STSJ Cantabria 502/2008, 23 de Junio de 2008
| Ponente | MARIA JOSEFA ARTAZA BILBAO |
| ECLI | ES:TSJCANT:2008:1338 |
| Número de Recurso | 745/2007 |
| Número de Resolución | 502/2008 |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
Ilma. Sra. Presidente
Doña Maria Teresa Marijuán Arias
Iltmos. Sres. Magistrados
Doña María Josefa Artaza Bilbao
Don Juan Piqueras Valls
------------------------------------En la Ciudad de Santander, a veintitrés de Junio de dos mil ocho. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria ha visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario número 745/07, interpuesto por la entidad ANGEL YLLERA S.A., representado por el Procurador Doña Paz Campuzano Pérez del Molino y defendido por el Letrado D. Alfredo Arola García, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, representado y defendido por el Abogado del Estado; y como codemandado la entidad AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER, representado y defendido por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 68.615,70 Euros. Es ponente la Ilma. Doña María Josefa Artaza Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala.
El recurso se interpuso el día 26 de Septiembre de 2007, contra la Resolución de fecha 12 de Junio de 2007, expediente nº 39/00275/07 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa número 39/00275/2007 interpuesta por la recurrente "Ángel Yllera, S.A." frente al Acuerdo de la Autoridad Portuaria de fecha 2 de Enero de 2007 por el que se practica de oficio, la correspondiente compensación, entre once liquidaciones en concepto de Tarifa T3 giradas en su día a la mercantil recurrente y anuladas por Sentencia de laAudiencia Nacional de 13 de Junio de 200 1 y las practicadas en sustitución (T-0081 a 088 y T-201 a T-203/06;) por importes la mas elevada de 5.963,90€.
En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.
En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que anule la resolución recurrida y estimándose el presente recurso formulado se deje sin efecto el acto administrativo impugnado en base a los hechos y fundamentos de Derecho que en la misma se exponen.
En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada y la entidad codemandada solicitan de la Sala dicte Sentencia desestimatoria del recurso, por ser ajustado a derecho el acto administrativo recurrido.
No se recibe el pleito a prueba y se señala fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el día 5 de Junio de 2008, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.
Se impugna a través del presente recurso la Resolución de fecha 12 de Junio de 2007, expediente nº 39/00275/07 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa número 39/00275/2007 interpuesta por la recurrente "Ángel Yllera, S.A." frente al Acuerdo de la Autoridad Portuaria de fecha 2 de Enero de 2007 por el que se practica de oficio, la correspondiente compensación, entre once liquidaciones en concepto de Tarifa T3 giradas en su día a la mercantil recurrente y anuladas por Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de Junio de 200 1 y las practicadas en sustitución (T-0081 a 088 y T-201 a T-203/06;) por importes la mas elevada de 5.963,90€.
En primer lugar se ha de examinar la causa de inadmisibilidad opuesta por la Abogacía del Estado referente a la falta de acreditación del Acuerdo del Órgano competente societario por el cual la recurrente persona jurídica actúa ante los Tribunales (Art. 45.2 LJC A) y presentado escrito adjuntando certificación de la Reunión del Consejo de Administración de la recurrente sobre que tiene pleno conocimiento de la existencia del presente recurso y de que aprueba dicha interposición hemos de dar por subsanado tal requisito y acreditada la capacidad de la Sociedad actora y ello en concordancia con doctrina y jurisprudencia que así lo estima en supuestos similares y en virtud del principio de tutela judicial efectiva y de la "actio nata" decayendo por tanto el óbice procesal opuesto.
