ATS, 30 de Junio de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 30 Junio 2009 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de Junio de dos mil nueve
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- Por el Procurador de los Tribunales D. Juan Guillermo González Belmonte en nombre y representación de "Construcciones Metálicas ErrotaGain S.L." y D. Borja, Dª Encarnacion y Dª Inmaculada presentó, con fecha 21 de julio de 2006 escrito de interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia dictada, con fecha 30 de noviembre de 2006 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª), en el rollo de apelación 3383/06 dimanante de los autos de juicio nº 23/05 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bergara.
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- Mediante Providencia de fecha 30 de abril de 2007 la Audiencia tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a las partes personadas en el rollo de apelación el 2 de mayo siguiente.
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- Recibidas las actuaciones y formado el presente rollo, El Procurador de los Tribunales D. Ángel Luis Fernández Martínez en nombre y representación de la entidad mercantil " Benalcazar S.L." y "Construcciones Metálicas Errotagain S.L." presentó en fecha 12 de junio de 2007 escrito ante esta Sala, personándose en concepto de parte recurrente. El Procurador de los Tribunales Dª Rocío Martín Echagüe nombre y representación de la entidad mercantil Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa presentó en fecha 10 de mayo de 2007 escrito ante esta Sala compareciendo en concepto de parte recurrida.
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- Por providencias de fechas 27 de enero y 21 de abril de 2009 se pusieron de manifiesto a las parte personadas ante esta Sala, las posibles causas de inadmisión de los recursos.
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- Mediante escritos presentados los días 24 de febrero y 21 de mayo de 2009, la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto entendiendo que concurren los presupuestos legales para su admisión. Por escritos de fechas 19 de febrero de 2009 y 13 de mayo de 2009 la parte recurrida mostró su conformidad al respecto.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Jose Almagro Nosete, a los solos efectos de este trámite.
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- Los presentes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación tienen por objeto una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, por lo que es indiscutible la sujeción de los recursos al régimen que la misma establece. Por otro lado puso término a un juicio ordinario que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a su cuantía, con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal segundo del citado art. 477.2 de la LEC 2000, habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC 2000, lo que requiere una cuantía superior a ciento cincuenta mil euros (150.000 euros), según criterio reiterado de esta Sala en numerosos recursos de queja y de inadmisión del recurso de casación y que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en Autos 191/2004, de 26 de mayo y 201/2004, de 27 de mayo y en Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, 167/2004, de 4 de octubre y 3/2005, de 17 de enero, resoluciones conforme a las cuales tal criterio, adoptado en la Reunión de Pleno para la unificación de la doctrina del articulo 264 de la LOPJ ( Sala General), no supone vulneración del art. 24 de la Constitución Española.
La parte recurrente por medio de su legal representante, preparó e interpuso recurso de casación al amparo del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC, alegando que la cuantía del procedimiento supera el límite legal de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros), invocando:
.- Vulneración del articulo 18 de la LOPJ, que consagra el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, al no imponerse las costas causadas.
De igual forma preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal al amparo del motivo 2º, 3ª,y 4º, del art. 469.1, invocando la infracción del contenido de los artículos 208.2, 208.4, 209, y 218.2 de la LEC, alegando la falta de motivación de la resolución objeto de recurso, así como de exhaustividad y congruencia por cuanto no se han interpuesto las costas causadas pese a desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la sentencia dictada en Primera Instancia, lo cual conculca así mismo el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el articulo 24 de la Constitución Española.
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- Examinadas las presentes actuaciones, el recurso extraordinario por infracción procesal incurre en la causa de inadmisión en la causa de inadmisión de carencia de fundamento prevista en el art. 473.2.2º de la LEC 2000 .
