ATS 1230/2021, 25 de Noviembre de 2021

Por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valencia se dictó sentencia, con fecha 22 de julio de 2020, en autos con referencia de Rollo de Sala, Procedimiento Abreviado, nº 22/2020, tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia, como Procedimiento Abreviado nº 1749/2019, en la que se condenaba a Miguel Ángel como autor responsable de un delito de abuso sexual sobre menor de dieciséis años del art. 183.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y seis meses de prisión, con la correspondiente accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la prohibición de aproximación a menos de 300 metros respecto de Matilde., de su domicilio, lugar de trabajo o que la misma frecuente, durante tres años y seis meses, así como la prohibición de comunicarse con Matilde. por el mismo tiempo. Se le impuso la medida de libertad vigilada por tiempo de cinco años. También se le impuso el pago de las costas procesales.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Miguel Ángel, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, con fecha 3 de noviembre de 2020, dictó sentencia, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto e impuso las costas al recurrente.

Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se interpone recurso de casación por Miguel Ángel bajo la representación procesal del procurador de los Tribunales don David Plaza Buquerin, con base en tres motivos:

1) Al amparo del artículo 850.1º de la LECrim, por quebrantamiento de forma, al haberse denegado la práctica de una diligencia de prueba que resultaba pertinente.

2) Al amparo del artículo 851.3º de la LECrim, por quebrantamiento de forma, al no haberse resuelto en sentencia todos los puntos que fueron objeto de la defensa.

3) Al amparo del artículo 852 de la LECrim y del artículo 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión de los mismos y, subsidiariamente, su desestimación.

Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gómez.

Como tercer motivo de recurso, el recurrente denuncia, al amparo del artículo 852 de la LECrim y del artículo 5.4 de la LOPJ, infracción del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.

1. Sostiene que el razonamiento de la sentencia de instancia fue insuficiente y que no está basado en la lógica y las máximas de la experiencia. Entiende que la sentencia que recurre no motiva de manera suficiente la credibilidad que otorgó a la víctima menor de edad. Afirma que existieron contradicciones en las versiones de los hechos ofrecidas por Matilde. y su hermana ante la psicóloga. También indica que el testimonio de Matilde. en el acto del juicio oral fue vago y confuso, por lo que no puede considerarse prueba de cargo suficiente para la condena.

2. Como indica la STS 476/2017, de 26 de junio, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.

   En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.

   En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.

   Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECRIM. Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECRIM, sensu contrario). Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones, que prima facie podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.

   Por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende la satisfacción de la pretensión deducida ya sea estimándola ya sea desestimándola, así como, la exposición de una motivación explícita que permita conocer las razones de la decisión y que esa motivación no sea arbitraria o irrazonable.

3. En el caso, se declara probado por la Audiencia Provincial, en síntesis, el acusado, Miguel Ángel, mayor de edad y sin antecedentes penales, residía en una habitación alquilada en el domicilio de Covadonga, sito en Valencia, inmueble en el que también vivían las hijas de Covadonga., Matilde. (nacida el NUM000 de 2006) y Flor. (de 11 años).

   El día 23 de septiembre de 2019, sobre las 2:45 horas, el acusado entró en la habitación donde dormían las menores, se tumbó al lado de Matilde. y aprovechando que ésta dormía, le tocó la vagina en repetidas ocasiones, sin llegar a introducir su mano bajo el pantalón que llevaba la niña, mientras le susurraba palabras al oído. Matilde. se despertó al sentirse tocada y le gritó "fuera, no", oyendo ruido de monedas en su mano que, al parecer, Ie ofrecía. El acusado salió de la habitación, al encender la linterna del móvil la niña pequeña, pudiendo comprobar ambas niñas que era el acusado.

   Alertada Covadonga. por su hija pequeña Flor., acudió a la habitación de las niñas. El acusado ya se encontraba en su habitación. Covadonga. aporreó su puerta para que saliera, sin conseguirlo. Avisó a la policía y el acusado fue detenido.

   El recurrente reitera las mismas alegaciones que hiciera en apelación. El Tribunal Superior de Justicia estimó que ninguna vulneración de sus derechos constitucionales se habría producido, señalando que la Audiencia había contado con prueba de cargo bastante, constituida, esencialmente, por la declaración de la víctima, no observando que en el caso de autos se hubiera incurrido en una apreciación arbitraria de la prueba, ni que ésta hubiera sido insuficientemente razonada.

