STS 695/1999, 5 de Julio de 1999

Dentro del mismo motivo se recogen, con evidente falta de técnica jurídico-procesal, dos cuestiones perfectamente diferenciadas, las que atañen a la infracción de ley del artículo 849.1º por indebida aplicación del artículo 142 del Código Penal en cuanto se condenó al recurrente como autor responsable de dos delitos de homicidio por imprudencia, y los relativos al principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución. Ambas alegaciones tienen, sin embargo, el punto común de entender que la acción cometida debe ser tipificada como una simple falta prevista y sancionada en el artículo 621, 3 y 4, del referido Código.

La primera de esas alegaciones, la basada en infracción de ley, carece de cualquier posibilidad impugnatoria ya que en su desarrollo conculca de manera importante los hechos que la sentencia declara como probados, dialéctica impermisible cuando se emplea esa vía casacional, lo que pudo determinar su inadmisión "a límine" en fase de instrucción del recurso, según establece el artículo 884.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inadmisión que ahora deviene necesariamente en este trámite de sentencia en causa de desestimación.

Respecto a la presunción de inocencia, es reiterada la jurisprudencia que establece que tal principio presuntivo sólo puede prosperar cuando de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bién por falta de pruebas, bién por haber sido obtenidas éstas de modo ilícito, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar en este orden de cosas que ante tale tales pruebas su valoración corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Sala de instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley procesal que tiene su raíz y trae su razón de ser en el principio de inmediación.

En el caso enjuiciado es claro que el recurrente trasgrede esa norma en cuanto que, aún reconociendo la existencia de pruebas inculpatorias, considera que la acción realizada no debe incardinarse en el tipo delictivo del artículo 142 del Código como imprudencia grave (antigua imprudencia temeraria), si no en la falta del artículo 621 que tipifica la imprudencia leve. Esto supone necesariamente hacer valoración de la prueba en contra de la competencia exclusiva que corresponde al Tribunal "a quo" para así hacerlo. Con independencia de ello, que por sí solo haría decaer el principio presuntivo, existen pruebas tan evidentes sobre la imprudencia grave cometida por el encausado como son, el exceso de velocidad en zona que estaba señalizada como peligrosa y circulando por una carretera cuya velocidad, genéricamente, estaba limitada a los 90 Kms por hora, siendo su marcha muy superior como lo denota el hecho de que en el momento del accidente el automóvil llevaba puesta la quinta velocidad, es decir, la más rápida.

Se desestima el motivo.

El correlativo también tiene su sede adjetiva en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "en relación con la Tabla I del Sistema de valoración de daños personales de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor".

El propio recurrente reconoce, y así lo dice de modo expreso en su escrito de formalización, que "este motivo es idéntico al primero formulado por la Compañía de Seguros Comercial Unión", por lo que sobre él razonaremos al tratar de tal recurso, por así considerarlo más adecuado a efectos casacionales.

RECURSO DE Ángeles

El inicial motivo de esta recurrente se alega con sede procesal del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por vulneración de los artículos 109, 110, 113 y 115 del Código Penal. El segundo, también por infracción de ley, por haberse conculcado el Anexo de la Ley 30 de 8 de Noviembre de 1.995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. El tercero por vulneración de los artículos 14, 24 y 39.1 de la Constitución Española.

Se sostiene a estos efectos que el Baremo de la Ley de 8 de noviembre de 1.995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados no puede ser obligatoria en su aplicación por contradecir los referidos preceptos penales y de serlo, habida cuenta que existe entre uniones conyugales de hecho y de derecho, o bién a esta última no le correspondería indemnización alguna por ser cónyuge separada legalmente o bién y en todo caso a la recurrente le debería haberse asegurado la mitad de la cantidad que señala el referido baremo, es decir, seis millones de pesetas por tratarse de una unión de hecho consolidada al tiempo de fallecer su compañero, y ello por concurrir dos perjudicadas.

Respecto a la aplicación obligatoria o simplemente discrecional por los Jueces y Tribunales de esos Baremos, hemos de indicar previamente y de modo general que el artículo 1.2, sobre Ordenación Civil, de la referida Ley de 1.995, que modifica la de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, aprobada por Decreto de 21 de marzo de 1.968, establece que los daños y perjuicios causados a las personas en virtud del riesgo causado por la conducción de vehículos de motor "se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el Anexo de la presente Ley", cuantificación que se repite en su artículo 4.2, lo que nos induce a pensar, "prima facie", que la responsabilidad civil nacida de ese riesgo tiene una naturaleza tasada frente a las cuantías indemnizatorias que por todos han de ser respetadas en cualquier caso.

No obstante ello, en la interpretación de esas normas tan aparentemente cerradas, han surgido diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que podemos resumir así: a) Por algún grupo de intérpretes se dice que la aplicación vinculante de los baremos establecidos en el correspondiente Anexo está conforme y acompasado con el contenido del artículo 109 del vigente Código Penal cuando establece que la responsabilidad civil nacida del delito debe exigirse "en los términos previstos en las leyes", lo que demuestra que se trata de una opción legislativa que no perturba la tutela judicial efectiva pués según razona el Ministerio Fiscal en su escrito de formalización al exponer esta teoría, "los perjudicados encontrarían respuesta judicial a sus pretensiones en un marco de seguridad jurídica proporcionada por la cuantificación del Baremo que evitaría desigualdades aplicativas en la operación de determinar este tipo de indemnizaciones". b) Frente a ello, otra parte de la doctrina indica, amén de la posible inconstitucionalidad de la referida Ley, que, de una parte, esas normas que se establecen como obligatorias son contrarias al principio de libertad de pacto con las Compañías aseguradoras y están derogadas por los artículos 109 y siguientes del Código Penal de 1.995 que no limitan la extensión de la responsabilidad civil "ex delicto" en ningún caso; y, de otra, que puede vulnerarse el principio constitucional de la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en que existan perjudicados que, pese a serlo, no se encuentran inclusos en el Anexo (p.e. parejas de homosexuales), y también en aquellos en que se pruebe que los daños producidos, tanto desde el punto de vista de los emergentes, como de los cesantes, puedan constituir unos perjuicios superiores (o también inferiores) a los tarifados. c) En esta misma línea se argumenta que la igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución se vería conculcada al discriminarse a los perjudicados por motivo de la circulación frente a los que lo fueron por otros actos culposos que pueden tener la posibilidad de reclamar cantidades indemnizatorias sin esa limitación.

Con independencia de los razonamientos empleados para demostrar la inconstitucionalidad de la norma, cuya solución no nos corresponde por falta de competencia, nos inclinamos, desde una perspectiva general de hermenéutica, por entender, como de modo amplio hace la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 26 de marzo de 1.997, que no se puede sustraer a la función jurisdiccional la aplicación del "quantum" indemnizatorio en cada caso concreto, por ser a los Jueces y Tribunales, según una interpretación lógica de los citados artículos 109 y siguientes, a los que corresponde examinar las circunstancias concurrentes en los hechos y de ahí deducir las sumas a pagar por el agente comisor a favor de la víctima, de su herederos o perjudicados por el suceso, función jurisdiccional que no puede de modo alguno verse constreñida o encorsetada por unas normas tan tajantes y monolíticas como las contenidas en la Ley de 1.995 y concretamente en su Anexo. Ello no quiere decir, sin embargo, que hayamos de desecharlas de plano, porque indudablemente pueden servir de indicativo o vía analógica para el correspondiente acuerdo indemnizatorio y su cuantía, o, lo que es o mismo, no es admisible que se impongan a los Tribunales como de obligado cumplimiento, pero sí que estos puedan aceptar esa norma y aplicarla con los matices y diferencias que crean conveniente dentro de su arbitrio interpretativo, aunque siempre con el deber de motivar adecuadamente la solución a que llegue.

No obstante lo hasta aquí dicho, en el caso concreto que nos ocupa hay que tener en cuenta que la Sala de instancia señala como bases indemnizatorias las correspondientes al Anexo de la tan repetida Ley de 1.995 por lo que, dentro del estrecho margen que nos ofrece la casación, hemos de interpretar los problemas que aquí se plantean a la luz de esa norma.

