ATS, 23 de Octubre de 2018

Por el Juzgado de lo Social Nº 11 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2017, en el procedimiento nº 1114/15 seguido a instancia de D.ª Susana contra Air Europa Líneas Aéreas SAU, sobre materias laborales individuales, que desestimaba la pretensión formulada.

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 14 de junio de 2017, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

Por escrito de fecha 6 de septiembre de 2017 se formalizó por la letrada D.ª Lydia Meléndez Lazo en nombre y representación de D.ª Susana, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

Esta Sala, por providencia de 6 de septiembre de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, por falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

1. - Es objeto del actual recurso unificador la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Madrid de 14 de junio de 2017 (Rec. 488/17), confirmatoria de la de instancia que desestimó la demanda, en la que la trabajadora solicitaba se declare que entre la actora, y la empresa Air Europa Líneas Aéreas SAU, "existe una relación laboral de carácter indefinido y tiempo completo desde la fecha 6 de abril de 2006 hasta la actualidad, y se condene a la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración con todas las consecuencias legales inherentes a la misma".

La trabajadora venía prestando servicios para la empresa Air Europa Líneas Aéreas, S. A. U., con la categoría de auxiliar de vuelo - tripulante de cabina de pasajeros (TCP)-, desde el 6/4/2006 mediante diversos contratos de trabajo de duración determinada, que se especifican el HP 2º, ocupando en el escalafón de trabajadores eventuales el nº 411. Los contratos son como eventual por circunstancias de la producción, por " aumento de vuelos " o por "Acumulación de tareas", a tiempo completo, según Convenio, en los periodos que se indican en el HP 1º. Consta que desde la finalización del primer periodo de contratación -6/4/2006-, y en los periodos intermedios entre los diferentes periodos de contratación temporal, la demandante ha permanecido en situación de desempleo percibiendo las prestaciones correspondientes, y/o, trabajando en diferentes empresas, existiendo en todos los casos un periodo de interrupción entre contratos, superior a 20 días. Con fecha 1-6-2015, la actora suscribió contrato de trabajo indefinido, a tiempo parcial, con efectos de 2-6-2015, para la realización de trabajos periódicos de carácter discontinuo, con jornada de 270 días y nivel retributivo 8, subnivel 2, ocupando el nº 1.263 en el nuevo escalafón.

Tras denuncia efectuada por el sindicato USO, por la Inspección de trabajo se requirió a la empresa el 16/1/2015 para que transformara los contratos eventuales de los TCP en indefinidos, al considerar que el trabajo efectuado responde a necesidades permanentes. La inspección también trasladó a la empresa la conveniencia de abrir una vía de negociación con los representantes de los trabajadores con el fin de intentar alcanzar un acuerdo. Tras diversas reuniones, la empresa asumió el compromiso de cumplir el requerimiento y al mismo tiempo el convenio de aplicación, ofreciendo un contrato indefinido a tiempo parcial a todos los trabajadores afectados por el requerimiento y a todos aquellos que actualmente están incluidos en el escalafón de contratación temporal, iniciando el ofrecimiento en el número 1 del escalafón y así sucesivamente. Con fecha de 13 de mayo de 2015, por la Inspección se dicta diligencia, en la que "se considera que el compromiso en los términos del escrito presentado constituye cumplimiento del Requerimiento....". Los distintos sindicatos con representación entre los TCPs, promovieron procedimiento de Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional- Sala de los Social, habiendo desistido del mismo el 15/03/2016.

