STS 171/2021, 25 de Febrero de 2021

PRIMERO .- La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Segunda, entre otros pronunciamientos, condenó a Alonso como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales, a las penas que dejamos consignadas en nuestros antecedentes, frente a cuya resolución judicial ha recurrido en casación el aludido acusado en la instancia, recurso que seguidamente procedemos a analizar y resolver.

SEGUNDO .- En el primer motivo, formalizado por vulneración constitucional, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la infracción de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

El recurrente censura la falta de motivación sobre la prueba de cargo e insuficiencia de la misma.

Enseña la STC 33/2015, de 2 de marzo, que es doctrina clásica (reiterada desde las ya lejanas SSTC 137/1988, de 7 de julio, FJ 1, o 51/1995, de 23 de febrero, FJ 2), que la presunción de inocencia, además de constituir criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en Sentencia. La condena sólo gozará de legitimidad constitucional si ha mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por el Tribunal penal, pueda entenderse de cargo y suficiente.

Los hechos probados narran que el acusado se venía dedicando al tráfico de drogas desde el año 2003, y que con el producto obtenido con dicha actividad, fue adquiriendo diferentes vehículos y abonó el importe de dos préstamos hipotecarios constituidos sobre una vivienda de Barcelona y que desde 2006 a 2012 adquirió vehículos de alta gama que, en ocasiones, enajenaba a través de páginas especializadas de Internet, blanqueando así el producto del dinero procedente de la droga.

Concretamente la parte recurrente cuestiona el fundamento jurídico para llegar a las siguientes conclusiones probatorias:

1) Que el Sr. Alonso se habría dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes ya desde el año 2003.

2) Que el Sr. Alonso adquirió diferentes vehículos con el dinero proveniente del tráfico de sustancias estupefacientes.

3) Que los dos préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda sita la PLAZA001 n. NUM009, de Barcelona, habrían sido pagados con dinero proveniente del narcotráfico.

4) Que el Sr. Alonso, entre los años 2006 y 2012, adquirió diversos vehículos de alta gama que luego enajenaba ofertándolos en páginas especializadas de Internet, utilizando este método para blanquear dinero proveniente de la actividad ilícita de tráfico de droga.

La dedicación al tráfico de drogas, que no requiere condena previa, la extrae el Tribunal sentenciador de los atestados que valora en su fundamentación jurídica, y cuyo razonamiento en la sentencia recurrida es el siguiente:

"De hecho, resulta evidente que la operación interceptada que dio origen a la presente causa no tenía carácter puntual o esporádico, ya que solo significaba una pequeña parte de las sustancias que el acusado tenía preordenadas a su posterior tráfico. Además, el alijo intervenido indica una capacidad de compra y venta de tales ilícitas sustancias impropia de una persona que comienza, máxime cuando ya se había proveído de la utilización de un trastero como almacén adecuadamente oculto tras la titularidad de otra persona, lo que señala la existencia de una estructura dedicada de forma estable a dicha actividad. Corroborando todo ello, no debe olvidarse que fue precisamente su notoriedad en el mundo de la noche, donde se le conocía domo distribuidor de drogas de diseño en locales de ocio llamados "afters" de la provincia de Barcelona, lo que dio lugar precisamente al inicio de la operación policial (folio 983). Si a ello se suma la existencia de una anómala actividad en la cuenta bancaria de su exclusiva titularidad, con el uso de abundante dinero en metálico, en importes muy diversos, fechas muy dispares y conceptos atípicos; la ausencia de prestación laboral o actividad económica legal que justifique tales movimientos; la tenencia de dinero en efectivo en su domicilio tras su detención al que no dio explicación alguna, siendo que en esa fecha estaba desempleado; la constancia de un nivel de gasto durante los años precedentes muy por encima de los ingresos de origen lícitamente justificable generados en ese mismo periodo; la adquisición de vehículos de alta gama mediante pagos en efectivo de importantes cantidades que permanecían al margen del circuito bancario; la debilidad de sus explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; y la utilización de su hermana y de su pareja sentimental como testaferros, resultan elementos indiciarios suficientes para considerar que dicho acusado obtuvo beneficios, en forma de dinero, procedentes del previo tráfico de sustancias estupefacientes, lo que satisface el primer elemento requerido por el tipo penal estudiado.

