de la Ley 26/1988, el rechazo de la tesis contenida en la demanda resulta de los propios actos del recurrente. Aparte la conformidad prestada al acta de inspección (no por el actor sino por quien en aquella fecha era director general de la entidad) el hecho está reconocido y aceptado en la tercera de las alegaciones contenidas en su recurso de reposición (pag. 2, apartado titulado "sanción A)"). No sirve de justificación exculpatoria el argumento sobre las dificultades de interpretación de la circular nº 19/1989 del Banco de España, pues las posibles dudas pudieron ser fácilmente despejadas acudiendo a la Oficina de Instituciones Financieras de dicho Banco, a la que la norma decimotercera de la indicada Circular encomienda cabalmente la resolución de las dudas que su interpretación pudiera originara.

QUINTO

En relación con el cargo segundo, correspondiente al apartado B) de la propia resolución y del acuerdo recurrido (consistente en el incumplimiento de las normas vigentes en materia de límites de riesgos), infracción grave tipificada en el apartado i) del art. 5 de la Ley 26/1988, el actor admite el hecho en su demanda, en la que textualmente escribe: "admitimos como ciertos los hechos imputados en el pliego de cargos". Ciertamente, a continuación añade: "pero discrepamos de la calificación jurídica que se hace de los mismos". Tal discrepancia se basa en una argumentación (venta de unos inmuebles para reducir considerablemente la concentración de riesgos) que en absoluto desvirtúa ni la reconocida realidad del hecho, ni tampoco la correcta calificación jurídica contenida en el acuerdo impugnado.

SEXTO

En relación con el cargo tercero, correspondiente al apartado C) de la propuesta de resolución y acuerdo recurrido (incumplimiento de normas vigentes en materia de coeficiente de caja), infracción tipificada como grave en el apartado g) del art. 5 de la Ley 26/1988, de nuevo la propia actuación del recurrente es reveladora de la inconsistencia de las alegaciones impugnatorias. Aparte la aceptación del contenido del acta de inspección, las alegaciones que hace DIRECCION000 . a la propuesta de resolución son, en este punto (Tomo I pags. 283 y 284), del siguiente tenor literal : "La sociedad desconocía que los importes señalados en el referido cargo debían computarse como pasivo a dichos efectos. Cuando fue advertido su error, constituyó el coeficiente por la cantidad y por el tiempo que el Banco de España señaló. Hubo un retraso en su constitución" si bien, añade, "no hubo perjuicio alguno para el Banco". Aparte tan explícitos reconocimientos (pues donde DIRECCION000 escribe error o retraso no puede leerse más queinfracción de las normas exigibles, inequívocamente determinadas en el pliego de cargos, y que son: la Ley 26/1983, de 26 de diciembre, el Real Decreto 1.530/1989, de 19 de diciembre, la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1990 y la Circular del Banco de España nº 2/1990, de 27 de febrero) la propia constitución del depósito a requerimiento del Banco de España acredita que la infracción fue cometida. Que tal error fuera debido a una incorrecta interpretación jurídica no hace desaparecer la ilicitud de tal conducta, máxime teniendo en cuenta, repetimos, que fácil era para el recurrente acudir a la Oficina antes mencionada. La buena fe con que el actor manifiesta haber actuado quizá explique la levedad de la sanción -multa de cien mil pesetas- que le fue impuesta, pues el límite de lo permitido por la Ley (art. 13) está en cinco millones de pesetas.

