STS, 5 de Noviembre de 2001
| ECLI | ES:TS:2001:8575 |
| Procedimiento | D. JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil uno.
Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión de competencia negativa surgida entre el Juzgado contencioso-administrativo nº 27 de Madrid (Procedimiento ordinario 58/1999) y el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 1 (Procedimiento ordinario 21/00) para conocer del recurso contencioso-administrativo planteado por la representación procesal de la empresa WALURIGA S.L." contra la Providencia de apremio nº 28 97 012092545, de fecha 24 de abril de 1998, dictada por la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, reclamación derivada de la resolución de la indicada Dirección Provincial de 21 de mayo de 1996, por la que se declaraba la responsabilidad solidaria de "WALURIGA, S.L." en las deudas de "CLESER, S.A.", dentro del expediente 28/90/96126, recurso contencioso-administrativo que también se formaliza frente a la desestimación presunta del recurso ordinario presentado contra aquéllas en fecha 25 de junio de 1998. Se han personado ante este Tribunal la indicada empresa recurrente, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Pérez González, y la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social.
Trabada cuestión de competencia negativa entre los Juzgados antes indicados para conocer del recurso contencioso-administrativo asimismo antes referido, se remitieron las actuaciones a esta Sala y una vez recibidas se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal que lo ha evacuado en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde al Juzgado de lo contencioso-administrativo número 27 de los de Madrid, criterio éste tambien mantenido por la Tesorería General de la Seguridad Social. La empresa Waluriga, S.L. dejó transcurrir el plazo que le fué concedido sin hacer manifestación alguna.
Por Providencia de 3 de septiembre de 2001, se señaló el pasado día 26 de octubre para la votación y fallo de esta cuestión de competencia, fecha en la que tal trámite tuvo lugar.
La presente cuestión de competencia negativa no es sino una mas de las diversas que tienen trabadas los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales del mismo orden jurisdiccional en relación con distintos recursos derivados de impugnaciones de resoluciones de Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el presente caso la cuestión se plantea entre el Juzgado Central nº 1 y el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 27 de Madrid por entender ambos que carecen de competencia para conocer del recurso contencioso- administrativo planteado por la representación procesal de la empresa WALURIGA S.L." contra la Providencia de apremio nº 28 97 012092545, de fecha 24 de abril de 1998, dictada por la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, reclamación derivada de la resolución de la indicada Dirección Provincial de 21 de mayo de 1996, por la que se declaraba la responsabilidad solidaria de "WALURIGA, S.L." en las deudas de "CLESER, S.A.", dentro del expediente 28/90/96126, recurso contencioso-administrativo que también se formaliza frente a la desestimación presunta del recurso ordinario presentado contra aquéllas en fecha 25 de junio de 1998. Debe significarse que, según resulta de las actuaciones remitidas, al escrito de interposición del referido recurso contencioso-administrativo se acompañó, como documento número 7, fotocopia de la Providencia de apremio de que se trata, cuyo principal importa 706.931 pts. y el recargo de apremio 141.356 pts.
La presente cuestión de competencia debe resolverse en los mismos términos que las ya enjuiciadas en las sentencias de esta Sala y Sección de 11, 18 y 19 de abril, 11 de julio y 6 y 23 de octubre de 2000 y 27 de febrero y 28 de marzo de 2001 -cuestiones de competencia nºs. 376/99, 484/99, 410/99, 418/00, 120/00, 109/00, 504/00 y 503/00- dada la identidad sustancial de supuestos, referidos todos ellos a resoluciones adoptadas por un órgano periférico de la Tesorería General de la Seguridad Social -y más concretamente una Dirección Provincial-. Pues bien, dichas resoluciones señalan que "por mas que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga personalidad jurídica diferenciada y su competencia se extienda a todo el territorio nacional, no se puede desconocer que se trata de un ente dotado de órganos periféricos - Direcciones Provinciales y Administraciones y Unidades de Recaudación incluidas en las mismas- que tienen sus competencias recaudatorias territorialmente limitadas", lo que lleva a dichas sentencias a inclinarse decididamente por la aplicación del artículo 8º.3 de la nueva Ley de esta Jurisdicción, ya que en definitiva el espíritu que anima a dicha norma obedece -según las citadas resoluciones- al propósito "de establecer una correlación entre la competencia territorial del órgano administrativo autor del acto impugnado y la del órgano jurisdiccional llamado a su enjuiciamiento, interpretación finalista que corrobora el artículo 13 de la misma Ley cuando al relacionar los criterios que deben tenerse en cuenta para aplicar las reglas de distribución de competencias contenidas en los artículos anteriores preceptua -letra a)- que las referencias que se hacen a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas".
Procedente será por consecuencia, declarar que la competencia para conocer de la presente cuestión corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, sin que se aprecien méritos a los efectos de una expresa imposición de costas.
Que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo indicado en el primer fundamento de esta sentencia corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, al que deberán remitirse las actuaciones recibidas, dando traslado de esta resolución al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1, y no se hace expresa imposición de costas en este incidente.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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