   Para el Tribunal Superior de Justicia, los argumentos expuestos por el recurrente no desvirtuaban los pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida. La Sala de apelación tuvo en cuenta que la Audiencia Provincial:

   1. No dio credibilidad al acusado, que negó los hechos, pero reconoció que estaba despierto cuando ocurrieron los hechos y que llamó a la puerta de las menores.

   2. Descartó que Matilde. tuviera intención de vengarse del acusado por una supuesta regañina del acusado a ella y a su hermana. Estimó que declaró cumplidamente sobre los hechos y sin detectar variaciones con respecto a declaraciones anteriores. Mencionó que la menor ofreció un relato firme, que no varió respecto de otras declaraciones anteriores, que coincidían tanto los aspectos esenciales de la declaración, como otros detalles ofrecidos, y que las pretendidas contradicciones que pretendía hacer valer la defensa no eran tales.

   3. Entendió que la declaración de Covadonga. corroboraba periféricamente la de Matilde. y aportaba detalles sustanciales tales como que las menores se encontraban durmiendo cuando ocurrieron los hechos, que vio a la mayor muy asustada y le dijo que el acusado le había metido mano en sus partes y le había "sobao las tetas"; que escuchó pasos; y que el acusado le dijo que, si llamaba a la policía, él diría que se fumaba marihuana en la vivienda.

   4. Explicó que la perito (Sra. Ascension) expuso que el testimonio de Matilde. se apoyaba, probablemente, en una experiencia realmente vivida, que no padecía patologías mentales y que, a su juicio, resultaba creíble. Todo ello al margen de que considerara el testimonio de la hermana menor ( Flor.) contenía una parte que no estimara correspondiente con una experiencia real, y otra que sí lo era (concretamente la que correspondía a los hechos por los que el acusado ha sido condenado).

   En definitiva, la Sala de apelación hacía constar la existencia de prueba de cargo bastante, fundamentada en la declaración de la víctima, corroborada por prueba testifical y pericial, que fue considerada por el Tribunal a quo como subjetivamente creíble, objetivamente verosímil y convincente, y en cuya valoración no se aprecian signos de arbitrariedad.

   La valoración realizada por el Tribunal Superior resulta acertada. Ha existido prueba de cargo bastante, recordando esta Sala, en numerosas ocasiones, que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo bastante cuando se practica con las debidas garantías procesales y, como se ha indicado, no existen indicios que apunten a una valoración irracional, absurda o arbitraria, habiendo señalado ambas Salas las pruebas tomadas en consideración para establecer la participación del recurrente en los hechos enjuiciados, así como los motivos por los que rechazan la versión exculpatoria del mismo y, además, lo hacen de forma razonada y razonable, sin que el recurrente, en su legítima discrepancia, demuestre arbitrariedad alguna, por lo que no cabe estimar tampoco la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial que se denuncia.

   Y es que lo que se cuestiona por el recurrente es la credibilidad que el juzgador otorga a la víctima, pero la credibilidad o fiabilidad que el órgano juzgador conceda a aquélla y a quienes en una u otra condición procesal deponen ante el Tribunal constituye parte esencial de la valoración de esta clase de pruebas de naturaleza personal, y por ello no son revisables en casación, según lo dicho, pues el grado de credibilidad de esta clase de pruebas está directamente relacionado con la inmediación con la que el Tribunal asiste a su práctica, evaluando la multitud de matices propios de esta clase de elementos probatorios cuyo análisis conjunto conforman el juicio de fiabilidad y crédito que se otorga al declarante, ventaja de la que no gozaron los órganos encargados de controlar la resolución de instancia ( STS 23-05-02). En la vía de casación, sólo es revisable, como se ha indicado, la coherencia racional de la valoración del Tribunal y de las declaraciones de los testigos, en sí, que, en el presente caso, no presenta tacha alguna.

   También dijimos en la STS 773/2013, de 21 de octubre, que: "La defensa parece exigir a la víctima una rigidez en su testimonio que, de haber existido, sí que podría ser interpretada como una preocupante muestra de fidelidad a una versión elaborada anticipadamente y que se repite de forma mecánica, una y otra vez, con el fin de transmitir al órgano jurisdiccional una sensación de persistencia en la incriminación. Algunos de los precedentes de esta Sala ya se han ocupado de reproches similares en casos de esta naturaleza. Y hemos precisado en numerosas ocasiones que la persistencia no exige una repetición mimética, idéntica o literal de lo mismo sino la ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante. No son faltas de persistencia el cambio del orden en las afirmaciones, ni las sucesivas ampliaciones de éstas cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado; ni la modificación del vocabulario o de la sintaxis, es decir de las formas expresivas, cuando con unas u otras se dice lo mismo; ni los cambios en lo anecdótico o en lo secundario cuando solo implican falta de certeza en lo accesorio, pero no en lo principal que es lo que por su impacto psicológico permanece en la mente de la víctima, salvo en los casos en que los cambios narrativos de lo secundario evidencien tendencia a la fabulación imaginativa, valorable en el ámbito de la credibilidad subjetiva (cfr. SSTS 511/2012, 13 de junio; 238/2011, 21 de marzo; 785/2010, 30 de junio y ATS 479/2011, 5 de mayo, entre otras)".

   En consecuencia, la cuestión carece de relevancia casacional, en la medida en que no se alegan ni plantean argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad, que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación. Especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable y que respeta la reiterada jurisprudencia sobre el particular (que se cita y aplica adecuadamente en tal resolución).

   Por dichas razones se ha de inadmitir el motivo alegado conforme al artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como primer motivo, se alega, al amparo del artículo 850.1º de la LECrim, quebrantamiento de forma, al haberse denegado la práctica de una diligencia de prueba que resultaba pertinente.

1. El recurrente denuncia que, en el acto del juicio oral, solicitó la reproducción de la grabación de la entrevista que la perito mantuvo con Flor., hermana menor, por cuanto existían contradicciones entre lo dicho en esta entrevista y lo que Matilde. declaró en el acto del juicio. Añade que también existían contradicciones con lo manifestado por la propia Matilde. Entiende que la práctica de esta prueba, que le fue denegada, era útil y pertinente y que la videograbación tampoco se valoró como prueba documental.

2. En cuanto al recurso de casación por motivo de denegación de prueba hemos dicho de forma reiterada que "requiere para que prospere, según se deduce de los términos de tal precepto ( art. 850.1 LECrim), de lo dispuesto en los arts. 659, 746.3, 785 y 786.2 LECrim y de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, las condiciones siguientes: 1º) La prueba denegada tendrá que haber sido pedida en tiempo y forma, en el escrito de conclusiones provisionales y también en el momento de la iniciación del juicio en el procedimiento abreviado (art. 786.2). 2º) La prueba tendrá que ser pertinente, es decir relacionada con el objeto del proceso y útil, esto es con virtualidad probatoria relevante respecto a extremos fácticos objeto del mismo; exigiéndose, para que proceda la suspensión del juicio, que sea necesaria; oscilando el criterio jurisprudencial entre la máxima facilidad probatoria y el rigor selectivo para evitar dilaciones innecesarias; habiendo de ponderarse la prueba de cargo ya producida en el juicio, para decidir la improcedencia o procedencia de aquella cuya admisión se cuestiona. 3º) Que se deniegue la prueba propuesta por las partes, ya en el trámite de admisión en la fase de preparación del juicio, ya durante el desarrollo del mismo, cuando se pide en tal momento la correlativa suspensión del juicio. 4º) Que la práctica de la prueba sea posible por no haberse agotado su potencia acreditativa. 5º) Que se formule protesta por la parte proponente contra la denegación".

3. La doctrina expuesta, en su aplicación al caso enjuiciado, nos aboca a la inadmisión del motivo.

La Sala de apelación, con remisión a la sentencia dictada por el Tribunal de instancia, justificó conforme a Derecho la denegación de la práctica de la prueba. En concreto, la Sala de apelación justificó la inadmisión de la pretensión del recurrente formulada en su previo recurso de apelación por tres motivos.