En segundo lugar, la adquisición de un producto financiero, una motocicleta y un automóvil con el dinero en efectivo metálico originado en su actividad ilícita, llegando incluso a interponer la titularidad aparente de su hermana para ocultar su propiedad real; y la amortización de dos .préstamos y del aplazamiento del precio de compra de la plaza de aparcamiento, aprovechándose para ello de los ingresos bancarios resultantes de su delictiva empresa, suponen comportamientos idóneos para incorporar tales beneficios ilícitos al tráfico económico. regular. Igual consideración merece la adquisición de vehículos de alta gama mediando efectivo, para su posterior enajenación a través de páginas especializadas de Internet, dado que ello no supone más qué el aprovechamiento de los recursos dinerarios obtenidos del delito, en un negocio aparentemente legal con el que obtener unos beneficios blanqueados que oculten la procedencia ilícita del dinero con el que se realizó su adquisición, máxime si ello se realiza, como ocurrió a partir del 2013, a nombre de un testaferro del núcleo familiar del acusado, lo que viene a satisfacer ampliamente por tanto el Segundo elemento requerido por el tipo penal objeto de acusación.

En cuanto al tercero, consistente en el conocimiento del origen ilícito del dinerario que se aprovecha, resulta palmario en el acusado, dada su participación directa en el delito precedente que lo ocasiona, siendo este caso un claro ejemplo de autoblanqueo.

Y finalmente, el dolo dirigido a las concretas finalidades del tipo resulta evidente de los concretos actos comisivos, ya que la utilización de dinero efectivo en compras de cuantías muy importantes, con el riesgo y anormalidad que supone el manejo de tal cantidad, de metálico, hechas al margen de cualquier reflejo bancario y tributario, y con utilización de testaferros, indica el pleno conocimiento en su autor de la ilicitud del comportamiento y la preordenada voluntad a su realización".

Además, argumenta la Audiencia que a pesar de que el acusado aseguró en juicio haberse dedicado a la compraventa de vehículos desde el año 2004 al 2012, no recordaba dato concreto alguno sobre tal actividad, con una gran ambigüedad en sus afirmaciones. No obstante, reconoció que nunca se dio de alta en dicha actividad económica ni llegó a tener establecimiento mercantil abierto al público, haciéndolo todo por Internet. Para ello, se metía en páginas de compraventa de ocasión y compraba y vendía los coches, a veces reparándolos previamente. Admitió que algunos de ellos los ponía a su nombre y otros no, y aseguró que el origen de los ingresos no justificados de dinero de su cuenta corriente provenían, por tanto, de la compraventa de vehículos.

A pesar de ello, la sentencia recurrida razona: "No cabe incluir, por tanto, la actividad de compraventa de vehículos, dado que el desconocimiento que en unas ocasiones se tiene del precio de compra o de venta de los vehículos, y la práctica en otras del intercambio de éstos como forma de pago, sin constar en ambos supuestos la peritación de los mismos, limitan la certeza del valor de tal actividad, lo que en aplicación del principio in dubio pro reo obliga el Tribunal a no contabilizar importe alguno".

En tercer lugar, se queja de la conclusión de que el préstamo hipotecario haya sido pagado con bienes procedentes del delito de narcotráfico, siendo así que consta como documento la escritura notarial de fecha 23.03.2000 (Protocolo n. 1060/2012), de constitución de préstamo hipotecario entre: Alonso y Milagros, por una parte, y la entidad CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, por otra parte, sobre la vivienda sita en PLAZA001, n. NUM013, de Barcelona.

Y se alega que, en efecto, por entonces, la Sra. Milagros era la pareja sentimental y estable del Sr. Alonso, vivían juntos y planificaban construir su futuro, de ahí que el préstamo haya sido solicitado a nombre de ambos y se iba pagando por parte de los dos.

Pero ello no quiere decir que no se hayan pagado las cuotas de amortización con dinero procedente de dicha actividad, como afirma la Audiencia, ante la nula presencia de ingresos lícitos, conforme a la prueba practicada, y apoyándose en el informe pericial contable al efecto practicado y rendido en el juicio oral.

En suma, señala el recurrente que no se da un incremento inusual de su patrimonio, y que la cantidad de dinero no declarada por la compraventa de vehículos podría derivar en una sanción administrativa o tributaria, pero en ningún caso en una sanción penal.

Pero el Tribunal sentenciador, al analizar la prueba no imputa todos los ingresos como procedentes del narcotráfico, sino que en un ejercicio de ponderación, conforme al principio in dubio pro reo, extrae de su consideración determinados activos patrimoniales.

