ATS 1003/2004, 18 de Junio de 2004
| Ponente | D. JOSE RAMON SORIANO SORIANO |
| ECLI | ES:TS:2004:8095A |
| Número de Recurso | 14/2004 |
| Procedimiento | PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO |
| Número de Resolución | 1003/2004 |
| Fecha de Resolución | 18 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
ABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por quebrantamiento de forma e infracción de ley, interpuesto por el acusado Pedro Antonio, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinta, de fecha 5 de marzo de 2.003, en causa seguida contra el mismo por delito de estafa. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas procesales ocasionadas en su recurso. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Diego Ramos Gancedo , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
En la Villa de Madrid, a quince de Enero de dos mil cuatro.I. HECHOS
Dictada Sentencia por la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 8ª), en autos nº 57/2002, se interpuso Recurso de Casación por Oscarrepresentado por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Paloma Muelas García.
En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución, el Magistrado Excmo. Sr. Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Por la representación procesal del recurrente, condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, de 20 de noviembre de 2002, por un delito contra la salud pública sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de tres años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa de 230 euros, se formalizó recurso de casación fundado en dos motivos de impugnación. El primer motivo casacional alegado, se ampara en el art. 5.4º de la L.O.P.J. por vulneración del art. 24.2 de la Constitución Española y el segundo al amparo del nº1 del art. 851 de la L.E.Crim. por contradicción en los hechos probados y por predeterminación del fallo, comenzando a examinar en primer lugar el pretendido vicio formal siguiendo un orden lógico derivado de las disposiciones de los arts. 901 bis a) y 901 bis b) de la L.E.Crim.
El motivo aducido por quebrantamiento de forma, se ampara en el nº1 del art. 851 de la L.E.Crim. por contradicción en los hechos probados y por consignar como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implican la predeterminación del fallo.
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Alega el recurrente que la sentencia manifiesta como hecho probado que los 1,89 gramos de cocaína estaban depositados en tres bolsas de plástico lo cual es contradictorio con el hecho de que el acusado enseña un papel blanco a un tercero y por otro lado se estima que se ha producido la predeterminación del fallo cuando se consigna que la droga poseída estaba destinada a la distribución entre terceros consumidores o compradores que se lo solicitaban.
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En lo que se refiere a la contradicción, hemos dicho en la STS nº 489/2001, de 27 de marzo, con cita de la STS nº 168/1999 de 12 de febrero de 1999, "que sólo existe el quebrantamiento de forma que se aduce cuando se dan las siguientes condiciones:
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Que la contradicción sea interna, esto es, que se dé entre los pasajes del hecho probado, pero no entre éstos y los fundamentos jurídicos.
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Que sea gramatical, es decir, que no sea una contradicción deducida a través de una argumentación de carácter conceptual ajena al propio contenido de las expresiones obrantes en el relato fáctico, sino que se trate de contradicción «in terminis» de modo que el choque de las diversas expresiones origine un vacío que arrastre la incongruencia del fallo, porque la afirmación de una implique la negación de la otra.
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Que sea manifiesta e insubsanable en cuanto oposición antitética y de imposible coexistencia simultánea y armonización, ni siquiera con la integración de otros pasajes del relato.
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Que sea esencial y causal respecto del fallo". (STS 27-9-2002)
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No puede apreciarse en este caso la contradicción a la que alude el recurrente pues el hecho de que los 1,89 gramos de cocaína estuvieran contenidos en tres bolsas de plástico no excluye el hecho de que el hoy recurrente enseñara al tercero un objeto de papel blanco, que además según el análisis realizado también contenía cocaína. Lo que ha ocurrido es que el Juzgador "a quo" ha consignado la totalidad de la droga en las tres bolsitas sin distinguir que parte de la misma estaba en el envoltorio de papel, pero ello no supone una contradicción terminológica y en el presente caso tal referencia carece de trascendencia alguna.
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Como se dice en la STS nº 667/2000, de 12 de abril, la predeterminación del fallo que se contempla y proscribe en el art. 851.1º de la LECrim, es aquella que se produce exclusivamente por conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal aplicado y que según una reiteradísima jurisprudencia (Sentencias de 7 de mayo de 1996, 11 de mayo de 1996, 23 de mayo de 1996, 13 de mayo de 1996, 5 de julio de 1996, 22 de diciembre de 1997,30 de diciembre de 1997, 13 de abril de 1998, 20 de abril de 1998, 22 de abril de 1998, 28 de abril de 1998, 30 de enero de 1999, 13 de febrero de 1999 y 27 de febrero de 1999) exige para su estimación:
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Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado.
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Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan sólo para los juristas o técnicos y no compartidas en el uso del lenguaje común.
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Que tengan un valor causal apreciable respecto del fallo.
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Que, suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el hecho histórico sin base alguna y carente de significado penal (STS nº 667/2000, de 12 de abril). (STS 15-10-2003)
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De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta no cabe apreciar el quebrantamiento de forma invocado, pues la frase que el recurrente señala como predeterminante está construída con términos de uso habitual sin que sea necesario estar versado en el mundo jurídico para alcanzar su comprensión. Por otro lado resulta evidente que suprimida la frase que el recurrente estima como predeterminante el relato de hechos probados continúa teniendo significación, pudiendo reconstruirse tal inferencia a través del resto de los extremos fácticos que en el hecho probado se contienen.
