STS 470/2022, 17 de Mayo de 2022

El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Guadalajara instruyó Diligencias Previas número 1046/2014, por delito de estafa, contra Braulio, Sabina y Cayetano, y como responsables civiles subsidiarios las entidades Talleres López e Hijos, SL, Santander Consumer SA, Aid&Credit Consultores y Banco Popular Español SA ; una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Guadalajara, cuya Sección Primera (Rollo P.A. núm. 24/19) dictó Sentencia número 25/2019 en fecha 13 de diciembre de 2019 que contiene los siguientes hechos probados:

" UNICO. De la valoración racional y conjunta de la prueba practicada en el plenario con las garantías de contradicción, oralidad e inmediación, resulta probado y así se declara que:

1. La acusada Sabina, mayor de edad y sin antecedentes penales, acordó con Rafaela, a quien conocía desde que eran niñas y en base a la relación de amistad que les unía y que habían retomado a mediados del año 2013, siendo frecuente que Rafaela pasase los fines de semana en casa de Sabina en Azuqueca de Henares, que, dado que esta última necesitaba un vehículo, Rafaela compraría uno con financiación y que se lo daría a Sabina, quien iría pagándoselo. En este contexto, acudieron al establecimiento de la entidad Talleres López SL, sito en la Calle Video nº 10, de Azuqueca de Henares (Guadalajara), vendiendo su empleado, el acusado Cayetano, mayor de edad y sin antecedentes, a Rafaela, el vehículo Renault Megane, con matrícula ....DWR, por un precio de 6.900 euros, que entregó a Sabina en su domicilio, siendo usado por ella a partir de ese momento.

   Para el abono de su precio, el 26 de diciembre de 2013, Rafaela firmó en una cafetería Para el abono de su precio, el 26 de diciembre de 2013, Rafaela firmó en una cafetería de Madrid próxima a su casa, un contrato de financiación a comprador de bienes muebles con la entidad Santander Consumer Finance, que le fue entregado por Cayetano, y en el que Rafaela figuraba como prestataria, en el que constaba que el precio del vehículo era 14.000 euros, que había realizado un desembolso inicial de 7.100 euros y que el capital financiado era de 6.900 euros, al que se incrementaba los importes de seguros e intereses, resultando un total de 11.543,32 euros, a abonar en 96 mensualidades, a razón de 120,36 euros/mes, que se domiciliaron en la entidad Caja de Ahorros y pensiones de Barcelona, con domicilio en la C/ Federico García de Azuqueca de Henares, con nº de cuenta NUM000 de titularidad de Rafaela.

   El coche fue devuelto por Sabina a la hermana de Rafaela el 13 de marzo de 2014.

   No consta acreditado que Rafaela entregara a Cayetano en mano la cantidad de 7.100 euros.

   No consta acreditado que Cayetano, de común acuerdo con Sabina y Braulio, su pareja sentimental, o que alguno de estos últimos, con pleno conocimiento de que Rafaela tenía sus facultades mentales mermadas y con ánimo de lucro, o que de cualquier otra forma se aprovecharan de ella manipulando su voluntad para conseguir que comprara el vehículo para Sabina, ni para que suscribiera el contrato de financiación del auto a su nombre, ni para que les entregara alguna cantidad en mano.

2. El 12 de diciembre de 2013, la acusada Sabina acompañó a Rafaela a una oficina de la entidad Aid &Credit Consultores de la localidad de Alcalá de Henares a pedir información previa sobre sus servicios como intermediaria financiera, firmando Rafaela el 18 de diciembre el contrato para asesoramiento por estudio de la viabilidad de un préstamo por importe de 12.000 euros para la adquisición de un vehículo a partir de su capacidad económica, abonando por ello el importe de 250 euros.

   Como resultado de esas gestiones, el 31 de enero de 2014, el empleado de la sucursal Aid&Credit Consultores acompañó a Rafaela a la entidad del Banco Popular de Alcala de Henares para la formalización de un préstamo por 15.000 euros, a pagar en 7 años, trasladando la póliza a la Notaria, domiciliando el abono de las cuotas en la cuenta abierta en dicho banco nº NUM001. En dicho contrato Rafaela dio como dirección de la misma y para la remisión de la correspondencia el domicilio de Sabina.