En consecuencia, la Audiencia razona que el valor total del patrimonio blanqueado por el acusado a través de las operaciones antes descritas, se limita a la suma de los importes de las adquisiciones y pagos relativos a los precedentes apartados (a, b, c, d y e), al haber quedado acreditada en cada uno de éstos la cuantía concreta de los recursos del acusado que han sido enjuiciados y que fue destinado a ello. Pero no cabe incluir la actividad de compraventa de vehículos, dado que el desconocimiento que en unas ocasiones se tiene del precio de compra o de venta de los vehículos, y la práctica en otras del intercambio de éstos como forma de pago, sin constar en ambos supuestos la peritación dé los mismos, limitan la certeza del valor afecto a tal actividad, lo que en aplicación del principio in dubio pro reo obliga al Tribunal de instancia a no contabilizar importe alguno. Igual conclusión merecen los pagos que pudiera haber realizado el acusado en relación al trastero de referencia, al no haber podido concretar la encargada del centro, Vanesa, en su declaración plenaria, qué pagos concretos hizo éste, ya que ella no se encargaba de su cobro.

Y, por último, alega el recurrente en su descargo que la cantidad blanqueada es irrisoria, toda vez que, respecto a los préstamos hipotecarios, los firmó con su entonces pareja (los 66.393,92 euros que se dicen no justificados), por lo que si dicha cantidad se divide entre diez años y se tiene en cuenta la actividad de compraventa de coches, resultan 500 € mensuales, cantidad que se califica de irrisoria.

Son muchas las Sentencias de esta Sala Casacional en las que el comportamiento delictivo derivado de la ocultación de bienes de procedencia delictiva se hace mediante ingresos en cuenta, pero citamos al efecto tres casos paradigmáticos, son las SSTS 108/2019, de 5 de marzo; 165/2016, de 2 de marzo, y 487/2014, de 9 de junio. En esta última, las acusadas ingresan pequeñas cantidades de dinero en efectivo en cuenta corriente, con objeto de camuflar su origen delictivo, con ingresos muy próximos en el tiempo.

En realidad, que se trate de cantidades de una gran magnitud o de pequeñas cantidades, no cambia nada, solamente suponen dos modos de actuación. El blanqueo tanto lo es de una pequeña parte del numerario delictivo, como de una grande. Lo importante es que la entrega se haga con ánimo de disimular el origen delictivo del dinero y que se confunda con el patrimonio legalmente propio, para así dar apariencia de legalidad a lo que no lo tiene. La pena sí estará en función de la cantidad blanqueada.

Como argumenta el Ministerio Fiscal al impugnar el motivo, la sentencia recurrida dedica un extenso fundamento primero a la valoración probatoria, distinguiendo la prueba, hecho por hecho, y todo ello tras haber descrito un aspecto fáctico que ahora no se cuestiona por el recurrente, consistente en que es sorprendido cuando vende al coimputado 330 pastillas de MDMA a cambio de 3.000 €, y se le ocupan numerosas cantidades de pastillas de la misma sustancia, por valor de 296.668 €, tanto en el vehículo que conducía, como en el trastero de la empresa donde es sorprendido, como en la cocina, el salón y el dormitorio de su domicilio, junto con balanzas de precisión, bolsas de reparto y dinero en metálico, hecho éste a partir del cual se enmarca la investigación por blanqueo de capitales, señalando la Audiencia que le constan antecedentes policiales por delito contra la salud pública, lo que valora como indicio de la antigüedad de su actividad delictiva, basando su convicción en la prueba pericial contable practicada por el Inspector de Policía, TIP NUM014, ratificando su informe en el juicio oral y sometiéndose a las preguntas de las partes, explicando la acreditación del ingreso en su cuenta bancaria, de un total de 107.376 €, no justificados, ingresados en el periodo comprendido entre 2009 y 2015 mediante ingresos en metálico o ingresos en cajeros, en cantidades que oscilaban entre los 5 y los 1.380 €.

Junto a ello, el Tribunal sentenciador valoró los informes de vida laboral y el modelo 190 de la AEAT, incorporado a la causa, la documental sobre los ingresos y extracciones de la cuenta bancaria de la que el recurrente es titular y la pericial sobre todos y cada uno de tales datos.

Una vez analizada la prueba de cargo, el tribunal analiza la versión de descargo que rechaza razonadamente, especialmente en la materia ya analizada de la supuesta compraventa de vehículos usados, como fuente de financiación, no habiendo sido acreditada ésta.