En primer lugar, por cuanto el recurrente no propuso, ni en el escrito de conclusiones provisionales, ni al inicio del acto del juicio (conforme al artículo 786.2 de la LECrim) la exploración de la menor Flor. A este respecto, el Tribunal Superior expuso que la Audiencia Provincial tuvo en cuenta que la defensa del acusado expresó que sí había propuesto esa prueba, como documental, al adherirse a la prueba solicitada por el Ministerio Fiscal. Por ello el Tribunal Superior entendió correcto que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 726 de la LECrim, el Tribunal a quo considerase esa prueba como documental.

En segundo lugar, porque constaba la pericial de quien exploró a las menores, que fue propuesta únicamente por el Ministerio Fiscal. Expuso que la perito declaró en el acto del juicio y se pronunció sobre las posibles contradicciones que pudieran haber existido entre las menores.

En tercer lugar, por cuanto ninguna indefensión se había causado a la parte recurrente, al no haber propuesto ella misma la práctica (en escrito de defensa o al inicio del juicio oral) de la exploración de la menor Flor., de la pericial de la psicóloga que la exploró, ni la reproducción de la grabación.

La respuesta del Tribunal Superior de Justicia es correcta y merece refrendo en esta instancia. Las decisiones adoptadas aparecen enteramente ajustadas a los criterios legales y jurisprudenciales apuntados y no pueden estimarse arbitrarias, como tampoco resulta justificada la indefensión que se afirma sufrida en relación con la infracción que se denuncia al amparo del art. 850.1 LECrim.

Tiene declarado esta Sala (vid. STS 253/2017, de 6 de abril) que, para apreciar la existencia de una indefensión, con transcendencia de lesión de un derecho fundamental, debe advertirse una efectiva y real privación del derecho de defensa. "Es obvio que no basta con la realidad de una infracción procesal para apreciar una situación de indefensión, ni es bastante tampoco con invocarla para que se dé la necesidad de reconocer su existencia: no existe indefensión con relevancia constitucional, ni tampoco con relevancia procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad, no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses de la parte afectada, bien porque no existe relación sobre los hechos que se quieran probar y las pruebas rechazadas, o bien, porque resulte acreditado que el interesado, pese al rechazo, pudo proceder a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( SSTC 106/83, 48/84, 48/86, 149/87, 35/89, 163/90, 8/91, 33/92, 63/93, 270/94, 15/95)."

En el caso, se contó con una pluralidad de medios de prueba, en cuya práctica en el juicio oral pudo la defensa ejercitar sus derechos y defender sus legítimos intereses, dándose cumplida respuesta a los extremos que, según el recurrente, trataban de acreditarse a través de la prueba señalada. Concretamente, por lo que se refiere a la credibilidad de las menores y sus posibles contradicciones, depuso la perito a quien la defensa, con plena inmediación y contradicción, tuvo oportunidad de efectuar cuantas preguntas estimó oportunas.

Por lo demás, el recurrente no justifica cumplidamente la idoneidad objetiva de estas pruebas o la transcendencia de tal denegación para alterar el fallo, limitándose a indicar que la prueba es pertinente por los extremos que aduce y que fueron descartados motivadamente por ambas Salas sentenciadoras. Ahora bien, como hemos dicho en la STS 726/2016, de 30 de septiembre: "esta Sala Segunda, al examinar el requisito de la necesidad de la prueba denegada, establece (vd. SSTS 544/2015, de 25 de septiembre, o 545/2014, de 26 de junio), que para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no sólo su pertinencia sino también y singularmente su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. Es decir, la prueba debe aparecer como indispensable para formarse un juicio correcto sobre los hechos enjuiciables. Si la prueba rechazada carece de utilidad o no es "necesaria" a la vista del desarrollo del juicio y de la resolución recaída, el motivo no podrá prosperar. El canon de "pertinencia" que rige en el momento de admitir la prueba se multa por un estándar de "relevancia" o "necesidad" en el momento de resolver sobre un recurso por tal razón.

Decisión sobre la necesidad que ha de hacerse tras una valoración ex post. No se trata tanto de analizar si en el momento en que se denegaron las pruebas eran pertinentes y podían haberse admitido, como de constatar a posteriori y con conocimiento de la sentencia (ahí radica una de las razones por las que el legislador ha querido acumular el recurso sobre denegación de prueba al interpuesto contra la sentencia, sin prever un recurso previo autónomo), si esa denegación ha causado indefensión. Para resolver en casación sobre una denegación de prueba no basta con valorar su pertinencia. Ha de afirmarse su indispensabilidad. La superfluidad de la prueba, constatable a posteriori convierte en improcedente por mor del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas una anulación de la sentencia por causas que materialmente no van a influir en su parte dispositiva".

