Capitulo IX. La necesidad de reorientar la democracia mal entendida para contrarrestar el retraimiento democrático y los costos constitucionales
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CAPÍTULO IX: LA NECESIDAD DE REORIENTAR LA DEMOCRACIA
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MAL ENTENDIDA
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PARA CONTRARRESTAR EL RETRAIMIENTO
DEMOCRÁTICO Y LOS COSTOS CONSTITUCIONALES
No cabe la búsqueda de lo que es políticamente correcto, sino de lo que se ajus-
ta al Derecho. No hay atajos en la lucha antiterrorista. En el seno de las democracias
liberales debería primar hoy la convicción, actualmente puesta en tela de juicio si se
analizan muchas de las medias antiterroristas adoptadas, de que el terrorismo sólo
puede ser combatido ecazmente, si se hace con pleno respeto a las restricciones
éticas y jurídicas impuestas por los principios y valores propios de las democracias
constitucionales,que rigen nuestra convivencia.
La lucha contra el fenómeno terrorista, si quiere ser ecaz, no ha de ser dirigi-
da con la máxima violencia de la que se disponga. Como acertadamente plantea
Campmany, debe imperar la convicción de que las iniciativas antiterroristas de-
ben dirigirse aceptando ciertos límites de naturaleza ético-jurídica que no pueden,
ni deben sobrepasarse. Debate diferente será el que se ocupe de determinar cuáles
deben ser esos límites y quiénes tienen legitimidad para jarlos. Es evidente la pre-
ocupación que existe entre la opinión pública de las sociedades democráticas acerca
de que esos límites se respeten debidamente (Campmany, 2006), como demuestra
la alarma social creada a consecuencia de las múltiples informaciones relativas a
maltratos y abusos de todo tipo efectuados por todo el mundo escudándose en la
guerra contra el terror: asesinatos selectivos, torturas, las condiciones de reclusión
de los presos en Guantánamo, la existencia de cárceles secretas gestionadas por
servicios de inteligencia, secuestros de presuntos terroristas, vuelos secretos que se
supone han hecho escala en aeropuertos por todo el mundo mientras trasladaban
presos a estas cárceles, escuchas masivas de captación de información… .
Aceptar que la lucha antiterrorista va a desarrollarse asumiendo en origen limi-
taciones ético-jurídicas, supone restringir nuestras capacidades de respuesta frente
a un enemigo que, si bien es mucho más débil, es obvio que no va a imponerse nin-
gún límite que no se derive de la escasez de sus recursos o de sus planteamientos,
Daniel Sansó-Rubert Pascual– 138 –
con abierto desprecio a cualquier otro de naturaleza moral, ética o legal. Cabe en-
tonces plantearse al respecto la siguiente cuestión: ¿puede ganarse una confrontación
para defender determinados valores mediante recursos que exigen el desprecio de los
mismos? Rebajar nuestras exigencias éticas y jurídicas hasta igualarnos con los terro-
ristas, ¿no es un modo de cederles la victoria?
De modo que el responsable político se enfrenta a dos tareas imprescindibles.
Una pedagógica, consistente en explicar la necesidad de la victoria y otra jurí-
dica, de imaginación legislativa, para jar unas reglas que, sin comprometer los
principios y valores de la democracia constitucional, no obstaculicen el desarro-
llo de la lucha (Sansó-Rubert, 2004). No hay razón alguna para tener que rebajar
las expectativas y baremos constitucionales. Su persistencia, determina la forta-
leza y madurez de una democracia ante los desafíos más extremos a los que trata
de conducirla el terrorismo, persiguiendo la máxima de lograr quebrar su esencia.
Logrando su retraimiento hasta alcanzar su mínima expresión, su versión ínma y
testimonial; conseguir que sólo quede la apariencia de lo que un día fue una demo-
cracia constitucional.
Como bien recalca Sierra Cristóbal (2018), no debemos caer en el error de dejar-
nos arrastrar por el deseable objetivo de acabar con la lacra terrorista, aún a costa de
sacricar gran parte de las libertades y derechos fundamentales, argumentando que
la excepcionalidad de la situación requiere de medidas extraordinarias. Olvidamos
que, como se recogía en páginas precedentes, esas libertades conforman la esencia de
todas las Constituciones modernas, tal y como hasta ahora las hemos conocido y, por
extensión, de la democracia constitucional.
En consecuencia, una manera de negar a la organización terrorista la consecución
de sus objetivos consiste en reaccionar a la provocación de la violencia de las accio-
nes terroristas con calculada moderación. Respuesta intencionalmente limitada pero
efectiva, que obedece a razones estratégicas y que tiene por nalidad última, romper
el proceso de acción-reacción moderando precisamente la “reacción” estatal. Esfuer-
zo, que supone la autoimposición de límites jurídicos y operacionales a la hora de
articular la actividad antiterrorista del Estado.
La normalidad ha sucumbido ante la excepcionalidad. Se ha dejado absorber in-
justicadamente. Las democracias constitucionales, unas mejor pertrechadas que
otras, están dotadas de ordinario de medios y capacidades antiterroristas sin tener
que recurrir, a priori, a recursos de excepción. La reacción, en primera instancia,
debe provenir desde los parámetros de la normalidad y haciendo uso de criterios
de proporcionalidad en el balance libertad-seguridad (Rosenfeld, 2005). Incluso en
el peor de los casos, una política coherente con la legalidad, pero que fracase en su
objetivo de impedir la materialización de los atentados terroristas, siempre será me-
jor que otra, que impida el terror a costa de la destrucción de los valores que aspira a
defender frente al terrorismo. Además de insistir en la realidad incontestable de que
no es factible protegerlo todo, todo el tiempo –realidad que habrá que asumir tarde
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