Concepto de silencio administrativo
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
El silencio administrativo es la ausencia de manifestación expresa de la Administración Pública y las consecuencias que a esa omisión de actuación se le atribuye.
Contenido
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Aunque el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, la práctica demuestra que esto no siempre ocurre y, por ello, resulta preciso que en el ordenamiento se establezcan previsiones con el objeto de proteger al ciudadano frente a la falta de respuesta de la Administración mediante la atribución de efectos a ese mutismo del órgano administrativo que ha incumplido la obligación de dictar una resolución expresa.
El incumplimiento de la obligación de resolver requiere, en primer lugar, del transcurso del plazo concedido a la Administración para proceder a dictar la correspondiente resolución y ponerla en conocimiento de los que resulten interesados en ella. Mientras no se produce el transcurso de ese plazo de tiempo no es posible entender que se ha producido, por parte de la Administración implicada, el incumplimiento de la obligación de resolver. El art. 21.2 LPACAP hace referencia al plazo máximo que de manera genérica fija ese mismo precepto en seis meses, salvo en los casos en los que exista previsión legal (o norma comunitaria) específica al respecto que establezca un...
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