STS, 15 de Septiembre de 2004

Don Mauricio presentó demanda el 2 de diciembre de 2002 contra Altadis European Tobacco Company, S. A. en la que suplicaba que se reconociese "el derecho del actor al percibo de la gratificación por pase a situación pasiva y el abono, en consecuencia, de la cantidad de 1308,24 euros por el indicado concepto, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por el expresado reconocimiento, así como al abono de la indicada cantidad, más el 10% de interés por mora, todo ello con los efectos legales y reglamentarios derivados de este reconocimiento".

El Juzgado de lo Social núm. 2 de la Rioja, al que correspondió conocer de dicha demanda, dictó Sentencia en fecha 3 de marzo de 2003, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: "Que, estimando la demanda formulada por don Mauricio, frente a Altadis, S. A., debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 1308,24 euros (mil trescientos ocho con veinticuatro céntimos de euro).

Esta Sentencia ontenía el siguiente relato de hechos probados: "Primero..- El demandante, D. Mauricio, con D.N.I. NUM000, ha prestado sus servicios para la empresa demandada, con la categoría profesional de Especialista Operativo.- Segundo.- El actor ha prestado servicios hasta el 31.1.02, fecha en que se extinguió su contrato de trabajo en virtud de la autorización establecida en el ERE aprobado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 30.12.2000.- Tercero.- Que se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado de ‹sin avenencia›.- Cuarto.- El demandante reclama la indemnización por pase a la situación de pasivo, regulado en el Acuerdo Marco para el personal de Tabacalera año 2000, capítulo V, art. 24, apartado 6, consistente en una paga por una sola vez, por importe de una mensualidad de la misma cuantía de una paga extraordinaria y cantidades que ascienden a la cantidad de 1308,24 euros.- Quinto.- La resolución de 30.12.2000, dictada por la Dirección General de Trabajo, autorizó en su parte dispositiva a la empresa Altadis, S. A.del grupo de empresas Altadis: La extinción como máximo de 1707 contratos de trabajo, como consecuencia de la aplicación de la medida de prejubilación con carácter forzoso para todos los trabajadores, de ambas empresas, mayores de 55 años el 31.12.2002.- Sexto.- En los acuerdos de conclusión del período de consultas del Expediente de Regulación de Empleo, a propuesta empresarial, se describe la llamada "Etapa de prejubilación" como la fase de extinción del contrato y pase a la situación de desempleo, señalando el siguiente sistema básico: "Desde la fecha en que los trabajadores extinguen su relación laboral con la Empresa hasta la fecha en que -una vez agotadas las prestaciones públicas de desempleo que procedan- reúnan las condiciones mínimas para causar cualquier tipo de jubilación, de conformidad con la legislación vigente en la fecha de firma de este acuerdo, percibirán como indemnización por la extinción de su contrato un porcentaje de su sueldo regulador, pagadero doce veces al año, con incrementos anuales provisionales acumulativos del 2 por ciento, que se harán efectivos a partir del 1º de enero de cada ejercicio económico. Dichos incrementos se ajustarán, al alza o a la baja, en función del I.P.C. real correspondiente a dicho ejercicio económico, tan pronto como se constate dicho índice.- Los ingresos en esta fase se obtienen mediante la percepción de la prestación contributiva y, en su caso, subsidio por desempleo y la percepción de las indemnizaciones mensuales de naturaleza cierta y reversible".- Para la determinación de dichos ingresos se aplican % directamente proporcionales a la edad con arreglo a la escala que en el Acuerdo se establece.- Estableciendo seguidamente las percepciones complementarias entre las que se cita en segundo lugar "Percepción del tabaco de promoción y las prestaciones sociales establecidas en el Acuerdo Marco suscrito el 20.07.1999, en la forma prevista para el personal pasivo" Séptimo.- Mediante comunicación escrita la empresa Altadis, S. A. comunicó al demandante que, en virtud del Expediente de Regulación de Empleo autorizado por Resolución de 30.12.2000, lo siguiente: "Entre las personas afectadas por la medida de prejubilación figura Vd. por lo que ... la extinción de su relación laboral con la empresa se producirá el próximo día 31 de enero de 2002.- En consecuencia, las condiciones que regirán su proceso de prejubilación son las siguientes: 1.- Las prestaciones económicas a percibir por Vd. serán las establecidas en el Plan de Prejubilación previsto en el ERE ... 2.- Altadis, S. A. ... le garantiza la percepción del Tabaco de Promoción y prestaciones sociales establecidas por el Acuerdo Marco 29/7/1999 en la forma prevista para el personal pasivo ... 3.- Asimismo, Altadis, S. A. ... se compromete a abonar en la forma establecida en el ERE las cuotas empresariales al Plan de Pensiones hasta la fecha de jubilación anticipada ... etc.".