SÉPTIMO

En relación con el cargo quinto, que se corresponde con el apartado E) de la propuesta de resolución y con el D) del acuerdo impugnado (incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre formulación de Balances y Cuentas de Resultados), infracción tipificada como grave en el apartado P) del art. 5 de la Ley 26/1988, el escrito de demanda, además de insistir en la buena fe con la que siempre ha actuado, reconoce que ha podido haber un error, error, afirma, muy discutible, que atribuye al contenido no definido de las normas referentes a la contabilización de ciertas partidas, frente a lo cual, aunque se prescinda de la confesión del error, hay que afirmar: que la Circular del Banco de España 22/1987, de 29 de junio, a la que remite la Circular del mismo Banco 10/1990, de 6 de noviembre, fija con claridad los criterios aplicables a la contabilización de inversiones crediticias de la Entidad; que para disipar posibles dudas pudo acudir a la Oficina varias veces aludida (norma tercera, 2 de la Circular 10/1990); que el recurrente no ha concretado ni una sola norma que el acuerdo impugnado haya vulnerado; y, finalmente, que, como sostiene la defensa de la Administración en estos autos, a la vista de lo regulado en la norma trigésimo novena de la circular 22/1987, no es indiferente la calificación y consiguiente clasificación de un deudor como moroso, de dudoso cobro o fallido, pues la Cuenta de Resultados ha de provisionarse en cuantía diferente según cada caso, afectando estas provisiones a los resultados de la Compañía.

OCTAVO

El acuerdo recurrido no ha vulnerado el art. 14 de la Ley 26/1988. Antes, en el fundamento de derecho tercero, nos hemos referido a algunos aspectos relacionados con esta cuestión, sobre la que ahora volvemos brevemente. La elección, entre las varias aplicables, de la sanción de amonestación privada y la cuantía de la sanciones de multa impuestas puede encontrar justificación en la apreciación de varias de las circunstancias previstas en dicho artículo, apartados 1º y 2º del mismo, ponderadas a la luz de los antecedentes del actor -apartado 2 de la única conclusión del Abogado del Estado- y de la naturaleza y entidad de las varias -cuatro- infracciones sancionadas. Para acabar, la indemostrada baja de DIRECCION000 . en el Registro de Entidades de Arrendamiento Financiero carece de toda trascendencia en este proceso. Lo reconoce el propio actor cuando escribe en su demanda que este motivo "no tiene trascendencia jurídica ni sirve para impugnar las sanciones". Como bien dice el Abogado del Estado en el apartado cuarto de su conclusión única, "La baja voluntaria no es, ni puede ser causa de exoneración de la responsabilidad disciplinaria por infracciones cometidas con anterioridad a la presentación o solicitud de aquélla".

NOVENO

No procede, conforme el art. 131 de la L.J. , la condena en costas.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales

  1. Gabriel Sánchez Malingre, en nombre y representación de D. Felipe , contra acuerdos del Consejo de Ministros de 4 de junio y 22 de diciembre de 1993, el segundo desestimatorio del recurso de reposición entablado contra el primero, sobre sanciones impuestas al amparo de la Ley 26/1988, de 29 de julio, todo ello sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y se insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN .Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de los que, como SECRETARIA, certifico.

8 sentencias
  • SAN, 24 de Mayo de 2002
    • España
    • 24 May 2002
    ...la previa audiencia; en el segundo -caso presente- no. Así lo ha venido entendiendo el Tribunal Supremo, entre otras en las STS de 21 de abril de 1997 (RJ 1997/3340) y 11 de febrero de 199 (RJ 1998/1587 ). Precisamente en esta última el Tribunal razona que: "no existe tal infracción, pues e......
  • SAN, 5 de Diciembre de 2005
    • España
    • 5 December 2005
    ...para resolver no se encuentra vinculado, según ha tenido ocasión de declarar en diversas ocasiones el Tribunal Supremo (por todas, STS de 21 de abril de 1997) por la propuesta de resolución en el sentido propuesto por el actor sin que, por tanto, quepa atribuir la consecuencia pretendida ya......
  • SAN 40/2009, 16 de Mayo de 2009
    • España
    • 16 May 2009
    ...debe ser tenido en cuenta al ponderar todo el material probatorio (SsTS de 20 abril y 25 junio de 1990, 11 julio y 30 octubre de 1995 y 21 abril de 1997 , entre otras 1.4. Prueba practicada que valora el Tribunal. El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECr ha contado para reputar desvirt......
  • SAN, 24 de Mayo de 2002
    • España
    • 24 May 2002
    ...la previa audiencia; en el segundo -caso presente- no. Así lo ha venido entendiendo el Tribunal Supremo, entre otras en las STS de 21 de abril de 1997 (RJ 1997/3340) y 11 de febrero de 199 (RJ 1998/1587). Precisamente en esta última el Tribunal razona que: "no existe tal infracción, pues el......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR