Educación inclusiva y Espacio Europeo de Educación Superior: una perspectiva jurídico-constitucional
| Autor | Francisco Gutiérrez-Rodríguez |
| Páginas | 17-44 |
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA PERSPECTIVA
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
Francisco gutiérrez-rodríguez
En este capítulo se pretende responder jurídicamente a varias preguntas que
resultan trascendentales para comprender cuál debe ser el papel de las univer-
sidades ante la dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior.
En primer lugar, analizamos por qué el derecho fundamental a la educación
abarca también, como derecho constitucionalmente garantizado, a la enseñanza
universitaria. En segundo lugar, cómo esa educación, en virtud de la interpreta-
ción del artículo 27 de la Constitución que se deriva de las normas y acuerdos
internacionales, ha de ser inclusiva, no solo de los alumnos con discapacidad,
sino también de otros alumnos tradicionalmente infrarrepresentados de los es-
tudios universitarios. Por último, examinamos a qué administración pública co-
rresponde, según la legislación española, la tarea de hacer posible que la uni-
versidad sea inclusiva con la diversidad, para contribuir así a la cohesión social
en nuestro país y en toda Europa. El trabajo naliza con una serie de reexiones
que persiguen facilitar el adecuado entendimiento y desarrollo en la universidad
española de los elementos inclusivos del Proceso de Bolonia, tanto con propues-
tas de lege ferenda, como con recomendaciones y sugerencias para una adap-
tación satisfactoria a un espacio en constante evolución.
1. INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de la rma de la Declaración de Bolonia de 1999, Es-
paña se comprometió a formar parte del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y a procurar la convergencia de nuestros estudios universitarios con los
de otros muchos Estados del viejo continente. Tal compromiso hizo que la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), contemplara ya
una serie de medidas para posibilitar las futuras adaptaciones de la enseñanza
universitaria a las directrices emanadas del EEES, y que la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, de modicación de la anterior, buscara completar la plena inte-
gración del sistema español en dicho espacio. En desarrollo de estas normas, el
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Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias ociales, implantó hace ya más de una década
una nueva estructura de las titulaciones, así como las directrices, las condiciones
y el procedimiento para la vericación y acreditación de los planes de estudio.
Con esto quedó congurado, en sus rasgos esenciales, nuestro actual modelo
de universidad.
Desde entonces se han regulado en nuestro país, entre otras cuestiones, el
acceso, la expedición y homologación de títulos, las enseñanzas ociales de
doctorado, las prácticas externas, la acreditación y el régimen de concursos para
el acceso a los cuerpos docentes, los centros universitarios, los órganos de
coordinación, evaluación y nanciación… Sin embargo, no podemos entender
el EEES como un mero proceso de homologación de títulos, de fomento de la
movilidad interuniveristaria y de potenciación de la competitividad, sino que debe
ser también entendido como un espacio de promoción de la igualdad de oportu-
nidades, de participación y de integración. Esta dimensión social del Proceso de
Bolonia ha ido adquiriendo, poco a poco, a través de sucesivas declaraciones
de los Ministros de Educación europeos (Praga 2001, Berlín 2003, Bergen 2005,
Londres 2007, Lovaina 2009, Budapest-Viena 2010, Bucarest 2012, Yereván
2015 y París 2018), una relevancia cada vez mayor, hasta acabar siendo, como
han destacado Egido, Fernández y Galán (2014), una parte esencial del proceso
de convergencia universitaria europea.
La Enseñanza Superior, por tanto, está llamada en toda Europa a jugar un
papel muy importante en la consecución de la cohesión social, como ha expre-
sado el reciente Comunicado de París de 2018 en el que los Estados se han
comprometido
a desarrollar políticas que alienten y apoyen a las instituciones de educación
superior para que cumplan con su responsabilidad social y contribuyan a una
sociedad más cohesiva e inclusiva mediante la mejora del entendimiento inter-
cultural, el compromiso cívico y la conciencia ética, así como a garantizar el
acceso equitativo a la educación superior (p. 1).
Y ello pasa, necesariamente, por lograr unas universidades más inclusivas.
Por este motivo, otro de los compromisos asumidos en París obliga a “desarrollar
enfoques nuevos e inclusivos para mejorar continuamente el aprendizaje y la
enseñanza en todo el EEES”, algo que se reconoce que solo tendrá éxito si se
hace “en estrecha colaboración con la comunidad europea de educación supe-
rior, respetando plenamente la libertad académica y la autonomía institucional”.
No obstante, no podemos perder de vista que el EEES es fruto del volunta-
rismo de los Estados que lo forman, ya que las declaraciones y comunicados en
los que se sustenta no tienen la consideración de normas de derecho interna-
cional –no están sujetas a la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de
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