En todo caso, porque el recurrente no solicitó la práctica de la prueba en el escrito de formalización de la apelación al amparo del artículo 790.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que se desprende del examen de las actuaciones, por lo que no puede invocarse indefensión alguna, ni, en consecuencia, se formuló tampoco la correspondiente protesta, lo que es requisito para que prosperase el motivo articulado.

En conclusión, el motivo debe ser inadmitido al amparo del artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El segundo motivo se formula, al amparo del artículo 851.3º de la LECrim, por quebrantamiento de forma, al no haberse resuelto en sentencia todos los puntos que fueron objeto de la defensa.

1. El recurrente reitera que el testimonio de la menor Flor. incurría en contradicciones con el de su hermana Matilde., lo que aparejaba falta de credibilidad en esta última. Insiste en que se denegó la reproducción de la grabación de la exploración de C. en el acto del juicio oral y que la Audiencia Provincial finalmente no valoró esta exploración como documental. Entiende que, por ello, no se resolvieron todos los puntos que fueron objeto de la defensa.

2. Ha señalado la STS 495/2015 de 29 de junio, con cita de la sentencia de esta Sala 1100/2011 de 27 de octubre, que el vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" o también "fallo corto" aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada. Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes. No se comprenden en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros hechos impugnativos, por lo que no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión.

3. Este motivo también ha de inadmitirse. Pese a lo aducido por el recurrente para denunciar la ausencia de respuesta a sus alegaciones, la lectura de los argumentos del Tribunal de instancia, íntegramente asumidos por el Tribunal Superior, según se ha expuesto, ponen de manifiesto que, en el caso examinado, no concurre el quebrantamiento de forma que se denuncia, rechazándose por ambos Tribunales, de forma razonada y razonable, la práctica de la prueba consistente en la reproducción de la exploración de la menor Flor. que se había realizado por la perito.

Sobre el deber de motivación, debemos recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo 764/2015, de 18 de noviembre, ha puntualizado que el respeto al derecho fundamental que consagra el artículo 24.1 Constitución Española, requiere la obtención de una respuesta razonada a las pretensiones de las partes, pero no un razonamiento autónomo, singular y pormenorizado a todas y cada una de las razones jurídicas en que aquéllas se sustenten.

En sintonía con ello, respecto de la motivación fáctica de la sentencia, hemos reiterado en nuestra STS 30/2021, de 20 de enero, que se exige solamente ponderar los distintos elementos probatorios, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que ofrezca una explicación para su rechazo ( STC 148/2009, de 15-6; 187/2006, de 19-6). Así como que la necesidad de valorar toda la prueba, no implicará siempre que deban citarse en la sentencia todas y cada una de las pruebas, incluidas aquellas accesorias o marginales. Tampoco obliga a detallar uno por uno cada elemento probatorio. Es técnica no indefectiblemente reprobable, omitir toda mención de alguna prueba de descargo compatible con la inculpatoria que avale inequívocamente la culpabilidad; o que ha quedado ya descalificada sin necesidad de mayores apreciaciones por la prueba incriminatoria ( STS 653/2016, de 15 de julio).

En todo caso, porque si lo pretendido es que el Tribunal Superior de Justicia se pronunciase sobre algún extremo en concreto, tampoco se instó del mismo la correspondiente aclaración o complemento, lo que sería suficiente para desestimar el motivo ahora articulado, dada la interpretación que viene haciendo esta Sala del art. 851.3º de la LECr., al otorgarle un carácter subsidiario con respecto a los recursos de aclaración que prevé el art. 267 de la LOPJ. De modo que las posibles incongruencias omisivas en que haya podido incurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, deben solventarse a través de ese trámite procesal de la aclaración con el fin de evitar innecesarias dilaciones y aminorar los costes procesales de la Administración de Justicia, al mismo tiempo que se refuerza la naturaleza extraordinaria del recurso de casación ( STS 43/2018, de 25 de enero).

Por tanto, el motivo alegado se ha de inadmitir conforme al artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su consecuencia, procede adoptar la siguiente: