STS 761/2006, 10 de Julio de 2006

La sentencia dictada por la A.P. de Navarra condenó al acusado a la pena de dos años de prisión como autor de un delito de malos tratos habituales del art. 153 C.P ., en la redacción de la L.O. 14/1999, de 9 de junio; a la pena de dos años de prisión por un delito de lesiones psíquicas del art. 147 C.P ., y a dos y un mes de multa por cada una de las faltas de lesiones del art. 617 C.P.

Formula el acusado un primer motivo de casación por quebrantamiento de forma por falta de claridad de los hechos probados, alegando que en el relato de éstos, y en relación a los que podrían considerarse como constitutivos de delito, no se sitúan correctamente en el tiempo, son imprecisos y ambiguos, no aparecen referencias a fechas concretas y no se establece en este relato de hechos declarados probados un nexo causal entre los mismos y el acusado.

Como acertadamente y con invocación de la jurisprudencia que se cita, razona el Ministerio Fiscal al impugnar el motivo, el vicio de forma denunciado consiste exclusivamente en la ausencia de capacidad comunicativa del texto redactado por la Audiencia ( STS de 24-5-1993 ). Más en concreto, se ha dicho que el vicio procesal aquí denunciado deberá apreciarse cuando concurran los siguientes requisitos: 1) que en el contexto del relato de los hechos que se declaren probados en la sentencia de que se trate resulte una cierta incomprensión de lo que el Tribunal quiso manifestar, bien sea ello por haber empleado frases ininteligibles, o por advertirse omisiones que priven de sentido al texto, bien sea, finalmente, por contener juicios dubitativos o simplemente ambigüos; y 2) que por ello dicha falta de entendimiento provoque un vacío en la narración histórica que impida la adecuada calificación jurídica de los hechos enjuiciados (....). En todo caso, la jurisprudencia exige que la parte recurrente concrete, específicamente, la frase o frases que estima faltas de claridad (....)" (STS de 18-12-1998). Nada de ello ocurre en el supuesto actual, bastando la lectura del "factum" para comprobar que resulta de todo punto comprensible la descripción histórica realizada, y sin que se atisbe ninguna clase de ininteligibilidad del texto respecto a lo que los jueces quisieron expresar por la inclusión de términos ambigüos, difusos, oscuros o confusos que, en ningún caso se aprecian.

Se alega en el segundo motivo la vulneración del derecho del acusado a la presunción de inocencia del art. 24.2 C.E . por haberse dictado la sentencia sin base probatoria de cargo suficiente.

Señala el motivo que la declaración de la testigo-víctima es contradictoria con los propios hechos probados, pero se guarda muy bien de concretar tales supuestas contradicciones, por lo que la queja resulta sólo aparente y sin fundamento objetivo. Añade que la declaración de aquélla no le ha parecido creíble al Tribunal para declarar probados otros hechos imputados, como son las agresiones sexuales, pero tampoco esta alegación es relevante para poner en entredicho la credibilidad que los jueces otorgan a la testigo en relación con los demás hechos enjuiciados, debiéndose reiterar aquí que en el ejercicio de la valoración de las pruebas personales, el Tribunal tiene plena libertad para atribuir fiabilidad a una parte de la declaración y negársela a otra, si bien en esta última -como aquí sucede- no es que el Tribunal la considere mendaz, sino que le asalta la duda para considerar suficientemente probados los actos de agresión sexual denunciados.

Por lo demás, el Tribunal sentenciador ha ejercido la facultad soberana que le otorga el art. 741 L.E.Cr . para valorar "en conciencia" el testimonio de la víctima, y lo ha hecho aplicando los criterios establecidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo. Así, ha excluido la existencia de móviles torticeros que propiciaran una falsa declaración incriminatoria por motivos de odio, resentimiento, venganza y similares que, por otra parte, la recurrente ni siquiera se plantea. También ha atribuido verosimilitud a la versión de la víctima que se encuentra corroborada por elementos periféricos debidamente contrastados, como son las lesiones que presenta aquélla verificadas por los partes médicos correspondientes, así como por el testimonio de la trabajadora social que la atendió en el Servicio Municipal de atención a la mujer.

