STS 1925/2002, 20 de Noviembre de 2002

1. - Por la Procuradora Dª Guinea y Ruenes, se presentó escrito en el Registro General de este Tribunal Supremo de fecha 26-9-00 en nombre y representación de D. Rafael , interponiendo demanda contra el Estado para declaración de responsabilidad por error judicial en relación con la sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 14 de Barcelona en juicio de faltas nº 81/1998, condenatoria por imprudencia en accidente de circulación que produjo, entre otros resultados, lesiones al ahora demandante, por las que se concedió una indemnización de 5.593.247 pts., cuando a juicio del demandante, por aplicación del baremo legalmente establecido, era una cantidad muy superior la que tendría que habérsele concedido, sentencia que luego fue confirmada en apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de la misma ciudad.

   A juicio del demandante las cantidades que tenían que habérsele reconocido eran las siguientes:

   "Incapacidad temporal.

   Indemnización Básica

   Incapacidad temporal 1.407.500.- Ptas

   Factor corrección

   Perjuicio económico 140.750.- Ptas

   TOTAL 1.548.250.- Ptas.

   Lesiones permanentes.

   Indemnización básica

   62 puntos a 236.114 .- Pta/punto

   Secuelas funcionales/estéticas 14.639.068.- Ptas.

   Factor corrección

   Perjuicio económico 1.463.907.- Ptas.

   Incapacidad absoluta 21.347.539.- Ptas.

   Adecuación vivienda 10.673.700.-Ptas.

   Perjuicios morales 16.010.654.- Ptas.

   TOTAL 64.134.868.- Ptas.

   TOTAL Incapacidad y Secuelas 65.683.118.- Ptas.

   TOTAL gastos justificados 29.435.- Ptas.

   TOTAL vehículo siniestrado 200.000.- Ptas.

   TOTAL importe reclamado 65.912.553.- Ptas.

   A la meritada suma se debería restar el importe fijado por las Sentencias de Instancia y Apelación que asciende a 5.593.247.- Ptas., de forma que el quantum de la indemnización deberá ascender a 60.319.306.- Ptas- (65.912.553.- Ptas.- 5.593.247.- Ptas)."

   Tras alegar los FUNDAMENTOS DE DERECHO que estimó de aplicación al caso, terminó "suplicando" que:

   "Habiendo por presentado este escrito junto con sus copias y los documentos que a él se acompañan, se sirva admitirlo, teniendo al suscrito causídico por comparecido y parte en la indicada representación que ostento y dejo acreditada, acordando la inserción del poder en la forma al principio interesada, y en sus méritos, tener por formulada demanda de declaración de Error Judicial en las sentencias dictadas por el Juez de Instrucción nº 14 de los de Barcelona en las diligencias de Juicio de Faltas nº 81/1998 y confirmada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, Rollo 80/2000, y que tras los trámites procesales oportunos se dicte Sentencia en la que estimando la demandada se declare:

   1. El error judicial cometido por el Juzgado de Instrucción nº 14 de los de Barcelona (Juicio de Faltas 88/1998) y la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Rollo nº 80/2000), al establecer una puntuación, un valor peseta/punto y unos factores de corrección relativos a las secuelas que padece D. Rafael totalmente erróneos y divergentes con la actividad probatoria desplegada en el meritado procedimiento.

   2. Que el meritado error produce efectos indemnizatorios en favor de D. Rafael cuantificados en 60.319.306.- ptas.

   3. Imponga las costas a la Administración del Estado, ordenando la devolución a esta parte del depósito constituido.

   OTROSI DIGO I, Que solicito el recibimiento a prueba del procedimiento".

2. - El Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 30 de abril de 2001, contestó la demanda formulada, y DICE:

   "

   1. Por el demandante se estima cometido el error al establecerse en la sentencia de instancia, confirmada luego en apelación ante la audiencia, una puntuación, un valor peseta/punto y unos factores de corrección relativos a las secuelas que padece (como consecuencia del accidente juzgado en dicho procedimiento), divergentes, no solo de la actividad probatoria desplegada, sino también de los valores y reglas de puntuación que señala la Ley 30/95 y su Baremo. De manera que según los cálculos que efectúa estima que la indemnización que debió fijársele en la sentencia hubo de ascender a 65.912.553 pts., en lugar de la de 5.593.247 ptas. que se estableció en la instancia y se confirmó en apelación.

   2. Del contenido de la sentencia de 26 de enero de 2000 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 14 de Barcelona (juicio de faltas 81/1998), se desprende que al demandante, por las secuelas (aparte de la indemnización por incapacidad temporal -1.430.000 pts.) que tuvo con motivo del accidente se le otorgan un total de 35 puntos, valorándose el punto a 104.422 pts., lo que hacía un total de 3.654.770 pts. a cuyas cantidades se le adiccionó un 10%, que el demandante califica como factor de corrección por ingresos económicos, sumando todo ello el total de 5.593.247 pts., que le fueron concedidas en la repetida sentencia.

      La sentencia de 22 de junio de 2001, dictada en apelación por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmó la de instancia, argumentando que "las indemnizaciones otorgadas (estaban) dentro de las previstas por el baremo, y dentro de los criterios de orientación marcados por el Médico Forense (que valora la secuela entre 33 y 52 puntos), ponderándose la secuela por el Juez a quo conforme a tal criterio y conforme a baremo en 35 puntos, lo que no se estima arbitrario, sino razonable y conforme a derecho...No ha sido tenido probado por el Juez a quo la certeza de los factores de corrección por cuya inaplicación se recurre, y así, la incapacidad que se alega no aparece recogida en el dictamen médico forense,...no habiendo considerado el Juez oportuno el otorgamiento de los factores de corrección que en los restantes conceptos se postulan (modificación de vivienda y perjuicio añadido)...".

   3. En definitiva, la sentencia de apelación considera conforme a derecho las indemnizaciones otorgadas en la instancia. Pero, si se estima que tales indemnizaciones se han otorgado conforme a baremo, la aplicación del mismo ha de hacerse mediante la aplicación de la Regla de Balthazard para el cálculo total de los puntos, con un resultado divergente del que se establece en la sentencia (el demandante considera por ello la puntuación establecida en la sentencia -35 puntos- inferior a la mínima que se obtiene con la aplicación de aquella regla, situándola en un mínimo de 41 puntos y un máximo de 62 puntos).

      E, incluso, que el valor del punto asignado en la sentencia (104.422 pts) no es el correspondiente, según la Tabla III, al número de puntos ni a la edad del demandante.

      Por lo tanto, aún cuando no se estimara acogible la pretensión de este último en lo relativo a la indemnización por adecuación de vivienda e incapacidad absoluta, al no considerarse acreditadas en la sentencia, sí que podría estimarse la posible existencia del error judicial que se solicita en lo relativo a la aplicación del baremo en el cálculo de la puntuación asignada a las secuelas y al valor del punto otorgado en aquélla y, por ello, se considera que procede la admisión a trámite de la demanda formulada y se le de la tramitación correspondiente."

3. - Personado aquí el Abogado del Estado, se acordó emplazar a quienes fueron parte en el procedimiento de juicio de faltas seguido en la instancia a cuyo efecto se libró exhorto al mencionado juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, que emitió el informe ordenado por la ley.

4. - Realizados los emplazamientos correspondientes, compareció en las presentes actuaciones el procurador de los tribunales D. Vázquez Guillén, en nombre y representación de MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, presentó escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo con fecha 31 de julio del 2001, exponiendo los siguientes HECHOS.

   "ÚNICO.- Prescindiendo de la sistemática de la demanda, la cual, incluyendo en los correlativos datos personales objetivos junto con consideraciones subjetivas, interpretaciones legales y valoraciones particulares de determinados datos, está desvirtuando la propia naturaleza del procedimiento promovido y procurando convertir el mismo en una tercera instancia en la que postular la prevalencia de sus pretensiones, tenemos que rechazar la existencia del error que se denuncia, remitiéndonos en lo que a hechos objetivos se refiere a los que vienen establecidos en las resoluciones correspondientes que tienen el carácter de firme, oponiéndonos e impugnando por tanto todo lo que no se corresponda con ellos.