En efecto, en el recurso sostiene el recurrente que los ingresos no justificados proceden de la actividad de compraventa de vehículos llevada a cabo desde el año 2004 al 2012, pero destaca el tribunal "a quo" que ni el acusado supo concretar el número de vehículos vendidos, ni se dio de alta en dicha actividad, ni tuvo establecimiento mercantil alguno para realizarla, afirmando, como toda explicación, que unas veces los ponía a su nombre y otras no.

La Audiencia analiza que las fuentes de ingresos citadas en las compraventas de vehículos no siendo posible que los adquirentes paguen siempre mediante metálico o en ingresos en cajeros, y a ello añade que fue el propio acusado quien manifestó haber cesado en esta actividad en el año 2012, pese a lo cual, este tipo de ingresos y con mayor intensidad, se prolongaron hasta su detención por estos hechos.

Es a partir de todos estos datos, como la Sala concluye que a falta de cualquier otra explicación razonable, puede tenerse por acreditado que nos encontramos ante ingresos procedentes de la actividad de tráfico de drogas realizada por el acusado, derivada de su actividad de narcotráfico.

En la valoración probatoria, la Audiencia corrige una de las conclusiones de la pericial, explicando el origen del error padecido al no haber operado el perito con datos conocidos posteriormente, relativos a los cargos realizados en pago de la plaza de aparcamiento, erróneamente imputados al préstamo hipotecario solicitado por su padre sobre la vivienda familiar de la que era avalista. A ello añade la existencia de diversos pagos sin reflejo en la cuenta del acusado, efectuados para adquirir bienes -como productos financieros, una motocicleta o automóviles-, utilizando para ello importantes cantidades de dinero en metálico al margen del circuito bancario, y que entiende que resultan probados, por un lado, por los propios extractos de dicha cuenta y por otro, por la pericial, junto con la testifical del adquirente de uno de los coches, quien en el plenario admitió que el pago del precio del automóvil que vendió al acusado pudo ser en efectivo.

Continúa razonando la Sala de instancia que si la suma de los pagos, es muy superior a los ingresos, desequilibrio indicativo de la entrada de recursos dinerarios al margen del circuito bancario y su incidencia tributaria, por cantidades significativas, la ausencia de una actividad lícita que los origine, permite atribuirlos racional y razonablemente a los beneficios provenientes del tráfico de sustancias estupefacientes que practicaba el acusado quien no ofreció explicación razonable al respecto.

La Sala sentenciadora de instancia en un ejercicio pormenorizado de la valoración probatoria se refiere a la compra de una motocicleta marca Yamaha pagada en efectivo (dato acreditado por la documental y la pericial), hasta el pago también en efectivo en el BBVA de un producto financiero, pasando por la adquisición de un vehículo Mercedes, puesto a nombre de otra persona, hecho acreditado por el informe policial ratificado en el juicio, la documental consistente en el contrato de compraventa de dicho vehículo en el que aparece el acusado y no otra persona, la factura del concesionario por el mantenimiento, la testifical del vendedor, la información de la DGT, etc.

El Tribunal sentenciador separa la prueba de cada hecho, distingue la prueba directa de la indiciaria y en cuanto a esta última, razona detalladamente el proceso seguido en el juicio de inferencia.

En consecuencia, existe prueba directa que sustenta la inferencia judicial, por lo que se satisface que la presunción de inocencia del acusado, ha sido correctamente enervada, y ello también avala que la explicación de la Sala sentenciadora de instancia ha sido suficiente, lo que conforma el derecho a la tutela judicial efectiva.

En el único punto que debe ser estimado el motivo es el correspondiente al decomiso de la vivienda que se cita a continuación, toda vez que el razonamiento resulta poco explícito, y además, supone una notable desproporción.

En efecto, la Audiencia concluye lo siguiente:

"Procede igualmente el decomiso definitivo de la vivienda sita en la PLAZA001 n° NUM009 (B- NUM006, casa n° NUM010, según inscripción registral) de Barcelona (referencia catastral NUM011), titularidad de Alonso, no por haber sido adquirida con fondos delictivos -hecho éste que no ha sido probado, según se ha motivado-, sino por haberse utilizado en fecha 20 de septiembre de 2013 como garantía para la concesión de una ampliación de préstamo cuya amortización se ha ido realizando con recursos provenientes del narcotráfico, lo que supone un aprovechamiento de dicho inmueble para conseguir un recurso financiero con el que blanquear el ilícito origen del dinero con el que se pagaba, conllevando ello la consecuencia accesoria del decomiso del bien utilizado a tal fin".

Con esta sola argumentación, quiebra el principio de proporcionalidad en tal decomiso, al no haberse determinado la cantidad de la ampliación del préstamo, ni los demás elementos de donde significar la actividad de blanqueo de capitales, pues como dice la Audiencia la adquisición de la vivienda no puede tacharse de procedencia ilegal, derivada de la comisión de un delito contra la salud pública

En consecuencia, el motivo será estimado en este solo particular.

TERCERO .- Por el segundo motivo, el recurrente, denuncia la infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los art. 368, 369, 21.2ª, 66 y 301.1 del Código Penal.

Respecto al delito contra la salud pública, pretende la aplicación de la circunstancia atenuante de actuar el culpable, en el momento de ocurrir los hechos, a consecuencia de su grave adicción a sustancias estupefacientes, especialmente ketamina ( art. 21.2ª CP).

El recurrente extrae del informe del perito Dr. Primitivo, la siguiente conclusión: "El período al cual hace referencia el presente análisis se extiende aproximadamente desde la última semana de septiembre del 2014 hasta la última semana del mes de octubre del 2015".

"En la muestra de cabello Sí se ha detectado presencia de KETAMINA, por encima del límite de detección y cuantificación".

Y realiza diversas consideraciones respecto a lo dictaminado por el perito Dr. Rodrigo.

Nada consta en el factum de la sentencia recurrida, por lo que el motivo, por estricta infracción de ley, no puede prosperar.

Desde el plano del "error facti", en el tercer motivo, y al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba, señala como erróneo el quinto fundamento de la sentencia recurrida cuando se dice que: " Alonso no consumió absolutamente ninguna sustancia estupefaciente al menos durante los 5 meses anteriores a los hechos enjuiciados, período éste suficientemente amplio como para poder descartar la concurrencia en el mismo de la grave adicción causal exigida por el art. 21.1ª CP".

Cita el informe pericial del Dr. Don Primitivo cuando concluye: "El período al cual se hace referencia el presente análisis se extiende aproximadamente desde la última semana de septiembre de 2014 hasta la última semana del mes de octubre de 2015".

"Se puede considerar que la persona a quien pertenece el cabello analizado SÍ ha consumido KETAMINA en el período de referencia".

Señala al respecto la sentencia recurrida:

"... en el caso de autos Alonso afirmó en juicio que consumía sustancias estupefacientes desde los 16 o 17 años a razón de 6 o 7 gramos de ketamina diarios. Mantuvo igualmente que en el año 2015 consumió también drogas, entre ellas cannabis. Y aseguró que de dichas adicciones fue tratado por el Dr. Rodrigo desde el año 2001 al 2005, tomado para ello ansiolíticos, tratamiento que dijo mantener aún en ese momento aunque ya no había vuelto a consumir desde junio de 2015.

Por su parte, el referido facultativo declaró en juicio como perito médico, informando tener el título de licenciado en medicina y cirugía, así como un master en medicina evaluadora y un master en medicina forense, no considerándose experto en toxicomanías aunque sí habría tratado algunos casos. En relación al acusado afirmó haberlo llevado entre los años 2001 y 2005 por diversas enfermedades así como por las adicciones que padecía a sustancias, observando en el mismo una dependencia más psíquica qué física, así como un trastorno base de la personalidad que se intuía, si bien con la adicción era difícil de separar. En el año 2015 dicho paciente volvió a visitarle, trayendo consigo un análisis de cabello que daba positivo a ketamina. Sin embargo, no pudo dicho perito concretar qué grado ni en qué momento pudo tener alteradas el acusado sus facultades volitivas ni cognitivas, limitándose a afirmar de forma genérica que cualquier adicción puede afectarlas. Reconoció además que cuando lo trató, entre 2001 y 2005, "no le hizo ninguna analítica para identificar las sustancias, que consumía, limitándose a concluirlas de las manifestaciones que éste le hacía. Y admitió también que después de 2005 y hasta 2015 no volvió a visitarlo ni a tratarlo, ni le hizo tampoco ningún test de personalidad para determinar su trastorno, advirtiendo a este respecto que no es psiquiatra y que por tanto no hace diagnósticos en esta materia. Finalmente, y a preguntas expresas, contestó no saber la trascendencia que el consumo de ketamina detectado en el análisis de 2015 pudo tener en la actuación del acusado objeto de enjuiciamiento.

