STS 202/2005, 16 de Febrero de 2005

1. - El Juzgado Central de Instrucción número 5 instruyó procedimiento abreviado número 156/97, por delito contra la salud pública contra Augusto , Luis Antonio (alias Nota ), Sergio , Imanol , Juan Alberto , David , Pedro Antonio , Tomás , Esteban , Matías , Carlos Ramón , Eloy (alias " Botines "), Federico , Rafael , Daniel , Lucio , Pedro Enrique , Íñigo , Leonardo , Jesus Miguel , Carlos Jesús , Jose Carlos y Romeo , y, abierto el juicio oral, lo remitió a la Audiencia Nacional, que, con fecha 23 de septiembre de 2002, dictó sentencia con los siguientes hechos probados: "1º Lucio , Daniel , Tomás , Carlos Jesús , Romeo , Jose Carlos , Augusto , Jesus Miguel , Rafael , Pedro Antonio , Eloy , Esteban , Pedro Enrique , Imanol , Carlos Ramón , Juan Alberto , Sergio , Luis Antonio , Matías , todos ellos mayores de edad, y sin antecedentes penales conocidos, Íñigo , mayor de edad y ejecutoriamente condenado por delitos diferentes al de contra la salud pública por el que viene acusado, y David , mayor de edad, ejecutoriamente condenado por sentencia de 14 de diciembre de 1992. Según la acusación, venían participando en la adquisición, suministro, transporte y comercialización de hachís entre el Reino de Marruecos y el de España y otros países europeos en la forma que se concretó en la acusación definitiva.- No se enjuician en la presente sentencia los acusados en situación de rebeldía, Jesús , Iván , Javier , Ignacio , Octavio , Vicente , Carlos José , Pedro Francisco , Carlos María , Lázaro , Jesús Manuel , Alberto , Raúl , Casimiro , Rosendo , Ernesto , Diego , Jesús Carlos , Blas , Jose Francisco , Guillermo , Alexander , Donato y Ángel Jesús .- Tampoco son objeto de la presente sentencia Jose Ramón , Germán , Manuel , Benito , Pablo , Luz , Juan Francisco , Cristobal , Juan Antonio , Carlos Manuel y Felix , que ya fueron enjuiciados en la sentencia 24/01 de 30 de noviembre de 2001, dictada en el procedimiento abreviado número 388/97, por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional.- 2º. El 28 de agosto de 1992, sobre las 21,45 horas fue interceptado en el peaje de la autopista A-7 de El Vendrell (Tarragona), el camión marca Pegaso, matrícula D-....-DT y el remolque G-....-G que transportaba 110 fardos conteniendo 2.750 kilogramos de hachís, ocultos entre una carga de artículos de confección, hechos ya enjuiciados en sentencia de la Sección 4ª de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 30 de noviembre de 2001, recaída en el procedimiento abreviado 3883/97.- El hoy acusado Lucio conociendo la carga ilegal del camión, realizó las gestiones necesarias para que éste pudiese circular por el Reino de Marruecos, sin contratiempos, hasta su embarque en el puerto de Tánger con destino al de Algeciras, recibiendo 600.000 pesetas por su colaboración.- 3º Con el fin de efectuar transportes de hachís desde Marruecos a España y otros países, los acusados Lucio , Daniel y Leonardo , adquirieron en Madrid la cabeza tractora Q-....-OW y en Murcia, el remolque BT-....-D que fueron conducidos al taller existente en la localidad de Alcantarilla (Murcia), donde los acusados Federico , Rafael y Pedro Antonio , procedieron a realizar, bajo la dirección de Lucio , las modificaciones necesarias para ocultar pastillas de hachís entre los elementos estructurales, recibiendo en pago de trabajo, la cantidad de un millón de pesetas.- Cabeza tractora y remolque fueron vendidos por Leonardo , con posterioridad a su utilización a los fines pretendidos, a terceras personas, desconocedoras de la ilícita actividad.- 4º A finales de octubre de 1992, fue intervenido en un campo cercado de alambrera, en la zona de Valdemingómez de Arganda del Rey (Madrid), propiedad de Juan Alberto , el camión K-....-KD propiedad de Imanol , que arrastraba el remolque ....-H del que también figuraba como titular el citado, cuando éste y Juan Alberto procedían a extraer de las paredes laterales del remolque 2.038,45 kilogramos de hachís en pastillas.- Esta operación de tráfico de hachís había sido planificada por Lucio , Pedro Enrique , el propio Imanol y otra persona, a quien no afecta esta sentencia, por encontrarse en rebeldía.- Al efecto pretendido, Lucio adquirió el remolque X-....-X , figurando como titular Imanol , y en este remolque se efectuaron las modificaciones necesarias, bajo la dirección de Carlos Ramón , en el taller de carrocerías JOMAAN de Hellín (Albacete) para poder ocultar pastillas de hachís en sus paredes laterales. En la manipulación del semirremolque participaron activamente Lucio y Imanol . Carlos Ramón cobró un millón y medio de pesetas por los trabajos efectuados.- Imanol enganchó este remolque preparado a la cabeza tractora de su propiedad K-....-KD y se dirigió a Marruecos el día 8 de octubre de 1992, donde en lugar no determinado cargó 2.038,45 kilogramos de hachís, regresando a España por el puerto de Algeciras y dirigiéndose a Madrid, adonde llegó días antes del 25 de octubre de 1992, aparcando el camión en el barrio de Hortaleza hasta el momento de trasladarlo al campo de Valdemingómez ya citado:- Cuando llegó también a Madrid el camión, marca "Scania" de matrícula holandesa YU-YY-.... , que conducido por otra persona a quien no afecta esta sentencia por encontrase en rebeldía que aguardaba en una gasolinera próxima a Valdemingómez para dirigirse definitivamente al campo propiedad de Juan Alberto , donde estaba previsto transbordar el hachís que allí se encontraba, ocultándolo entre una carga de viejos "pales", en cuyo centro se había preparado un hueco al efecto, que eran transportados por el remolque 41-DZ que era arrastrado por camión Scania citado.- En las cercanías del campo de Valdemingómez, y cuando se dirigían a culminar la operación de tráfico de hachís, fueron detenidos Pedro Enrique , Lucio y otra persona, hoy rebelde. Juan Alberto en una entrevista mantenida días antes en una cafetería de Madrid con Imanol , accedió a facilitar el campo vallado a los efectos pretendidos, y el día de la intervención policial y antes de producirse ésta, proporcionó una "radial" para romper las paredes laterales del remolque ....-H y sacar las pastillas de hachís, de las cuales una pequeña cantidad, ya había sido extraída y ocultada en un pequeño habitáculo allí existente.- 5º. Íñigo . En el verano de 1991 participó en la reunión mantenida en el Restaurante Los Lagos, con Jesus Miguel , Jose Carlos y Lucio , reunión en la que éste último examinó una pastilla de hachís que portaba Jesus Miguel al objeto de determinar su calidad y valorar así una partida de 800 kilogramos de hachís, propiedad de Íñigo que posteriormente fue vendida a terceras personas recibiendo la cantidad de 100.000 pesetas por kilogramo.- 6º. Tomás , es sobrino del coacusado Leonardo y con plena consciencia de lo que realizaba, conducía los vehículos que habían de ser manipulados, proporcionados por su tío hasta los talleres Marcos. También condujo camiones con carga de hachís oculta desde Marruecos a España, siguiendo las instrucciones recibidas de otros coimputados.- 7º. El hachís en la época en que ocurrieron los hechos se valoraba en 250.000 pesetas el kilo equivalente a 1.502,53 euros.- 8º. No se han probado los hechos imputados a Augusto , Luis Antonio , Sergio , Matías , Eloy , Carlos Jesús , Romeo ."

2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Condenamos: 1. Lucio , con su conformidad, como autor de un delito consumado y continuado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368, 369 nº 3 y 6 y 370 del vigente Código Penal y de un delito igualmente consumado y continuado de contrabando, de la Ley Orgánica 7/82, artículos 1,2 y 3 y 74 del Código Penal en concurso de normas del artículo 8, núm. 3 del citado Código Penal, con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del núm. 6 del artículo 21 del Código Penal, en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo artículos, a la pena de tres años y un día de prisión y multa de 2.000.000.000, de pesetas equivalentes a 12.020.242,09 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de la veintitresava parte de las costas causadas.- 2. Leonardo como autor de un delito consumado, continuado, contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368, 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y de un delito igualmente consumado y continuado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82artículos 1,2 y 3 y artículo 74 del Código Penal en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del repetido Código Penal con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del nº 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de tres años y un día de prisión y multa de 100.000.000 pesetas equivalentes a 601.012,21 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 3. Tomás , como autor de un delito consumado, continuado, contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368, 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y de un delito igualmente consumado y continuado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82artículos 1,2 y 3 y artículo 74 del Código Penal en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del repetido Código Penal con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del nº 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de tres años y un día de prisión y multa de 100.000.000 pesetas equivalentes a 601.012,1 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, con la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 4. Daniel , como autor de un delito consumado, continuado, contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368, 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y de un delito igualmente consumado y continuado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82artículos 1,2 y 3 y artículo 74 del Código Penal en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del repetido Código Penal con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del nº 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de tres años y un día de prisión y multa de 100.000.000 pesetas equivalentes a 601.012,1 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 5. Federico , con su conformidad como autor de un delito continuado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368 y 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículo 21 del Código Penal, en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de un año de prisión y multa de 50.000.000 pesetas equivalentes a 300.506,05 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 6. Rafael , con su conformidad, como autor de un delito continuado, consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368 y 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal, con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de una año de prisión y multa de 50.000.000 de pesetas equivalentes a 300.506,05 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 7. Pedro Antonio , con su conformidad como autor de un delito continuado, consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368 y 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal, con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de un año de prisión y multa de 50.000.000 de pesetas equivalentes a 300.506,05 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 8. Jose Carlos , con su conformidad como autor de un delito consumado continuado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368 y 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y de un delito igualmente consumado y continuado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82 de 13 de julio artículos 1,2 y 3 ambos en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del Código Penal y artículo 74 de este Código, con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del núm. 6 del artículo 21 del repetido Código en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de tres años de prisión y multa de 1.000.000.000 de pesetas equivalentes a 6.010.121,04 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 9. Jesus Miguel , con su conformidad como autor de un delito consumado, continuado, contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368, 369 nº 3 y 6 del Código Penal y otro delito consumado y continuado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82 de 13 de julio, artículos 1, 2 y 3 y artículo 74 del Código Penal, ambos en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del mencionado Código, con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de 300.000.000 de pesetas equivalentes a 1.803.036,31 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de siete meses de privación de libertad con la accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 10. Íñigo , con su conformidad, como autor de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368, 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y de un delito también consumado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82 de 13 de julioartículos 1,2 y 3 y artículo 74 del Código Penal, ambos en concurso de normas del artículo 8, nº 3 del Código Penal con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículo 21 del repetido Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de un año y seis meses de prisión y seis meses de prisión y multa de 100.000.000, de pesetas equivalente a 601.012,1 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 11. Pedro Enrique , con su conformidad, como autor de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368 y 369 nº 3 y 6 del Código Penal vigente y de un delito también consumado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82 de 13 de julioartículos 1,2 y 3 y 74 del Código Penal, ambos en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del citado Código Penal con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículos 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del mismo precepto, a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de 200.000.000 de pesetas equivalentes a 1.202.024,21 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de siete meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 12. Imanol , con su conformidad, como autor de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia que no causa grave daño a la salud de los artículos 368 y 369 nº 3 y 6 del vigente Código Penal y un delito consumado de contrabando de la Ley Orgánica 7/82 de 13 de julioartículos 1,2 y 3 y 74 del código Penal, ambos en concurso de normas del artículo 8 nº 3 del Código Penal con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada del número 6 del artículo 21 del Código Penal en relación con las circunstancias 4ª y 5ª del citado precepto, a la pena de dos años de prisión y multa de 200.000.000 de pesetas equivalentes a 1.202.024,21 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de siete meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 13. Carlos Ramón , con su conformidad, como autor de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud del artículo 368 del Código Penal vigente con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada nº 6 del artículo 21 del Código Penal, en relación con las circunstancias 4ª y 6ª del mismo precepto a la pena de un año de prisión y multa de 50.000.000 de pesetas equivalente a 300.506,05 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava partes de las costas causadas.- 14. Juan Alberto , como autor de un delito en grado de tentativa, contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancia no causante de grave daño para la salud de los artículos 368 y 369 núm. 6 del código Penal vigente con concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada nº 6 del artículo 21 del Código Penal, en relación con las circunstancias 4º y 5ª del mismo precepto, a la pena de una año de prisión y multa de 50.000.000 de pesetas equivalentes a 300.506,05 euros con una responsabilidd personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una veintitresava parte de las costas causadas.- 2º. Que debemos absolver y absolvemos de los delitos por los que venían siendo acusados a Augusto , Luis Antonio , Sergio , Matías , David , Esteban , Eloy , Carlos Jesús y Romeo , declarando de oficio la parte de las costas correspondientes.- Se declara procedente el comiso y destrucción de la droga intervenida, así como el embargo de los vehículos y remolques utilizados en las actuaciones delictivas que no pertenezcan hoy a terceros de buena fe, lo que se acreditará en ejecución de sentencia.- No se han planteado responsabilidades civiles que exigir."

3. - Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por los condenados que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

4. - La representación del recurrente Juan Alberto basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Renunciado.- Segundo. Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de precepto constitucional, infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española.

5. - La representación del recurrente Daniel basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley, en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española.- Segundo. Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que ha existido error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrante en autos.- Tercero. Al amparo del artículo 850.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quebrantamiento de forma dado que durante el plenario se denegó la prueba propuesta por esta defensa consistente en un video con imágenes de la operación controlada en la que participó el recurrente.

6. - La representación del recurrente Leonardo basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por violación de derechos fundamentales, conforme a lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia contenida en el artículo 24 de la Constitución Española y en relación con el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

7. - La representación del recurrente Íñigo basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Quebrantamiento de forma, al amparo de lo prevenido en el apartado tercero del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no haberse resuelto en la sentencia todos los puntos que han sido objeto de acusación y defensa.- Segundo. Infracción del derecho fundamental a obtener un proceso sin dilaciones indebidas al amparo de lo prevenido en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

8. - La representación del recurrente Tomás basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Con base en el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por violación del derecho a la sentencia motivada que ampara el artículo 120, 3 de la Constitución Española.- Segundo. Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba, por documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.- Tercero. Con base en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24 de la Constitución que ampara el principio de presunción de inocencia, el de interdicción de arbitrariedad de poderes públicos (artículo 9,3 de la C.E.) y el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales y a un juicio justo con todas las garantías, de modo que en ningún caso se produzca indefensión.

9. - Instruido el Ministerio fiscal de los recursos interpuestos la Sala los admitió, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 11 de febrero de 2005.

Recurso de Juan Alberto

Al amparo del art. 852 Lecrim, se ha denunciado infracción del derecho a la presunción de inocencia; porque -se dice- ni de la instrucción de la causa ni de lo que resulta del acto del juicio puede inferirse la intervención del recurrente en los hechos por los que ha sido condenado.

La sala de instancia, al examinar la prueba de cargo relativa a este acusado, dice haber tomado en consideración: que era dueño del terreno vallado al que se llevó la cabeza tractora y el remolque en cuyos laterales se ocultaban 2.038 kilogramos de hachís; que no es convincente el argumento de que ese desplazamiento se hizo para la reparación de una avería de motor consistente en un simple ajuste de válvulas, que podría realizar una sola persona sin más herramientas que una llave de tuercas y las galgas milimétricas adecuadas; que el útil proporcionado por el recurrente fue una radial, herramienta de corte inadecuada para esa reparación; que el lugar no era un taller sino un terreno cercado por una alambrada; que la radial fue usada para extraer unas pastillas de hachís.

El tribunal señala que la presunción de inocencia del que recurre ha sido destruida por las declaraciones de Lucio , Pedro Enrique , Imanol y varios policías nacionales; e incluso por la lógica racional interpretación de lo declarado por el acusado y los testigos de su propia defensa, Alfredo , Simón e Everardo , cuya pretendida presencia en el lugar de los hechos no aparece ajustada a la verdad, pues los policías NUM000 y NUM001 dijeron que en el recinto alambrado no había más que dos personas.

En el escrito de recurso se llama la atención sobre el dato de que en la sentencia no se diga en qué consisten las declaraciones de Lucio , Pedro Enrique y Imanol . Y seguidamente en el examen de algunos aspectos de las mismas, señalando:

1. Que Lucio , en el juzgado (folio 3102), dijo que Juan Alberto era ajeno a los hechos denunciados y que en el acto del juicio (sesión del 28 de noviembre de 2001) manifestó haberle visto únicamente manipular la mecánica del camión.

2. Que Pedro Enrique explicó (29 de enero, folio 6 del acta del juicio) que no conoce a Juan Alberto ; que Lucio no le habló de él.

3. Que Imanol , en el juicio (sesión del 29 de enero de 2001, folio 11 del acta) expresó que Juan Alberto no tiene nada que ver con el tema.

En cuanto a las declaraciones de los testigos de la defensa, ya reseñados, descalificadas en la sentencia en lo relativo a su afirmada presencia en el lugar donde se hallaba el camión, porque -se dice- los dos agentes de policía también citados sostuvieron que allí sólo había dos personas; el recurrente señala que aquellos no dijeron que únicamente hubiera dos personas, sino que eso fue lo que ellos vieron. E indica que el agente nº NUM002 (sesión del 10 de abril de 2002) informó de que había más personas, y que uno tenía un niño; el de nº NUM003 (sesión del 24 de abril) afirmó que, con seguridad, había más de dos personas; y el de nº NUM004 , en la misma fecha sostuvo otro tanto.

Sobre la existencia de la avería como tal, se recoge lo dicho por Lucio (folio 3102) en el sentido de que "llegaron a un descampado cerca de Arganda porque el camión les fallaba"; lo que se reitera ante el instructor (folio 3186). Y también lo expuesto por Pedro Enrique (folio 3752) sobre la necesidad de una reparación en el camión; y por Imanol (folio 3104 y sesión del juicio de 29 de enero de 2002, folio 9 del acta), que, asimismo, informó sobre la existencia de fallos en el camión y acerca de que Juan Alberto -que tiene una pequeña finca en Valdemingómez, con varios camiones- le dijo que se lo repararía en domingo.

En fin, en el escrito de referencia se detalla la existencia de toda una serie de afirmaciones de Imanol (29 de enero de 2002, folio 9 del acta), del agente NUM002 (10 de abril de 2002, folio 4 del acta), del agente NUM001 (13 de febrero de 2002, folios 4 y 5 del acta), del agente NUM004 (24 de abril de 2002, folio 3 del acta), en el sentido de que ninguno de estos declarantes vio a Juan Alberto descargar hachís.

Todo lo que, abonaría la veracidad de lo declarado por este último con respecto a que le solicitaron que reparase el camión y que él se limitó a hacerlo. Y que Imanol le pidió una radial y él se limitó a dejársela, lo que coincide con lo declarado por éste (29 de enero de 2002, folio 11 del acta).

Como es bien sabido, el principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquellos sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.

De la disciplina constitucional sobre el principio del art. 24,2 CE forma parte asimismo la exigencia de motivación expresa y suficiente de la valoración de la prueba, según se desprende, por todas, de la STC de 30 de octubre de 2000, de la que resulta que es "imprescindible (...) una mínima explicitación de los fundamentos probatorios del relato fáctico", porque, como se dice en STC 139/2000, de 29 de marzo, "los tribunales deben hacer explícitos en la resolución los elementos de convicción que sustenten la declaración de los hechos probados, a fin de acreditar la concurrencia de prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia". De tal manera que una motivación de la apreciación de la prueba que no permita saber por qué el tribunal entiende que una determinada afirmación de cargo está debidamente acreditada, en la perspectiva del acusado, afecta de forma esencial a su derecho a la presunción de inocencia, sobre cuya desvirtuación en el proceso no hay nada que tenga que darse por supuesto.

Así las cosas, la lectura de las consideraciones que el tribunal de instancia dedica a la prueba a propósito de este acusado, permite ver que se reducen fundamentalmente a la afirmación desnuda de que, en su caso, el derecho fundamental aludido se habría visto desvirtuado por el contenido de las declaraciones de Lucio , Pedro Enrique , Imanol y dos agentes policiales. Todo, sin el menor análisis, y prescindiendo de la existencia de las afirmaciones de descargo que la defensa del que recurre ha puesto de manifiesto.

Pues bien, este modo de proceder en vez de fundar la decisión, la hace descansar sobre una motivación aparente, que equivale a un verdadero vacío de justificación. Es por lo que sólo cabe concluir que, en efecto, el derecho a la presunción de inocencia de este recurrente debe prevalecer, porque en la sentencia no aparece acreditada con el rigor exigible la existencia de la necesaria prueba de cargo. Así, el motivo debe acogerse.

Recurso de Daniel

Estimamos el motivo segundo del recurso interpuesto por Juan Alberto , el motivo primero del recurso interpuesto por Daniel , sin que sea necesario, por tanto, entrar a conocer el resto de los motivos, el único motivo del recurso interpuesto por Leonardo , el recurso de casación interpuesto por Íñigo , y los motivos primero y tercero del interpuesto por Tomás , sin que sea necesario entrar resolver el resto de los motivos. Recursos todos ellos formulados contra la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 23 de septiembre de 2002 dictada en la causa seguida contra los mismos y otros por delito contra la salud pública, sentencia que, en consecuencia, se anula.

Se declaran de oficio las costas de estos recursos.

Comuníquese esta sentencia y la que a continuación se dictará a la Audiencia Nacional con remisión de los antecedentes remitidos a esta sala para la resolución de los recursos. Interésese el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Enrique Bacigalupo Zapater Perfecto Andrés Ibáñez José Manuel Maza Martín

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Febrero de dos mil cinco.