Altadis, S. A., con representación y defensa letrada, formalizó recurso de suplicación contra la expresada Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de La Rioja. Dicho recurso fue desestimado por Sentencia de 27 de mayo de 2003, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que, manteniendo en su integridad el relato de hechos probados de la Sentencia de instancia, contiene el siguiente fallo: "Desestimamos el recurso de suplicación nº 161/2003, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia nº 68/03, dictada en tres de marzo del corriente por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Logroño, que se confirma en toda su integridad, imponiendo a la recurrente Altadis, S. A. la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso de seiscientos euros (600 euros) en concepto de honorarios del Letrado impugnante del recurso, con pérdida del depósito y consignaciones efectuadas para recurrir, a los que se dará el destino legal y/o reglamentariamente determinado.

La representación procesal de la empresa demandada, Altadis, S. A., preparó y luego interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia de 27 de mayo de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En el recurso se invocan como sentencias contradictorias las dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fechas 29 de abril de 2002 (recurso de suplicación núm. 4099/2001) y 19 de noviembre de 2002 (recurso de suplicación núm. 1645/2002), ambas ya firmes. Asimismo se alegan en el recurso las siguientes infracciones: a) interpretación errónea de lo dispuesto en el art. 24.6.1 del Acuerdo Marco para el Personal de Tabacalera, S. A. y Logista, S. A. (BOE 19.10.1999), en relación con el art. 59 del mismo Acuerdo Marco; así como lo establecido en determinados y anteriores Convenios Colectivo, en concreto, el art. 6.5 del Convenio Colectivo de Tabacalera, S. A. para el año 1969, el art. 14 del Convenio Colectivo de Tabacalera, S. A. para el año 1978, el art. 18 del Convenio Colectivo de empresa para el año 1982, y el art. 19 del Convenio Colectivo de empresa para el año 1986; y b) inaplicación de los arts. 3.1 y 1281, 1282 y 1283 del Código Civil, relativos a la aplicación de las normas y a la interpretación de los contratos, y el E.R.E. núm. 65/2000, aprobado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000.

La parte recurrente, requerida al efecto por providencia de 15 de julio de 2003, seleccionó como Sentencia contradictoria la ya citada de 29 de abril de 2002, de la Sala de la Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Por providencia de 24 de febrero de 2004 se admitió el recurso a trámite y se dio traslado del escrito de interposición del recurso y de lo actuado a la representación procesal del demandante don Mauricio, a los fines de impugnación del recurso en el plazo de diez días. Por posterior providencia de 21 de abril de 2004 se acordó que, habiendo transcurrido el plazo concedido a la parte recurrida sin que ésta hubiese impugnado el recurso, se diera traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal por plazo de diez días a fines de informe. El Ministerio Fiscal emitió el correspondiente informe en el sentido de interesar la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Altadis S.A.

Por providencia de 9 de julio de 2004 se señaló para votación y fallo del presente recurso el 8 de septiembre de 2004, en el que tuvo lugar.

En virtud de Expediente de Regulación de Empleo, aprobado por resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000, se produjo la extinción del contrato de trabajo que vinculaba a don Mauricio, demandante y ahora recurrido, con la empresa Altadis, S. A., demandada y recurrente, pasando aquél a la situación de prejubilación forzosa. Como quiera que la empresa no abonaba la gratificación prevista en el art. 24.6.1 del Acuerdo Marco de 26 de julio de 1999 (gratificación equivalente al importe de una mensualidad de la misma cuantía que una paga extraordinaria, por pase a la situación pasiva por cualquier causa), dicho trabajador formuló demanda contra la empresa, reclamando el pago de la cantidad correspondiente a dicha gratificación (1308,24 euros) más el interés por mora. Tal demanda fue estimada -salvo en el particular de intereses- por la Sentencia dictada el 3 de marzo de 2003 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de La Rioja.

