STS, 13 de Marzo de 1987

Al amparo del número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con fundamento en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y uno de la misma Ley Procesal, ambos anteriores a la reforma de ésta por la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta y cuatro, de seis de agosto. Infracción de ley consistente en violación por inaplicación del artículo mil ciento veintisiete del Código Civil, expresivo de que «siempre que en las obligaciones se designe un término se presume establecido en beneficio de acreedor o deudor, a no ser que del tenor de aquellas o de otras circunstancias resultase haberse puesto en favor de uno o del otro». En extracto, su contenido se centra en la breve pero a nuestro juicio decisiva consideración de que la sentencia recurrida, al negar que el término establecido por los contratantes señores Gil Paradela y Jiménez Gosálvez en el que éste debía cumplir la entrega de los dos últimos bloques de viviendas de la Urbanización, tenga relevancia suficiente para determinar que el incumplimiento dentro del mismo por imposibilidad debe extinguir la obligación del deudor reduciendo proporcionalmente las consecuencias del contrato, incurre en una discriminación marcadamente favorable al acreedor, el cual podría al parecer seguir exigiendo tal cumplimiento -aunque sin mora del deudor- después de varios años y pese a la imposibilidad legal que a éste le impidió durante tal plazo y varios años más realizar tales construcciones.

Al amparo del número siete del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con fundamento en el número uno del mil seiscientos noventa y uno del mismo Cuerpo Legal, ambos anteriores a la Reforma de éste por la Ley treinta y cuatro (mil novecientos ochenta y cuatro de seis de agosto). Por error de derecho en la apreciación de la prueba al no apreciar debidamente conforme al artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, así infringido, determinados documentos públicos aportados en el pleito por el demandado nuestro mandante, concretamente los que se unieron con la contestación a la demanda como números seis y ocho y la duplica con el número nueve reconocidos de adverso. Aunque en la sentencia sólo se tiene en cuenta como causa de imposibilidad para el cumplimiento de la prestación del deudor la publicación de las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planteamiento de Alameda del Valle, por ser la causa principalmente alegada, lo cierto es que el demandado, mi mandante también adujo y probó documentalmente otras causas igualmente decisivas que imposibilitaban la construcción de dos bloques E y F, últimos que quedaban por construir en la promoción. Así fue, en efecto que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ni siquiera concedió la legalización del tercer bloque cuando se solicitó la de los bloques C y D, y que por consiguiente era imposible de todo punto que hubiese sido visado el Proyecto para los otros bloques a construir posteriormente, es decir los E y F. Por ello, el error de derecho en la prueba tiene trascendencia decisiva, ya que hace que la imposibilidad legal de efectuar la prestación no desapareciese al anularse las Normas Urbanísticas ni haya desaparecido después. Quinto: Al amparo del número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos, y con fundamento en el número uno del mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil ambos anteriores a la reforma de la misma por la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta y cuatro de seis de agosto. Infracción de ley por violación por inaplicación del artículo veinticuatro de la Constitución Española, que dispone que: «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». En extracto, el contenido del motivo viene determinado por la consideración de que el fallo que aquí recurrimos había determinado una verdadera situación de indefensión real, al situar a mi mandante ante una sentencia que le obligaría a realizar unas prestaciones para las que no estaría ya capacitado económicamente pese al hecho de que el no haberlas cumplido durante el tiempo establecido para ello no se debió a su voluntad o culpa sino a imposibilidad legal para hacerlo. 9. Admitido el recurso e instruida la recurrente se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Sánchez Jáuregui. Fundamentos de Derecho. 1. En interpretación del alcance de lo convenido por ambas partes litigantes en la escritura pública de fecha siete de mayo de mil novecientos setenta y cuatro y en la llamada «acta de manifestaciones», suscrita en el mismo día y ante el propio Notario autorizante de la escritura pública por el aquí recurrente don José Antonio Jiménez Gozálvez, la sentencia recurrida establece «que las partes se vincularon mediante un contrato parciario para la edificación sobre terreno cedido al demandado (el citado señor Jiménez Gozálvez) por el actor (don Andrés Gil Paradela, aquí recurrido) y en virtud del cual aquél en cada uno de los bloques a edificar tendría unas determinadas viviendas como de su exclusiva propiedad, por lo que edificados los bloques A, B, C y D, el demandado constructor, juntamente con el actor, al proceder a la división horizontal, se adjudicó a éste las viviendas que previamente tenían fijadas en convenio». 