Ante tan escaso resultado, toman mayor relevancia las periciales biológicas del Dr. Pedro Jesús, del Instituto de Medicina Legal a propuesta de la acusación pública, y el Dr. Victor Manuel, de la empresa NEODIAGNOTISCA S.L., como perito privado de la defensa de Alonso, habiendo incomparecido el Dr. Anton, que fue renunciado por todas las partes proponentes. Practicadas de forma conjunta, ratificó el primero su dictamen sobre Artemio (folios 660 a 662) y explicó además que, una vez analizado el mechón de 6 centímetros de cabello que se le remitió, se encontraron 2,5 nanogramos de cocaína por miligramo de cabello. Dada la longitud del cabello y partiendo de que éste crece alrededor de 1 centímetro al mes, el periodo analizado equivalía a 6 meses, con lo que tomada la muestra en julio de 2015 el consumo se produjo entre ese mes y el mes de enero de 2015, sin poder concretar la fecha. En cuanto a la concentración hallada, la consideró entre media y baja, sin poder determinar una relación entre concentración e intensidad de consumo, ya que el tipo de cabello y la genética del individuo influyen en la fijación de la sustancia en el cabello. En relación al dictamen sobre Alonso (folios 686 y 687), explicó que en esa ocasión analizaron un mechón de 5 cm tomado también en julio de 2015, con lo que el periodo de análisis se remontaría hasta febrero, no detectando en el cabello ninguna sustancia a pesar de haber buscado en él restos de anfetaminas y derivados, entre los que se incluyen éxtasis, MDA, MDMA, cocaína y metabolito, morfina y otros opiáceos para detectar el consumo de heroína, metadona, ketamina y otros fármacos utilizados de abuso.

El segundo perito afirmó por su parte haber tomado nuevas muestras de cabello a Alonso en noviembre de 2015, es decir, después del anterior, alcanzando éstas una longitud de 14 cm. Tras ello sometió a dichas muestras a un barrido de unas 10 sustancias, reconociendo ser prácticamente las mismas que el anterior perito, detectando 0,78 nanogramos de ketamina por miligramo de cabello. Consideró dicho valor como propio de una concentración de nivel medio, si bien, tras disentir el primer perito y apreciar la misma como baja, admitió que ello es relativo y que también era admisible valorarla como media-baja. Coincidieron sin embargo ambos peritos en explicar que el motivo por el que el primer análisis resultó negativo a todas las sustancias puede encontrarse en que el consumo se produjo en el mayor periodo que abarcó el segundo análisis, es decir, o antes de febrero de 2015 o después de julio de 2015.

Por tanto, a la vista de cuanto antecede, y aun partiendo del supuesto más favorable al acusado, resulta acreditado por estas periciales que Alonso no consumió absolutamente ninguna sustancia estupefaciente al menos durante los 5 meses anteriores a los hechos enjuiciados, periodo éste suficientemente amplio como para poder descartar la concurrencia en el mismo de la grave adicción causal exigida por el artículo 21.1ª CP , así como cualquier afectación de sus facultades cognitivas o volitivas en el momento de la comisión de los hechos enjuiciados relacionada con un consumó totalmente inexistente en esa época".

Como alega el Ministerio Fiscal, el recurrente omite que su perito no fue el único, sino que concurrió con otros dos y que el tribunal analiza las conclusiones de todos ellos que, además, no son concordantes entre sí. Refiere la declaración del médico que, según dijo, le había tratado desde el año 2001, quien manifestó no haberle practicado nunca un análisis y no ser especialista en la materia para concluir que desconocía la trascendencia que el consumo de ketamina detectado en el análisis de 2015 pudo tener en la actuación del acusado en los hechos enjuiciados.

Hay que advertir que los informes periciales no resultan vinculantes para el órgano de enjuiciamiento, ni son literosuficientes para evidenciar el error en la valoración de la prueba que se denuncia. El primer requisito que exige el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que el error surja de forma incontestable del particular de un documento. Este carácter no puede atribuirse, como se ha dicho con reiteración, a las pruebas personales. En cuanto a la prueba pericial, esta Sala ha señalado en numerosas ocasiones que, en realidad, se trata de una prueba personal, aunque excepcionalmente le haya reconocido virtualidad para permitir la alteración del relato fáctico cuando el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario o bien cuando hayan llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

A la vista de todo este material probatorio, la Sala sentenciadora concluye que no quedó acreditado el hecho de la alteración de las facultades intelectivas y volitivas del acusado, por el consumo de drogas, al tiempo de los hechos.

