Incidencia de la legislación para la prestación de servicios sociales por las empresas de inserción en España
| Autor | Ana Montiel Vargas |
| Cargo del Autor | Investigadora del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa (CIDES) Universidad de Almería |
| Páginas | 257-278 |
INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
POR LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA*
Ana MONTIEL VARGAS
Investigadora del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social
y en la Empresa Cooperativa (CIDES)
Universidad de Almería
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN CIFRAS.—3. LA LEY 44/2007
PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y LA NORMATIVA
AUTONÓMICA DE DESARROLLO.—4. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS EMPRE-
SAS DE INSERCIÓN: 4.1. Concepto legal y principales características de las empresas de inserción.
4.2. Forma jurídica exigida y participación de una entidad promotora. 4.3. Objeto económico y so-
cial. 4.4. Los trabajadores de las empresas de inserción. 4.5. El itinerario de inserción sociolaboral.
4.6. Inscripción en el Registro. 4.7. Destino de los resultados o excedentes disponibles.—5. CONSIDE-
RACIONES FINALES.—6. BIBLIOGRAFÍA.
1. INTRODUCCIÓN
El contenido de este estudio sobre la incidencia de la legislación para la pres-
tación de servicios sociales por las empresas de inserción en España, en adelante
EI, pretende realizar una exposición jurídica de una figura que en la práctica pre-
senta una importancia innegable, pero que legalmente está rodeada de numerosos
interrogantes. Las EI, como se deduce de su nombre, son entidades dedicadas a la
inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. El estudio de esta figura
cobra especial relevancia por la situación generada tras la crisis sociosanitaria liga-
da a la pandemia del Covid-19, la cual ha propiciado numerosos problemas macro-
económicos, como es el aumento del paro 1, que ha incidido notablemente en las
* Este trabajo es uno de los resultados del proyecto de I+D+i PID2020-119473GB-I00 orientado a
Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de In-
vestigación, titulado «Las empresas sociales. Identidad, reconocimiento de su estatuto legal en Europa
y propuestas para su regulación en España», concedido al Centro de Investigación CIDES de la Univer-
sidad de Almería.
1 Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), en el último
trimestre de 2020, la tasa de paro ascendió a un 16,13 por 100, tres puntos porcentuales más que en el
último trimestre del año 2019 en el que aún no había aparecido la pandemia en España.
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personas que buscan primeros empleos 2, la estrepitosa caída del 10,8 por 100 del
PIB español a finales de 2020, el récord de deuda pública en su mayor cuota de la
historia al 120 por 100 del PIB 3 o el ascenso de personas en exclusión social hasta
los 11 millones, lo cual representa un 33,2 por 100 de la población española y, de
ellos, casi la mitad en situación de pobreza severa. Estos y otros indicadores hacen
que en los últimos tiempos haya aumentado la preocupación por la inserción so-
ciolaboral de personas y colectivos más desfavorecidos.
Las EI, aunque son un recurso desconocido para muchas personas, cumplen
una función social imprescindible con la formación, orientación profesional e in-
serción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social. Recordemos
que, según nuestra Constitución, todas las personas tienen el deber de trabajar
y el derecho al trabajo (art. 35 CE) y los poderes públicos tienen así mismo la
obligación de realizar una política orientada al pleno empleo y de fomentar una
política que garantice la formación y readaptación profesionales. Es, por tanto,
bajo la conocida premisa del filósofo y economista Karl Marx, «el trabajo digni-
fica al hombre», por lo que se crean estas empresas de inserción con vocación de
lograr integrar o reinsertar a una persona en la sociedad a través del empleo. Se
puede afirmar que el empleo es la mejor solución y de mayor protección frente a la
exclusión social, puesto que, si el individuo es capaz de trabajar, querrá decir que
está insertado efectivamente en la sociedad y estará obteniendo a la vez relaciones
sociales e ingresos que le permitan ser un ciudadano más 4.
Por todo ello, los poderes públicos tienen la obligación de luchar contra la
pobreza y la exclusión social en sus territorios. Desde España y la Unión Europea,
son numerosos los documentos que destacan toda esta serie de problemas. Por
ejemplo, el Informe 8/1996, del Consejo Económico sobre Pobreza y Exclusión
Social en España diferencia la pobreza y la exclusión social diciendo «la noción de
pobreza se refiere a la precariedad económica o del nivel de vida, mientras que la
exclusión social incluye el carácter multidimensional de los mecanismos por los
que las personas y grupos se ven excluidos de la participación en los intercambios,
prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social. El concepto de
la exclusión social engloba las causas y los efectos de la pobreza». Además, en la Es-
trategia de Lisboa (2000) acordaron convertir la lucha contra la pobreza y contra la
exclusión social en uno de los elementos centrales de la modernización del modelo
social europeo 5, señalando que es inaceptable el número de personas que viven en
2 Oscar Arce, director general de economía y estadística del Banco de España, en abril de 2021 pre-
sentaba un informe macroeconómico (ARCE, O., La crisis del Covid-19 y su impacto sobre las condiciones
económicas de las generaciones jóvenes, Informe del Banco de España, 2021), en el que se puede apreciar
que los jóvenes que buscan primeros puestos de trabajo presentan el mayor incremento en la tasa de
desempleo español, ascendiendo a casi un 36 por 100 del desempleo total en diciembre de 2020. Señala
que esto se debe en gran medida a la inseguridad económica y a la incertidumbre que persiste en nuestro
mercado tras la pandemia sufrida.
3 Los datos macroeconómicos pueden ser comprobados en la página oficial del INE. Así mis-
mo, se puede acudir al Informe de Situación de la Economía Española de 2021 del Gobierno de Es-
paña, disponible en https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/
Documents/2021/290721-Informe-de-Situacion-Economia-espanola-2021.pdf.
4 Defendiendo este enfoque de las EI como la mejor herramienta activa que los Estados pueden
desarrollar como sistemas de protección a la exclusión social, vid. AGUILERA IZQUIERDO, R., El régimen ju-
rídico de las empresas de inserción, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 25. Además, realiza unas reflexiones
interesantes entre las herramientas activas y pasivas que en este sentido tienen los Estados, enfocándose
en destacar el riesgo de que los programas de asistencia social (medidas pasivas) condenen a los benefi-
ciarios a la pobreza o a depender indefinidamente de esos programas.
5 Vid. PANIAGUA ZURERA, M., Las empresas de la economía social. Más allá del comentario a la Ley
5/2011, de economía social, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 182; el cual destaca que el modelo social
europeo se fundamentaba en un tridente cultural y convivencial: «La existencia de unos sistemas de
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