2. No se cuestiona en el recurso que con arreglo a lo convenido el señor Jiménez Gosálvez había de construir por su exclusiva cuenta, sobre el terreno que, en una proporción indivisa del 79 por 100, le había sido cedido por el señor Gil Paradela, que se reservó el 21 por 100 restante, seis bloques de viviendas, nominados bajo las letras A, B, C, D, E y F, y que una vez finalizada la construcción le serían adjudicadas al señor Gil Paradela varias viviendas en cada bloque, así como que al terminar la edificación de los cuatro primeros bloques se le adjudicaron las viviendas que en los mismos le correspondían, no sucediendo así respecto a los bloques E y F en los que se atribuían al cedente del terreno tres y dos viviendas, respectivamente, ya que su construcción no pudo ser ni tan siquiera iniciada por el demandado a virtud de disposiciones administrativas de carácter urbanístico dictadas en abril de mil novecientos setenta y cinco y reformadas en julio de mil novecientos setenta y seis que, afectantes a la zona, limitaban la edificabilidad, disposiciones administrativas de carácter urbanístico que habían subsistido durante todo el lapso de tiempo fijado en el contrato al señor Jiménez al efecto de que ultimara la construcción de los dos bloques últimamente citados, en concreto dentro de los seis años siguientes a la fecha siete de mayo de mil novecientos setenta y cuatro en la que el contrato fue otorgado, circunstancias que puestas de relieve por la resolución impugnada, al igual que aquella otra de que durante la tramitación del litigio en segunda instancia y en momento procesal hábil para ello, había sido acreditado que por resolución judicial firme se declaró la nulidad de las disposiciones administrativas, dichas, quedando eliminada la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales, no son cuestionadas en su certeza por el recurso. 3. El demandado que, frente a la pretensión del actor, en el sentido de que ante la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por él, procedía su cumplimiento sustitutorio, estableció reconvención para que se limitaran las que le incumbían a lo ya realizado, relevándole de las restantes pendientes, ante el pronunciamiento judicial desestimatorio de su postulación reconvencional deduce el presente recurso, que articula a través de cinco motivos, atacando, en síntesis, la argumentación de la sentencia recurrida según la que eliminada la «imposibilidad» de cumplimiento de lo pactado en sus propios términos, ni procedía lo interesado por el actor en la demanda, de cuyos pedimentos fue absuelto el demandado, ni lo interesado reconvencionalmente por éste. 4. En el motivo cuarto del recurso, de preferente análisis por cuanto se trata de desvirtuar la aseveración fáctica de la sentencia recurrida de que la imposibilidad de la construcción de los bloques E y F del complejo urbanístico había desaparecido al decretarse por el oportuno pronunciamiento judicial la nulidad de las disposiciones administrativas que limitaban las posibilidades de edificar sobre el suelo objeto de la controversia, se tacha a la misma, con amparo procesal en el ordinal séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (aplicable al caso), de haber incidido en error de derecho en la apreciación de la prueba, acusando la vulneración del artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, ya que, según tesis del recurrente, la resolución impugnada no concedió a los documentos por él acompañados a la contestación a la demanda bajo los números seis y ocho y al escrito de duplica bajo el número nueve, el valor probatorio que como documentos públicos les correspondían en orden a la demostración de que la construcción de los bloques E y F resultaba imposible en la época en que se presentaron a visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid los correspondientes «Proyectos», con imposibilidad que subsistía en la actualidad. El motivo ha de ser desestimado, pues el análisis del contenido de los referidos documentos, de índole puramente administrativo, lo único que aparece es que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que los emite, señala en uno de ellos deficiencias en el proyecto presentado que podían ser subsanadas, y en otro hace referencia a normas urbanísticas vigentes en la fecha catorce de mayo de mil novecientos setenta y siete en que se produce el acuerdo que no se acredita en forma alguna subsistan en la actualidad y ello aparte de que por el limitado ámbito colegial en que las decisiones del Colegio se adoptan, las mismas no pueden tener trascendencia para desvirtuar las afirmaciones de hecho sentadas por la resolución judicial combatida. 5. Igual suerte adversa corresponde al motivo primero del recurso, en el que, por el cauce del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa a la resolución impugnada de haber violado, por inaplicación, «el artículo mil doscientos cincuenta y ocho del Código Civil, en relación con el mil ciento ochenta y cuatro del mismo cuerpo legal y de la doctrina legal, referente a su interpretación y aplicación», contenida en las sentencias de esta Sala que cita, «relativas a la admisión, siquiera con toda cautela, de la posibilidad de aplicación de la denominada cláusula "rebus sic stantibus" con efectos modificativos del cumplimiento de los contratos encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones u obligaciones producido por alteración extraordinaria de las circunstancias a tiempo de cumplir el contrato», ya que como resulta de la lectura de los escritos de contestación a la demanda y duplica el demandado recurrente para mantener las postulaciones que reconvencionalmente articuló, en ningún momento invocó la aplicación al supuesto planteado por sus alegaciones de la doctrina legal consagrada por la Jurisprudencia de esta Sala en orden a la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» pero aunque así no fuera, es constante exigencia de la Jurisprudencia de esta Sala, como pone de relieve la sentencia de dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres, que para la aplicación de tal cláusula, se den determinados requisitos «entre ellos el de la concurrencia de hechos extraordinarios, imprevisibles e imprevistos por las partes, de tal enjundia que puedan provocar el desequilibrio de las prestaciones básicas del contrato, fundantes de su justa reciprocidad», lo que como es obvio requiere una alegación de hechos que puedan servir de apoyo para establecer la conclusión de que el retraso con el que ha de cumplir el aquí recurrente sus obligaciones origine una onerosidad, traducible pecuniariamente, que altere el mutuo equilibrio de las prestaciones a su cargo y a las del otro contratante, requiriéndose para ello pruebas cuales las de que el mayor costo de la construcción de los bloques E y F no quedaba compensado por el mayor precio que podía obtener por la enajenación de las viviendas que le correspondían; en definitiva, la alegación en su momento procesal oportuno de la procedencia de aplicar la cláusula «rebus sic stantibus» y de los hechos que sirvieran de base a tal alegación, habría provocado la posibilidad de contradecirlos, demostrando lo contrario, posibilidad que al no ofrecérsele al demandante (hoy recurrido), le colocaría en una inadmisible y patente indefensión de prosperar la tesis que, como cuestión nueva, el motivo plantea. 6. En el motivo segundo del recurso, con igual amparo procesal que el que le antecede, se denuncia la violación, por inaplicación de los artículos mil ciento ochenta y cuatro y mil ciento veinticinco, ambos del Código Civil y de la doctrina legal que se cita, aduciendo el recurrente, en contra del criterio mantenido por la sentencia recurrida, que la imposibilidad legal que había determinado no pudiera cumplir su obligación de construir los bloques E y F dentro del término estipulado en el contrato, le liberaba, en recta aplicación de la preceptiva contenida en el artículo mil ciento ochenta y cuatro del Código Civil, de su cumplimiento, al no poder entenderse que desaparecido el obstáculo legal una vez transcurrido dicho término perduraran los efectos de lo convenido, propugnando al hilo de esta argumentación la aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo mil ciento veinticinco del propio Código sustantivo, por la concreción que el mismo contiene en cuanto a las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto. El motivo ha de ser desestimado por cuanto, en primer lugar y como pone de relieve la sentencia recurrida, frente a la alegación formulada por el aquí recurrente de que había terminado la vigencia temporal del contrato, hay que distinguir término de eficacia contractual y término para el cumplimiento de las prestaciones, siendo en el caso concreto de la litis los plazos o términos establecidos contractualmente para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el demandado, no aquellos de los que se hace depender la eficacia del contrato, sino término para el cumplimiento de las prestaciones, que si en un tiempo, por virtud de las disposiciones administrativas que imposibilitaron la construcción en la parcela, no pudieron llevarse a efecto, la nulidad de tales disposiciones al hacer desaparecer dichos obstáculos hacían posible el cumplimiento de la prestación y, en segundo lugar, porque el precepto legal -artículo mil ciento ochenta y cuatro del Código Civil- cuya vulneración se acusa, ha de ser interpretado restrictivamente, atendiendo como ya dijo la sentencia de esta Sala de diez de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve «a los casos y circunstancias», lo que significa que si en supuestos como el aquí contemplado se liberara al deudor del cumplimiento de su obligación de construir, se produciría a su favor un enriquecimiento injusto, al quedar dueño de un terreno que para edificar se le entregó y que ya es apto para ello, sin ninguna contraprestación de su parte. 7. La vulneración por la sentencia recurrida de lo dispuesto en el artículo mil ciento veintisiete del Código Civil, que por el cauce del ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa en el tercer motivo del recurso, carece totalmente de fundamento, pues aun admitiendo que el término para el cumplimiento de la obligación de construir fuera establecido en beneficio del cedente del terreno y del constructor, ello no significa que la sentencia recurrida al sancionar la posibilidad de cumplimiento pese a haber transcurrido dicho término interpretara el precepto como si el término se hubiera establecido en beneficio exclusivo del cedente del terreno, máxime cuando el obstáculo legal para edificar podía perjudicar a ambos contratantes, y no se alcanza, como ya ha sido denotado al analizar el motivo que antecede, que la construcción después de transcurrido el término haya de originar perjuicios al que la efectúe, los que sí serían ciertos para el cedente del terreno de admitirse la tesis del recurrente, pues perdería lo que cedió sin contraprestación alguna, a virtud de la existencia de un obstáculo cuya causación no podía imputársele. Procede, en su consecuencia, el rechazo del motivo. 8. El quinto motivo del recurso, último que resta por analizar, tacha a la resolución impugnada de haber violado, por inaplicación, el artículo veinticuatro de la Constitución Española, por entender el recurrente que el fallo de la mentada sentencia, al no acceder a las pretensiones que reconvencionalmente había ejercitado, le había causado indefensión, motivo de procedente rechazo al no atenerse ni a la letra ni al espíritu de lo que el precepto de nuestra Ley fundamental que se supone vulnerado establece, pues al recurrente se le ha otorgado por los órganos jurisdiccionales una tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos, con todas las garantías que las Leyes de procedimiento establecen, siendo cuestión distinta que sus pretensiones, razonadamente analizadas, no hayan prosperado. 9. La desestimación de los cinco analizados motivos y la del recurso en su totalidad lleva anejas las consecuencias que determinaba el artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de imposición de costas al recurrente y su condena a la pérdida del depósito que constituyó. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don José Antonio Jiménez Gozálvez, contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso, y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino prevenido en la Ley; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió. ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael Pérez. Antonio Carretero. Ramón López Vilas. Eduardo Fernández-Cid. Antonio Sánchez. Rubricado. Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Antonio Sánchez Jáuregui, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico. Antonio Docavo. Rubricado.