En la demanda rectora se solicita reconocimiento de una relación laboral indefinida y a tiempo completo desde el primero de los contratos, 6/4/2006, con reconocimiento de escalafón y nivel contributivo que ello conlleva y todas las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

La sentencia de instancia desestima la demanda. La cuestión suscitada se centra en determinar el efecto que pueden tener las interrupciones anteriores a la suscripción del contrato de trabajo indefinido del 1/6/2015 en la determinación de la antigüedad efectiva en la empresa, interrupciones que oscilan entre 6 meses y más de un año. Consta que para la elaboración del escalafón del II convenio se han tomado en consideración todos los periodos de prestación efectiva de servicios de la demandante en la empresa, lo que supone un total de 1278 días trabajados con anterioridad a la contratación indefinida. Se estima que la empresa ha procedido de conformidad con la regulación contenida en el art 3.2 del convenio respecto del cómputo de la antigüedad, aun cuando entre los diferentes contratos se hayan producido interrupciones significativas en la prestación de servicios.

Recurrida en suplicación por la parte actora, y en relación con lo que ahora interesa se articulan tres motivos: 1) Infracción de la doctrina de la unidad esencial del vínculo, insistiendo en que estamos ante una única relación laboral en la que debe computarse, a efectos de antigüedad, todo el tiempo transcurrido desde su inicio. 2) Infracción del art. 15.8 ET en relación con el art 12 y 3 del ET, entendiendo que el contrato debe entenderse como celebrado a jornada completa por incumplimiento de la normativa del contrato a tiempo parcial, por lo que nunca ha sido una trabajadora fija discontinua. 3) Infracción el art. 12. ET, y el II Convenio Colectivo de TCP de Air Europa Líneas Aéreas SAU y ello a los efectos de antigüedad y progresión salarial.

La Sala de suplicación resuelve el recurso con remisión a las sentencias de Pleno del propio Tribunal, dictadas el 7 de octubre de 2016, (rec. 442/16) y 20 de febrero de 2017 (rec. 636/16) y seguidas por otras posteriores. Sostiene que el ofrecimiento de la empresa de un contrato indefinido a tiempo parcial, fija discontinua, se ajustó a las estipulaciones de convenio, en las que nada se prevé sobre conversión de contrato a tiempo parcial en jornada completa, sin que del art 12.4

1. ET tampoco se desprenda esa obligación. En su momento se calificó la relación como fija discontinua y ninguna de las partes objetó esa naturaleza. También se desestima el recurso en lo relativo a la progresión salarial pues tal pretensión está supeditada al éxito de la 1ª, que se ha desestimado; y en el suplico de la demanda no consta expresamente formulada tal reclamación.

2. - Acude la trabajadora en casación para la unificación de doctrina que articula en 6 motivos, el primero relativo a la definición de la relación laboral; jornada parcial y fijo discontinuo argumentando la obligatoriedad de que en el contrato a tiempo parcial quede fijado el tiempo de prestación de servicios y el incumplimiento de este requisito formal convierte en indefinida la relación; los motivos segundo, tercero y cuarto, relativos a idéntica cuestión: antigüedad computable al trabajador, y pervivencia del vínculo; por lo que fue requerida para seleccionar una única sentencia; motivo quinto: progresión salarial; motivo sexto: aplicabilidad del art 6.8 del convenio de tripulantes de cabina, denunciando que dicho artículo perjudica y discrimina salarialmente con vulneración del principio de igualdad.

1.- El art 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) exige para la viabilidad del recurso unificador que concurra la contradicción entre la resolución impugnada y la que se invoca a estos efectos, y en orden a acreditar esta contradicción, se impone el cumplimento de determinadas exigencias formales. El presente recurso carece de los requisitos de carácter formal, exigidos por los arts 219 y siguientes de la LRJS lo que impide su admisión a trámite.

Así, de acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas. Así lo ha venido exigiendo esta Sala en multitud de sentencias, entre otras, 16/10/2013 (R. 2736/2012), 25/11/2013 (R. 2797/2012), 21/01/2014 (R. 1045/2013), 24/06/2014 (R. 1200/13) y 18/12/2014 (R.2810/2012).

Por otra parte, el recurso unificador es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 207 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207, excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ya había señalado con insistencia que dicha exigencia "no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia" ( sentencias, entre otras, de 7 de octubre de 2011, R. 3528/2010; 13 de octubre de 2011, R. 4019/5010 y 13 de diciembre de 2011, R. 4114/2010).

2. - En el presente recurso no se efectúa la relación precisa y circunstanciada de la contradicción. En lugar de realizar con el detalle adecuado un examen comparativo de los hechos, fundamentos y pretensiones de la sentencia recurrida y los de la sentencia aducida de contraste, se limita a establecer la doctrina que a su juicio se deduce de la sentencia de contraste o a transcribir parcialmente su fundamentación jurídica, lo que no resulta suficiente para satisfacer la referida exigencia legal, tal como viene siendo interpretada por la Sala.

Además, la recurrente también incumple el requisito de citar y fundamentar las infracciones legales o de la jurisprudencia denunciadas, ya que en el escrito de interposición se limita a citar diversos artículos, art 15 ET, art 14, al hilo de la comparación entre sentencias, pero sin denuncia expresa y sin razonar sobre su pertinencia y fundamentación.

1.- Como es obligado, por imperativo del artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo primero que debe valorarse en todo recurso de casación para la unificación de doctrina, es si concurre entre la sentencia recurrida y la que se propone como término de comparación el requisito básico de la contradicción.

Al respecto, el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (rcud 2147/2015), 30 de marzo de 2017 (rcud 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (rcud 1280/2015) y 5 de julio de 2017 (rcud 2734/2015)].

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (rcud 614/2015), 6 de abril de 2017 (rcud 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (rcud 1201/2015)].

Tal y como se adelantaba en la precedente providencia no concurre la contradicción en ninguno de los motivos planteados.

2. - A) Para la primera cuestión, relativa a la consideración de indefinida a jornada completa, propone como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de 17 de diciembre de 2001 (rec. 68/2001), recaída en procedimiento de conflicto colectivo y en el que, por parte de la organización sindical actora, se postulaba la nulidad del art. 21 del Convenio Colectivo del Manipulado y Envasado de Tomate Fresco de la Región de Murcia, en la regulación que realiza de ciertos aspectos del contrato eventual. La Sala da lugar al recurso de su razón, y estima la pretensión actora, toda vez que las partes negociadoras no pueden acordar la creación de un contrato temporal diferente de los legalmente admitidos, ni aun cubriéndolo de la etiqueta de los reconocidos. Así, razona al respecto que el contrato que autoriza el precepto convencional cuestionado es una especie de híbrido de contrato eventual, a tiempo parcial, para satisfacer trabajos fijos discontinuos, que no respeta los mínimos legales de cada uno de ellos, constituyéndose en un medio por el que el empleador puede contar con los servicios de un trabajador, que queda vinculado contractualmente de manera obligatoria y que no ha de utilizar más que cuando sus servicios le sean necesarios, con olvido de que tal necesidad o su desaparición no puede ser elevada a la categoría de causa de la temporalidad, y, menos aún, de la indeterminación del tiempo en el que las partes quedan vinculadas. El contrato eventual, no puede ser intermitente. El contrato a tiempo parcial, exige la precisión del tiempo de efectividad servicios por el que se concierta, y el contrato para trabajos fijos discontinuos exige una precisión en el orden de los llamamientos.

   2. De la comparación efectuada se desprende la ausencia de contradicción, pues ni las acciones planteadas, ni los debates habidos presentan la necesaria homogeneidad a los efectos de abordar la existencia de divergencia doctrinal que necesite ser unificada. Así, en la sentencia alegada, seguida en un procedimiento de conflicto colectivo, se postulaba la nulidad del art. 21 del Convenio Colectivo del Manipulado y Envasado de Tomate Fresco de la Región de Murcia, en la regulación que realiza de ciertos aspectos del contrato eventual, al regular una especie de híbrido de contrato eventual, a tiempo parcial, para satisfacer trabajos fijos discontinuos, que no respeta los mínimos legales de cada uno de ellos. Y en la que se concluye que no puede aceptarse que en un convenio colectivo se puedan introducir nuevos contratos temporales o modificar los criterios legales establecidos en el art. 15 ET, puesto que se halla condicionada por el respecto a las previsiones legales. Y esta situación, es totalmente ajena a la que decide la sentencia recurrida, en la que se aborda la naturaleza de la relación laboral de la trabajadora con la demandada, en la que se solicita la declaración de indefinida a tiempo completo desde el inicio de la relación laboral. La trabajadora estuvo vinculada inicialmente mediante contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción, y ante el requerimiento de la Inspección de Trabajo a la empresa, suscribió en el año 2015 contrato indefinido a tiempo parcial. Se estima que el ofrecimiento de un contrato a tiempo parcial, se ajustó a estas estipulaciones de convenio, en las que nada se prevé sobre conversión de contratos a tiempo parcial en jornada completa. Además, el art 12 del ET, deviene inaplicable, calificada la relación laboral como fija discontinua, ninguna de las partes objetó esa naturaleza.

3. - A) Los motivos 2º, 3º y 4º van relacionados con la antigüedad y pervivencia del vínculo. Ante el requerimiento efectuado por esta Sala para la selección de una única sentencia, la recurrente ha optado por la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2011, Rec 4074/2010. Sin embargo, esta selección no puede tomarse en consideración porque dicha resolución no fue alegada para estos motivos y si para el quinto. Por ello, se procede a seleccionar la más moderna de las invocadas que no es otra que la del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014 (Rec 164/14).

   En el caso de la resolución de contraste , los demandantes son trabajadores de Iberia LAE que vienen prestando sus servicios como agentes administrativos con contrato indefinido, si bien anteriormente habían celebrado diversos contratos temporales en determinados periodos. Pretenden que se les reconozca la condición de fijas discontinuas respecto a los periodos previos trabajados y que la antigüedad se fije desde el primer contrato. La Sala IV estima dicha pretensión porque considera que existe una relación fija discontinua en los contratos anteriores. Declara irregular la contratación temporal que es calificada, desde el inicio, de fija discontinua y como antigüedad la de la fecha del primero de los contratos temporales suscritos por cada uno de ellos con la demandada, computando todos los períodos de trabajo efectivo efectuado a través de dichos contratos, a efectos de antigüedad, y con reconocimiento expreso de los trienios reclamados. En efecto, el trabajo eventual está justificado cuando la necesidad de trabajo es imprevisible, mientras que el trabajo fijo-discontinuo se produce cuando existe una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico. Y en este caso, no consta causa alguna en los contratos eventuales celebrados entre las partes, por lo que se presumen en fraude de ley y además la demandada no acredita la naturaleza temporal de la prestación, constatándose que existía una necesidad de trabajo intermitente, pues la duración de los contratos celebrados era de seis o doce meses.

   2. Tampoco la contradicción en este motivo puede declararse existente, básicamente, porque los supuestos de hecho no guardan la necesaria homogeneidad entre sí, sin que por otra parte existan fallos contradictorios en cuanto a la forma del cómputo de los servicios prestados como temporales. En la sentencia recurrida, la empresa, tras el requerimiento hecho por la Inspección de Trabajo ofreció a todos los trabajadores afectados la suscripción de un contrato indefinido a tiempo parcial, y lo que se discute es el reconocimiento de la antigüedad desde el primer contrato temporal. La sentencia descarta la posibilidad de retrotraer la antigüedad al primero de los contratos, pero admite que deben serle reconocidos todos los periodos de servicio efectivamente trabajados a efectos del cómputo de la antigüedad. Consta que la empresa toma en consideración todos los periodos de prestación efectiva de servicios de la demandante en la empresa para la elaboración del escalafón del II convenio, lo que supone un total de 1278 días trabajados con anterioridad a la contratación indefinida discontinua a tiempo parcial y ello con independencia de que se hayan producido interrupciones significativas en la prestación de servicios. Se pone de relieve, que las interrupciones temporales habidas entre uno y otro contrato son de periodos lo suficientemente dilatados para hacer decaer el éxito de la pretensión relativa a la unidad esencial del vínculo, puesto que oscilan entre 6 meses y más de un año. Constatándose que en muchos de los periodos de inactividad con la demandada ha prestado servicios en otras empresas y ha percibido prestación por desempleo.