   En ese sentido y, en lo que al reclamante se refiere es obvio que las resoluciones, de instancia y de apelación, establecen que " Rafael curó de sus lesiones en 205 días de incapacidad y asistencia con 50 de hospitalización y secuelas consistentes en rigidez de codo izquierdo con arco de 45º a 135º, material de osteosíntesis en cúbito izquierdo, fractura con callo fibroso amplio, flexión limitada de rodilla izquierda, metatarsalgia en pie izquierdo; en el mismo pie valgo traumático y tamaño de pie más pequeño que el derecho, en este pie tatalgia que le hace deambular con bastón y plantillas, cicatriz de 12 cm. en codo izquierdo y otra de 5 cm. en lateral del pie izquierdo, y otra de 1,5 cm. en pie derecho que ocasionan perjuicio estético.

   A tales hechos, el juzgado de instancia, y ratificado en el recurso de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Sexta), en aplicación del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Disposición Adicional Octava , Ley 30/95), estableció que le corresponden las indemnizaciones que reflejan el Fundamento Sexto de la Resolución de instancia y que detalla los días de incapacidad indemnizables, diferenciando los que eran con estancia hospitalaria y los que no, asignando puntuación a las secuelas resultantes y aplicando los factores de corrección, en este caso el económico, que considero de aplicación al caso.

   Es decir, que el juez una vez desarrollada y practicada la prueba correspondiente y después de ponderarla y valorarla, en un procedimiento y juicio oral con la inmediatez en la ponderación de la prueba y la discrecionalidad en la valoración de la misma que le corresponde, estableció los hechos que a tales efectos (lesiones y secuelas "juzgó" probadas), y a las mismas aplicó la normativa legal vigente según entendió ajustado a derecho, respecto de la cuantificación indemnizatoria de las mismas. Ponderación y valoración que ratifica la sentencia recaída en el Recurso de Apelación correspondiente.

   Desde luego, tal ponderación y valoración no se corresponde con la que pretendía el ahora demandante, pero este planteó y desarrolló las pruebas que entendió procedente, realizó las alegaciones que a su derecho convenían lo que sucede es que, sólo en parte, vio reconocidas sus pretensiones.

   Esto es así, y no necesariamente tenían porqué serlo, sino que el Juzgado en ejercicio de su jurisdicción las valoró y estimó, según consideró correspondía en Derecho.

   Está claro como significa la sentencia de apelación fundamento primero, que "los conceptos por los que se solicita indemnización o aplicación de factores de corrección sobre las indemnizaciones básicas, sin ser estimados, han sido desestimados" y ello añade "no constituye vulneración de principios constitucionales ni arbitrariedad en la resolución pues el derecho de las partes a obtener una resolución fundada en Derecho no comprende la de obtener el éxito de sus pretensiones".

   Planteada en estos términos la cuestión, es claro que la parte que ahora postula un error judicial, al hacerlo en los términos en los que la misma se plantea, desvirtúa totalmente la razón y finalidad de éste, pues si consideró que existía algún error de cálculo o aritmético, bien pudo promover una aclaración por la vía de corrección de errores propia para tales casos, pero lo que de manera alguna procede es que pretenda una nueva revisión de todas sus pretensiones ya resueltas en las vías jurisdiccionales pertinentes, promoviendo una tercera instancia, independientemente de quien tuviera que asumir las consecuencias.

   No se puede vía error judicial, pretender como pretende el recurrente, en todos y cada uno de los hechos de su demanda, que se entre nuevamente en la valoración de la prueba, y en determinar si el reclamante era o no la única fuente de ingresos de la familia, si le restó o no incapacidad laboral y en qué grado, si esta es o no relevante a efectos del sistema de valoración, si la prueba médico forense debe de interpretarse de una u otra forma, etc., ni pretender en suma que se de una nueva interpretación, ajustada a unas pretensiones, de la actividad probatoria desplegada en el meritado procedimiento", (punto a) del suplico).

   En definitiva que la naturaleza y características del procedimiento del "Error Judicial" exige que su postulación siga una rigurosa coherencia con el objetivo del mismo y que no se introduzcan en el cuestiones ajenas, ya resueltas en el cauce procesal y jurisdiccional oportuno, y que llegan a desvirtuar la demanda y a justificar la desestimación del pretendido error.

   Las cuestiones de interpretación no son susceptibles del presente recurso."