Según se ha indicado al principio, esos problemas concretos que plantea la recurrente son dos: si a la mujer del fallecido no le corresponde indemnización de clase alguna por hallarse separada legalmente en el momento del óbito y, en todo caso, si dicha recurrente, en su calidad de pareja de hecho estables tiene derecho a percibir la mitad de la cuantía que establece el baremo, es decir, seis millones de pesetas, en vez de los tres concedidos. La solución que entendemos adecuada es la siguiente: a) Respecto a lo primero, podría ser razonable lo propugnado en el recurso, ya que la propia Sala reconoce que se había dictado sentencia de separación por el Juzgado, aunque no fuera firme hasta después del fallecimiento del causante. Sin embargo no poseemos los datos suficientes para afirmar la falta de derechos indemnizatorios a favor del cónyuge y contradecir así lo acordado por el Tribunal "a quo", cuya solución hemos de respetar. b) No sucede lo mismo con el segundo problema, pués si demostrado ha sido que la recurrente formaba pareja de hecho estable con la víctima y si la norma equipara esta situación a la producida por la unión matrimonial, no comprendemos como dicha Sala, sin hacer además ningún tipo de motivación en este punto, concede únicamente la cantidad de tres millones de pesetas, cuando al concurrir con el indicado cónyuge, y tener como mínimo los mismos derechos que éste, se le debe indemnizar, en pura lógica, en la mitad de lo establecido en el Anexo, es decir, en seis millones de pesetas que resulta de dividir doce entre dos, cantidad idéntica a la acordada para la esposa. Insistimos, es difícil comprender las razones que condujeron a la Sala sentenciadora a conceder la suma reducida de esos tres millones.

En conclusión, se ha de dar lugar en parte al recurso, cuyos tres motivos hemos tratado conjuntamente por entender que traen causa los unos de los otros y para mayor claridad expositiva.

RECURSO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS "COMERCIAL UNIÓN".

El inicial motivo de esta recurrente tiene su sede en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación de la Tabla I del Sistema de Valoración de Daños Personales de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros de la Circulación de Vehículos de Motor.

En este primer motivo así enunciado llama la atención que no se señala o consigna ningún precepto penal de carácter sustantivo como exige la norma procesal que le sirve de sustento, ya que esa Ley de Responsabilidad carece en sentido estricto de tal naturaleza. No obstante ello y para no dejar sin respuesta a lo pretendido por la recurrente podemos considerar que el recurso trata de fundamentarse en definitiva en los artículos 109 y siguientes del vigente Código Penal, preceptos que aún de carácter civil indemnizatorio traen causa y tienen su raíz en obligaciones nacidas con motivo de cualquier delito objeto de punición.

Salvado ese posible escollo casacional, hemos de indicar que este primer motivo trata de poner de manifiesto el error de la Sala de instancia al aplicar la indicada Tabla indemnizatoria respecto a la menor Amparoa la que se fijó una indemnización de catorce millones de pesetas correspondiente al Grupo II como si se tratase de un hijo de víctima separada legalmente, siendo así que a la madre no se la consideró en la sentencia en tal situación al habérsele también indemnizado.

No cabe duda que la parte aquí recurrente tiene razón en su argumento expositivo, pués si se indemnizó a la madre, la hija menor sólo debería tener derecho a una cuantía indemnizatoria de cinco millones de pesetas por aplicación del Grupo I de la Tabla I del Anexo. Ello es cierto aunque sólo a simple vista, pués la medición indemnizatoria en estos supuestos en que existen hijos menores sometidos a patria potestad debe hacerse, más que de forma individual, teniendo en cuenta el núcleo familiar del que forman parte, de tal manera que debe establecerse una correlación equitativa entre lo percibido por los progenitores y los derechos de los descendientes menores y así, y de ese modo, resultar compensado el patrimonio familiar que, en definitiva también atañe de manera primordial a tales menores. Eso sí, en la compensación indemnizatoria no cabe emplear baremos o tarifas ni por exceso, ni por defecto.