   En la sentencia de referencia consta un extremo con insoslayable relevancia jurídica, a saber, que los contratos eventuales se celebraron en fraude de ley, lo que de suyo determina que se sancione la relación como indefinida. En concreto, como fija discontinua dada la reiteración, duración y secuencia de los contratos suscritos. Por todo ello, se declara que la antigüedad de dichos trabajadores es la de la fecha del primero de los contratos temporales suscritos, computando todos los períodos de trabajo efectivo efectuados a través de dichos contratos a los efectos de la antigüedad.

4. - A) Para el quinto motivo, que enuncia como "progresión salarial", se propone como sentencia de contraste la dictada por esta Sala IV de 21 de septiembre de 2011 (rec. 4074/2010). En la misma, se examina la reclamación de cantidad efectuada por una trabajadora informadora de TVE incorporada como trabajadora fija en aplicación al convenio colectivo de TVE y acuerdos internos posteriores y se trata de interpretar las consecuencias concretas del reconocimiento de esa fijeza a diversos efectos. La cuestión del reconocimiento de la antigüedad a efectos de trienios pueda hacerse computando desde la fecha del primer contrato temporal, que es exactamente lo que sí reconoce la sentencia recurrida, la Sala se remite a lo regulado en el art. 63.1 CC de TVE, para confirmar dicho pronunciamiento y desestimar el recurso de la empresa, máxime cuando la sentencia recurrida basa dicho reconocimiento desde el inicio en el art. 15.3 ET dado el carácter fraudulento de los contratos en cuestión. La trabajadora pretende en su recurso que se compute la antigüedad reconocida, también a efectos de la progresión del salario base prevista en el art. 61 del convenio colectivo de la empresa, la Sala recuerda doctrina reiterada en STS 29-01-2009, re. 326/2008 y estima el recurso de la trabajadora argumentado que, una vez reconocido el carácter fraudulento de la contratación temporal de la actora y su carácter de trabajadora indefinida desde la fecha de su incorporación a la empresa y que "las tareas desempeñadas han sido siempre las mismas", se le debe aplicar el art. 61 del Convenio Colectivo sobre "progresión del salario base en la misma categoría", sin que queda aducir la existencia otro acuerdo.

   2. La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente, básicamente porque se trata de aplicar normas convencionales distintas, a supuestos de hecho diversos. Así, en la sentencia recurrida la progresión salarial viene regulada en el art. 6.8 del Convenio Colectivo para Tripulantes de Cabina Air Europa, que anuda la misma a dos requisitos: 2 años y trabajo efectivo ininterrumpido, mientras que en la sentencia de contraste se interesa la aplicación del art. 61 del Convenio Colectivo de RTVE, sin que la parte haya acreditado la existencia de identidad entre las citadas previsiones convencionales.

   Como regla general, la contradicción del artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no podrá apreciarse cuando las pretensiones formuladas en los correspondientes procesos que han dado lugar a las sentencias comparadas se fundan en normas distintas, porque en estos casos no cabe apreciar la identidad de las controversias, ya que se produce una diferencia relevante en el elemento jurídico de la pretensión, que no puede salvarse a través de meras semejanzas de redacción; y es así, porque la interpretación de las normas y, en particular la de los convenios colectivos, no puede limitarse a la consideración literal de un precepto aislado, sino que tiene que ponderar otros elementos en el marco de una interpretación sistemática del conjunto de la disposición y de la finalidad perseguida por la misma, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos, la realidad social de su aplicación o, en su caso, la actuación de los negociadores en el convenio colectivo. En definitiva, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo supuestos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado [ SSTS 25/02/2013 (R. 3309/2012), 25/10/2013 (R. 198/2013), 12/12/2013 (R. 167/2013), 17/06/2014 (R. 2098/2013)].

   Partiendo de esta diferente regulación convencional, resulta que el pronunciamiento de la sentencia de referencia parte del reconocimiento de una superior antigüedad, lo que de suyo determina que lleve anudada todos los efectos que el convenio vincula a la misma, en concreto, la progresión en el salario base. Sin embargo, la sentencia recurrida, convalida el cómputo de la antigüedad contractual integrada por el tiempo correspondiente a todos los períodos de prestación de servicios efectivos para la demandada que se ha tenido en cuenta para la confección del escalafón. Tal y como reiteradamente venimos manifestando, el fracaso del reconocimiento de la antigüedad interesada por la trabajadora recurrente, determina que tampoco tenga éxito el reconocimiento de aquellos derechos vinculados a la misma, de tal suerte que la desestimación de una conlleva la de la otra. Añadiendo la sentencia que en el suplico de la demanda no consta expresamente formulada tal reclamación.

5. - A) El último motivo, relativo al principio de igualdad, que sustenta en que el artículo 6. 8 del III Convenio colectivo de Air Europa, establece una diferencia injustificada al reducir la posibilidad de ascenso de los indefinidos.

   Invoca de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 (rec. 1799/2009) que declara "que la relación laboral a efectos del cómputo de trienios que integran el complemento salarial de antigüedad de la trabajadora (...) data de fecha 15-6-1987", condenando a Radio Televisión Española "a estar y pasar por esta declaración con los efectos legales inherentes a la misma, absolviéndola de sus restantes pretensiones", en esencia, porque no constaba una interrupción o discontinuidad prolongada entre los sucesivos contratos temporales de la actora.

   2. Este motivo debe inadmitirse por tratarse de una cuestión nueva no planteada en suplicación lo ahora suscitado relativo a una desigualdad de trato. Sobre este extremo -cuestión nueva no debatida en suplicación-, tiene reiteradamente señalado esta Sala que el carácter extraordinario del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que la identidad de la controversia se establezca teniendo en cuenta los términos en que ésta ha sido planteada en suplicación, de suerte que todo motivo formulado en este recurso que no coincida con el recurso de suplicación constituye una cuestión nueva, dado que la identidad, a efectos de la contradicción exigida en el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se produce a partir de la controversia en suplicación, en cuanto el término de referencia en el juicio de contradicción "es una sentencia que al decidir sobre un recurso extraordinario, está limitada por los motivos propuestos por el recurrente en el recurso de suplicación".

   La identidad de la controversia debe establecerse teniendo en cuenta los términos en que ésta ha sido planteada en suplicación, de suerte que la contradicción basada en una cuestión no suscitada en la sustanciación de la suplicación impide que dicha contradicción pueda ser apreciada, de modo que, en definitiva, nada hay que unificar, objeto de este recurso extraordinario, cuando no existen doctrinas contrapuestas, porque una de las sentencias comparadas no abordó el problema, SSTS 15/04/2013 (R. 772/2012), 16/04/2013 (R. 1331/2012), 21/07/2014 (R. 2099/2013) y 17/06/2014 (R. 2098/2013).

6. - En su escrito de alegaciones hace la recurrente una serie de consideraciones de diversa índole, destinadas a acreditar la identidad entre los supuestos analizados, ninguna de las cuales puede desvirtuar el hecho objetivo de que las sentencias comparadas no reúnen el requisito legal de la contradicción que abre la puerta al examen de este excepcional recurso, tal y como ha quedado relatado en los ordinales precedentes, a lo que se anuda la inexistencia de concretos pronunciamientos por parte de la Sala de origen en relación a algunos de los motivos de contradicción, según lo razonado. En todo caso, las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las sentencias comparadas, pero sin aportar elementos novedosos o relevantes al respecto.

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.