Además de tal dificultad para ser estimado el motivo en este trance casacional, es jurisprudencia de esta Sala que, en los delitos contra la salud pública cometidos en grandes cantidades, como es el caso, no opera tal circunstancia atenuante que está pensada para aminorar la responsabilidad penal de quien trata de aprovisionarse de recursos para poder consumir, lo que es inoperante en el tráfico de grandes cantidades de sustancias estupefacientes.

Con respecto al delito de blanqueo de capitales, el recurrente denuncia que "no es posible demostrar que el origen del dinero destinado a las referidas operaciones fuera ilícito, ni que haya derivado del tráfico de sustancias prohibidas."

El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una ACTIVIDAD RENTABLE.

Con la STS 279/2013, de 6 de marzo, hemos de declarar que el bien jurídico que da autonomía al delito es, desde una visión genérica, el orden socioeconómico, y dentro de este, los intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo. Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.

La STS 292/2017, de 26 de abril, declara que la condena por un delito de blanqueo de capitales no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva. Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.

El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen criminal (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.

En efecto, el delito de blanqueo de capitales tipificado en el art. 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni legal ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable, de que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas de delito, conociendo ese origen, o, al menos, representándoselo y mostrando indiferencia frente a ello (dolo eventual), puede abrirse paso una condena por delito doloso de blanqueo de capitales.

Con la STS 811/2012, de fecha 30/10/2012, hemos de declarar:

1. - No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo.

2. - La prueba indiciaria constituye el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para acreditar su comisión.

3. - Los marcadores indiciarios que deben concurrir son: a) El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y c) La constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.

   La STS 1637/2000, de 10 de enero, enfatiza que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito ( STS 2410/2001, de 18-12), o del tráfico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el art. 301.1, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad ( SSTS. 1070/2003, de 22-7; y 2545/2001, de 4-1-2002).

   Por lo demás, ningún otro reproche se ha llevado a cabo por el recurrente que, en este motivo por estricta infracción de ley, vuelve a reproducir sus quejas probatorias, que ya han sido analizadas con anterioridad, y que están fuera de lugar en un motivo formalizado por estricta infracción de ley.

   En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

   CUARTO .- En el motivo tercero, y al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con respecto al delito de blanqueo de capitales, el recurrente invoca como documento la escritura notarial de 23 de marzo de 2000 (Doc. 28) en el particular que refiere que el acusado junto con Milagros son los prestatarios en un préstamo de La Caixa en la cantidad de 46.878,94 €. De tal documento extrae la conclusión de que tal préstamo hipotecario fue constituido por el acusado y su pareja sentimental, sin que nada tuvieran que ver con el tráfico de drogas imputado al primero.

   La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que se citen con toda precisión los documentos en que se base la queja casacional, incorporados a la causa, con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido; c) que tales documentos sean literosuficientes, es decir, que basten por sí mismos para llegar a la conclusión acreditativa que se pretende, evidenciando el objeto de prueba sin necesidad de acudir a otras fuentes probatorias o a complejos desarrollos argumentales; d) que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa; e) que el recurrente lleve a cabo, al menos, una mínima justificación argumental como causa de la impugnación; f) que el recurrente proponga una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo; y g) que tal rectificación del "factum" no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna.

   En el caso, la simple constatación de que el préstamo se pidiera con su pareja, no neutraliza, por sí mismo, la afirmación de que se pagaron las cuotas mediante los fondos obtenidos de la venta de drogas, que es lo que mantiene la sentencia recurrida.

   De los documentos esgrimidos no resulta de forma nítida y aparente el error padecido por la sentencia recurrida en su resultancia fáctica; carecen, en consecuencia, de literosuficiencia.

   En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

   QUINTO .- En el cuarto motivo, y al amparo de lo autorizado en el art. 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como quebrantamiento de forma, se denuncia la contradicción entre los hechos probados de la sentencia recurrida y los fundamentos jurídicos de la misma, incluso con el fallo.

   En efecto, en el motivo se reproducen diversos pasajes del factum, y a continuación, el recurrente reproduce la argumentación de la sentencia recurrida de donde la Audiencia descansa su convicción para llegar a aquel resultado fáctico, y naturalmente al fallo, censurando el recurrente tal razonamiento judicial, de modo que considera que no es conforme con el planteamiento de sus pretensiones.

