STSJ Extremadura 174/2007, 12 de Marzo de 2007
| Ponente | ALICIA CANO MURILLO |
| ECLI | ES:TSJEXT:2007:315 |
| Número de Recurso | 880/2006 |
| Número de Resolución | 174/2007 |
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA nº 174/7
En el RECURSO SUPLICACION 880/2006, formalizado por el Sr. Letrado de la Junta de Extremadura, en nombre y representación de LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA EXTREMADURA, contra la sentencia de fecha 27/10/2006, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CACERES (PLASENCIA) en sus autos número 157/2006, seguidos a instancia de Dª María Antonieta representada por el Sr. Letrado D. RICARDO PARADÉS MARTÍN frente a la RECURRENTE, en reclamación por OTROS DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª ALICIA CANO MURILLO, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,
Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados: "PRIMERO.- Respecto del demandante en este procedimiento Dª María Antonieta el I.N. S.S. el día 31-1-2006 dictó resolución en el que se le reconoce la incapacidad permanente total. SEGUNDO.- El actor solicitó ante el CADEX reconocimiento de grado de minusvalía, lo que dio lugar al correspondiente expediente que concluyó por resolución de 12-IV-2006 en la que (a la vista del dictamen técnico facultativo del equipo de valoración y orientación -E.V.O.- de ese Centro y de lo dispuesto en el Real Decreto nº 1.971/1999, de 23-XII , de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía) se reconoce al actor un grado total de minusvalía de 10% por razón de discapacidad física y de carácter definitivo (limitación funcional de columna por trastorno del disco intervertebral, de etiología idiopática). TERCERO.- Que el actor formuló reclamación previa contra aquélla y dicho Centro resolvió mediante resolución de 19-V-2006 reconocer al actor un grado total de minusvalía de 10% desde el día 12-IV-2006 por razón de discapacidad física y de carácter definitivo".
En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Estimar la demanda deducida por Dª María Antonieta la entidad CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN EXTREMADURA (CADEX), dependiente de la CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL de la JUNTA DE EXTREMADURA y en su virtud, reconozco al actor la calificación de minusválido con el grado de treinta y tres por ciento desde el día 12-IV-2006, condenando al CADEX a estar y pasar por esta declaración".
Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 26/12/2006 , dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.
Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día para los actos de deliberación, votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,
Se alza la Administración Autonómica demandada frente a la sentencia de instancia acogiéndose, de los motivos que sistematiza el artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , al previsto en el apartado c), al entender que la interpretación que realiza la sentencia recurrida del artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 3 de diciembre , no es ajustada a derecho por los motivos que expone, cuestión respecto de la cual a esta Sala sólo le resta remitirse a lo ya resuelto en sentencia, por ejemplo de fecha 28 de febrero de 2005 , recaída en el recurso de suplicación número 33/2005 (criterio reiterado en la de 28 de abril de 2005, Recurso de suplicación número 79/2005 y en la de 6 de julio de 2006, Recurso de Suplicación 329/2006, entre otras), dejando a salvo las sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que cita, entanto que las mismas no constituyen jurisprudencia pues ésta, como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, está reservada por el artículo 1.6 del Código Civil a la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo el interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la interpretación que de los preceptos constitucionales resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. No obstante ello, hemos de dejar constancia de que el criterio que mantiene esta Sala es compartido por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, sentencias de 18 de enero de 2006 (RS 1.160/2005), 15 de febrero de 2006 (RS 46/2006 y RS 53/2006) y 1 de marzo de 2006 (RS
1.227/2005 ), País Vasco, sentencia de 14 de junio de 2005 (RS 416/2005 ), y Murcia, sentencia de 7 de febrero de 2005 (RS 19/2005 ).
Como ya dijimos en la citada sentencia y venimos reiterando:
En este mismo sentido, aduce el recurso que de haberse pretendido este reconocimiento automático, "se habría dicho de forma expresa", pero tal es precisamente lo que ha interpretado la Sentencia recurrida, que expresamente indica que "Es de tal claridad la norma legal que no admite otra interpretación". Si bien una fórmula más determinante, por ejemplo en párrafo separado, podría juzgarse más clara, lo cierto es que la equiparación aparece además en términos que eluden la ambigüedad, pues si lo pretendido fuera lo sostenido por la recurrente, pudiera no haberse cortado con un punto y seguido la frase que comienza señalando "A los efectos de esta Ley", y además podría no haberse considerado expresamente afectados por una minusvalía del 33% a los sujetos mencionados, sino simplemente señalar que son "personas con discapacidad" a los efectos de la Ley, pues la interpretación de la Junta de Extremadura exige sostener una perífrasis en la norma, que primero define a las personas con discapacidad como las que tengan reconocida una minusvalía...
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