ATS, 9 de Octubre de 2018
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2018:12376A |
| Número de Recurso | 2044/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 9 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 09/10/2018
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 2044/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Procedencia: T.S.J. CATALUÑA SOCIAL
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Transcrito por: MTC/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2044/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Fernando Salinas Molina
Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
D. Antonio V. Sempere Navarro
En Madrid, a 9 de octubre de 2018.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga.
Por el Juzgado de lo Social N.º 1 de los de Reus se dictó sentencia en fecha 20 de julio de 2016, en el procedimiento n.º 35/2016 seguido a instancia de D. Luis Francisco contra Comercial Valira SA, Precisión Mecánica Reus SA, Marcas Boscos SL, D. Jesus Miguel y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 17 de febrero de 2017, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 3 de abril de 2017 se formalizó por el letrado D. Elías Franco Linares en nombre y representación de D. Luis Francisco, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta sala, por providencia de 31 de mayo de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
Recurre el trabajador la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de febrero de 2017, R. 6934/16, que confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de impugnación de despido, declarando la procedencia del despido por causas objetivas llevado a cabo tras la negociación de un despido colectivo.
Consta que el 2 de septiembre de 2015 la empresa Comercial Valira, S.A., comunicó a la autoridad laboral el inicio de un expediente de regulación para la extinción del contrato de 25 trabajadores por causas económicas, dirigió comunicación al comité de empresa, puso a su disposición una memoria justificativa de la medida y listado provisional de trabajadores afectados. Se desarrollaron 6 reuniones y en una de ellas se acordó prolongar el periodo de consultas para seguir negociando. Se celebró una última reunión en la que por parte de los representantes del sindicato se consideró someter la propuesta de la empresa a asamblea de trabajadores, lo que se hizo aprobándose la misma por 42 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones. Ese mismo día tuvo lugar una nueva reunión en la que se acordaron las condiciones en las que se verificaría el despido colectivo; condiciones entre las que se encontraban el fraccionar el pago de la indemnización en 9 mensualidades, la primera de las cuales sería a los 30 días naturales siguientes a la fecha de extinción y así sucesivamente en las siguientes mensualidades. El 23 de diciembre de 2015 se comunicó al trabajador su despido con causa en dicho despido colectivo.
La sala se remite a un pronunciamiento previo sobre la misma cuestión - sentencia de 16 de diciembre de 2016, R. 5094/2016- y en lo que a efectos del presente recurso de casación para la unificación de doctrina interesa, argumenta para declarar la procedencia del despido, en relación con la alegación de que la empresa no acreditó la falta de liquidez para hacer frente al pago de la indemnización, que el trabajador recurrente desenfoca la cuestión debatida, dado que la omisión de la puesta a disposición de la indemnización no se debe a la falta de liquidez empresarial, sino a lo consignado en el acuerdo colectivo legítimamente alcanzado, en el que los representantes de los trabajadores aceptan la situación de iliquidez parcial y el pago aplazado de la indemnización.
Frente a dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la actora, articulando el recurso en lo que dice ser en interposición 2 motivos, en los que parece plantear, en el primero, que no se acredita la falta de liquidez, imponiendo la empresa un plan de pagos fraccionados incumpliendo la obligatoriedad el abono inmediato de la indemnización, para lo que parece invocar de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 26 de junio de 2015, R. 1214/2015. En el segundo, al que refiere de forma confusa "en aplicación del artículo 6.2 del Código Civil que prohíbe la renuncia de derechos salvo que sea contraria a su interés u orden público, esta parte se encuentra en el derecho a de continuar formando parte de la plantilla en aplicación de la redacción literal del acta 7ª reunión", y en que en mayúsculas, negrita y en recuadro, insiste en que no se podían extinguir los contratos cuando la empresa disponía de dinero para abonar la indemnización, para lo que parece invocar de contrate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife de 6 de marzo de 2015, R. 498/2014. Y si bien en los folios 14 y siguientes del escrito de interposición la parte recurrente alude a otras sentencias de contraste, éstas parece que se citan para justificar la infracción legal, teniendo en cuenta que en el folio 2 del escrito de interposición la parte alude a dos sentencias que se corresponderían con las dos sentencias invocadas por materia de contradicción -una "principal" del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 26 de junio de 2015, R. 1214/201), y otra segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife de 6 de marzo de 2015, R. 498/2014, de ahí que la primera se correspondiera con la citada para el primer motivo de casación, mientras que la segunda sería la citada para el segundo motivo, en atención a lo que consta en el escrito de interposición en relación con el segundo motivo de casación unificadora.
Pues bien, teniendo en cuenta cómo articula el recurso la parte recurrente, en realidad lo que estaría cuestionando es la falta de puesta a disposición de la indemnización junto con la comunicación extintiva, aludiendo para ello a dos sentencias de contraste y descomponiendo lo que es un único motivo en dos. La parte recurrente, descomponiendo artificialmente el significado unitario de la controversia, ha tratado de introducir varios temas de contradicción para poder designar otras tantas sentencias de contraste a estos efectos. Este proceder es incorrecto, porque aquí no se debaten varios puntos de contradicción, sino uno sólo y la unidad de esa cuestión no puede desconocerse introduciendo diversas perspectivas de análisis sobre algunas de las circunstancias concurrentes, porque no es lo mismo la existencia dentro de un mismo pleito de distintos puntos de decisión (como la jurisdicción, la caducidad o el problema de fondo), que la concurrencia de diversas circunstancias que deben ser valoradas para la decisión de un mismo punto de decisión, es decir, mediante pronunciamiento unitario, como tiene reiteradamente establecido esta sala en SSTS, entre otras muchas, de 9 de febrero de 2009 y 5 de mayo de 2009 ( R. 4115/2007 y 761/2008), 8 de julio de 2010 (R. 3137/2009), 3 de abril de 2012 (R. 956/2011), 2 de octubre de 2012 (R. 3280/2011) y 19 de febrero de 2015 (R. 51/2014).