En la causa número156/97, del Juzgado Central de Instrucción número 5, seguida por delito contra la salud pública contra, entre otros, Imanol , nacido el 15 de agosto de 1944 en Madrid, hijo de Mariano y Paula, con D.N.I. NUM005 , y con domicilio en esta ciudad, Juan Alberto nacido el 11 de febrero de 1954 en El Barraco (Ávila) hijo de Nicolás y Justa, con D.N.I. NUM006 , y con domicilio en Leganés (Madrid), Tomás , nacido el 1 de julio de 1962 en Lorca (Murcia), hijo de Francisco Javier y Mª Carmen, con D.N.I. NUM007 y con domicilio en Puerto Lumbreras (Murcia), Daniel nacido el 7 de junio de 1953 en Valencia, hijo de Felipe y Consuelo, con D.N.I. NUM008 y con domicilio en Valencia, Lucio (alias " Rata "), nacido el 3 de mayo de 1937 en Aranjuez (Madrid) hijo de Amalia y José con D.N.I. NUM009 y domicilio en Casteldefells (Barcelona), Pedro Antonio , nacido el 12 de febrero de 1948 en Murcia, hijo de Federo y Encarnación, con D.N.I. núm. NUM010 , Carlos Ramón , nacido el 20 de noviembre de 1949 en Hellín (Albacete), hijo de Juan y Josefa, con D.N.I. NUM011 , con domicilio en Hellín (Albacete), Federico , nacido el 10 de diciembre de 1959 en Murcia, hijo de Marcos y Consuelo, con D.N.I. NUM012 , con domicilio en Alcantarilla (Murcia), Rafael nacido el 2 de agosto de 1951 en Murcia, hijo de Juan y de Carmen con D.N.I. NUM013 y con domicilio en Murcia, Daniel , nacido el 7 de junio de 1953 en Valencia, hijo de Felipe y de Consuelo con D.N.I. NUM008 , y con domicilio en Picassent (Valencia), Pedro Enrique , nacido el 7 de junio de 1940 en Murcia, hijo de Manuel y Salvadora, con D.N.I. número 22.315.316, Íñigo , nacido el 13 de febrero de 1950 en Algeciras (Cádiz), hijo de Antonio y Macarena, con D.N.I. número NUM014 , y con domicilio en San Roque (Cádiz), Leonardo , nacido el 9 de febrero de 1942 en Lorca (Murcia), hijo de Juan Antonio y María, con D.N.I. NUM015 y domicilio en Lorca (Murcia) Jesus Miguel , nacido el 27 de mayo de 1947 en Sallent (Barcelona), hijo de Luis y de Juana, con D.N.I. NUM016 -Barcelona), hijo de Luis y de Juana, con D.N.I. NUM016 y domicilio en Manresa (Barcelona) Jose Carlos , nacido el 2 de enero de 1951, en Moncada (Valencia), hijo de Miguel y de Amparo, con D.N.I. NUM017 y domicilio en Valencia la Audiencia Nacional dictó sentencia en fecha 23 de septiembre de 2002 que ha sido casada y anulada por la dictada en el día de la fecha por la esta sala, integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

Se aceptan y dan por reproducidos los antececedentes de hecho y hechos probados de la sentencia de instancia, si bien eliminando de los mismos las referencias a la implicación en ellos de Juan Alberto , Daniel , Leonardo y Tomás .

Por lo razonado en la sentencia de casación, no se ha acreditado probatoriamente la implicación de Juan Alberto , Daniel , Leonardo y Tomás en los hechos a que se refiere la acusación, y, en consecuencia, deben ser absueltos.

Y, asimismo, por lo expuesto en la sentencia de casación, debe darse lugar a la reducción de la pena impuesta al acusado Íñigo , en un grado.

Se absuelve a Juan Alberto , Daniel , Leonardo y Tomás del delito contra la salud pública por el que habían sido condenados en la instancia y se declaran de oficio cuatro veintitresavas partes de las costas correspondientes a este delito.

Se deja sin efecto la pena impuesta a Íñigo al que se condena a la pena de un año de prisión y 70.000.000 pesetas de multa, equivalentes a 11.647.020,00 euros.

Anticípese vía fax a la Audiencia Nacional el contenido de este fallo a los efectos procedentes, haciendo constar que por conducto ordinario se remitirá certificación de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Enrique Bacigalupo Zapater Perfecto Andrés Ibáñez José Manuel Maza Martín

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Perfecto Andrés Ibáñez, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.