STS, 17 de Julio de 2007
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 17 Julio 2007 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil siete.
Vista por la Sección Primera de la Sala Tercera de este Tribunal, integrada por los Excmos. Señores Magistrados anotados al margen, la cuestión de competencia negativa entre el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 y la Sala del mismo orden jurisdiccional (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a propósito del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Joaquín contra resolución de fecha 11 de Julio de 2005, dictada por la Directora General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), que acuerda la "incautación de la garantía correspondiente a la vivienda adjudicada con provisionalidad", en relación con la participación en el concurso para la enajenación de viviendas militares convocado el 7 de septiembre de 2004.
Trabada cuestión de competencia negativa entre los órganos jurisdiccionales antes mencionados y recibidas las actuaciones ante esta Sala, fueron pasadas para dictamen al Ministerio Fiscal, que, entendió que la competencia correspondía a la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Por Providencia de 5 de julio de 2007, se señaló para la votación y fallo de esta cuestión de competencia el pasado día 16 de julio, fecha en la que tal trámite tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado de la Sala
Esta Sala tiene reiteradamente declarado que las cuestiones surgidas en torno a viviendas militares tienen la consideración de "cuestiones de personal", en cuanto derivadas de una relación de servicios mantenidas por los recurrentes con el Ministerio de Defensa y concretamente de la autorización conferida a este Departamento para enajenar las viviendas desocupadas mediante concurso "entre personal al servicio del Ministerio de Defensa de acuerdo con los baremos y el procedimiento que se determinen" por la Disposición Adicional Segunda , ap. 1.f) de la Ley 26/1999, de 9 de Julio, de Movilidad Geográfica de Miembros de las Fuerzas Armadas .
Por tal razón han merecido tal calificación, de cuestiones de personal, las resoluciones administrativas del organismo de referencia que convocaron concursos para la enajenación de viviendas militares, en el que solo podían participar militares profesionales en determinadas situaciones administrativas, personal civil, funcionario y laboral en situación de servicio activo destinado en tal Ministerio o sus organismos autónomos y militares que hubiesen desalojado la vivienda que ocupaban como consecuencia de su pase a la reserva (Sentencias de 9 de Mayo de 2003, cuestión de competencia 55/2002, y 13 de Mayo de 2003, cuestión de competencia 703/2003 ); resoluciones que consideraron decaído al interesado en su derecho como adjudicatario de la vivienda por incumplimiento de las condiciones establecidas o que incrementaron anualmente los cánones de uso (Sentencias (dos) de 12 de Marzo de 2003, cuestiones de competencia núms. 36 y 244 del 2001) o resoluciones relativas a devolución de cantidades indebidamente percibidas en compensación sustitutoria por razón de la vivienda (Sentencia de 23 de Noviembre de 2001 ) o a desafectación del fin público y alienabilidad de viviendas de esta clase (Sentencia de 20 de Abril de 2001, cuestión 631/2000 ).
Pues bien en el supuesto aquí contemplado, como se ha destacado en el encabezamiento, se trata de una resolución de la Directora General Gerente del INVIFAS, que acuerda la "incautación de la garantía correspondiente a la vivienda adjudicada con provisionalidad", en relación con la participación en el concurso para la enajenación de viviendas militares convocado el 7 de septiembre de 2004. Se trata, por tanto, de una incidencia acaecida en el régimen de adjudicación de viviendas a los que tengan la consideración profesional de militar.
En este sentido hemos declarado que sujetas las cláusulas específicas del derecho a la adjudicación de la vivienda a la circunstancia de que su adquirente tenga la consideración profesional de militar, en cuanto es un derecho reconocido en razón de la misma, ello determina que la totalidad de la relación jurídica se tiña de aquel "status" funcionarial y que, por eso, a los estrictos efectos procesales en que ahora nos movemos, se le reconozca la naturaleza de cuestión de personal (Sentencias de 29 de Mayo de 2003 (cuatro), cuestiones de competencia 100, 101, 103 y 104 de 2002, y en las de 2 de Junio de 2003 (tres), cuestiones de competencia 102, 105 y 106 de 2002).
En consecuencia, teniendo su origen el acto impugnado en un órgano central de una entidad pública adscrita al Ministerio de Defensa --art. 60 de la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre --, concretamente a la Subsecretaría del Departamento --art. 12.8 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de Agosto, de su estructura orgánica básica--, es decir, en un órgano de la Administración General del Estado con competencia en todo el territorio nacional y nivel orgánico inferior al de Ministro o Secretario de Estado, en materia de personal, la competencia ha de corresponder a la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ex art. 10.1.i ), en relación con los artículos 9.c) y 13.a) y c) de la Ley Rectora de esta Jurisdicción, ante la que el recurrente interpuso el recurso, ejercitando, así, la opción prevenida en el art. 14.1, regla 2ª, de la propia Ley, y no al Juzgado Central antes mencionado.
No concurren en la presente cuestión las circunstancias determinantes de la condena en costas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo al principio reseñado corresponde a la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección Primera, a la que se remitirán las presentes actuaciones, poniéndose esta Sentencia en conocimiento del Juzgado Central número 9 de lo Contencioso-Administrativo. Sin costas.
Póngase esta resolución en conocimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número
9.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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