Todo ello, junto a la persistencia en la incriminación, de manera rectilínea en todas las declaraciones, sin ambigüedades ni contradicciones, que tampoco se cuestiona en el motivo; todo ello, decimos, configura una prueba de cargo suficiente para enervar la verdad interina que supone la presunción de inocencia, por lo que el motivo debe ser desestimado.

Ahora ya por infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr . se denuncia error de derecho por indebida aplicación del art. 153 C.P . "... por haberse aplicado el mismo sin que se den los requisitos legales ....".

El desarrollo del motivo se construye sobre un único reparo cual es el de que no concurre en el caso presente la habitualidad requerida por el tipo penal. Sin embargo, la declaración de Hechos Probados -que debe ser rigurosamente respetada en todo su contenido en esta vía casacional- contradice de modo manifiesto el reproche aducido, pues en ese relato consta, entre otros extremos, que "también el procesado por cualquier motivo insultaba a Rosario con palabras como "basura", "puta profesional", "mierda" o "gallina", a veces en presencia de sus hijos, a los que en ningún momento mostraba cariño. En el mes de febrero de 2.003, durante una visita a casa de unos amgios, a las 0,30 horas el procesado se fue sin dar explicación alguna, por lo que Rosario y sus hijos tuvieron que quedarse a pasar la noche en esa casa. Al día siguiente Rosario decidió separarse, lo que comunicó al procesado. En un principio éste manifestó que le parecía bien ya que iba a vivir más tranquilo, que ella era una basura y que nadie querría estar con ella salvo para pasar una noche. A los pocos días se enfadó, aumentando los insultos ya referidos y los golpes. Le daba puñetazos en la cabeza, en la espalda y en el costado, algunas veces delante de los niños. En una ocasión el procesado agarró a Rosario del cuello y delante de sus niños dijo que "viniesen a ver cómo iba a matar a su madre". En otra ocasión, golpeó la cabeza de Rosario contra una armario porque se había pintado los labios. Sólo acudió al médico cuando las agresiones se produjeron entre semana, ya que los fines de semana el procesado no le dejaba salir de casa. Concretamente, el día 11 de abril de 2.003 se le apreciaron, contusión a nivel de la articulación metacarpofalángica del primero y segundo dedos de la mano derecha, contusión deltoidea derecha y contusión en cuero cabelludo, lesiones que tardaron en curar 10 días. Y el día 9 de junio de 2.003 hematomas costales y hematomas en cuero cabelludo, precisando una primera asistencia. Una noche del mes de abril el procesado entró en el dormitorio de sus hijos muy agresivo, cogió de las manos a Rosario y a empujones llevó a la misma a la cocina diciendo que era una mierda y que allí iba a dormir. También decía a Rosario que se pensaba mucho si matarla o dejarla en una silla de ruedas, minusválida, para que siguiera sufriendo y los niños también".

Esta descripción de hechos evidencia que la conducta violenta, despótica, abusiva, humillante y degradante del acusado hacia su mujer no se reduce a una acción concreta y puntual, sino mantenida en el tiempo con una actuación reiterada de maltrato físico y psiquico que inequívocamente configura la habitualidad que contempla el tipo penal aplicado en su redacción establecida por la L.O. 14/1999, de 9 de junio.

Por el mismo cauce del art. 849.1º L.E.Cr . se alega indebida aplicación del art. 147 C.P . Aduce el recurrente en apoyo de la censura casacional el Informe médico-forense del Dr. Andrés del que deduce que "el estado de ansiedad que sufre la denunciante es también consecuencia de la propia denuncia y de su temor a posibles represalias".

En realidad el motivo por "error iuris" se condiciona a la declaración de un previo "error facti" en los términos expuestos en el reproche, circunstancia ésta que habría debido encauzar el recurrente en un motivo independiente al amparo del art. 849.2º L.E.Cr . para, de ser estimado, reclamar la oportuna consecuencia de la indebida aplicación del tipo de lesiones.

