ATS 661/2013, 7 de Marzo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 661/2013 |
| Fecha | 07 Marzo 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a siete de Marzo de dos mil trece.
Por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 21ª), en el Rollo de Sala 19/2011 dimanante de las Diligencias Previas 4960/2009, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, se dictó sentencia, con fecha 4 de junio de 2012 , en la que se condenó a Urbano como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancia que causa grave daño a la salud y de escasa entidad, del art. 368 CP , sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de un año y seis meses de prisión y multa de 200 euros.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por Urbano , mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales Dº. Alfredo Gil Alegre, articulado en cuatro motivos por quebrantamiento de forma y por vulneración de precepto constitucional.
En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado Don Juan Saavedra Ruiz.
En el motivo primero, formalizado al amparo del art. 850.1 LECrim ., se invoca quebrantamiento de forma por denegación de prueba.
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Considera que se ha cometido el vicio formal esgrimido al no suspender la vista para la práctica de la prueba pericial anticipada instada por la defensa en el escrito de calificación, consistente en que por médico forense se determinara el nivel de drogodependencia del inculpado y su grado de imputabilidad, y que fue admitida por Auto de 30 de noviembre de 2011. Añade que pese a que el Presidente del Tribunal denegó la suspensión aduciendo que constaba que el encartado había sido citado y que no compareció ante el forense, lo cierto es que lo único que consta es que se envió la citación pero no que fuese recibida por el acusado (folio 32).
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El derecho a utilizar medios de prueba tiene rango constitucional en nuestro derecho al venir consagrado en el artículo 24 de la Constitución , pero no es un derecho absoluto. Ya la Constitución se refiere a los medios de prueba "pertinentes", de manera que tal derecho de las partes no desapodera al Tribunal de su facultad de admitir las pruebas pertinentes rechazando todas las demás ( artículos 659 y 785 de la LECrim ). El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el artículo 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho de las partes a que se admitan y se practiquen todos los medios de prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuestos en tiempo y forma, sean lícitos y pertinentes ( STC nº 70/2002, de 3 de abril ). Por ello, el motivo podrá prosperar cuando la prueba, o la suspensión del juicio ante la imposibilidad de su práctica, se haya denegado injustificadamente, y cuando la falta de práctica de la prueba propuesta haya podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito ( SSTC 50/1988, de 22 de marzo ; 357/1993, de 29 de noviembre ; 131/1995, de 11 de septiembre ; 1/1996, de 15 de febrero y 37/2000, de 14 de febrero ).
La jurisprudencia de esta Sala ha establecido una serie de requisitos, formales y materiales, para que este motivo pueda prosperar. Entre los primeros, las pruebas han de ser propuestas en tiempo y forma, de conformidad con las reglas específicas para cada clase de proceso. En segundo lugar, ante la resolución del Tribunal, que debe ser fundada, rechazando las que no considere pertinentes, o denegando la suspensión del juicio ante la imposibilidad de practicar en ese momento las previamente admitidas, quien ha propuesto la prueba debe hacer constar la oportuna protesta y las preguntas que pretendía formular al testigo.
Como requisitos materiales, la prueba ha de ser pertinente, esto es, relacionada con el objeto del juicio y con las cuestiones sometidas a debate en el mismo; ha de ser lícita, es decir respetuosa con los derechos y libertades fundamentales; ha de ser necesaria, es decir, que tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la propone, de modo que su omisión le cause indefensión, porque tenía capacidad de afectar al fallo ( STS nº 1289/1999, de 5 de marzo ); y ha de ser posible, en atención a las circunstancias que rodean su práctica. ( STS 344/2004 de 12 de marzo ).
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La prueba fue admitida y se practicaron las diligencias oportunas para su práctica, concretamente se remitió citación al interesado al domicilio que consta como lugar de residencia, y lo cierto es que Urbano no compareció para ser reconocido por el forense (folio 32, 33 y 34). Esa citación cursada regularmente exime de la obligación de suspender el juicio, cuando además el propio interesado pudo haber presentado la documentación que en su caso tuviera sobre posible drogodependencia.
