Silencio en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
El silencio en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado hace referencia a la ausencia de manifestación expresa de la Administración Pública y las consecuencias que a esa omisión de actuación se le atribuye.
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Contenido
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El art. 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP establece:
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
Se trata, por tanto, de una regla general por la que se determina que en los procedimientos iniciados a instancia de parte la falta de resolución en plazo, supone que ese silencio administrativo tiene efectos positivos respecto a lo solicitado.
Excepciones a la regla general del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesadoEn el art. 24.1 LPACAP se establecen excepciones a esa norma general por la que se establece la estimación de lo solicitado en caso de que no se produzca la correspondiente resolución expresa. Dichas excepciones pueden ser genéricas o específicas.
Tienen el carácter de genéricas las excepciones que en el art. 24.1 párrafo primero LPACAP se ubican de manera inmediata a la norma general del silencio con efectos estimatorios. Así, rige la norma general de silencio estimatorio positivo excepto en dos supuestos:
- Que una norma con rango de ley así lo establezca y lo haga por razones imperiosas de interés general.
- Que una norma de Derecho Comunitario Europeo así lo establezca.
Acto seguido, y tras estas excepciones de carácter general, el art. 24.1 párrafos segundo y tercero LPACAP establece una serie de supuestos en los que, asimismo, el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios . Esos casos que se señalan de una manera específica y concreta son los siguientes:
- Derecho de petición del art. 29 de la Constitución Española .
- Casos en los que la estimación tuviera como consecuencia la transferencia de facultades relativas al dominio público o servicio público.
- Ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
- Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas .
- Procedimientos en los que el objeto de impugnación sean actos o disposiciones .
- Procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
No obstante, el propio art. 24.1 LPACAP establece que, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el segundo párrafo de dicho apartado.
Efectos del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesadoEn ambos casos, tanto en los supuestos en los que se atribuye efectos estimatorios al silencio administrativo, como en los casos en los que a ese mutismo del órgano administrativo encargado de resolver se le atribuyen consecuencias desestimatorias, es preciso destacar las implicaciones que en la práctica se van a derivar de ese silencio administrativo, distintas en uno y otro caso.
Así, cuando ese silencio administrativo tenga consecuencias estimatorias respecto a lo solicitado por el interesado, la estimación tiene los mismos efectos, de manera total y absoluta, que hubiera tenido un acto administrativo expreso que hubiera dado por concluido el procedimiento administrativo estimando de manera explícita las solicitudes formuladas ( art. 24.2 LPACAP ). Ello supone, además, que el acto expreso posterior sólo puede serlo en el mismo sentido tal y como establece el art. 24.3 a) LPACAP , dado que existe un acto administrativo (presunto, pero acto) que, caso de querer ser anulado ...
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