Sea como fuera, ninguno de ellos puede prosperar porque, en efecto, el Tribunal a quo declara probado que "a consecuencia de los hechos relatados Rosario sufrió trastornos de ansiedad generalizada (F 41.1, CIE-10) y distímico (F34.1 CIE-10), que evolucionaron a un trastorno de ansiedad no especificado (F41.9 CIE-10), del que previsiblemente se va a recuperar dada su personalidad en el mes de junio de 2.005, fecha ésta en la que cesará el tratamiento farmacológico y de psicoterapia. Los hijos del matrimonio sufrieron altos niveles de ansiedad, teniendo que seguir un programa especial de adaptación controlado por especialistas".

Desde luego, el Informe médico-forense que se señala no evidencia la equivocación que se reprocha al Tribunal de instancia de declarar probado que los daños psíquicos apreciados a la víctima son consecuencia de las acciones ejecutadas por el acusado, bastando para justificar esta consideración la utilización por el recurrente del término "también", lo que significa que al menos en parte esas consecuencias lesivas tienen su origen en la reprobable conducta del acusado.

A ello deben añadirse otras consideraciones.

que la perturbación psíquica que se dice causada por la formulación de la denuncia y el miedo de la víctima a posibles represalias del acusado, es una consecuencia directa del maltrato recibido.

Que olvida el recurrente, -y también la sentencia- que también los hijos sufrieron las perturbaciones psicológicas que se expresan en el "factum", lo que hubiera fundamentado por sí solo la apreciación de otros dos delitos de lesiones al ser dos los sujetos pasivos de la acción ilícita.

El motivo debe ser desestimado.

El siguiente motivo se articula también por infracción de ley, por indebida aplicación del art. 617.1º C.P .

Al margen de reiterar la alegación de que en el relato de hechos probados de la sentencia no se establece de forma clara y precisa la existencia de un nexo causal entre la acción del recurrente y las lesiones que se describe, alegación que se opone frontalmente al texto del Hecho Probado y que por ello debe ser rechazada; al margen de ello, dícese, argumenta el recurrente que la aplicación del art. 617.1 del Código Penal , no es compatible con la aplicación del art. 147 del mismo texto , lo que supondría penalizar el mismo hecho por dos preceptos distintos. La aplicación del art. 147, tanto si se aplica el párrafo primero como el segundo del mismo precepto ya incluye las posibles faltas que tuvieran su origen en los mismos hechos.

El motivo debe ser desestimado. Y para ello conviene recordar que el delito del art. 153 C.P. debe ser analizado desde la perspectiva de los valores constitucionales, pues, a pesar de su ubicación sistemática dentro del Título III del Código Penal relativo a las lesiones, el bien jurídico protegido trasciende y se extiende más allá de la integridad personal al atentar al maltrato familiar a valores constitucionales de primer orden como el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad -art. 10-, que tiene su consecuencia lógica en el derecho no sólo a la vida, sino a la integridad física y moral con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes -art. 15- y en el derecho a la seguridad -art. 17-, quedando también afectados principios rectores de la política social y económica, como la protección de la familia y la infancia y protección integral de los hijos del art. 39. Coherentemente con este enfoque, el delito que comentamos debe ser abordado como un problema social de primera magnitud, y no sólo como un mero problema que afecta a la intimidad de la pareja, y desde esta perspectiva es claro que la respuesta penal en cuanto represiva es necesaria, pero a su vez debe estar complementada con políticas de prevención de ayuda a las víctimas y también de resocialización de éstas y de los propios victimarios. Puede afirmarse que el bien jurídico protegido es la preservación del ámbito familiar como una comunidad de amor y libertad presidido por el respeto mutuo y la igualdad, dicho más sintéticamente, el bien jurídico protegido es la paz familiar, sancionando aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un macrocosmos regido por el miedo y la dominación, porque en efecto nada define mejor el maltrato familiar como la situación de dominio y de poder de una persona sobre su pareja y los menores convivientes. Por ello, la violencia física o psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia, aisladamente considerados, y el bien jurídico protegido es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad quedando afectados fundamentales valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad como es el núcleo familiar.