   No consta acreditado que Sabina y Braulio, su pareja sentimental, de mutuo acuerdo, con pleno conocimiento de que Rafaela tenía sus facultades mentales mermadas y con ánimo de lucro, se aprovecharan de ella manipulando su voluntad para conseguir que suscribiera el préstamo, ni tampoco que utilizaran cualquier otro ardid con la misma finalidad

   3. Ese mismo día, y de la cantidad recibida con el préstamo, Rafaela realizó una extracción en efectivo de 3.000 euros en la propia sucursal, y una hora más tarde realizó otra extracción de 3.000 euros en la sucursal de Torrejón de Ardoz. El día 4 de febrero de 2014 igualmente realizó un reintegro de 3.000 euros en una sucursal de Madrid. Después se realizaron 9 extracciones, entre los días 11 a 24 de febrero, de 600 euros cada una, con la tarjeta 4B asociada a la cuenta bancaria, que le fue remitida por correo y cuyo nº secreto le fue entregado personalmente a Rafaela en el mismo momento de la firma del contrato, agotándose todo el dinero del préstamo.

      El día 5 de marzo de 2014, Sabina ingresó en esta cuenta la cantidad de 190 euros.

      No consta acreditado que Sabina y Braulio, de mutuo acuerdo, con pleno conocimiento de que Rafaela tenía sus facultades mentales mermadas y con ánimo de lucro, se aprovecharan de ella manipulando su voluntad para conseguir que extrajera estas cantidades para entregárselas a ellos, o para que les diera el número secreto para utilizar la tarjeta 4B y sacar el dinero, sin que conste tampoco que utilizaran otro ardid con la misma finalidad.

   4. Por resolución de la Comunidad de Madrid de 27 de julio de 2011 a Rafaela se le reconoció un 42 % de discapacidad por sufrir crisis convulsivas generalizadas por epilepsia de etiología idiopática, y trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología psicógena.

      Rafaela, cuando ocurrieron los hechos, llevaba viviendo con su hermana Isidora desde hacía medio año aproximadamente, habiendo estado viviendo sola durante el año anterior. Desde el punto de vista laboral, estuvo regentando el estanco de su madre tras la jubilación de ésta, y desde el 2012 estaba trabajando con un contrato de relevo como auxiliar de hostelería en una residencia de la tercera edad dependiente de la Comunidad de Madrid, continuando hasta el año 2016. Estudió hasta 8 de EGB y terminó FP en la especialidad de estética, habiendo obtenido el permiso de conducir.

      Por sentencia de 15 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, se declaró modificada judicialmente la capacidad de obrar de Rafaela en las esferas de su vida relativas al cuidado de su salud, a la administración de bienes en lo que exceda de gastos ordinarios, actividades instrumentales y trámites económicos-administrativos y contractuales por tener capacidad intelectual límite, nombrando a su hermana Isidora como figura de apoyo para completar su capacidad en esas áreas."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

" Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Braulio, Sabina y Cayetano de los delitos de estafa del que se les acusaba con todos los pronunciamientos favorables. Igualmente debemos absolver a las entidades TALLERES LÓPEZ E HIJOS SL, SANTANDER CONSUMER EFC SA, AID&CREDIT CONSULTORES, y BANCO POPULAR ESPAÑOL SA de la acción de responsabilidad civil que se ejercitaba contra las mismas. Todo ello sin perjuicio de las acciones que pudieran ser ejercitadas en la jurisdicción civil.

Se declaran las costas procesales de oficio.

Procédase, una vez firme la presente resolución, al levantamiento de todas las medidas cautelares acordadas en su contra.

La presente resolución no es firme y contra la misma, cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha de prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador, presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 855 y siguientes de la L.E. Criminal."

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación procesal de Dª. Rafaela, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la parte recurrente formalizó el recurso alegando los siguientes motivos de casación:

Motivo Primero.- Por infracción de ley y de preceptos constitucionales al amparo del artículo 849.1 LECr y artículo 5.4 LOPJ, por haberse vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías del artículo 24 de la constitución española.

Motivo segundo.- Por infracción de ley, al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación de los artículos 248.1, 249, 250.1º.4 y 6, en relación con el artículo 74.1 del Código Penal, con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías, del artículo 24 de la Constitución.

Motivo tercero.- Por infracción de ley, al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación de los artículos 120.3 y 4 y 122 del Código Penal, relativos a la responsabilidad civil de las empresas y entidades financieras que intervinieron en la suscripción de los contratos de financiación, asesoramiento y préstamo a través de los cuales se cometieron los delitos de estafa por parte de los acusados, con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías, del artículo 24 de la Constitución.

Motivo cuarto.- Por infracción de ley, al amparo del número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por manifiesto error en la apreciación de la prueba, basado en los particulares de los documentos que obran en autos que demuestran la patente equivocación de la sala, sin resultar contradichos por ningún otro elemento probatorio.

Motivo quinto.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del número 1 del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse denegado diligencias de prueba que, propuestas por esta parte en tiempo y forma, se consideran pertinentes.

Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal y las partes recurridas solicitan la inadmisión de todos los motivos, y subsidiariamente su desestimación. La Sala admitió el recurso a trámite quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

Evacuado el traslado conferido, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 11 de mayo de 2022.

MOTIVO (PRIMERO EN EL ORDEN PROPUESTO) POR INFRACCIÓN DE LEY, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM , Y POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 5.4 LOPJ : VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A UN PROCESO CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS DEL ARTÍCULO 24 CE

10. Pese a la invocada infracción de ley, el motivo se centra en denunciar error de valoración probatoria en el que, al parecer de la recurrente, habría incurrido la Audiencia Provincial al considerar que los acusados no se apercibieron de que la Sra. Rafaela sufría un significativo déficit de capacidad que le impedía asumir obligaciones onerosas. El desarrollo del motivo desgrana toda la prueba practicada, tanto la documental como la testifical, considerando que su razonable valoración debería haber conducido a estimar acreditado que los acusados se aprovecharon del déficit de capacidad para comprender situaciones complejas y de su vulnerabilidad para que suscribiese dos contratos de préstamos bancarios y adquiriese un vehículo de motor, causándole un perjuicio patrimonial de más de 45.000 euros.

    Se insiste a lo largo del motivo en que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal son ilógicas, arbitrarias e irracionales lo que lesiona el derecho de la parte a la tutela judicial efectiva.

    Pero, además, considera que el error valorativo justifica una nueva revalorización por este Tribunal de la información probatoria disponible que conduzca a la condena pretendida.

    Pretensión de revalorización que, según el recurrente, es conforme a la doctrina constitucional que nace con la STC 167/2002 pues el núcleo de la información probatoria indebidamente valorada es la documental aportada. Información cuya nueva valoración no requiere, como condición previa, que se reproduzca ante el tribunal de segunda instancia en condiciones de inmediación.

11. El motivo no puede prosperar.

    No apreciamos atisbo alguno de irracionalidad valorativa en la sentencia recurrida que pueda comprometer el derecho de la recurrente a la tutela judicial, entendido como derecho a una respuesta fundada y racional. Ni, desde luego, identificamos posibilidad de revalorización en esta instancia casacional.

    Como apuntábamos con anterioridad, el modelo legal de control de la sentencia absolutoria basada en la valoración de las informaciones probatorias disponibles, cualquiera que sea su naturaleza, se desplaza del juicio de adecuación de la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia al juicio de validez.

    Ello supone que el tribunal superior podrá y deberá controlar, primero, si el tribunal de instancia a la hora de absolver ha valorado de manera completa toda la información probatoria producida en el plenario en condiciones de utilizabilidad y, segundo, si los estándares valorativos empleados para ello pueden considerarse racionales. Esto es, que la atribución de valor a las informaciones probatorias no se base en criterios epistémicos absurdos, en máximas de experiencia inidentificables o en el desnudo pensamiento mágico, ignoto o inexplicable -vid. STS 136/2022, de 17 de febrero-.

    Ahora bien, lo racional en la valoración de la prueba no se mide, desde luego, por criterios aritméticos ni por simplificadas fórmulas de atribución de valor reconstructivo. La valoración viene también determinada por factores de fiabilidad de la información probatoria, marcados por el caso concreto, consecuentes a la valoración conjunta, interaccionada, de todos los medios de prueba, de todas las informaciones que terminan conformando un exclusivo, por irrepetible, cuadro probatorio. De ahí, la responsabilidad y la dificultad del juez a la hora de valorar la prueba, pues ni puede refugiarse en el desnudo subjetivismo de corte iluminista, ni tampoco en fórmulas generalistas o presuntivas. Y de ahí, también, la necesidad de que el control de racionalidad de las decisiones absolutorias por parte de los tribunales superiores se haga no desde posiciones subrogadas, de sustitución de una racionalidad valorativa que se estima más convincente o más adecuada, sino mediante la aplicación de un estándar autorrestrictivo de racionalidad sustancial mínima.

12. Pues bien, en el caso, los fundamentos fácticos de la decisión absolutoria de la Audiencia Provincial superan sobradamente ese umbral de mínima racionalidad valorativa.

