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Introducción: problema que se plantea

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AutorRafael Gomez-Ferrer Rincón
Páginas17-21

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Asistimos desde hace algunos años, y hoy todavía, a lo que se ha denominado como la liberalización de los servicios públicos. Entendemos por tal la eliminación de la titularidad pública que existía sobre determinadas actividades y su sustitución por un régimen de libertad de empresa donde impera como principio general el de libre acceso al mercado.

La liberalización supone un cambio trascendental que está planteando algunos problemas importantes. Quizá el tema que primero llamó la atención de nuestra doctrina fue el de la incidencia del cambio sobre el concepto de servicio público y, en concreto, el de si era posible seguir manteniendo este concepto en un régimen de libertad de empresa. Y ello, lógicamente, porque la liberalización supone la supresión de uno de los elementos que se habían venido considerando como esenciales en la configuración del régimen jurídico del servicio público: el monopolio legal de la actividad o la titularidad pública exclusiva sobre la misma1. El debate doctrinal concluye hoy con la distinción entre los conceptos de servicio público subjetivo u orgánico y servicio público objetivo o funcional; conclusión que no es sino la plasmación de la distinción entre fines y medios: se mantienen los fines del servicio público, pero se cambia la técnica con la que alcanzarlos2.

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El mantenimiento del fin del servicio público nos ha brindado un segundo problema de gran calado. En concreto, la cuestión que se ha planteado es la de cómo compatibilizar la satisfacción de determinadas necesidades colectivas no rentables con un régimen de libre mercado. Esta aparente incompatibilidad se ha resuelto mediante la imposición de obligaciones de servicio público a determinados operadores. Surge así, en determinados sectores como las telecomunicaciones o los servicios postales, el concepto de servicio universal, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a determinados servicios a un precio asequible3.

Un tercer problema que está planteado es el de cómo conseguir que exista una competencia efectiva en los mercados liberalizados. Y ello, lógicamente, por la posición de dominio que en los mismos ocupan los operadores históricos. Surge así, tras la liberalización, una etapa transitoria donde la actitud de los poderes públicos es intensa y beligerante con el fin de permitir la competencia en condiciones de igualdad entre los antiguos gestores y los nuevos operadores. Se trata de un problema no resuelto y del que, en definitiva, depende el éxito del cambio. Esta afirmación no debe causar perplejidad. La consecución de competencia efectiva en los mercados no es una tarea sencilla porque no estamos ante un proceso en el que se siga un manual de instrucciones, sino ante una etapa en la que los poderes públicos emplean la...

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