La empresa demandada, Altadis, S. A. formalizó recurso de suplicación, que fue desestimado por Sentencia de 27 de mayo de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Se afirma en esta Sentencia, fundamentando dicha desestimación, que "resulta palmario que la reseñada prejubilación con carácter forzoso convierte a los trabajadores por ella afectados en verdadero personal pasivo de la empresa, hoy recurrente, pues revisten todas y cada una de las notas características de dicho colectivo: la existencia anterior de una relación de servicios, la extinción de ésta y el derecho a percibo de pensión a cargo del empleador en cuantía proporcional al tiempo de servicios y sueldo percibido".

Altadis, S. A. interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina contra la expresada Sentencia resolutoria del recurso de suplicación, invocando al efecto como contradictoria la Sentencia dictada el 29 de abril de 2002 (recurso 4099/2001) por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. Ambas Sentencias se contradicen, efectivamente, entre sí, como afirma la recurrente y entiende el Ministerio Fiscal, ya que, respecto de hechos y pretensiones sustancialmente iguales -en uno y otro caso sendos trabajadores en situación de prejubilación forzosa, con extinción del contrato de trabajo, como consecuencia del mismo E.R.E., reclaman la gratificación prevista en el art. 24.6.1 del Acuerdo Marco de 26 de julio de 1999-, llegan a conclusiones diferentes, pues en tanto la Sentencia recurrida acoge la pretensión deducida la Sentencia de contraste la rechaza como consecuencia de una diferente interpretación de la normativa aplicable a tal situación.

En el escrito de recurso se denuncian las infracciones siguientes: a) interpretación errónea del art. 24.6.1 del Acuerdo Marco para el Personal de Tabacalera S. A. y Logista, S. A., en relación con el art. 59 del mismo Acuerdo Marco; y en relación con lo dispuesto en determinados y anteriores Convenios Colectivos, en concreto, el art. 6.5 del Convenio Colectivo de Tabacalera, S. A. para el año 1969, el art. 14 del Convenio Colectivo de Tabacalera, S. A. para el año 1978, el art. 18 del Convenio Colectivo de empresa para el año 1982 y el art. 19 del Convenio Colectivo del empresa para el año 1986; y b) inaplicación de los arts. 3.1 y 1281, 1282 y 1283 del Código Civil, relativos a la aplicación de las normas y a la interpretación de los contratos, y el E.R.E. núm. 65/2000, aprobado por la resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000.

La cuestión que se debate se centra en determinar si las previsiones del art. 24.6.1 del mencionado Acuerdo Marco, en el que basa su petición el demandante, es aplicable a los trabajadores cuya relación con la empresa se extinguió a partir del pase a la situación de prejubilación como consecuencia del E.R.E núm. 65/2000. Dicho precepto, en lo que interesa a los fines del presente recurso, dispone lo siguiente: "6.1. Gratificación por pase a situación pasiva: Es la indemnización que percibe el personal [...] en el momento de su pase a la situación pasiva por cualquier causa.- Consistirá en una paga, por una sola vez, por importe de una mensualidad de la misma cuantía que una paga extraordinaria reglamentaria".

La expresada cuestión ha sido ya resuelta por este Tribunal en el sentido de que el prejubilado no es personal pasivo, por lo que no le corresponde la gratificación del art. 24.6.1 del citado Acuerdo Marco: así, entre otras, la Sentencia de 13 de noviembre de 2003 (recurso núm. 1036/2003), dos Sentencias de 18 de noviembre de 2003 (recursos núms..703 y 1470 de 2003) y la Sentencia de 21 de junio de 2004 (recurso 3837/2003).

Se relaciona a continuación lo que sobre la materia cuestionada dice la Sentencia de 13 de noviembre de 2003.