Por ello, el legislador ha establecido la sanción de este delito "sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica". La sentencia señala en el Hecho Probado diversos actos de agresiones físicas - con independencia de una persistente y mantenida situación de violencia psíquica por una actividad continuada de degradación y desprecio a la esposa- concretando las consecuencias lesivas que se le apreciaron a la víctima en dos ocasiones en que fue asistida en centros sanitarios, que sirven de presupuesto fáctico para la apreciación de las dos faltas de lesiones que acertadamente sanciona el Tribunal a quo, con independencia de las lesiones psíquicas sufridas también por la víctima.

El motivo debe ser desestimado.

Se formula el último motivo al amparo del artículo 849.1 L.E.Cr ., por vulnerarse en todo caso el artículo 66.6º del Código Penal , al imponerse pena en una extensión determinada y sin que se justifique el motivo concreto y las circunstancias personales del condenado por los que se aplica en la extensión en que se hace, por lo que en principio debiera de haberse impuesto la pena en su extensión mínima para cada delito y falta por los que se ha condenado.

Es cierto que a la hora de individualizar las penas que se imponen, la sentencia no utiliza los criterios legales establecidos en el art. 66.1 C.P ., las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho, limitándose a invocar la jurisprudencia de esta Sala en orden a distinguir la gravedad del delito y la gravedad del hecho, y a determinar lo que deba entenderse a los efectos del art. 66.1, por circunstancias personales del autor del delito, pero sin que esta introducción doctrinal tenga continuidad al abstenerse de aplicarla al caso enjuiciado.

Ciertamente, la obligación de motivar las resoluciones judiciales que exigen los preceptos constitucionales invocados, se extiende también a la individualización de la pena, que corresponde al ámbito de la motivación jurídica de las sentencias; obligación que encuentra su reflejo en la modificación operada en el art. 72 C.P. por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, con entrada en vigor el 1 de octubre de 2.004 (la sentencia recurrida lleva fecha de 4 de octubre de 2.005 ), que establece que "los jueces y tribunales, en la aplicación de la pena, .... razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta".

Es cierto también que el Tribunal a quo omite toda justificación y razonamiento de la sanción finalmente fijada, por lo que la irregularidad no admite duda. Ahora bien, numerosos precedentes de esta Sala han declarado la posibilidad de subsanar la falta u omisión de motivación, resolviendo directamente la cuestión, cuando se trata de la individualización de la pena, preservando de esa forma el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, siempre y cuando las circunstancias a tener en cuenta estén expresas en la propia resolución de que se trate ( SS.T.S. de 31 de marzo de 2.000, 21 de enero de 2.002, 30 de junio de 2.004, entre otras ).

En el caso, entendemos que la innegable gravedad de los hechos imputados al acusado, la forma como éstos se ejecutaron y los demás datos que figuran en la narración de los hechos, justifican la respuesta punitiva que el Tribunal de instancia establece. Porque de lo que aquí se trata es de verificar que la respuesta punitiva a la conducta delictiva del acusado es proporcional a la gravedad de la misma atendiendo a la antijuridicidad y el nivel de desvalor de tal actuación, lo que en el supuesto de hecho examinado resulta incuestionable a la vista de que la conducta desplegada por el acusado refleja fielmente un grado tal de maldad, brutalidad e inhumanidad, así como un proceder tan marcado por el desprecio y abuso, que necesariamente deben ser valorados a la hora de aplicar una respuesta sancionadora equitativa y proporcional a la gravedad del delito del art. 153 C.P . que configura ese modo de actuar con su esposa y también con sus hijos menores.

En cambio, no apreciamos que en el marco de la concordancia fáctica de la sentencia se reflejen circunstancias objetivas de la que pueda deducirse una especial gravedad del hecho en cuanto al delito de lesiones se refiere que permitan imponer la pena dentro del grado máximo de la legalmente establecida, toda vez que la entidad de las consecuencias lesivas que se especifican en el "factum", no justifican -dentro de los parámetros de equidad y proporcionalidad mencionados- una respuesta penológica realmente exacerbada, por lo que consideramos que la pena debe fijarse en diez meses de prisión.

Así, pues, el motivo debe ser parcialmente estimado en los términos expuestos.

III.