   El vicio sentencial de contradicción en los hechos probados, conforme a una pacífica jurisprudencia de esta Sala, consiste en el empleo en el hecho probado de términos que, por ser antitéticos, resulten incompatibles entre sí, de tal suerte que la afirmación de uno resta eficacia al otro al excluirse uno al otro, produciendo una laguna en la fijación de los hechos. Consecuentemente, se deducen los siguientes requisitos para el éxito de este motivo de impugnación: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta en el sentido gramatical de las palabras; por ello la contradicción debe ser ostensible y producir una incompatibilidad entre los términos cuya contradicción se denuncia; b) debe ser insubsanable, no siéndolo cuando, a pesar de la contradicción gramatical, la misma puede entenderse en el contexto de la sentencia; c) que sea interna en el hecho probado, pues no cabe esa contradicción entre el hecho y la fundamentación jurídica, si bien se excepcionan aquellos apartados del fundamento jurídico que tengan un indudable contenido fáctico; d) que sea completa, es decir, que afecte a los hechos y a sus circunstancias; e) la contradicción ha de producirse respecto a algún apartado del fallo relevante para la calificación jurídica, de tal forma que si la contradicción no es esencial ni imprescindible a la resolución no existirá el quebrantamiento de forma ( SSTS 323/2005, 1024/2005, 248/2007 o 474/2009, como entre otras muchas) ( STS 229/2016, de 17 de marzo).

   En el caso, la contradicción denunciada no es interna, sino externa, pues se contrapone el hecho con el fundamento jurídico, y esto naturalmente desborda la viabilidad del motivo, adentrándose en una discrepancia argumental impropia de un motivo como el esgrimido, razón por la cual esta queja casacional no puede prosperar.

   SEXTO .- Al proceder la estimación parcial del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

   F A L L O

   Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1. - ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de casación interpuesto por la representación legal del acusado DON Alonso, contra Sentencia 797/2018, de 11 de octubre de 2018 de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

2. - DECLARAR DE OFICIO las costas procesales ocasionadas por su recurso en la presente instancia.

3. - En consecuencia, CASAR Y ANULAR, en la parte que le afecta, la referida Sentencia 797/2018, de 11 de octubre de 2018 de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que será sustituida por otra más conforme a Derecho.

4. - COMUNICAR la presente resolución y la que a continuación se dicta, a la Audiencia de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

   Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

   Así se acuerda y firma.

   Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Vicente Magro Servet

   Susana Polo García Leopoldo Puente Segura

   RECURSO CASACION núm.: 1626/2019

   Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

   Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

   TRIBUNAL SUPREMO

   Sala de lo Penal

   Segunda Sentencia

   Excmos. Sres. y Excma. Sra.

   D. Julián Sánchez Melgar

   D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

   D. Vicente Magro Servet

   Dª. Susana Polo García

   D. Leopoldo Puente Segura

   En Madrid, a 25 de febrero de 2021.

   Esta sala ha visto el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y de precepto constitucional interpuesto por la representación legal del acusado DON Alonso (cuyos antecedentes constan en el procedimiento), contra Sentencia 797/2018, de 11 de octubre de 2018 de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia que ha sido recurrida en casación por la representación legal de dicho acusado, y ha sido casada y anulada en la parte que le afecta, por la Sentencia dictada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo al estimarse parcialmente el recurso formulado. Por lo que los Excmos. Sres. Magistrados que formaron Sala y bajo la misma presidencia, proceden a dictar esta Segunda Sentencia con arreglo a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

   Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.

ÚNICO .- De conformidad con lo argumentado en nuestra anterior Sentencia Casacional, debemos dejar sin efecto el decomiso decretado en la sentencia recurrida respecto a la vivienda sita en la PLAZA001 n° NUM009 (B- NUM006, casa n° NUM010, según inscripción registral) de Barcelona, (referencia catastral NUM011), por el delito de blanqueo de capitales.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Que manteniendo en todos sus pronunciamientos condenatorios referidos a Alonso, y los demás decomisos, con sus consecuencias, debemos dejar sin efecto el decomiso decretado en la sentencia recurrida respecto a la vivienda sita en la PLAZA001 n° NUM009 (B- NUM006, casa n° NUM010, según inscripción registral) de Barcelona (referencia catastral NUM011), por el delito de blanqueo de capitales.

En lo restante, se mantienen los demás extremos del fallo de instancia, en tanto que sean compatibles con lo dispuesto en esta resolución judicial.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Vicente Magro Servet

Susana Polo García Leopoldo Puente Segura