STS 1390/2005, 29 de Noviembre de 2005

Se ha denunciado vulneración del derecho del art. 24,2 CE al juez ordinario predeterminado por la ley, porque uno de los magistrados que llevaron a cabo el enjuiciamiento en la causa, el tercero de los que figuran reseñados en la sentencia, intervino antes en la resolución de varios recursos de queja y de apelación sobre la situación de prisión de los recurrentes, su procesamiento y denegación de pruebas, por lo que habría perdido la imparcialidad objetiva, y esto le inhabilitaba para la celebración del juicio.

La propia parte reconoce que fue consciente de esta circunstancia ya en el inicio de la vista, pero no la denunció debido a su convicción de que la sentencia tendría que ser absolutoria.

Además, consta en la causa que la providencia de 22 de marzo señalando ese acto para dos fechas más tarde fue dictada también con intervención del magistrado a que se alude.

Sin cuestionar en lo más mínimo cuál pudiera haber sido la intención de los recurrentes al mantener esa actitud, lo cierto es que, precisamente para evitar los demoledores efectos de diversa índole que provoca la anulación de un juicio y su reiteración (es obvio que ya nunca en las condiciones originales) el legislador condiciona la viabilidad de objeciones como la que se examina a que su formulación sea temporánea. Esto por la razonable inferencia de que quien sabiendo de una causa de recusación o abstención no denuncia es que, una de dos, no la da importancia o asume reflexivamente sus consecuencias. Y también porque el curso de la administración de justicia no puede quedar a expensas del capricho o el eventual cálculo de los implicados, ni a merced de sus intereses.

A ello se debe que la Ley de E. Criminal, en su art. 56 prescriba la inadmisión a trámite de la recusación que no hubiera sido planteada cuando se tuvo conocimiento de la posible causa. Y en el mismo sentido se pronuncia el art. 223 LOPJ .

De otra parte, el Tribunal Constitucional ha resuelto en el sentido de considerar tal exigencia inexcusable (por todas, STC 162/1999, de 27 de septiembre y las muchas que en ella se citan). Y en idéntico sentido sentencias de esta sala como la de 919/2004, de 12 de julio, 720/2004, de 2 de junio y 22 de marzo de 1996 .

En definitiva, y por lo expuesto, el motivo resulta inatendible.

Se ha alegado vulneración del derecho del art. 18,3 CE , al secreto de las comunicaciones telefónicas, por la forma irregular -se dice- como se llevaron a cabo las de esta causa. El argumento es que el juzgado instructor no contó con indicios para decidir con suficiente fundamento y, en consecuencia, las resoluciones que dictó, tanto al acordar las interceptaciones como al disponer las prórrogas, adolecen de falta de justificación suficiente.

La lectura de la sentencia pone clarísimamente de relieve que estas intervenciones, estrechamente encadenadas a partir de la primera y determinante, jugaron un papel esencial en la causa, pues sólo a ellas se debe el conocimiento concreto de la proyectada adquisición de cocaína en Madrid, que facilitó la interceptación de los implicados y la aprehensión de la sustancia.

A esto hay que añadir que la lectura del atestado de la Guardia Civil (folio 25 y ss.) permite comprobar cómo el conocimiento concreto de todos y cada uno de los datos relevantes desde el punto de vista de la imputación proceden de manera exclusiva de las escuchas.

El planteamiento dado al motivo obliga a verificar si las decisiones cuestionadas se adecuan al paradigma constitucional, según aparece recogido en bien conocida jurisprudencia. A tal efecto, por su alto valor indicativo, se tomarán como punto de referencia las sentencias del Tribunal Constitucional: 165/2005, de 20 de junio, 205/2002, de 11 de noviembre, 167/2002, de 18 de septiembre, 202/2001, de 15 de octubre, 299/2000, de 11 de diciembre y 239/1999, de 20 de diciembre, 49/1999, de 5 de abril, y 181/1995, de 11 de diciembre . Y las de esta sala: 200/2003, de 15 de febrero, 165/2000, de 10 de febrero de 2001, 1954/2000, de 1 de marzo de 2001 y 1233/2001, de 25 de junio .

Conforme al estándar recabable de tales resoluciones, la apreciación de la legitimidad de una medida como la de que aquí se trata, impone un primer juicio acerca de su proporcionalidad, esto es, dirigido a comprobar si con ella se persiguió un propósito constitucionalmente lícito y capaz de justificarla. Después, habrá que verificar si el sacrificio del derecho fundamental concernido era realmente necesario para conseguir ese fin, a tenor de los datos ofrecidos a la consideración del instructor.

A esto ha de añadirse que la legitimidad de la medida queda también condicionada a que se produzca la necesaria "expresión o exteriorización, por parte del órgano judicial, tanto de la existencia de los presupuestos materiales de la intervención (investigación, delito grave, conexión de las personas con los hechos) cuanto de la necesidad y adecuación de la misma (razones y finalidad perseguida)" ( STC 54/1996 ).

En el caso de este recurso, es patente que el fin invocado, la obtención de datos en la investigación y persecución de una conducta lesiva para la salud pública y conminada por el Código Penal con una pena grave, es, en sí mismo y en abstracto, constitucionalmente legítimo. Con lo que tal estimación trae a primer plano la exigencia de valorar si la medida fue ciertamente necesaria en el caso concreto para la consecución de aquel objetivo.

En esta segunda verificación hay que comprobar ahora si realmente la información policial ofrecida al Juzgado contenía datos de investigación previa seriamente sugestivos de que la actividad en cuestión podría ajustarse a las previsiones del art. 368 Cpenal y concordantes; y si esos datos, además, permitían concebir sospechas razonables de la implicación en ella del denunciado. Esto es, si los elementos de juicio sometidos a la consideración del Juzgado por la policía evidenciaban tener como presupuesto un trabajo de indagación de calidad bastante para entender que sus aportaciones justificaban la medida. Y esto, tanto por el contenido informativo de aquéllas, como porque fuera razonable pensar que estaban agotados todos los restantes medios de averiguación. Por último, es también necesario verificar si el Juez de instrucción ejerció de forma satisfactoria el control de la regularidad de la actuación policial a que está obligado, lo que tiene que desprenderse, con la necesaria claridad, de las resoluciones dictadas al efecto, tanto para autorizar inicialmente como para, en su caso, prorrogar las interceptaciones que hubiera autorizado.

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha ofrecido pautas de suma utilidad acerca del método que debe seguirse en tales comprobaciones. Al efecto, parte de la afirmación de que si la autorización de la intervención -por su grave incidencia en el derecho fundamental afectado- ha de estar rigurosamente fundada, la correspondiente resolución debe exteriorizar "razones fácticas y jurídicas". Más en concreto: "los datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo; indicios que son algo más que simples sospechas". Aquéllos, pues, han de contar con cierto fundamento de investigación identificable y susceptible de ulterior contrastación, que es lo que los distingue de las "meras hipótesis subjetivas", a las que también se refiere el Tribunal Constitucional, para negarles aptitud a esos efectos.

Abundando todavía más en el análisis, la alta instancia hace hincapié en la necesidad de distinguir entre "el dato objetivo" y el "delito" de cuya existencia el primero sería indicio; por la razón de que "la idea de dato objetivo indiciario tiene que ver con la fuente de conocimiento del presunto delito". De ahí que "el hecho en que el presunto delito puede consistir no puede servir como fuente de conocimiento de su existencia. La fuente del conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa".

Es decir, ni la solicitud de autorización de un control de conversaciones telefónicas ni, obviamente, el auto judicial que decidiera establecerlo pueden operar mediante una argumentación tautológica o circular; o lo que es lo mismo, teniendo por todo apoyo la afirmación insuficientemente fundada de la supuesta existencia del delito que se trataría de investigar. Así, no basta sostener, por más énfasis que se ponga en ello, que se está cometiendo o se va a cometer un hecho punible, aunque fuera gravísimo, para que resulte justificada -necesaria-, sólo por esto, la adopción de una medida de investigación invasiva del ámbito del derecho fundamental del art. 18,3 CE . Tal modo de actuar no puede asentarse en una sospecha genérica ni sobre un golpe de intuición; hábiles, en cambio, como legítimo punto de partida de otras formas de indagación dotadas de menor agresividad para la esfera íntima o privada de las personas, válidamente destinadas a obtener indicios dignos de tal nombre, pero no aptas para ocupar el lugar de éstos.

Aquí, decir indicios es hablar de noticia atendible de delito, de datos susceptibles de valoración, por tanto, verbalizables o comunicables con ese mínimo de concreción que hace falta para que una afirmación relativa a hechos pueda ser sometida a un control intersubjetivo de racionalidad y plausibilidad. De otro modo, el juez no podría formar criterio -que es lo que la ley demanda- para decidir con rigor, en atención al caso concreto y de manera no rutinaria, acerca de la necesidad de la medida que se solicita.

Lo que la ley impone al juez que conoce de una solicitud de esta índole no es la realización de un acto de fe, sino de un juicio crítico sobre la calidad de los datos ofrecidos por la policía, que -es obvio- debe trasladarle toda la información relevante de que disponga. Así, no bastan las meras afirmaciones desnudas sobre la posible existencia de un delito en preparación o en curso. Éstas, para que fueran serias, tendrían que constituir el resultado de una inferencia realizada a partir de determinados presupuestos de investigación y observación, que necesariamente tienen que ser ofrecidos al encargado de decidir al respecto, esto es, al instructor. De otro modo, se le privará de las referencias precisas para valorar adecuadamente la pertinencia de la solicitud. O lo que es igual, en presencia de un oficio esquemático, pero convenientemente sazonado con ingredientes tales como: "grupo organizado", "tráfico de estupefacientes a gran escala", "antecedentes penales" o investigaciones precedentes por delitos de esa clase, "patrimonio elevado", "contactos"... la única opción judicial posible sería la emisión automática de un auto accediendo a lo interesado. Algo equivalente a la efectiva delegación en la policía de atribuciones que son estrictamente judiciales.

Lo exigible en esta fase no es, desde luego, la aportación de un acabado cuadro probatorio. Pero sí que se pongan a disposición del juez aquellos elementos de juicio en virtud de los cuales la policía ha podido llegar, de forma no arbitraria, a la conclusión de la necesidad de implantar una medida tan grave como la injerencia en el ámbito de las comunicaciones telefónicas de algunas personas. Es decir, la aportación al juzgado por los agentes investigadores de las explicaciones relativas a su forma de actuación en el caso. Dicho con palabras del Tribunal Constitucional (sentencia nº 167/2002 ), cuando en la solicitud de intervención se afirma que el conocimiento del delito se ha obtenido por investigaciones, "lo lógico es exigir al menos que se detalle en dicha solicitud en qué ha consistido esa investigación".

Por otra parte, en caso de incumplimiento o de un cumplimiento no satisfactorio de esa elemental exigencia legal, nada más fácil ni de más fácil realización por el instructor que la solicitud de una ampliación de los datos, cuando los ofrecidos fueran insuficientes. La mayoría de las veces, un defecto semejante podría resolverse mediante la realización de una simple comparecencia.

Con el modo de actuar que se reclama, tanto la actividad policial como la judicial gozarían del grado de profesionalidad y rigor exigible en materias tan sensibles por su incisividad en derechos básicos. Y, además, las correspondientes actuaciones tendrían toda la eficacia para la persecución de los delitos de la que se les priva, lamentablemente, con las malas prácticas policiales y judiciales que, en ocasiones, desembocan en ineludibles declaraciones de nulidad.

Así las cosas, es claro el tipo de juicio requerido y cuya temporánea realización por el juez se ha de verificar cuando, como es el caso, aparece cuestionada por vía de recurso la existencia de los presupuestos habilitantes de una intervención telefónica y la corrección jurídica de su autorización. Un juicio que ha de operar con rigor intelectual con una perspectiva ex ante, o lo que es lo mismo, prescindiendo metódicamente del resultado realmente obtenido como consecuencia de la actuación policial en cuyo contexto se inscribe la medida cuestionada. Porque este resultado, sin duda persuasivo en una aproximación extrajurídica e ingenua, no es el metro con el que se ha de medir la adecuación normativa de la injerencia. De otro modo, lo que coloquialmente se designa como éxito policial sería el único y máximo exponente de la regularidad de toda clase de intervenciones; cuando, es obvio, que tal regularidad depende exclusivamente de que éstas se ajusten con fidelidad a la Constitución y a la legalidad que la desarrolla. Lo contrario, es decir, la justificación ex post, sólo por el resultado, de cualquier medio o forma de actuación policial o judicial, equivaldría a la pura y simple derogación del art. 11,1 LOPJ e, incluso, de una parte, si no todo, del art. 24 CE .

Esa obligada disociación del resultado finalmente obtenido de sus antecedentes, para analizar la adecuación de éstos, considerados en sí mismos, al paradigma constitucional y legal de pertinencia en razón de la necesidad justificada, es, precisamente, lo que tiñe de dificultad la actividad de control jurisdiccional y, con frecuencia, hace difícil también la aceptación pública de eventuales declaraciones de nulidad. Como ponía de manifiesto una sentencia de esta misma sala (de 21 de septiembre de 1999), que, a la vez, señalaba el alto significado pedagógico de decisiones de esa clase cuando dictarlas resulte obligado en una correcta lectura de los preceptos de referencia.

La exigencia de cierta concreción en los datos de apoyo de una solicitud de escucha telefónica es presupuesto obligado de la dirigida al Juez, que le impone un juicio motivado, suficiente, tanto sobre la proporcionalidad e idoneidad de la medida a tenor del delito de que pudiera tratarse, como sobre la necesidad de su adopción, y acerca del fundamento indiciario de la atribución de una implicación en aquél al titular de la línea. El Tribunal Constitucional ha señalado que la autorización judicial ha de ser "específica", es decir, debe "atender a las circunstancias concretas", y tiene que ser también "razonada" ( STC 181/1995 ).

Y no sólo, en la sentencia nº 167/2002, de 18 de septiembre se lee: "El hecho de que en el auto se concrete con precisión el delito que se investiga, las personas a investigar, los teléfonos a intervenir y el plazo de intervención no basta para suplir la carencia fundamental de la expresión de los elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte a la investigación, y la falta de esos indispensables datos no puede ser justificada a posteriori por el éxito de la investigación misma". Que es por lo que, incluso cuando el auto "no incorpor[a], aunque existieran, las razones que permitieran entender que el órgano judicial ponderó los indicios de la existencia del delito y la relación de la persona respecto de la que se solicitó la intervención de sus comunicaciones telefónicas con el mismo (...) hay que concluir que el órgano judicial no ha valorado en los términos constitucionalmente exigibles la concurrencia del presupuesto legal habilitante para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones".

Siempre a juicio del propio Tribunal Constitucional, no basta que la autorización del establecimiento de la intervención telefónica se ajuste al criterio indicado. Es también indispensable que el control judicial efectivo, que "se integra en el contenido esencial del derecho", se mantenga vivo durante "el desarrollo y cese de la misma". De manera que, de no ser así, "queda afectada la constitucionalidad de la medida", pues "la ausencia de control, (...) supone la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones ( art. 18,3 CE )".

La decisión del recurso hace necesario el examen de la acontecido en esta causa, a la luz de las precedentes consideraciones.

El funcionario que suscribe el oficio de 24 de julio de 2000, que encabeza las actuaciones dice lo siguiente:

1. Por confidencias, se sospecha que Alfredo se dedica al tráfico de cocaína.

2. Investigaciones -que no se detallan en lo más mínimo- indican:

   a') Que está en paro, no tiene trabajo estable y lleva un nivel de vida bastante alto, disponiendo siempre de gran cantidad de dinero.

   b') Que utiliza el móvil para la adquisición de droga.

   c') Que mediante ese medio contacta con el vendedor y se desplaza a algún lugar donde recibe la sustancia.

   d') Que le ayuda su hermana Julieta con la que acude a la localidad de Villanúa, cada uno en un vehículo, conduciendo ella el primero, para avisar a Alfredo de la posible presencia policial en la vía.

   e') Que en las fiestas de Sabiñánigo recibió la ayuda de su hermano Jose Miguel para repartir cocaína en el pueblo.

3. Luis Manuel se dedica también al tráfico de drogas en Jaca y Sabiñánigo y se comunica con los hermanos citados mediante el teléfono móvil.

En vista del contenido de este oficio, la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaca dictó un auto con fecha del día siguiente, dando lugar a la petición. En él consta como Hechos la existencia de una solicitud de intervención telefónica "para esclarecer un presunto delito de contra (sic) la salud pública que están investigando". Y, como Razonamientos jurídicos, que de lo expuesto por la Guardia Civil se deduce que existen "fundados indicios" de que mediante la intervención y escucha de los teléfonos que se reseñan "pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de un delito de tráfico de drogas", en el que pudieran estar implicados los individuos a que se ha hecho mención.

El 25 de agosto de 2000 el mismo funcionario que había suscrito el oficio inicial, dirigió otro al juzgado en el que, tras afirmar que "de las escuchas (...) están surgiendo numerosas conversaciones con interés, relacionadas con el delito que se investiga", solicitaba que se mantuvieran durante otro mes. Y la titular de aquél dictó auto en la misma fecha en el que después de hacerse eco de la petición, decía, literalmente: "De las conversaciones telefónicas intervenidas se reflejan los indicios que motivaron el establecimiento de esta medida que sigue siendo necesaria para comprobar la ilícita actividad desarrollada...". Y, en fin, daba lugar a lo solicitado.

El 6 de septiembre de 2000 tuvo entrada en el juzgado un nuevo oficio, ahora con petición de cese de la medida relativa al teléfono de Luis Manuel, que se habría dado de baja como abonado, y de la intervención del correspondiente a Jose Miguel. Como en el caso anterior con la única afirmación de que en las conversaciones interceptadas se habrían tratado "temas de interés para la investigación". Y a este oficio siguió un auto de idéntica factura que los ya aludidos.

Estas medidas son las que hicieron posibles la totalidad de las actuaciones que fundan la inculpación de los recurrentes y del resto de los acusados en la causa.

Las vicisitudes policiales y judiciales que acaban de reseñarse ponen de manifiesto que todo lo aportado por la Guardia Civil se redujo a la mera sospecha de que ciertos individuos podrían estar implicados en actividades de venta de cocaína, es decir, en la realización de un delito. Pero sin trasladar al juzgado antecedente alguno de la investigación, supuestamente en curso. De modo que, en ese momento y con base tan precaria, era imposible formar juicio acerca de la seriedad del fundamento de aquélla.

Esto se comprueba con sólo aplicar al examen del contenido de los oficios de referencia el modelo de análisis que prescribe el Tribunal Constitucional (entre otras en STC 299/2000 ) -y antes aún, la más obvia pauta del operar racional- que obliga a distinguir tres planos de discurso. Son los relativos:

1. Al posible delito.

2. A los indicios sugestivos de que podría hallarse en curso de preparación o de ejecución por determinadas personas.

3. A la actividad investigadora que condujo a la obtención de estos datos.

A partir de esta triple distinción, lo que se diga en a) resultará atendible si, y sólo si, tiene razonable apoyo empírico en el contenido de b); y siempre que éste goce de cierta plausibilidad como resultado predicable de las diligencias de averiguación relacionadas en c).

