STS 1168/1998, 12 de Diciembre de 1998

En el primer motivo los recurrentes, al amparo del número 3º del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil, alegan quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, causante de indefensión, por infracción de los artículos 533-2º y 503 de dicho texto legal, a fin de combatir la sentencia de apelación en cuanto no estimó la excepción alegada de falta de personalidad en el actor don Victor Manuel, por carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio o por no acreditar el carácter o representación con que reclama, ya que demandó no sólo en nombre propio, sino también en el de su esposa doña María Luisae hijos menores del matrimonio en este procedimiento por culpa médica, para reclamar daños y perjuicios sufridos por su cónyuge, derivados de la actuación facultativa a la que fue sometida.

Se apoya la excepción en que el referido demandante actuó careciendo de la representación de su esposa, pues no consta se le hubiera conferido, conforme al artículo 71 del Código Civil, ni hubiera sido declarada incapaz al tiempo de interposición de la demanda.

El motivo no procede. Las razones del Tribunal de Instancia son suficientemente válidas y se aceptan, toda vez que la esposa quedó afectada de grave atrofia cerebral y con ello sometida a un estado de vida vegetativa de carácter permanente e irreversible, como secuela de la actuación médica que se le practicó y generó estos procesos. Si la mujer estaba incapacitada para regir su persona y administrar sus bienes, mal podía comparecer en el pleito como litigante activa, por carecer de las cualidades exigidas para ello. Los recurrentes parecen dar a entender y exigen que tenía necesariamente que haber planteado la demanda esta persona absolutamente incapaz, con lo que más bien lo que tratan es de exonerarse de afrontar las responsabilidades que se les exigen.

Ha quedado acreditado que la deficiencia inicial de la legitimación del actor fue debidamente subsanada durante la tramitación del pleito, toda vez que por sentencia de 25 de noviembre de 1992 (dictada en el juicio de menor cuantía número 494/92 del Juzgado de Primera Instancia uno de Palma de Mallorca), fue declarada totalmente incapaz la referida doña María Luisa, constando en dicho proceso haberse nombrado defensor judicial al referido esposo, al que, por ministerio de la Ley -artículo 234-1º del Código Civil- le corresponde ostentar el cargo de tutor y, en todo caso, al asistirle condición de defensor judicial, vino a asumir la correspondiente actividad que le autorizaba a la representación y defensa y tutela de la presunta incapaz de conformidad con los artículos 299, 215 y concordantes del Código Civil.

El fallo de la sentencia contiene la decisión de que "procédase a cuanto sea menester mientras se nombre tutor", con lo que la actuación procesal del marido está plenamente justificada, al haber demandado ejercitando culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, y a efectos de evitar el perecimiento de la acción por incidencia del breve plazo de su ejercicio de un año -artículo 1968-2º del Código Civil-.

En cuanto a la legitimación entendida también como capacidad de obrar procesal, de don Imanolpara actuar en su nombre propio y en el de los hijos menores del matrimonio, así como la del hijo mayor de edad, don Imanol, les asiste ya que reclaman daños morales consecuentes a la situación física de la esposa y madre y la notoria inexistencia de su asistencia conyugal y maternal, en todas sus dimensiones, desde la física a la sentimental y espiritual, por ser nulas sus aportaciones de vida material e inteligencia emocional.

No se trata en este caso de manifiestas faltas de legitimación procesal (Sentencia de 18-3-1993). Al padre en cuanto a los hijos menores y también a efectos de otorgar poder a Procuradores, le amparan los artículos 154, 156 y 162 del Código Civil y su intervención al demandar por la esposa, con capacidad jurídica totalmente nula, cumple con el mandato del artículo 24 de la Constitución a fin de obtener tutela judicial efectiva.

El motivo se desestima.

Con apoyo en el artículo 359 de la Ley Procesal Civil, el motivo segundo acusa de incongruente a la sentencia recurrida, por haber introducido variación de la "causa petendi", ya que se argumenta que la base fáctica de las demandas acumuladas era que las graves e irremediables secuelas que afectan a doña María Luisa, fueron como consecuencia de su reacción alérgica a los medicamentos suministrados por vía intravenosa durante la inducción anestésica practicada por el médico recurrente, don Marco Antonio, lo que el Tribunal de Instancia no estableció como causa- efecto decisiva, al sentar como hecho probado que la causa determinante de la paraplejía total que sufre la paciente de referencia, fue que a los pocos minutos del inicio de las actividades de anestesia le afectó una hipotensión a cero, por no haber sido intubada correctamente con antelación, sin descartar que por razón de tan acusado descenso de la tensión se hubiera producido una tardía intubación.