El motivo, por tanto, se inadmite con base en el art. 885.1º LECrim .
En los motivos segundo y tercero, formalizados ambos al amparo del art. 852 LECrim ., y del art. 5.4 LOPJ , se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia consagrados en el art. 24 CE .
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Alega que la prueba pericial sobre la sustancia intervenida carece de validez, pues únicamente compareció una de las peritos siendo así que el informe había sido elaborado por dos. Añade que en todo caso no consta probado el hecho que se declara acreditado, pues el agente pudo confundirse teniendo en cuenta el ruido existente en la discoteca, y dice que realmente el acusado pidió al agente cocaína para su consumo.
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Pues bien la jurisprudencia de esta Sala (STS. 475/2006 de 2.5 ) tiene declarado que si la prueba pericial no ha sido expresamente impugnada por la defensa, en principio no necesita su ratificación en el acto del juicio oral. Por ejemplo la STS 31.1.2002 afirma que:
"La doctrina de esta Sala, nos viene diciendo que los dictámenes y pericias emitidas por Organismos o Entidades oficiales, dada la imparcialidad, objetividad y competencia técnica de los miembros integrantes, ofrecen toda clase de garantías técnicas y de imparcialidad para atribuirles, "prima facie", validez plena SSTS 10.6.99 , 23.2.2000 , 28.6.2000 , 18.1.2002 )".
Igualmente en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 21.5.99, se acordó (punto 2º) la innecesariedad de ratificación del dictamen de los peritos integrados en organismos públicos, salvo que la parte a quien perjudique impugne el dictamen o interese su presencia para someterlos a contradicción en el plenario y lo hiciera en momento procesal oportuno.
Por otra parte, el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a esta Sala a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal.
Como ya recordamos en nuestra sentencia 485/2007, 28 de mayo, el derecho a la presunción de inocencia, tal y como lo ha venido interpretando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y esta misma Sala, no se agota con la constatación de la existencia de prueba de cargo. Ésta ha de ser bastante y su apreciación ha de acomodarse a los principios racionales impuestos por la lógica valorativa. La STS 497/2005, 20 de abril , evoca la doctrina de la Sala acerca del control sobre la racional valoración de la prueba, que se cimenta en las siguientes conclusiones: a) Si la prueba en que se sustenta la condena se ha valorado de manera irracional o absurda, se infringe el derecho de interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, el de presunción de inocencia. b) No es suficiente la existencia de prueba de cargo si ésta se ha valorado de manera irracional. c) La prueba practicada en juicio es inmune a la revisión casacional en lo que depende de la inmediación, pero es revisable en lo que concierne a la estructura racional del discurso valorativo. d) Incluso en la valoración de los testimonios cabe distinguir un primer nivel de apreciación, dependiente de la captación sensorial y, por tanto, de la inmediación, ajeno a la revisión por un Tribunal superior que no ha visto la prueba, y un segundo nivel que depende de la estructura del discurso valorativo, que sí es revisable en casación.
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El informe o análisis de la sustancia ratificado por uno solo de los dos peritos es plenamente válido. El informe no fue impugnado atendiendo a criterios materiales, por lo que ante una mera denuncia o impugnación formal su validez y eficacia como prueba documental no exigía ratificación alguna, pero en todo caso, insistimos, la ratificación por uno de los dos analistas es suficiente.
Consecuentemente no hubo propiamente una impugnación del informe ya realizado, pues no se cuestionó la capacidad técnica de los peritos informantes, no se solicitó ampliación o aclaración alguna de éstos, ni se propuso un nuevo análisis contradictorio de aquél. Habiéndo reiterado esta Sala que no es preciso que al acto del juicio oral comparezcan todos los peritos firmantes de informe, sino que, al trabajar en un organismo público y desarrollar una labor de equipo, cualquiera de los intervinientes en él puede hacerlo, con plena validez y eficacia probatoria.
La prueba de cargo ha sido suficiente. Así, los dos agentes coincidieron en señalar que estando ambos de paisano en el interior de la discoteca, pudieron comprobar que el acusado, ubicado en una zona de paso, se acercaba a las personas que transitaban y les decía algo al oído, apreciando que esas personas negaban con la cabeza. Por ello deciden que uno de ellos se acerque y al hacerlo el recurrente le dijo al oído "¿quieres coca?". Este agente manifestó que no tuvo duda alguna de que el acusado le ofreció cocaína. El acervo se completa con el informe analítico que determinó que los tres envoltorios que el acusado llevaba ocultos en la zona genital contenian: 1,012 gramos de cocaína con una riqueza del 13,6 %; 0,681 gramos de cocaína con una pureza del 16,3 %; y 0,855 gramos de cocaína con una pureza del 17,5 %.
El Tribunal a quo, en definitiva, contó con elementos de juicio válidos y suficientes como para que la afirmación de la autoría pudiera ser formulada más allá de cualquier duda razonable. Además, el razonamiento sobre el que se construye la responsabilidad criminal del acusado es ajeno a cualquier asomo de arbitrariedad. El recurrente ofrece ahora una valoración alternativa de los elementos de prueba que fueron practicados y que, más allá de la entendible estrategia defensiva, no pueden desplazar la coherencia de la valoración llevada a cabo por la Sala de instancia.
Procede por tanto la inadmisión de los motivos de conformidad con lo dispuesto en el art. 885.1º LECrim .
En el motivo cuarto, formalizado al amparo del art. 849.1 LECrim ., se invoca infracción de ley por indebida inaplicación del art. 21.6 CP .
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Considera que se debió apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, en razón a que se ha tardado dos años y nueve meses en enjuiciar al acusado, en una causa que no era en absoluto compleja.
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Hemos dicho en STS 1009/2012, de 13 de diciembre , que la nueva redacción del art. 21.6 del CP -no ajena a la jurisprudencia de esta Sala, que había aceptado la posibilidad de una circunstancia de atenuación de carácter analógico-, exige la concurrencia de tres requisitos para la apreciación de la atenuante: a) el carácter extraordinario e indebido de la dilación; b) su no atribuibilidad al propio inculpado; y c) la falta de proporción con la complejidad de la causa.
El carácter indeterminado de esas pautas valorativas, confieren utilidad a buena parte del cuerpo de doctrina ya proclamado por esta Sala en el marco jurídico previgente. Lo que está fuera de dudas es que los requisitos que ahora se proclaman de forma expresa en el listado de las atenuantes específicas, sólo adquieren sentido como reglas de valoración referidas al caso concreto. No se trata de claves abstractas para resolver sobre la razonabilidad del plazo, sino de pautas para evaluar, una vez el proceso penal ha concluido, si su duración ha sido o no razonable (cfr. SSTS 385/2011, 5 de mayo y 1025/2011, 5 de octubre , entre otras).
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El tiempo invertido en el enjuiciamiento no puede considerarse extraordinariamente dilatado. Por otra parte no se mencionan ni existen periodos de paralización injustificados. No existen méritos en definitiva para apreciar la atenuante invocada.
Tampoco cabe que la atenuante pueda ser admitida con el carácter de muy cualificada. Nuestra jurisprudencia ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, por espacio de varios años. Así, en casos de transcurso de nueve años de duración del proceso penal ( SSTS 655/2003, de 8 de mayo , y 506/2002, de 21 de marzo ); también se ha apreciado como muy cualificada en la STS 291/2003, de 3 de marzo , por hechos sucedidos en 1993 y juzgados en 2001. En STS 896/2008, de 12 de diciembre , por hechos ocurridos 15 años atrás. En STS 551/2008, de 29 de septiembre , ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral, terminada la instrucción; y en la STS 630/2007, de 6 de julio , por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Finalmente, la STS 132/2008, de 12 de febrero , estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el año 1990.
Procede por tanto inadmitir el motivo ( art. 885.1º LECrim .).
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