   Tras alegar los FUNDAMENTOS DE DERECHO que estimó de aplicación al caso terminó solicitando a la Sala:

   "Que por evacuado el trámite concedido tenga por formuladas las alegaciones que anteceden y por impugnada la demanda de error judicial planteada, y previa la tramitación oportuna, se declare su inadmisibilidad o se desestime dicha demanda promovida a instancia de D. Rafael , con imposición de costas a la parte demandante. - Madrid, a 30 de julio del 2001."

5. - Al no haber comparecido en los presentes autos dentro del plazo de cuarenta días concedido al efecto, fueron declarados en situación procesal de rebeldía Dª Emilia , D. Carlos Jesús y D. Benjamín .

6. - El Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 20 de noviembre de 2001, contestó a la demanda formulada, y DICE:

   "Que reproduce su anterior dictamen de fecha 30 de abril de este año, en el sentido de que es acogible la pretensión el demandante Sr. Rafael sobre la existencia de un error judicial en lo relativo a la aplicación del baremo en el cálculo de la puntuación asignada a las secuelas y al valor del punto otorgado en la sentencia.

   Y ello porque si las indemnizaciones han otorgado con arreglo al baremo establecido en la Ley 30/1995, la aplicación del mismo ha de hacerse mediante la utilización de la Regla de Balthazard para el cálculo total de los puntos y el valor de éstos debe ser el correspondiente al número de puntos y a la edad del demandante.

   Al respecto han de aducirse las Sentencias de la Sala de 15 de febrero y 15 de marzo de 2001, (RJ 2501 y 1894), donde se acoge la doctrina establecida en la STC 181/2000, de 29 de junio, que declara que "el sistema tasado o de baremo introducido por la cuestionada Ley 30/1995, vincula, como es lo propio en una disposición con ese rango normativo, a los jueces y tribunales, en todo lo que atañe a la apreciación determinación, tanto en sede del proceso civil como en los procesos penales, de las indemnizaciones que, en concepto de responsabilidad civil, deben satisfacer para reparar los daños personales irrogados en el ámbito de la circulación de vehículos a motor".

   En consecuencia, procede declarar la existencia de error judicial en los dos extremos a que antes nos hemos referido (cálculo de puntos asignables a las secuelas y valor de dichos puntos)".

7. - El Abogado del Estado, en representación de la Administración, con fecha 18 de enero de 2002 en su escrito de contestación a la demanda expone los siguientes HECHOS:

   "Primero.- Como queda dicho, el Juzgado de instrucción nº 14 de Barcelona tramitó el Juicio de faltas nº 81/1998 por una falta contra las personas en el que se dictó sentencia el 26 de enero de 2000 con el siguiente Fallo: con arresto sustitutorio en caso de impago, y al pago de la mitad de las costas. Debiendo indemnizar con cargo a MAPFRE a los perjudicados por el fallecimiento de Luis Miguel la suma de 11.741.147 pesetas más 500.000 ptas. Por los daños del automóvil, lo que hacen un total de DOCE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESETAS (12.241.147 PTAS). A Benjamín la suma total de DOS MILLONES SETECIENTAS VEINTIOCHO MIL PESETAS (2.728.000 ptas.) con igual cargo directo. A Emilia , la suma total de UN MILLÓN DIECISIETE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS PESETAS (1.017.792 PTAS) con igual cargo directo. A Rafael la suma total de CINCO MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE PESETAS (5.593.247 PTAS.) al mismo cargo. A Francisco la suma de UN MILLÓN DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESETAS (1.247.056 PTAS), al mismo cargo directo.›

   Al Sr. Rafael , recurrente, en estos autos, se le concedió una indemnización con cargo a Mapfre y por todos conceptos de CINCO MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE PESETAS (5.593.247 ptas).

Por estimación parcial de la demanda, ha lugar a declarar que hubo error judicial en las sentencias dictadas en juicio de faltas nº 81 de 1998 por el Juzgado de Instrucción nº 14 de Barcelona con fecha 26 de enero de 200 y en apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de la misma ciudad el día 22 de junio del mismo año, sin condena en costas. Devuélvase al demandante el depósito de cincuenta mil pesetas constituido para entablar la demanda aquí examinada.

Notifíquese esta resolución a las partes y póngase en conocimiento del Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona y de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de la misma ciudad interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Joaquín Delgado García Andrés Martínez Arrieta Juan Saavedra Ruiz

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Joaquín Delgado García , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.