Requerida la recurrente para seleccionar una de las sentencias invocadas de contraste, por providencia de 15 de febrero de 2018, no ha dado cumplimiento a tal requerimiento, por lo que, de acuerdo con la advertencia que dicha providencia contiene, el análisis de contradicción se efectuará respecto de la sentencia más moderna de las invocadas que es la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 26 de junio de 2015, R. 1214/2015.
Antes sin embargo de proceder al análisis de la eventual contradicción entre las sentencias comparadas, ha de indicarse, que la parte se limita a citar las sentencias de contraste, y a desgranar argumentos, como si de una suplicación se tratara, en torno a la admisión del recurso, pero no realiza la necesaria comparación entre hechos, fundamentos y pretensiones exigidos legalmente y de acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito lo viene exigiendo la Sala Cuarta en numerosas sentencias, entre otras, de 13 de octubre de 2011 (rcud 4019/2010), 16 de septiembre de 2013 (rcud 1636/2012) y 21 de febrero de 2017 (rcud 3728/2015). Según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable [( sentencias, entre otras, de 6 de julio y 26 de octubre de 2016 ( rcud 3883/2014 y 1382/2015)].
La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito. Así lo ha venido entendiendo esta sala, entre otras, por citar las más recientes, en SSTS de 24 de septiembre de 2012 (R. 3643/2011), 25 de noviembre de 2013 (R. 2797/2012), 24 de febrero de 2014 (R. 732/2013).
De otra parte, según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable [ SSTS, entre otras, de 28/06/06 (R. 793/2005), 21 de julio de 2009 (R. 1926/2008), 16 de septiembre de 2013 (R. 1636/2012)].
La sentencia de contraste declara la improcedencia del despido de la trabajadora, acontecido tras el expediente de regulación de empleo que concluyó con acuerdo el 28 de julio de 2014, en que se acordó, entre otras cuestiones, que se abonarían las indemnizaciones en 25 plazos, reconociendo los representantes la falta de tesorería de la empresa para hacer frente a la totalidad de las mismas, lo que motivó el acuerdo sobre el aplazamiento de pago. Argumenta la sala, tras admitir la modificación de hechos probados propuesta en relación a que la empresa obtuvo beneficios de casi tres millones de euros en 2013, que el acuerdo se suscribió debido a la falta de tesorería de la empresa para hacer frente al pago de las indemnizaciones en su totalidad, y en el supuesto de referencia, tras la modificación de hechos probados admitida, consta que la empresa no aportó prueba alguna dirigida a acreditar la liquidez, aludiéndose a una genérica crisis económica, sin que dicha ausencia de prueba pueda ser suplida por el acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores y la empresa, máxime cuando hay constancia de que la empresa generó unos beneficios en el año 2013 cercanos a tres millones de euros y no se explica ni razona el motivo por el que se consideró más oportuno destinar los beneficios a sanear las cuentas de la empresa que a satisfacer las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, no pudiendo imponer el empresario aplazamientos no justificados del pago de la indemnización por despido.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (rcud 2147/2015), 30 de marzo de 2017 (rcud 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (rcud 1280/2015) y 5 de julio de 2017 (rcud 2734/2015)]. La contradicción no surge, en consecuencia, de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (rcud 614/2015), 6 de abril de 2017 (rcud 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (rcud 1201/2015)].
De conformidad con lo anterior, no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, teniendo en cuenta que no existe identidad en los hechos que constan probados, ya que en la sentencia recurrida lo que consta es que los representantes de los trabajadores reconocieron en el proceso de negociación que existía iliquidez de la empresa en un despido llevado a cabo por causas económicas, acordando que el pago se realizaría de forma aplazada, sin que constara que en realidad existieran beneficios, que es en lo que fundamenta su decisión la sentencia de contraste para considerar que no se puede acordar un aplazamiento por falta de liquidez (que no por una situación económica negativa de la empresa), para hacer frente al pago de la totalidad de las indemnizaciones, cuando por la vía de revisión de hechos probados consta que la empresa obtuvo beneficios de casi tres millones de euros. En atención a ello, en ningún caso los fallos pueden considerarse contradictorios cuando en la sentencia recurrida se declara la procedencia del despido, teniendo en cuenta que se cumplieron las exigencias formales, en particular la de puesta a disposición de la indemnización conforme a los aplazamientos acordados en el marco del despido colectivo, mientras que en la sentencia de contraste se declara la improcedencia, teniendo en cuenta que se alegó falta de liquidez, pero en realidad se obtuvieron beneficios de casi 3 millones de euros, procediendo el empresario a destinar el dinero a sanear la empresa en lugar de a abonar las indemnizaciones.
La recurrente no ha presentado alegaciones en el plazo establecido para ello, por lo que procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Elías Franco Linares, en nombre y representación de D. Luis Francisco contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 17 de febrero de 2017, en el recurso de suplicación número 6934/2016, interpuesto por D. Luis Francisco, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Reus de fecha 20 de julio de 2016, en el procedimiento n.º 35/2016 seguido a instancia de D. Luis Francisco contra Comercial Valira SA, Precisión Mecánica Reus SA, Marcas Boscos SL, D. Jesus Miguel y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