A tales efectos debemos recordar que esta Sala ha ido perfilando una doctrina cerrada en torno a la infracción de las normas relativas a las sentencias que se concrete en la denuncia de alguno de los tipos de incongruencia reconocidos por la doctrina científica. De este modo, se ha declarado que el deber de congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible (SSTS 15-12-95, 7-11-95 y 4-5-98 ). La finalidad de la LEC al respecto es asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión (STS 28-7-95 ); de forma que para determinar la incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en que se expresa el fallo combatido (SSTS 22-4-88, 23-10-90, 14-11-91 y 25-1-94 ), sin que su exigencia alcance a los razonamientos alegados por las partes (SSTS 30-4-91 y 13-7-91 ), o por el Tribunal (STS 16-3-90 ); y en esta línea se ha precisado que la incongruencia no puede amparar una revisión probatoria, de manera que no puede darse por haberse apartado la Audiencia de los hechos reputados probados en la primera instancia, tras haber valorado nuevamente la prueba (SSTS, entre otras, 28-7-97, 11-5-98, 1-12-98, 1-3-99, 26-10-99 y 8-3-00 ), procediendo significar también que no son incongruentes ni faltas de motivación las sentencias que se remiten a la fundamentación del órgano "a quo", cuando éste ha resuelto todas las cuestiones ventiladas en el pleito (SSTC 174/87, 24/96 y 115/96 ) .
Igualmente es doctrina de la Sala la que establece que el deber de motivación de las sentencias se impone, ciertamente, sobre la base del respeto a la tutela judicial efectiva, que determina su exigibilidad justificada por los propios fines a cuyo logro se tiende, cuales son el sometimiento del Juez al imperio de la Ley, lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial, y facilitar el control de la misma por los tribunales superiores (cf. SSTC 22/44, 28/94, 13/95 y 32/96, entre otras); ahora bien, tal exigibilidad se encuentra matizada por la doctrina constitucional indicando que "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (SSTC 14/91 ), es decir, la ratio decidendi (fundamento de la decisión) que ha determinado aquélla (SSTC 28/94, 153/95 y 32/96 ), que puede deducirse del conjunto de los razonamientos de la decisión (SSTC 91/95 y 1/99 ); criterio éste que la Sala ha recogido, entre otras, en las SSTS 1-6 y 3-6-99 -que cita las de 23-4-90 y 14-1-91- al señalar que el deber de motivación ha de cumplir la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional, pero no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener sobre la cuestión litigiosa.
La concurrencia de la indicada causa de inadmisión es manifiesta en el caso que nos ocupa y es que, basta una revisión de la sentencia para comprobar que no se produce una falta de motivación sobre la imposición de costas de la Primera Instancia ni de la alzada, sino que por el contrario la Audiencia indica claramente que no se imponen las costas en virtud de las serias dudas de derecho que presentaba el supuesto litigioso, haciendo así aplicación del art. 394.1 in fine, pronunciamiento que, a la vista del mismo, no puede ciertamente considerarse inmotivado. Otra cosa es que dicha motivación no sea conforme a los intereses de la parte recurrente. La inadmisión de este motivo determina igualmente la inadmisión del resto de motivos en los que se alegaba la incongruencia de la Sentencia y la vulneración de la tutela judicial efectiva como consecuencia del pronunciamiento sobre las costas, pues evidentemente si la resolución no es incongruente y está motivada, no puede apreciarse la vulneración de la tutela judicial efectiva que aparece directamente subordinada a la estimación de la falta de motivación o de la incongruencia dela resolución.