Argumenta la parte recurrente que, anuladas de pleno derecho mediante Sentencia firme las liquidaciones sobre la Tarifa T-3 correspondiente a los buques UNION PEARL (OP), INGRID (OP), AUSEVA(CA),BIRTHE WEHR(OP), MATHILDE (OP),NORTH SEA(OP),CASPIC(OP),TENDO(OP),STEYNING(OP),SHEVRELL(OP),ELLY BOJEN(OP), HOOP(OP), PARIS(OP) y ERCINA(OP), las cuales fueron practicadas el día 29/09/1994; 28/01/1994; 21/12/1994; 17/04/1995; 24/08/1995 (2); 30/08/95); 27/02/96; 24/05/96 y el 20/10/94 respectivamente, la autoridad portuaria ejecutó dicha sentencia compensando los importes a devolver con el de otras nuevas liquidaciones (las que son objeto de impugnación) practicadas en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional 34ª de Ley 55/199 9, según la redacción dada a la misma por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2000, de 29 de Diciembr e) .
A estos efectos entiende la parte actora que la Disposición Adicional 34ª de la Ley de Acompañamiento de 29 de Diciembre de 199 9, que intenta solventar el problema planteado tras las sentencias declarando ilegales las tarifas portuarias por tratarse de verdaderas prestaciones patrimoniales de carácter público, crea una nueva tarifa inconstitucional e ilegal. Inconstitucional, por entender que ha resultado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24 de la C E, puesto que supone la aprobación de una norma con rango de ley a través de la cual se proporciona a la Autoridad Portuaria un título habilitante para dejar sin efecto lo decidido en una Sentencia firme, cuya ejecución quedará sin efecto y no se llevará a cabo, pues, en fase de ejecución de Sentencia, la Autoridad Portuaria compensará de oficio el importe de la liquidación anulada judicialmente con la liquidación que ahora proceda, de tal modo que como resultado de dicha compensación el deudor sólo tendría derecho a la devolución de los intereses, normativa que no resulta justificada por exigencias cualificadas de interés general, contraviniendo el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al contrariar el pronunciamiento de sentencias firmes.
Frente a dicha tesis sostiene la Abogacía del Estado que la refacturación administrativa de la TarifaT-3, practicada en sede de ejecución de la Sentencia firme que la anuló, no tiene otra finalidad que evitar el enriquecimiento injusto que se produciría para aquellos usuarios de los servicios portuarios que, habiéndolos efectivamente recibidos, no satisfarían cantidad alguna por los mismos, en detrimento de los futuros usuarios, entre quienes deberían redistribuirse los costes de aquéllos y, en consecuencia, abonar proporcionalmente las tasas que los primeros no satisficieron.
En segundo término se plantea por la mercantil actora la prescripción del tributo, por cuanto todos los hechos imponibles de los años 1995 y 1996 estarían prescritos al año 2000, por lo que la Administración no podría volver a retarifar ni liquidar cantidad alguna en concepto de la Tarifa T3 que ahora nos ocupa al haber sido declaradas nulas de pleno derecho las liquidaciones anteriores, y contravenir el Artículo 20.1 de la Ley de Tasa s y Precios Públicos.
A esta argumentación se opone la Administración demandada cuya argumentación descansa en la finalidad última a que responde la DA 34ª de la Ley 55/99 (modificada posteriormente por la disposición adicional 7ª de la Ley 14/0 0), esto es, la de evitar el enriquecimiento injusto a que anteriormente hemos aludido, considerando que el Tribunal Constitucional no impide la retroactividad de normas fiscales, máxime cuando considera que los efectos jurídicos de dicha situación no están agotados, sin que resulte menoscabada por ello la potestad jurisdiccional pues la nueva regulación se hace sin perjuicio y ejecución de las respectivas sentencias dictadas, cubriendo en todo caso las exigencias del principio de legalidad.
Ciertamente, la cuestión planteada en el presente recurso, como en otros tantos que penden en la Sala, ha resultado muy polémica puesto que la inicial controversia versaba fundamentalmente acerca de la naturaleza jurídica de la tarifa discutida, extremo sobre el que la posición de la recurrente y la Administración parten de atribuir a la tarifa discutida una naturaleza diametralmente distinta.
A este respecto no podemos por menos que reproducir las consideraciones que la Sala ha venido efectuando de forma reiterada sobre este particular, señalando lo siguiente:
" Para la Administración y conforme a la legislación que las regula, se trataría de un precio privado, lo que arrastraría la incompetencia del Tribunal Económico...
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