    En efecto, la duda que funda la decisión absolutoria gira, precisamente, sobre un elemento esencial de la pretendida acusación por estafa: que los acusados dispusieran de información relevante para representarse que la Sra. Rafaela sufría un déficit de capacidad que le impedía desarrollar estrategias de autoprotección en el tráfico jurídico y aprehender el alcance oneroso de los negocios otorgados.

    Duda que se asienta en la propia información probatoria aportada por las acusaciones, que el Tribunal valora de una manera completa, detallada e, indiscutiblemente, racional.

13. La sentencia precisa las bases informativas tomadas en cuenta. Entre estas, el hecho de que la Sra. Rafaela regentara durante un prolongado periodo de tiempo el estanco de su madre, tras la jubilación de esta; la frecuencia semanal en la que acudía, con pleno conocimiento de sus hermanas, al domicilio de la coacusada Sabina; el desempeño, desde 2012 a 2016, de un trabajo como auxiliar de hostelería en una residencia de la tercera edad, sin que conste que durante ese tiempo tuviera dificultades o ausencias debidas al cuadro patológico diagnosticado; los estudios cursados de EGB y Formación Profesional en estética así como que dispusiera de carné de conducir.

    Pero no solo. La propia Sala indica cómo, durante el desarrollo del juicio, no constataron ningún retraso o dificultad de raciocinio. Precisando, incluso, cómo la Sra. Rafaela empleó un lenguaje complejo, incorporando expresiones de cariz técnico-negocial -avalista, préstamo, etc.-. Por otro lado, y como se destaca en la sentencia, la testigo en momento alguno manifestó que no entendiera lo que se le informó en el banco o en el concesionario.

    La sentencia también identifica la información facilitada por los testigos -Sres. Jose Carlos y Simón- terceros ajenos a los acusados y que intervinieron en los diferentes subhechos que se declaran probados relativos a los negocios otorgados por la Sra. Rafaela. Ambos coincidieron en afirmar que no se apercibieron que esta tuviera alguna discapacidad o dificultad de comprensión sobre el objeto de los contratos y las consecuencias que se derivaban de su otorgamiento.

    A partir de aquí, la sentencia desgrana cada negocio jurídico otorgado por la Sra. Rafaela descartando, a la luz de todos los datos de prueba disponibles, no solo con relación a la adquisición del vehículo Megane Renault la concurrencia de engaño, sino también la intervención de la acusada Sra. Sabina y del acusado Sr. Braulio, en la obtención del préstamo en el Banco Santander y en las posteriores disposiciones del capital prestado.

14. La duda del tribunal de instancia no se basa, como sostiene la recurrente, en atribuciones irracionales de valor a las informaciones probatorias periciales, documentales y testificales.

    Lejos de ello, se abordó la valoración de la información probatoria disponible respetando la, tantas veces reclamada por este Tribunal, exigencia metodológica de completitud, mediante la interacción de todas las informaciones probatorias que integraban el cuadro de prueba, y aplicando estándares de racionalidad intersubjetivamente compartida aplicables al caso.

    Duda razonable que neutralizó en la instancia la pretensión acusatoria de condena, por el simple y categórico imperativo constitucional derivado del principio de presunción de inocencia. Y que, en esta instancia, nos impide revalorizar las informaciones probatorias a los efectos revocatorios de condena pretendidos por la recurrente.

    Reiterar que el control en segunda instancia de la decisión absolutoria basada en la valoración de la prueba no permite corregir el simple error valorativo o sustituir un discurso de razones probatorias por otro, aunque este pueda presentarse más sólido.

    Los riesgos de grave inequidad, detectados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, que se derivaban de la revocación de la sentencia absolutoria en segundo grado mediante una nueva valoración de la prueba, hicieron que el legislador de 2015 los neutralizara impidiendo en este supuesto la reversión del fallo absolutorio por la vía del recurso. La sentencia absolutoria por falta de prueba de los presupuestos fácticos de la tipicidad solo pueda ser anulada y solo, también, si el discurso de la valoración probatoria es irreductiblemente irracional.

    En el vigente modelo regulativo de la segunda instancia se otorga una clara prevalencia al derecho de la persona absuelta a que su estatus de inocencia no sea revertido frente al derecho de la acusación a pretender ante el tribunal superior el castigo de quien considera responsable del delito.

    MOTIVOS TERCERO Y CUARTO (SEGUNDO Y TERCERO EN EL ORDEN PROPUESTO), AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM , POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 248 , 249 y 74 CP Y DE LAS REGLAS QUE DETERMINAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL

15. Los motivos que denuncian la no aplicación de los tipos penales pretendidos no pueden prosperar. La vía del artículo 849.1º LECrim exige un escrupuloso respeto a los hechos que se declaran probados en la sentencia. Por tanto, el fracaso de los motivos que pretendían que se fijara un nuevo marco fáctico, comporta también el de aquellos que pretenden la condena en atención precisamente a hechos que no se han probado.