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- Por lo que se refiere al recurso de casación, el mismo no puede prosperar, por cuanto denunciada la infracción de las normas en materia de costas y las normas sobre invariabilidad de las resoluciones, tales cuestiones no son susceptibles de casación (art. 483.2. 2º, en relación con el art. 477.1 de la LEC 2000 ) ya que las normas que regulan la condena al pago de las costas han de considerarse de naturaleza procesal, y se ha reiterado en numerosos Autos que en ningún caso son aptas para fundar el recurso de casación, por exceder del ámbito de éste las cuestiones procesales. Es más, abundando en tal cuestión, debe dejarse sentado que tampoco las normas sobre costas pueden ser invocadas por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, ni en el régimen provisional regulado en la Disposición final 16ª de la LEC 2000, ni siquiera en el mas amplio del articulado (arts. 468 y siguientes), que tiene todavía pospuesta en parte su vigencia (vid. Disp. final 16ª, apartado 2); además es imprescindible, aparte la recurribilidad de la sentencia, que la vulneración de la norma procesal sea incardinable en alguno de los motivos tasados en el art. 469.1 LEC 2000, en ninguno de los cuales tiene encaje adecuado la infracción de los artículos sobre costas, dado que el pronunciamiento relativo a éstas no se regula en la ley de enjuiciamiento dentro de las normas sobre las resoluciones judiciales, en los arts. 206 a 215, sino que es tratado en diferente Libro de la LEC 2000 (Libro II, Título I, Capítulo VIII, arts. 394 a 398 LEC 2000 ), donde se establecen las disposiciones relativas a "la condena en costas", que, evidentemente, no tienen cabida en el motivo segundo, del art. 469.1 LEC 2000, referido únicamente a normas reguladoras de la sentencia, ni tampoco en el motivo tercero del mismo precepto, atinente a normas que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad o hubiere podido producir indefensión; obviamente la falta de un motivo en que tenga encaje la vulneración de las normas sobre costas es razón bastante para considerar que el legislador ha optado por excluir del recurso extraordinario procesal la verificación de la aplicación de los preceptos correspondientes, ni siquiera para el control del criterio objetivo, único que la jurisprudencia de esta Sala venía admitiendo como susceptible de fiscalización a través del recurso de casación bajo el régimen de la LEC de 1881, pues ya era reiterada la doctrina sobre la exclusión de toda revisión del criterio subjetivo, en orden a la concurrencia o no de circunstancias relativas a temeridad o buena fe, para atemperar el criterio objetivo, sustentar la condena o relevar de la misma en los casos regidos por el criterio subjetivo. La exclusión del recurso extraordinario por infracción procesal es, por otra parte, acorde con el reforzamiento de la naturaleza instrumental del proceso, por ello no es de extrañar que cuestiones adjetivas de tanta amplitud como las correspondientes a la ejecución, no puedan acceder a este medio de impugnación, es mas, incluso están excluidas como regla general del recurso de apelación (cfr. art. 562.1 LEC 2000 ); de ahí que sea coherente con este sistema de recursos el que se exceptúe del extraordinario procesal la denuncia de vulneraciones de las normas reguladoras de las costas. Corrobora esta conclusión la explícita previsión del recurso de apelación sobre costas, en el art. 397 LEC 2000, de modo que la LEC 1/2000, de 7 de enero
, ha optado porque la función de unificación que corresponde a los órganos jurisdiccionales no vaya mas allá del ámbito de cada Audiencia Provincial, a través de las resoluciones que dicten en grado de apelación; asimismo esa expresa referencia al recurso de apelación en materia de costas, sin mención del recurso extraordinario patentiza que sólo se contempla el devolutivo ordinario. Tales criterios han sido recogidos en los Autos de esta Sala, entre otros, de fechas de fechas 26 de junio, 18 de septiembre y 6 de noviembre de 2007, en recursos 645/2004, 58/2004 y 415/2003, y aplicados al presente caso determinan la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación para plantear la infracción de normas sobre costas procesales.
En relación con la alegación acerca de la vulneración de las normas sobre la invariabilidad de las costas procesales, igualmente excede del ámbito del recurso de casación dada su naturaleza puramente adjetiva por lo que debía plantearse a través del recurso extraordinario por infracción procesal.
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- Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC 2000, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.
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- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.
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) NO ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil "Construcciones Metálicas S.L." Y " ErrotaGain S.L." contra la Sentencia dictada, con fecha 30 de noviembre de 2006 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª), en el rollo de apelación 3383/06 dimanante de los autos de juicio nº 23/05 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bergara.
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) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.
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) IMPONER las costas a la parte recurrente.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LAS PARTES PERSONADAS ANTE ESTA sala.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