Es bien claro que se trata de actuaciones preliminares; y que, dado el momento, no cabe exigir pruebas (como tantas veces innecesariamente se dice). Pero también resulta inobjetable que, por la gravedad de las injerencias, lo que hay que ofrecer al juzgado es una sospecha de delito con apoyo en datos de cierta objetividad y bien obtenidos, que es lo que la hace útil como hipótesis de trabajo.

Pues bien, actuando con ese criterio, se advierte:

1. Que, como es obvio, concurre la invocación de un posible delito, en el caso, de tráfico de estupefacientes junto con la sugerencia relativa a cómo supuestamente se estaría llevando a cabo. Hasta aquí, pues, la mera comunicación de la sospecha.

2. Que los datos indiciarios se agotan en una referencia -inexpresiva por genérica- al modo de vida de Alfredo. Porque lo avanzado sobre la adquisición de la droga y su posterior venta queda en meras suposiciones de las que apenas cabría colegir que en una o alguna ocasión -¿ cuántas, cuándo?- Alfredo se desplazó a Villanúa conduciendo un automóvil y siguiendo a su hermana que lo hacía al volante de otro.

3. Que aunque se habla de meses de investigación, no se aporta indicación alguna sobre las particularidades del desarrollo de la misma, de la que, en consecuencia, nada pudo saber el juzgado.

4. Que la pobreza e inconcreción de las aportaciones del oficio las hace perfectamente atribuibles, en exclusiva, a la confidencia de que el firmante habla al comienzo.

Cosa bien distinta sería que a partir de una noticia confidencial, en virtud de actos de vigilancia mínimamente documentados, se hubiera llegado a la conclusión relativa al género de vida del sospechoso mediante seguimientos durante los que se le hubiese visto -por ejemplo- frecuentar regularmente determinados restaurantes, adquiriendo alguna clase de bienes de consumo, utilizando como titular cierto vehículo de alta gama, vistiendo ropas de marca... Y, también, que las afirmaciones relativas al modus operandi aparecieran conectadas con una actividad de observación en la que se hubiese advertido que el vigilado hacía desplazamientos regulares a Villanúa, precisamente, en días significativos, como los del fin de semana, para llegar a lugares como -por seguir con los ejemplos- discotecas y bares de alterne, con permanencias fugaces en los mismos, compatibles con la rápida entrega de algo. Y que, sintomáticamente, en tales traslados, era habitualmente precedido por su hermana, que, a pesar de viajar con idéntico destino y a la misma hora, lo hacía en otro vehículo.

Pero lo cierto es que en el origen de la causa no hay nada de esto, sino sólo la noticia de la posible existencia de un delito supuestamente en preparación, que sería la conclusión de una investigación policial sobre la que reina la más absoluta reserva y cuyo resultado podría calificarse de decepcionante, vista la pobreza de lo obtenido.

En vista de semejante modo de operar policial, la Juez de Instrucción debería haber rechazado de plano la petición o, en otro caso, solicitado una ampliación de los elementos de juicio, con la aportación de detalles sobre la naturaleza y la calidad de la indagación. Pero, lamentablemente, no hizo nada de esto, renunciando a la posibilidad de contrastar mínimamente la atendibilidad de las afirmaciones contenidas en el oficio, de manera que, al decidir como lo hizo, sin datos, exteriorizó una actitud de mera confianza acrítica en ellas, a pesar de su pobrísimo contenido y patente insuficiencia.

Tal es lo que se sigue de la lectura del auto inicial, limitado a reproducir, en síntesis, parte de lo manifestado por la policía, sin el menor análisis. Actitud que no es ciertamente la que reclama el art. 579, 2º y 3º Lecrim constitucionalmente interpretado. De este modo, la falta de fundamento de la solicitud se transmitió al auto que la asumió de manera mecánica.

Por tanto, hay que concluir que el Juzgado ordenó la intervención solicitada sin ajustar su actuación a las prescripciones legal-constitucionales que le vinculaban, por la asunción rutinaria de algunas débiles conjeturas policiales de nulo valor informativo. Con ello, delegó de hecho en un sujeto administrativo una función de garantía de naturaleza estrictamente judicial. A esto debe sumarse el hecho de que se hubiera seguido idéntico proceder en la autorización de las prórrogas, para las que la instructora no contó siquiera con la transcripción sintética del contenido de algunas conversaciones.

Estas circunstancias hacen difícil entender con qué criterio la Audiencia Provincial pudo llegar a afirmar en la sentencia que la actuación judicial (y la de la Guardia Civil) -no analizadas en lo más mínimo- se ajustaban al estándar jurisprudencial al que se refiere en términos generales y sin contrastar con él el contenido de las actuaciones, que era lo obligado.

Como ha declarado el Tribunal Constitucional, "el control judicial de la ejecución de la medida se integra en el contenido esencial del derecho". Y siendo así, no hay duda de que éste -es decir, el contenido esencial del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ( art. 18,3 CE )- se ha visto negativamente afectado, de manera intensa, en esta causa, precisamente en el curso de la actividad de indagación que permitió obtener todos los datos posteriormente utilizados como incriminatorios y que constituyen la base de la sentencia de condena, conforme resulta inequívocamente del tenor de la misma y, antes, del atestado, en los que se hace clara referencia a las escuchas como fuente del conocimiento que llevó a la incautación de la droga.

Así, hay que entender que ha sido asimismo lesionado el derecho a la presunción de inocencia, pues la condena -a falta de otras aportaciones probatorias valorables- sólo se funda en la procedente de una actividad connotada de ilegitimidad constitucional ( sentencias del Tribunal Constitucional 299/2000, de 11 de diciembre, 81/1999, de 2 de abril, 49/1999, de 5 de abril ), que según prescribe el art. 11,1 LOPJ carece de aptitud para ser apreciada como de cargo.

Así, deben acogerse los motivos que han sido objeto de estudio, lo que hace innecesario detenerse en los restantes.

Aunque sólo han recurrido los hermanos AlfredoJose Miguel, por imperativo del art. 903 Lecrim , lo resuelto debe producir efectos para todos los condenados.

III.

FALLO

Estimamos el recurso de casación por quebrantamiento de precepto constitucional interpuesto por la representación de Alfredo y Jose Miguel contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, Sección Primera, de fecha 4 de mayo de 2004 que condenó a los recurrentes y a otros acusados como autores de sendos delitos contra la salud pública, y, en consecuencia, anulamos esta resolución extendiendo sus efectos a todos los condenados.

Declaramos de oficio las costas causadas en este recurso.

Comuníquese esta sentencia con la que a continuación se dictará a la Audiencia Provincial de Huesca con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil cinco.

En la causa número 3/2000, del Juzgado de instrucción número 2 de Jaca, seguida por delito contra la salud pública contra Alfredo, nacido en Jaca el día 8 de octubre de 1970, hijo de Francisco y de Rosa, con D.N.I. NUM001, en libertad provisional por esta causa; Jose Miguel, nacido en Jaca, el día 19 de febrero de 1972, hijo de Francisco y de Rosa, con D.N.I. NUM002, en libertad provisional por esta causa; Jose Manuel, nacido en Jaca el día 7 de septiembre de 1976, hijo de Antonio y de Caridad, con D.N.I. NUM003, en libertad provisional por esta causa; Teresa, nacida en Jaca, el día 24 de abril de 1964, hija de Nicolás y de Emilia, con D.N.I. NUM004, en libertad provisional por esta causa; Íñigo, nacido en Berga (Barcelona), el día 21 de septiembre de 1972, hijo de Francisco y de Ángeles, con D.N.I. NUM005, en libertad provisional por esta causa; Augusto, absuelto en la instancia, Luis Manuel, nacido en Salamanca, el día 29 de diciembre de 1959, hijo de Eusebio y de Cristina, con D.N.I. NUM006, en libertad provisional por esta causa, la Audiencia Provincial de Huesca, Sección Primera, dictó sentencia en fecha 4 de mayo de 2004 que ha sido casada y anulada por la dictada en el día de la fecha por esta sala integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.