En el supuesto enjuiciado no cabe duda de que si a la madre, a la que, además., se la había encomendado la custodia de la niña en las medidas de separación, se la indemnizó con seis millones de pesetas, no cabe fijar la cifra de 14 millones a favor de esa menor, pués ello supondría un exceso en perjuicio del deudor obligado al pago. Ahora bién, tampoco sería equitativo señalarle la cifra de los cinco millones según se pretende, pués nos hallamos ante un supuesto muy especial en el que la madre, por concurrencia con otra persona, según se ha dicho anteriormente, sólo tiene derecho a su mitad indemnizatoria, de tal forma que si accediésemos a la petición recurrente de rebajar en esa cuantía la indemnización (de los catorce a los cinco) se produciría un perjuicio por defecto al indicado patrimonio familiar que es el núcleo principal en que debemos situarnos para llegar a una situación justa.

En conclusión, si a la madre le hubiera correspondido obtener doce millones de no concurrir en sus derechos con otra persona, y a la menor cinco, la suma a ingresar en el patrimonio conjunto hubiera sido de diecisiete millones. Como aquélla sólo fué indemnizada con seis, para compensar lo que ha de ingresarse en la familia, entendemos adecuado que la cantidad que ha de señalarse a la menor, Amparo, es la de once millones de pesetas. De esta forma, además, no puede hablarse de desigualdad de clase alguna respecto a la familia del otro fallecido, pués el cónyuge de éste debe recibir (o recibió) la cantidad de doce millones de pesetas y su hija menor cinco, y, por tanto, la suma es idéntica a la que aquí acordamos.

Se estima en parte este primer motivo.

El correlativo tiene su sede igualmente en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "en relación con la Disposición Adicional de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor y artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro". En definitiva se trata de poner de manifiesto la improcedencia de haberse condenado a la entidad recurrente en su cantidad de aseguradora a pagar los intereses que exige el referido precepto. Este motivo es apoyado por el Ministerio Fiscal.

En efecto, de un examen detenido de lo actuado y del contenido de la sentencia recurrida es fácil comprender que por parte de la Compañía Aseguradora no existió incumplimiento alguno en la prestación anticipada o consignación que hizo de lo posiblemente debido, ya que si existió alguna diferencia entre el montante de lo después acordado en la sentencia y esa consignación inicial se debió a causas no imputables al asegurador, pués hay que comprender lo difícil que resultaba en un caso tan complejo como el presente fijar "ab initio" la cuantía indemnizatoria de manera exacta, al concurrir circunstancias muy aleatorias, tanto en los posibles perjuicios en su conjunto, como en las personas perjudicadas por el accidente, como podían ser la existencia de una pareja de hecho y sobre todo las situaciones creadas por unos procedimientos judiciales de separaciones matrimoniales difícilmente valorables "a priori". Es decir, la imposibilidad lógica de que el deudor pudiera tener conocimiento absolutamente puntual de tales situaciones y de sus consecuencias indemnizatorias, nos debe hacer concluir que cumplió adecuadamente y de manera correcta al consignar unas determinadas cantidades, no incurriendo así en mora.

Se da lugar a este motivo.III.

FALLO

Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR EN PARTE, a los recursos de casación por Infracción de Ley, interpuestos por las representaciones del acusado Adolfo, el responsable civil subsidiario COMERCIAL UNION, y de la acusación particular, Dª Ángeles, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña, de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en causa seguida contra el citado acusado por dos delitos de homicidios culposos. Declaramos de oficio las costas así como las devoluciones de los depósitos que constituyeren en su día..

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta, al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Julio de mil novecientos noventa y nueve.

En la causa que en su día fué tramitada por el Juzgado de instrucción número 4 de La Coruña, y fallada posteriormente por la Audiencia Provincial de la misma Capital, y que por sentencia de casación, ha sido casada y anulada en el día de la fecha, y que fué seguida por delito de homicidio imprudente, contra el inculpado Adolfo, con D.N.I. nº NUM002, hijo de Jesús Manuely de Maribel, natural de A Coruña, fecha de nacimiento el 22/2/66, de nacionalidad española, sin antecedentes penales, en situación procesal de libertad, y el también inculpado "Comercial Unión"; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. D. Gregorio García Ancos, hace constar los siguientes: I. ANTECEDENTES

y

H E C H O S P R O B A D O S

Se admiten y dan por reproducidos los que se contienen en la sentencia de instancia.