"Para saber si el indicado precepto es aplicable a estos trabajadores hay que ver, de conformidad con las previsiones que en él se contienen, si tales trabajadores se hallan o no en la ‹situación pasiva› a la que dicho precepto se refiere. En tal sentido no cabe duda que desde un criterio meramente literal, que ha sido el utilizado por la sentencia recurrida, podría sostenerse que tales trabajadores desde el momento que dejaron de trabajar en la empresa pasaron a tener la condición de inactivos y ello podría considerarse equivalente a la situación pasiva que daría derecho a aquella indemnización. Pero el criterio de interpretación literal en la indagación de lo que dice un Convenio Colectivo como el sometido aquí a interpretación no es ni el único ni el mejor de los que nos deparan los arts. 1281 y sgs del Código Civil en cuanto que lo que siempre ha de prevalecer en esos casos por imperio de tales preceptos es la intención de los contratantes que no siempre surge de la mera traducción literal de las palabras utilizadas, fundamentalmente cuando, como en este caso ocurre, los términos utilizados no son en absoluto claros".

En efecto, la indemnización prevista en el art. 24.6.1 en aquel Acuerdo Marco se halla establecida a favor de quienes pasen a una situación pasiva, y lo que habrá que ver es en qué sentido debe interpretarse tal concepto jurídico dentro del contexto del Convenio, teniendo en cuenta sus antecedentes y la propia sistemática del mismo. Si nos atenemos a la tradición jurídica mantenida en la empresa alrededor de la indemnización que ahora se reclama podemos observar, como señala la representación empresarial, que desde el primer Convenio de Tabacalera del año 1969 hasta el inmediato anterior al Acuerdo Marco previsto para los años 1999-2000 nos encontramos con el hecho de que la referida indemnización de una mensualidad ha estado siempre prevista para aquellos trabajadores que cesaran en la empresa por ‹invalidez permanente o por jubilación› con determinados años de antigüedad -art. 6.5 del Convenio de 1969-, ampliado en el Convenio de 1972 a los ‹trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad permanente parcial para su profesión habitual› si con ocasión de ello solicitan la baja en la empresa -art. 14 de dicho Convenio-; por su parte en el art. 12 del Convenio de 1983 se extiende la paga por jubilación ‹a todos los supuestos de pase a la situación pasiva cualquiera que fuera su causa›, utilizando el adjetivo ‹pasiva› dentro del capítulo dedicado expresamente a la jubilación cualquiera que fuera su causa, o sea, extendiendo el derecho incluso a la jubilación voluntaria pero nada más. Por su parte el Convenio de 1986 en el que, al establecer las condiciones relativas al personal en situación pasiva, se refiere expresamente al personal que pase a situación pasiva ‹ya sea por jubilación o por invalidez permanente› -art. 19-, restringiendo por lo tanto el carácter de pasivo a estas dos situaciones".

"A partir de estos antecedentes, cuando el Acuerdo-Marco de 1999, con valor de Convenio estatutario expreso, dispone en el art. 24.6 que se reconoce el derecho a quienes pasen a situación pasiva, se hace muy difícil incluir en este concepto a quienes vieron extinguida su relación laboral por un expediente de regulación de empleo en el que la Autoridad Laboral lo que hizo fue homologar los acuerdos previamente suscritos por las partes, y ello aunque los interesados pasaran a la situación de ‹prejubilados›; tanto más cuanto que el art. 59 del propio Acuerdo-Marco se refiere nuevamente al ‹personal en situación pasiva› para incluir en él, siguiendo la interpretación tradicional, únicamente a los inválidos permanentes y a los jubilados".

"Con independencia de los argumentos anteriores, si nos atenemos a los actos coetáneos y posteriores a la extinción, como ordena hacer el art. 1282 del Código Civil, partiendo del hecho de que nos encontramos ante una extinción acordada entre los representantes sindicales y la empresa observaremos, por una parte, que entre los condicionantes establecidos para la extinción de los mayores de 55 años y menores de 64, que fueron los que pasaron a la situación de prejubilados, no existe mención expresa o tácita a dicha indemnización, y los propios trabajadores, cuando aceptaron las condiciones de la extinción, tampoco hicieron mención alguna a este posible derecho a pesar de que no figuraba entre aquéllas".

La exposición precedente pone de manifiesto que debe ser estimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Altadis, S. A., con la consiguiente casación y anulación de la Sentencia recurrida. Y, resolviendo el debate planteado en suplicación, de conformidad con lo previsto en el art. 226 de la Ley de Procedimiento Laboral, debemos estimar el recurso de suplicación formalizado por Altadis, S. A. contra la Sentencia de instancia, y, en consecuencia, debemos desestimar la demanda interpuesta por don Mauricio, absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos formulados contra ella. No procede la condena en costas

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.