STS, 9 de Diciembre de 1994
| Ponente | EDUARDO FERNANDEZ CID DE TEMES |
| ECLI | ES:TS:1994:19351 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 9 de Diciembre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 1.109.-Sentencia de 9 de diciembre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr don Eduardo Fernández Cid de Temes.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía
MATERIA: Seguro. Reclamación de las primas (Ramo del automóvil).
NORMAS APLICADAS: Sustantivas: Arts. 1.089,1.091,1.101 y 1.108 del Código Civil y 1.°, 15 y 22 de la Ley de Contrato de
Seguro. Procesales: Art. 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 16 de mayo de 1989.
DOCTRINA: Se reclama el cumplimiento del contrato, el pago de las primas y consiguientemente, la aseguradora asume los riesgos con su abono, restableciéndose la equivalencia de las prestaciones, pero al retrasar el abono de una cantidad líquida es obvio que el perjuicio existe y que entra en juego el art. 1.108 del Código Civil en cuanto dispone que "si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal del dinero", que es lo que aquí ocurre.
Se desestima el recurso.
En la villa de Madrid, a nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Bisbal; cuyo recurso fue interpuesto por "Suberolita, S. A.", representado por el Procurador de los Tribunales don Enrique Hernández Tabernilla y asistidos del Letrado Jerónimo Arenas Guix; siendo parte recurrida "Caja de Previsión y Socorro, S. A.", representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rodríguez Puyol, asistida del Letrado don Joaquín de Ríbot Targá Roña.
Antecedentes de hecho
1. El Procurador de los Tribunales don Caries Peyas Gascons, en nombre y representación de "Caja de Previsión y Socorro, S. A.", formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra la entidad mercantil "Suberolita, S. A.", estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia: "Declarando: Primero. Que "Suberolita, S. A.", viene obligada a satisfacer a "Caja de Previsión y Socorro, S. A.", la cantidad de 7.543.866 pesetas o aquella superior o inferior cantidad que se ponga de manifiesto en trámite probatorio o de ejecución de sentencia, correspondiente a las primas de las pólizas de seguros suscritas con la misma, y que se relacionan en el hecho primero de la demanda, y que han sido aportadas bajo documento núms. 1 al 282, ambos inclusive,al haberse prorrogado aquellas pólizas por un año (enero de 1989 a enero de 1990), salvo los recibos (documentos núms. 41 y 44 que pertenecen a diciembre 1988- diciembre 1989) al no haberse notificado la oposición a la prórroga con la anticipación y forma que prevé el art. 22 de la Ley de Contrato de Seguro . Condenando: a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, el pago de la suma de
7.543.866 pesetas o aquella superior o inferior cantidad que se ponga de manifiesto en trámite probatorio o de ejecución de sentencia, con más los intereses legales, y al pago de las costas del juicio".
-
Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en nombre y representación de "Suberolita, S. A.", el Procurador don Antonio Puigverte Matabosch, quien contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia: "desestimando la demanda en todas sus partes, absolver a mi representada con imposición de costas a la parte actora".
-
Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes y figuran en los autos.
-
Tramitado el procedimiento, el Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Bisbal dictó Sentencia de fecha 3 de julio de 1990 , cuyo fallo dice literalmente:
Fallo: Que estimando la demanda representada por la representación procesal de la "Caja de Previsión y Socorro, S. A.", debo condenar y condeno a "Suberolita, S. A.", al pago de la cantidad de
7.543.866 pesetas, más los intereses legales, y las costas de este procedimiento.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Apelada la anterior sentencia por la representación de "Suberolita, S. A.", la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia con fecha 4 de septiembre de 1991 , cuyo fallo dice literalmente así: Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de "Suberolita, S. A.", contra la Sentencia dictada con fecha 3 de julio de 1990 por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Bisbal en autos de menor cuantía núm. 77/89 instados por "Caja de Previsión y Socorro, S. A." contra "Suberolita, S. A.", debemos confirmarla y la confirmamos íntegramente, haciendo expresa condena de las costas de esta alzada al apelante y siendo firme esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con certificación de la misma para su cumplimiento.
Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por el Procurador don Enrique Hernández Tabernilla en nombre de "Suberolita, S. A.", con amparo en los siguientes motivos: Motivo de casación. Primero. Error en la apreciación de la prueba, al amparo de lo previsto en el art. 1.692, 4.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Segundo . Infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, al amparo de lo previsto en el art. 1.692.5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Este motivo fue inadmitido.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Eduardo Fernández Cid de Temes.
Fundamentos de Derecho
La "Caja de Previsión y Socorro, S. A.", demandó en 16 de marzo a "Suberolita, S. A.", interesando el pago de las primas del seguro correspondiente al año 1989, que cubría el ramo de automóviles de su flota, alegando al respecto, a más de los arts. 1.089, 1.091, 1.101 y 1.108 del Código Civil , la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980 y sus arts. 1.°, 15 y 22, coincidente éste con el art. 12, párrafo 3 , de las condiciones generales, en cuanto dispone que las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de antelación a la conclusión del seguro en curso. Opuso la demandada que había sido práctica habitual, consentida y aceptada, que la anulación de las pólizas se realizase mediante notificación exclusivamente verbal y que tal notificación se había verificado, por lo que había procedido a formalizar las correspondientes altas en la "Mutua Nacional del Automóvil". El juzgado de La Bisbal dictó Sentencia, en 3 de julio de 1990 (autos 77/89 ), condenando a "Suberolita, S. A." al pago de 7.543.866 pesetas más intereses legales y costas, al no haberse acreditado la resolución verbal. Apeló "Suberolita, S. A." y la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, por Sentencia de 4 de septiembre de 1991 (rollo 510/90 ), confirmó la recurrida, manifestando en sus fundamentos de Derecho que el único motivo opuesto por la demandada al pago de las primas había sido la eficacia de la comunicación verbal de su decisión de anular y cancelar latotalidad de los seguros concertados. Reconoce el órgano colegiado, con acierto, que no existe obstáculo alguno para admitir la validez y eficacia de la notificación resolutoria oralmente verificada, siempre que, al ser una declaración de voluntad recepticia, fuera conocida en tiempo por la aseguradora, pero sienta de modo tajante "la falta de demostración de aquella afirmación, no muy atendible por otro lado si se tiene en cuenta todo el material probatorio y particularmente, que existen bajas cursadas por escrito a finales del año 1988 respecto a determinadas pólizas, lo que en principio viene a significar que no se produce una cancelación general como se pretende" y que "además tampoco se acredita la fecha de celebración de los contratos concertados con la "Mutua Nacional del Automóvil", dato que hubiera podido constar, si así hubiera interesado, de forma precisa".
El recurso de casación se formula en un escrito que, al menos ha de calificarse de anómalo, pues aunque la tendencia jurisprudencial es cada vez más contraria a cuanto pueda significar rigor formalista, como obstáculo al conocimiento de la cuestión de fondo, no quiere decir que pueda prescindirse de aquellas formas o requisitos consustanciales al recurso de casación (Sentencia de 16 de mayo de 1989 ), entre ellos las exigencias del art. 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que requiere tanto la adecuada separación de los motivos, como el razonamiento de su pertinencia y fundamentación, que constituye obligación insoslayable del recurrente. Y ocurre en el caso que nos ocupa que bajo la rúbrica "motivos" se exponen lo que se titula antecedentes, para plantear después "error en la apreciación de la prueba" y dentro de lo que parece un motivo independiente una cuestión "carácter previo" referida a que la sentencia recurrida transcribe en los antecedentes de hecho el fallo de otra sentencia que se aportó a los autos principales, en la que siendo la misma la parte actora la demandada y condenada difería de la aquí recurrente, error meramente material que pudo subsanarse con la pertinente aclaración, pero que carece de importancia alguna al no trascender al fallo, claro, preciso y congruente respecto a la cuestión debatida. También ha de significarse que el motivo no superó el trámite de admisión por venir mal formulado y carecer del apoyo documental preciso, lo que mantiene incólume, inconcusa, la base táctica sentada por la Audiencia, recogida en el fundamento anterior, de la que ha de partirse en todo caso.
En un tercer apartado se alega "infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, al amparo de lo previsto en el art. 1.692, 5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil", para luego, en cinco subapartados, realizar alegaciones de carácter heterogéneo que prohiben igualmente el art. 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia recaída sobre el mismo, por cuanto se proyecta confusión sobre la pertinencia y fundamentación del motivo, llegando incluso a citar ciertos preceptos sin razonar absolutamente nada sobre el porqué se consideran infringidos.
En el submotivo primero se cita la regla de que nadie puede ir contra sus propios actos, sin cita alguna de la jurisprudencia que lo ampara, para establecer que "se ha constatado como antecedente que la forma habitual para proceder a la cancelación de las pólizas se efectuó de forma verbal". Como se parte de un hecho contrario a cuanto sienta la sentencia recurrida sin que haya triunfado su impugnación, es llano que falta el acto propio que se dice contradicho y el alegato tiene que fracasar.