Procede en consecuencia con lo expuesto, la inadmisión del motivo casacional alegado, de acuerdo con las disposiciones del art. 885 nº1 de la L.E.Crim.
El siguiente motivo casacional alegado, se ampara en el nº1 del art. 849 de la L.E.Crim. en relación con el art. 5.4º de la L.O.P.J. por vulneración del art. 24.2 de la Constitución Española.
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Alega el recurrente que en la sentencia recurrida no hay elementos probatorios para poner de relieve la culpabilidad del acusado respecto del delito contra la salud pública por el que ha sido condenado, y por ello se esta ante una inexistencia de prueba y falta de aplicación del principio in dubio pro reo y una aplicación indebida del art. 368 del Código Penal al no haber realizado ninguna actividad de las comprendidas en el citado artículo.
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El derecho a la presunción de inocencia, tiene rango de derecho fundamental en nuestro derecho al aparecer reconocido en el artículo 24 de la Constitución, e implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. Así lo reconocen también el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal de casación a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias agravatorias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos. También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparta de las reglas de la lógica y no es, por lo tanto, irracional o arbitraria. Ello no implica una autorización para invadir el campo de la valoración de la prueba, extremo que corresponde al Tribunal de instancia, ante el cual se practica, y que puede por ello realizar un análisis conjunto y completo de toda la practicada (STS 8-9-2003)
Cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que merece cada testigo corresponde al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en casación, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquél Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraria. Tiene dicho esta Sala en la STS nº 951/99, de 14 de junio de 1.999, que "...el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos. Por el contrario, son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia. En este sentido se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos, en principio, queda fuera de las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación (cfr. SSTS 22-91992 y 30-3-1993). (STS 23-5-2003)
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El Tribunal de instancia señala como prueba fundamental en la que asentar su convicción incriminatoria las declaraciones de los testigos. En primer lugar se refiere a las declaraciones del agente de la policía que en el acto del juicio oral relató como pudo observar que el hoy recurrente hacía un movimiento enseñando a un tercero un envoltorio o envase blanco, interviniéndole después los envoltorios con la droga. Por otro lado se refiere a las declaraciones de la persona a quien el recurrente mostró el envoltorio, persona que declaró que en otras ocasiones el acusado le había conseguido droga pagándosela después pero sin ningún margen lucrativo, declarando que no se trataba de ello en esa ocasión.
Sin embargo en su declaración ante el Instructor el testigo declaró que el día de los hechos no iba a compartir la droga que tenía el acusado y que este la había comprado para él pues era para consumirla él en Noche Buena con sus amigos. En este sentido la doctrina de esta Sala señala que cuando un testigo o acusado declara en el juicio oral en un sentido diverso a lo manifestado en la instrucción, el Tribunal, como una expresión más del principio de apreciación conjunta de la prueba, puede tener en cuenta cualquiera de tales declaraciones, total o parcialmente, asumiendo, en su caso, las precedentes al juicio, con tal de que en la diligencia de instrucción se hayan observado las formalidades y requisitos exigidos por la Ley, y que de algún modo, normalmente a través del trámite del artículo 714 de la LECrim, se incorpore al debate del plenario el contenido de las anteriores manifestaciones prestadas en el sumario o diligencias previas. O, al menos, que en el desarrollo del juicio se contengan referencias a lo expresado por testigos o acusados en sus comparecencias ante policía y Juez instructor; lo que puede deducirse, incluso, del propio contenido de las preguntas o respuestas reflejadas en el acta del juicio. No imperando un riguroso criterio formalista y siendo lo importante que las originarias declaraciones queden introducidas en el mecanismo contradictorio o debate propio del juicio oral. (STS 20-3-97)
De acuerdo con la prueba practicada el Tribunal de instancia estima que el hoy recurrente tenía la droga para proporcionársela al testigo como había hecho en otras ocasiones, actividad que favorece y facilita el consumo de tal sustancia y resulta incardinable en el art. 368 del Código Penal.
A la vista de lo expuesto se constata la existencia de prueba suficiente y con contenido inculpatorio apta para enervar el derecho a la presunción de inocencia que se invoca.
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En cuanto se refiere al principio "in dubio pro reo", es menester recordar que el mismo no constituye, en principio, un derecho especialmente reconocido en la Constitución y que, por ello, tenga abierta las puertas de la casación (art. 5.4 LOPJ y ss. T.S. de 25 de junio de 1990, 20 de enero de 1993, 21 de mayo de 1996 y de 12 de junio de 1997, entre otras), dado que, en el trámite casacional, únicamente cabe denunciar la vulneración de este principio cuando el Tribunal sentenciador, pese a reconocer sus dudas sobre determinado o determinados extremos fácticos, con efectiva transcendencia para la calificación jurídica del hecho enjuiciado, ello no obstante, haya condenado a alguna persona, en cuanto que, en tal caso, la resolución judicial no sería razonable sino más bien arbitraria (v. art. 9.3 C.E.) y, por ende, carecería de la necesaria motivación suficiente (v. art. 120.3 C.E.) (STS 16-10-2003).
Mas, en el presente caso, es patente que el Tribunal de instancia no ha expresado ninguna duda sobre los hechos que ha declarado expresamente probados.
Procede la inadmisión del motivo casacional alegado, de acuerdo con las disposiciones del art. 885 nº1 de la L.E.Crim.
En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:III. PARTE DISPOSITIVA
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
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