    MOTIVO QUINTO (CUARTO EN EL ORDEN PROPUESTO), AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.2º LECRIM : ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

16. Insiste la recurrente que la sentencia descarta la prueba de los hechos justiciables, objeto de acusación, pese a contar con abundante prueba documental que de manera autoevidente los acreditan. Documentos que, además, privan de atendibilidad a las explicaciones ofrecidas por los acusados y los testigos.

17. El motivo resulta inviable. Como es bien sabido, al hilo de los reiterados pronunciamientos de esta Sala -vid. por todas, SSTS 200/2017, de 27 de marzo; 362/2018, de 18 de julio - el espacio en el que puede operar el motivo de casación previsto en el artículo 849.2 LECrim se circunscribe " al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza como si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron."

    Error que, además, ha de tener la suficiente relevancia para alterar, precisamente, la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.

    Pero no solo. El éxito del motivo reclama que se den determinadas condiciones de producción: primera, debe fundarse en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa; segunda, ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material a la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo. Es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a complejas argumentaciones o revalorizaciones del conjunto del cuadro probatorio; tercera, muy vinculada al anterior presupuesto, el documento no debe entrar en contradicción con otros elementos de prueba, pues en estos casos no se trata de un problema de error sino de valoración; cuarta, el dato documental que contradiga el hecho probado debe tener virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo en la medida que puede alterar los términos del juicio de subsunción.

18. Condiciones que, además, deben interpretarse, cuando se trata de un recurso contra una sentencia absolutoria, a la luz de las propias posibilidades de las que dispone la instancia de revisión para modificar el fallo absolutorio.

    En efecto, como ya hemos destacado con anterioridad, la reforma de 2015 ha vedado, en términos concluyentes, que el tribunal de segunda instancia reconstruya el hecho probado a partir de una nueva valoración de la prueba practicada en la primera instancia, cualquiera que sea la naturaleza de esta. La acusación solo puede pretender la revocación de la sentencia absolutoria y la condena del absuelto, cuestionando el fundamento normativo de la decisión a partir de los hechos que se declaran probados.

    Los gravámenes que afectan al cómo se ha conformado el hecho probado o cómo se ha valorado la prueba solo pueden hacerse valer mediante motivos que posibiliten ordenar la nulidad de la sentencia recurrida. Lo que solo acontecerá si, en efecto, se identifican defectos estructurales de motivación o de construcción que supongan una fuente de lesión del derecho de quien ejercita la acción penal a la tutela judicial efectiva ex artículo 24 CE.

    Ni la acusación puede impetrar ante el tribunal de segunda instancia una nueva valoración de la prueba, como una suerte de derecho a la presunción de inocencia invertida. Ni, tampoco, que se reelabore el hecho probado corrigiendo los errores de valoración o de selección de datos probatorios, aunque se decanten en términos literosuficientes de la prueba documental por la vía del artículo 849.2º LECrim.

    Cuando el objeto del recurso es una sentencia absolutoria, esta vía no puede emplearse para corregir errores valorativos. Solo cabe acudir a ella para salvar la simple omisión en el hecho probado del dato documentado cuyo valor probatorio puede considerarse validado por el tribunal de instancia a la luz de la fundamentación jurídica. Como una suerte de integración de elementos fácticos que, si bien se han considerado probados en la instancia, han quedado desperdigados en la fundamentación jurídica y sin cuya "presencia" en el hecho probado no resulta posible formular el juicio normativo de tipicidad que se pretende.

    Fuera de este excepcional supuesto, la vía del artículo 849.2º LECrim no permite reajustar o reelaborar el hecho probado de la sentencia absolutoria.

19. En el caso, y como anticipábamos, la vía casacional escogida para la reelaboración del hecho probado no es la adecuada. Ninguno de los elementos probatorios invocados como fundamento del afirmado error valorativo por parte del tribunal de instancia permite por sí identificarlo. Su potencial modificativo viene condicionado a operaciones de revalorización no literosuficiente del conjunto de los datos probatorios que integraron el cuadro de prueba que, además de superar el espacio donde puede operar el motivo, nos viene vedado por la naturaleza absolutoria de la sentencia recurrida.

    CLÁUSULA DE COSTAS

20. Tal como previene el artículo 901 LECrim, las costas del recurso deben imponerse a los recurrentes.