ATS, 31 de Mayo de 2018
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2018:6341A |
| Número de Recurso | 4488/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 31/05/2018
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4488/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Procedencia: T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.6
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Transcrito por: YCG/RB
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4488/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Luis Fernando de Castro Fernandez
Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
D. Antonio V. Sempere Navarro
En Madrid, a 31 de mayo de 2018.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga.
Por el Juzgado de lo Social Nº 29 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 15 de noviembre de 2016 , en el procedimiento nº 338/2016 seguido a instancia de D.ª Candelaria contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre reconocimiento de la situación de incapacidad permanente absoluta, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de junio de 2017, número de recurso 439/2017 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 19 de octubre de 2017, se formalizó por el letrado D. José Luis Navascués Hernández en nombre y representación de D.ª Candelaria , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 12 de marzo de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de junio de 2017 (Rec. 439/2017 ) revoca la sentencia de instancia que había reconocido a la actora, de profesión dependienta, en situación de incapacidad permanente absoluta, para reconocerla en situación de incapacidad permanente total, por entender la Sala que conforme al informe médico de síntesis que obra al folio 91 de las actuaciones, la actora "debe tener una protección estricta frente al frío, que no puede estar en contacto con aires acondicionados, cámaras, hielo, embutidos, ni carne congelada, ni nada que esté frío, y que debido a su patología vascular y osteo-muscular crónica en MMII, no puede permanecer de pie durante tiempo prolongado más de 20-30 minutos", de lo que no puede inferirse que no pueda desarrollar otras actividades o profesiones que no exijan su realización con tales contactos o que no se desarrollen en bipedestación, o que aún siendo sedentarios permitan la alternancia postural, por lo que no está inhabilitada la actora para el desarrollo de toda profesión u oficio.
Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la actora, por entender que con las dolencias que padece debe ser reconocida en situación de incapacidad permanente absoluta, máxime cuando no se han modificado los hechos probados y aún así la sentencia revoca la de instancia que había reconocido dicho grado incapacitante.
Invoca la parte recurrente de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 24 de septiembre de 2015 (Rec. 1250/2015 ), que revoca la sentencia de instancia para reconocer a la actora, de profesión habitual oficial de primera de comercio en una parafarmacia, en situación de incapacidad permanente absoluta, por entender la Sala que el cuadro residual que presenta la actora consiste en cardiopatía valvular con prótesis mecánica en 2003; bradicardia sinusal, intolerancia a parche de nitroglicerina, dolor torácico con test de isquemia negativo (2012); clase funcional III NYHA por disnea. Migrañas con aura. Ictus isquémicos de repetición. Síndrome antifosfolípido con fenómenos Raynaud y artralgias mecánicas y osteopenia", teniendo como limitaciones orgánicas "disnea persistente clase funcional III: síntomas de actividad física, menor que la ordinaria", lo que supone que al tener una disnea a mínimos esfuerzos, no puede desarrollar ninguna actividad profesional ofertada en el mercado de trabajo.
No puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, teniendo en cuenta que no existe identidad no sólo en las dolencias padecidas por las actoras de ambas sentencias, sino sobre todo, en las limitaciones que presentan, ya que en la sentencia recurrida lo que consta es que la actora debe tener protección frente al frío, y no puede permanecer en pie durante un tiempo prolongado, sin que conste, a diferencia de la sentencia de contraste, que tenga disnea a mínimos esfuerzos, que es en lo que fundamenta su decisión dicha sentencia para reconocer el grado incapacitante, por lo que en ningún caso pueden considerarse los fallos contradictorios cuando en la recurrida se reconoce a la actora en situación de incapacidad permanente total y en la de contraste en situación de incapacidad permanente absoluta.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).
No habiendo presentado alegaciones la parte recurrente en el plazo conferido para ello, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José Luis Navascués Hernández, en nombre y representación de D.ª Candelaria , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de junio de 2017, en el recurso de suplicación número 439/2017 , interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 29 de los de Madrid de fecha 15 de noviembre de 2016 , en el procedimiento nº 338/2016 seguido a instancia de D.ª Candelaria contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre reconocimiento de la situación de incapacidad permanente absoluta.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