El submotivo segundo alega la inexistencia de daños y perjuicios producidos por el incumplimiento de su obligación, ya que éste no los origina siempre y en el caso ni existió reclamación alguna por razón de siniestros y, de producirse estos, serían asumidos por la "Mutua Nacional del Automóvil". Como se ve, vuelve a hacerse supuesto de la cuestión, pues la Audiencia dejó establecido que "tampoco se acredita la fecha de celebración de los contratos concertados con la "Mutua Nacional del Automóvil"; además: Se reclama el cumplimiento del contrato, el pago de las primas y consiguientemente, la aseguradora asume los riesgos con su abono, restableciéndose la equivalencia de las prestaciones, pero al retrasar el abono de una cantidad líquida es obvio que el perjuicio existe y que entra en juego el art. 1.108 del Código Civil en cuanto dispone que "si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere, en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal del dinero", que es lo que aquí ocurre".
El tercer submotivo cita el principio de que nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro. Es cierto, pero la existencia del contrato de seguro, de carácter aleatorio evita el enriquecimiento sin causa, y lo dicho anteriormente impide acoger que se había contratado con la "Mutua Nacional del Automóvil".
El submotivo cuarto se refiere al abuso de derecho, pero siempre partiendo de que sé notificó verbalmente y en tiempo la decisión de no prorrogar el contrato, con lo que vuelve a hacerse supuesto de la cuestión, cosa prohibida en recurso extraordinario como el que nos ocupa.
En un quinto apartado se recoge el texto de los arts. 1.282 y 1.253 del Código Civil , pero sin razonamiento alguno al respecto, por lo que tampoco lo va a realizar esta Sala (ver Sentencia de 16 de mayo de 1989 ).Cuarto: Por imperativo legal (art. 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), al no haber lugar al recurso, han de imponerse las costas del mismo a la recurrente, con pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Enrique Hernández Tabernilla, en representación procesal "Suberolita, S. A.", contra la Sentencia dictada en 4 de septiembre de 1991 (rollo 510/90 ), por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmatoria de la del Juzgado núm. 1 de La Bisbal, dictada el 3 de julio de 1990 en los autos 77/89; condenamos a dicha recurrente el pago de las costas; decretamos la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitido.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.-Eduardo Fernández Cid de Temes.-José Almagro Nosete.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Eduardo Fernández Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Cortés Monge.-Rubricado.
-
ATS, 1 de Octubre de 2002
...los motivos invocados, a cada uno de los cuales deben corresponder unos razonamientos diferentes sobre su pertinencia y fundamentación (SSTS 9-12-94, 17-11-95 y 6-10-2000), siendo rechazable el confusionismo, tanto inconsciente como deliberado, y la cita de una "amalgama de preceptos" (SSTS......
-
ATS, 24 de Junio de 2003
...los motivos invocados, a cada uno de los cuales deben corresponder unos razonamientos diferentes sobre su pertinencia y fundamentación (SSTS 9-12-94, 17-11-95 y 6-10-2000), tal y como ocurre en el presente caso. A ello se suma la falta de indicación por el recurrente del párrafo del art. 63......
-
ATS, 31 de Julio de 2003
...los motivos invocados, a cada uno de los cuales deben corresponder unos razonamientos diferentes sobre su pertinencia y fundamentación (SSTS 9-12-94, 17-11-95 y 6-10-2000), defectos apreciables en el recurso habida cuenta que en un mismo motivo se acumulan cuestiones tan diversas como la ac......
-
ATS, 30 de Septiembre de 2003
...los motivos invocados, a cada uno de los cuales deben corresponder unos razonamientos diferentes sobre su pertinencia y fundamentación (SSTS 9-12-94, 17-11-95 y 6-10-2000), como ocurre en el presente caso. El segundo y último motivo de casación incurre, igualmente en esta causa de inadmisió......
-
Otros elementos del seguro de responsabilidad civil empresarial
...cancelar las pólizas». Sin embargo, en clara contradicción con la sentencia anterior y con lo dispuesto en el art. 22.2 LCS, la STS de 9 de diciembre de 1994 118 admite la validez y eficacia de la comunicación oral de la oposición a la prórroga del contrato de seguro, que llegue a conocimi......
-
Sentencias
...al igual que los razonamientos de su pertinencia y su fundamentación (SSTS de 23 de julio de 1987, 16 de mayo de 1989, 29 de abril y 9 de diciembre de 1994, y 9 de febrero de 2001). (STS de 11 de abril de 2002; no ha HECHOS. -Un oficial de la Guardia Civil demanda a don J. L. M. y a Edicion......