Resulta sabido, por ser notorio del conocimiento popular, lo difícil que es en estos casos para los litigantes el precisar las actuaciones médicas y las sanitarias que, por negligentes o defectuosas, atentan y dañan la salud de las personas, así como aportar las pruebas corroboradoras necesarias, ante la pasividad unas veces y otras la falta de colaboración y hasta oposición sostenida y conciliada de médicos, sanitarios y centros asistenciales, y es la actividad probatoria llevada a cabo con las debidas garantías legales-procesales la que los determina. En el caso de autos la "causa petendi" no es otra que la conducta culpabilística del facultativo anestesiólogo que recurre, por mala, deficiente y negligente actuación con graves y permanenciales consecuencias, dañosa para la salud de la persona, que resultò perfectamente identificada, lo que hace aplicable la responsabilidad por culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil.

Si el resultado de la valoración judicial probatoria es el que se deja dicho, no puede alegarse indefensión por el solo hecho de que sea adversa a los intereses de los que recurren, cuando tuvieron participación en la practica de las pruebas admitidas y la posibilidad de solicitar se llevasen a cabo las que tuvieran por conveniente para su defensa.

La incongruencia decisoria se produce cuando se concede algo distinto de lo pedido y debe resultar de comparar lo suplicado en la demanda con los términos del fallo combatido (Ss. de 22-4-1988 y 21-12-1996), que no es el caso de autos, ya que no se ha producido sustitución de las cuestiones debatidas por otras completamente distintas ni se ha tenido lugar cambio de acción.

Se aduce infracción e inaplicación del artículo 1214 del Código Civil, lo que no conjuga, pues si se tuvo en cuenta, aunque fuera incorrectamente, no cabe alegar su inaplicación, para sostener (motivo tercero) que el Tribunal "a quo" decretó la concurrencia de culpa civil imputable al anestesista, careciendo de pruebas suficientes para poder calificar su actuación como negligente y omisiva y concretamente por haber llevado a cabo intubación defectuosa.

El motivo reproduce el anterior y deja de lado que la función valorativa del conjunto probatorio corresponde a los órganos judiciales, haciendo crítica de la misma y sin acreditar, pues no se alegó error de derecho. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca llevó a cabo elogiosa actividad, que se presenta exhaustiva, al analizar las posibles causas determinantes del grave resultado final, para llegar a determinar su causa eficiente, dotada del necesario nexo causal, que se deja establecida.

No se ha producido alteración de la regla distributiva del "onus probandi" y queda vedado alegar en casación el artículo 1214 cuando los juzgadores de instancia obtienen su convicción decisoria por cualquiera de las pruebas obrantes en el pleito, con independencia del litigante que las hubiera proporcionado. La infracción del precepto sólo cabe invocarla en los casos de ausencia total de prueba de un hecho concreto, conforme conocida y reiterada jurisprudencia (Ss. de 10-5-1990, 11, 27 y 28- 2-1992). Tampoco están autorizados los recurrentes a revisar las probanzas obrantes en el pleito y menos aportar su apreciación parcial e interesada.

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una actuación médica, en principio correcta y dotada de las medidas y precauciones adecuadas de forma general, pero que desembocó en un grave e irreparable resultado, que afecta de manera negativa e irremediable a la salud de la enferma, al quedar reducida a vida vegetativa, cuando antes de la intervención gozaba de salud suficiente para llevar una vida normal y la familiar propia de su estado de casada, con lo que se está ante un mal resultado que se presenta desproporcionado, conforme a la sentencia de 18 de febrero de 1997. De ahí que el Tribunal de Apelación efectuara búsqueda juzgadora muy atenta en el material probatorio para llegar a la decisión que se icombate, que no es imaginativa ni menos inventada, sino corroborada con hechos demostrados que se estudian y aportan, los que resultan suficientes para justificar el fallo condenatorio pronunciado.

Conforme a la doctrina más avanzada de esta Sala de Casación Civil, en materia de culpa médica, correspondía a los recurrentes haber probado que se empleó correcta praxis y se practicó el intubado con todas las condiciones de previsión, oportunidad y seguridad suficientes para evitar los gravísimos daños ocasionados, lo que llevaría a la posibilidad de poder contemplar supuesto de caso fortuito, cuya demostración cumplida corresponde a quien resulte demandado en asuntos como el presente, (Sentencias de 31-7-1996 y 29-7-1998).

El motivo se desestima.

Llegan a esta casación con la condición de hechos probados firmes, los siguientes: a) Doña María Luisahabía sido diagnosticada por el médico don Jose Luis(demandado que resultó absuelto), de padecer quiste maxilar, por lo que se decidió su extirpación consentida, habiendo el referido facultativo formulado petición para que se practicase previamente determinada analítica y radiografías, con resultados normales. b) El día 30 de julio de 1991 ingresó en la clínica Planas de Palma de Mallorca, y una vez en el quirófano le prestó los servicios de anestesia el recurrente, doctor Marco Antonio, que suministró a la paciente, como premedicación, diversos fármacos (atropina, penthotal, succinicolina y otras); c) La intervención del cirujano no llegó a producirse toda vez que durante el período de la fase anestésica la enferma sufrió una hipotensión a cero con privación de oxígeno al cerebro, ocasionándole infartos en la corteza cerebral por anoxia, con muerte irrecuperable de las neuronas correspondientes a las zonas motoras y sensitivas, que desencadenó una tetraplejia espástica con síndromes de descerebración.

En el motivo cuarto se denuncia aplicación indebida del artículo 1902 del Código Civil y jurisprudencia que lo interpreta, en cuanto a la exigencia del reproche culpabilístico al médico anestesista del necesario nexo causal entre la acción y el resultado dañoso, sosteniendo su falta de concurrencia en el caso de autos.

El motivo argumenta para rechazar las causas del resultado que la sentencia precisa y quedan estudiadas, despojándolas de su condición de hechos probados, con lo que se viene a hacer supuesto de la cuestión.

La responsabilidad civil de los anestesistas se exige cuando estos no son rigurosos en la observancia y aplicación de las reglas y técnicas de esta especialidad médica, cuya funcionalidad no es la directa curación del enfermo, sino la de facilitar medios y propiciar estados insensibles al dolor para propiciar la realización de actividades de diagnóstico, quirúrgicas y terapéuticas, lo que necesariamente impone la máxima atención y concentración en la aplicación del acto anestésico de los estándares que tienen como objetivo su seguridad y éxito, y entre estos resulta imprescindible en todo momento la oxigenación, ventilación y circulación del paciente.

Los recurrentes llevan a cabo revisión propia de las pruebas y hacen crítica de su valoración judicial, sentando unas conclusiones derivadas de su propia e interesada apreciación probatoria, lo que no procede. En el caso que nos ocupa el acusado y alarmante descenso de la tensión quedó determinado, acreditando un actuar que encaja en el reproche culpabilístico como culpa virtual, en razón a la desproporción de resultados, debidos a la acreditada negligencia del recurrente y desatención en cuanto a la correcta intubación de la enferma, así como del control de su respiración asistida que exigía constante seguimiento, dado que el riesgo anestésico es muy alto, hasta alcanzar situación satisfactoria. Esta actividad profesional imponía, al aplicar las técnicas de la anestesiología, evitar toda falta de oxigenación al cerebro, que lo que sucedió y hace presencial la causa eficiente del resultado dañoso para la salud, que resultó consolidado y final de la actividad desplegada por el médico anestesista de referencia.

El motivo se desestima, pues conforme a lo expuesto la sentencia combatida hace derivar las responsabilidades del médico de la inobservancia de las reglas técnicas adecuadas y cuya aplicación estaba a su disponibilidad, para mantener y preservar las funciones vitales de la paciente, a la que tanto daño se le ocasionó (Sentencia de 23-3-1993)

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En el quinto motivo también los recurrentes buscan refugio casacional en el artículo 1902 del Código Civil, que se aporta como infringido por su indebida aplicación, para atacar el "quantum" de la indemnización económica que fija la sentencia combatida en la cantidad de 5.000.000 de pesetas a favor de doña María Luisapor lucro cesante.

La decisión parte del hecho probado de que la referida señora realizaba por su cuenta trabajos de tapicería, los que no puede ejecutar ahora ni en lo sucesivo, dado el estado físico de inutilidad total que le afecta. El Tribunal de Instancia se encontró con bases inciertas para la precisión cuantitativa dineraria, por no estar de alta en I.A.E. y no haber aportado declaración de renta a Hacienda, con lo que vino a rebajar la cantidad otorgada en la sentencia del Juzgado, que fué de 15.045.000 pesetas.

La sentencia sienta el hecho demostrado de la realidad del mencionado trabajo artesanal y también que la causa que impide dedicarse al mismo es la actuación integrante de negligencia profesional en la que incurrió el anestesista, de la que derivan indiscutibles efectos económicos reparadores.

La jurisprudencia de esta Sala (Sentencia de 22-10-1993, que cita las de 24-1-1975, 30-9-1988, así como las de 9-5 y 27-6- 1989, 7-12-1990 y 15-4 y 15-6-1992), tiene declarado, ante supuestos similares y de los que fatalmente resultan daños y su autor responsable aparece debidamente identificado, que no es preciso acreditar la realidad cuantitativa del lucro cesante que derive directamente del actuar culpable de otro, ya que no es de justicia efectiva que ante estas situaciones, queden impunes y libres de toda indemnización, al conformar "in re ipsa" el propio perjuicio y la prueba la viene a constituir la situación negativa y dañosa provocada e impuesta, tanto por vía contractual como extracontractual.

El motivo no procede.

Se denuncia enriquecimiento injusto en relación a la Ley de 8 de noviembre de 1995 de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (punto 8 del Anexo), respecto a la fijación del importe de la indemnización por gastos asistenciales, en la cuantía de 76.125.722 pesetas, concedidos a doña María Luisa(motivo sexto).

La Impugnación ha de rechazarse pues aporta una normativa legal no vigente al tiempo de los hechos, ya que la Ley referida (30/1995), entró en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que corresponde al 9 de noviembre de 1995. A su vez la pretensión de los recurrentes no es otra que se sustituya la cifra indemnizatoria por una renta vitalicia, con lo que viene a plantear cuestión nueva, no debatida en el pleito para propiciar decisión judicial correspondiente. No hay asomo alguno de enriquecimiento injusto, pues el artículo 1902 resulta imperativo en cuanto obliga a los culpables civiles a reparar el daño causado.

En el último motivo (séptimo) se alega infracción del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación al 4-1 y 1105 del Código Civil, para combatir la condena de pago de intereses legales desde la fecha de la demanda.

Si bien los recurrentes llevan a cabo innecesaria ceremonia de confusión casacional al no distinguir los intereses legales del artículo citado 921 y los moratorios del artículo 1108 del Código Civil, no obstante ello les asiste razón legal y el motivo procede, toda vez que conforme al referido precepto 921 los intereses se devengan, cuando se condena al pago de una cantidad líquida, desde la fecha de la sentencia dictada en Primera Instancia y en los casos de revocación parcial el Tribunal "a quo" está facultado para resolver conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto, lo que no ha ocurrido, toda vez que en el caso presente la sentencia recurrida fué parcialmente revocatoria.

La cuestión de los intereses legales-procesales (interés legal del dinero más dos puntos) ha de resolverse desde la fecha de la sentencia del Juzgado, aunque la de apelación hubiera disminuido las cantidades indemnizatorias a percibir y estas sumas son las que deben de tenerse en cuenta como las que devengan los intereses de referencia .

Al estimarse en parte el recurso no procede declaración expresa en sus costas, conforme al mandato del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos de declarar y declaramos haber lugar en forma parcial al presente recurso de casación, que fue formalizado por don Marco Antonioy la entidad CAHISPA S.A. de Seguros Generales contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca -Sección quinta-, en fecha siete de abril de 1997, la que casamos y anulamos en la particular declaración de que los intereses legales se satisfarán desde la fecha de la sentencia del Juzgado con respecto las cantidades indemnizatorias concedidas en dicha sentencia de apelación, la que confirmamos en el resto de sus pronunciamientos.

No se hace expresa condena en relación a las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Alfonso Villagómez Rodil.-Luis Martínez-Calcerradaa Gómez.-Alfonso Barcala Trillo-Figueroa.-Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.