ATS, 5 de Abril de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 05 Abril 2011 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a cinco de Abril de dos mil once.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol HECHOS
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Palencia se dictó sentencia en fecha 12 de mayo de 2010, en el procedimiento nº 274/06 seguido a instancia de D. Fausto contra ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS), sobre cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en fecha 15 de septiembre de 2010, que desestimaba el recurso interpuesto.
Por escrito de fecha 5 de noviembre de 2010 se formalizó por la Procuradora Dª Beatriz María González Rivero en nombre y representación de ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 7 de febrero de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R . 430/2004 y 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007 ). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18-7-08, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009
, R. 3014/2007 y 1138/2008 ). Esta exigencia no se cumple en el presente recurso tal como se deduce de la comparación que a continuación se realiza. Así, en el caso de la sentencia recurrida el trabajador demandante presentó demanda frente a la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) alegando que las horas extraordinarias realizadas entre noviembre de 2005 y marzo de 2006 le habían sido abonadas en cuantía inferior al de la hora ordinaria y reclamando por tal concepto la suma de 152,24 # más lo intereses por demora. La sentencia de instancia estimó parcialmente dicha pretensión, condenando a la entidad demandada al pago de 141,94 #. La sentencia de suplicación ahora impugnada desestima el recurso de la demandada y confirma dicha decisión razonando, en lo que a la cuestión casacional planteada interesa, que si bien es cierto que en las limitaciones de las leyes presupuestarias a la subida salarial rige el principio de prevalencia de la ley sobre el convenio o acuerdo individual, en este caso no se trata de ese problema, pues no se discute la legalidad de un pacto de subida salarial, sino que la cuestión suscitada es si las limitaciones presupuestarias pueden servir de obstáculo para la aplicación de una norma imperativa como es el valor de la hora extraordinaria previsto en el art. 35.1 ET. Y la respuesta es que no, porque la limitación establecida en las Leyes de Presupuestos sobre subida de la masa salarial no prevalece frente a la regulación contenida en la citada norma de derecho necesario, resultando además que no consta probado que la estimación de la demanda implique la superación del tope presupuestario.
Por su parte, la sentencia referencial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 28 de octubre de 2009 (R. 1574/2009 ), confirma la de instancia desestimatoria de una pretensión sustancialmente idéntica a la ejercitada en las presentes actuaciones. La sentencia parte del carácter de entidad pública de ADIF y de su sujeción a los límites presupuestarios para concluir afirmando que si la demanda lograra éxito se superaría el incremento salarial del 2% que es el límite máximo fijado por la LGP, desestimando por ello el recurso del actor.
No puede apreciarse la contradicción alegada porque en la sentencia recurrida no consta probado que la estimación de la demanda implique la superación del tope presupuestario, mientras que en la sentencia de contraste resulta acreditado el dato contrario.
La Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba ( sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000 ), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999 ), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000 ), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000 ), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001 ), 17 de abril de 2002
(R. 2890/2001 ), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), y 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), pues "es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si de forma indirecta ( sentencia de 9 de febrero de 1.993 (R. 1496/1992 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), 2 de julio de 2007 (R. 1251/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 1909/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 3137/2006 ), 5 de diciembre de 2007 (R. 3071/2006 ), 5-12-2007
(R. 1928/2004 ), 17 de junio de 2008 (R. 67/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 1385/2007 ), 30 de junio de 2008
(R. 2639/2007 ), 17 de julio de 2008 (R. 2929/2007 ), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/2008 ), 29 de enero de 2009 (R. 476/2008 ), y 23 de febrero de 2009 (R 3017/2007 ).
El presente recurso incurre en causa de inadmisión por falta de contenido casacional ya que, en realidad, la pretensión que constituye la base del recurso afecta a una estimación de carácter fáctico, en orden a determinar si el abono de las horas extras en la forma postulada supera o no el limite establecido por la Ley de Presupuestos para las retribuciones en el sector publico, lo que en realidad constituye una estimación fundada en la aplicación de una máxima de la experiencia.
En consecuencia, vistas las alegaciones de la parte recurrente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 217, 223.2 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la recurrente, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora Dª Beatriz María González Rivero, en nombre y representación de ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 15 de septiembre de 2010, en el recurso de suplicación número 1125/10, interpuesto por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Palencia de fecha 12 de mayo de 2010, en el procedimiento nº 274/06 seguido a instancia de D. Fausto contra ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS), sobre cantidad.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la recurrente, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
