ATS, 9 de Junio de 2015

PonenteJESUS SOUTO PRIETO
ECLIES:TS:2015:6073A
Número de Recurso1192/2014
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución 9 de Junio de 2015
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

AUTO

En la Villa de Madrid, a nueve de Junio de dos mil quince.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto

HECHOS

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Granada se dictó sentencia en fecha 30 de septiembre de 2013 , en el procedimiento nº 885/2012 seguido a instancia de D. Adriano contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FREMAP y CASA CERVERA S.L., sobre prestaciones, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 5 de febrero de 2014 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 28 de marzo de 2014, se formalizó por el letrado D. Marcos García Mariscal en nombre y representación de D. Adriano , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 20 de febrero de 2015, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 ).

El recurrente, nacido en 1964, tiene la profesión habitual de conductor, montador, repartidor de muebles y electrodomésticos. Pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de accidente laboral, con un cuadro clínico residual «discopatía y cambios degenerativos a nivel L5-S1, mínima discoartropatía a nivel de L4-L5, que en la exploración física muestra un BA limitado de forma leve, con BM grado 5/5, sin signos clínicos de afectación neurológica/radicular y que en electromiografía de 4.1.12 se interpretaban hallazgos como una neuropatía crónica residual muy antigua del nervio ciático mayor izquierdo con una mayor afectación del nervio ciático poplíteo externo y ausencia de signos de afectación radicular aguda de L5 y/o S1 izquierdas». La sentencia recurrida ha desestimado la demanda razonando que las dolencias objetivadas no suponen unas limitaciones funcionales que impidan el ejercicio de las principales tareas de la profesión habitual del demandante.

En defecto de selección expresa ha de tenerse en cuenta como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 7 de septiembre de 2005 (R. 405/2005 ), que confirma la declaración de incapacidad permanente total derivada de accidente laboral efectuada en la instancia a favor del demandante para su profesión habitual de repartidor-montador de muebles. El interesado presenta unas secuelas de «AT el 11/3/03 con fractura luxación del tobillo izquierdo con conminución subastragalina, abierta grado III c, con sección art., tibial post. y del nervio plantar ext. tratado mediante cirugía y rehabilitación. Limitaciones orgánicas y funcionales. Claudicación moderada, tobillo izquierdo algo deformado. Movilidad del tobillo algo disminuida en todos los planos. Marcha en punteras imposible, en talones con dificultad». La razón de decidir de la sentencia de contraste es que las limitaciones padecidas para subir o bajar escaleras, carga de pesos, deambulación y bipedestación prolongadas impiden el desempeño de las fundamentales funciones de la profesión habitual del actor.

Como se advierte de lo expuesto no puede apreciarse contradicción entre las sentencias comparadas porque deciden en relación con distintas secuelas y unas limitaciones que no tienen la misma repercusión funcional, de modo que las dificultades para la deambulación, bipedestación, carga de pesos y para subir y bajar escaleras padecidas por el actor de la sentencia de contraste no se acreditan en el supuesto de la sentencia recurrida, que valora una afectación del nervio ciático poplíteo externo sin signos de afectación radicular aguda a nivel L5-S1.

Por otra parte, debe indicarse que la Sala IV viene declarando reiteradamente que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).

SEGUNDO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 225.5 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Marcos García Mariscal, en nombre y representación de D. Adriano , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 5 de febrero de 2014, en el recurso de suplicación número 2265/2013 , interpuesto por D. Adriano , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Granada de fecha 30 de septiembre de 2013 , en el procedimiento nº 885/2012 seguido a instancia de D. Adriano contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FREMAP y CASA CERVERA S.L., sobre prestaciones.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

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