STS, 30 de Enero de 2007
| Ponente | JORDI AGUSTI JULIA |
| ECLI | ES:TS:2007:494 |
| Número de Recurso | 3455/2005 |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Enero de dos mil siete.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungria López, en nombre y representación del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 6 de junio de 2005, dictada en el recurso de suplicación número 568/2005, formulado por el aquí recurrente, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena, de fecha 21 de enero de 2005, dictada en virtud de demanda formulada por D. Aurelio, frente a Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena, sobre Contrato de Trabajo.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. Aurelio, representado por el Letrado Sr. Martínez Vela
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JORDI AGUSTÍ JULIÁ
Con fecha 21 de enero de 2005, el Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena, dictó sentencia, en la que como hechos probados se declaran los siguientes: "1º.- El demandante, D. Aurelio ha venido prestando servicios para la Empresa "Santiago Laiz vivo" con categoría profesional de "Auxiliar de Recaudación" desde el 14 de mayo de 1979 hasta el 19 de mayo de 2001, de fecha ésta en que fue subrogado por el Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena.- 2º.- La relación laboral entre el actor y la empresa "Santiago Laiz Vivo" se inició en virtud de un contrato temporal suscrito en fecha 14 de mayo de 1979, el cual finalizó en fecha 19 de mayo de 1981.- 3º.- Posteriormente en fecha 13 de mayo de 1981, se suscribió un nuevo contrato de carácter indefinido entre la empresa "Santiago Laiz Vivo" y la parte actora.- 4º.- En fecha 1 de mayo de 2001 el Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena se subrogó en los derechos y obligaciones de la empresa "Santiago Laiz Vivo".- 5º.- La parte actora tiene en nómina reconocida una antigüedad de 19 de mayo de 1981.- 6º.- La parte actora interpone la presente demanda al objeto de que se reconozca que la antigüedad del actor en los organismos demandados es de 14 de mayo de 1979, con los efectos económicos inherentes a dicha declaración.- 7º.- La parte actora ha agotado la vía administrativa previa".
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Aurelio contra la empresa el Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena y contra el Ayuntamiento de Cartagena, debo de condenar y condeno al Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena a reconocer a la antigüedad del actor en el organismo demandado a 14 de mayo de 1979, y ello con los efectos legales inherentes a dicho reconocimiento, al tiempo que debo de absolver al Ayuntamiento de Cartagena de las pretensiones deducidas en su contra ".
Anunciado e interpuesto recurso de suplicación contra dicha sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia, dictó sentencia de fecha 6 de Junio de 2005, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: "...la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido: Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena, de fecha 21 de Enero de 2005, dictada en proceso número 854/04, sobre Contrato de Trabajo, y entablado por don Aurelio frente a Organismote Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia, imponiendo a la parte recurrente las costas procesales, fijándose en 200 euros el importe de los honorarios del Letrado de la parte contraria".
Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 14 de septiembre de 2005, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con Sede en Santa Cruz de Tenerife, de fecha 28 de junio de 2001 (Rec. suplicación núm. 31/2001 ).
Por providencia de esta Sala de 8 de marzo de 2006, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.
Evacuado el trámite de impugnación por la representación de D. Aurelio, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 23 de enero de 2007, fecha en que tuvo lugar.
1.- En la demanda origen de las presentes actuaciones el trabajador reclamó del "Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena" que se le reconozca que su antigüedad en la empresa es la de 14 de mayo de 1979, y ello a todos los efectos legales correspondientes a tal declaración. Por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Cartagena, en autos núm. 854/2004, se dictó sentencia en el sentido de reconocer al demandante el la antigüedad en la empresa de 14 de mayo de 1979, con los efectos inherentes a dicha declaración. Interpuesto recurso de suplicación por el Organismo demandado, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia, dictó sentencia en fecha 6 de junio de 2005 (Rec. 568/2005 ), desestimando el recurso.
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- Es contra dicha sentencia, que el "Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena" interpone el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, señalando como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en fecha 28 de junio de 2.001 (Rec. 31/2001 ).
1.- Al resultar evidente que la cuantía del presente litigio puede no alcanzar el tope mínimo de 1803'04 euros, que el artículo 189-1-b) de la LPL exige para que pueda interponerse recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de instancia, mediante providencia de esta Sala de 22 de junio de 2006 se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la posibilidad de que pudiera existir nulidad de actuaciones por razón de la cuantía, alegando sustancialmente el Organismo recurrente, que el pleito no reviste un contenido exclusivamente cuantitativo, sino de reconocimiento de un derecho, por lo que no existen fundamentos para decretar la nulidad, por lo que debe seguirse con la tramitación del recurso. Por su parte, el Ministerio Fiscal informa en el sentido de que la sentencia de instancia era susceptible de suplicación, pues los solicitado en la demanda era el reconocimiento en la empresa de una antigüedad desde 14 de mayo de
1.979, sin reclamación de cantidad alguna, por lo cual no estaríamos en el supuesto del artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, al no concretarse que la cuantía sea inferior a 1803 euros.
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- En su consecuencia, la primera cuestión que se ha de abordar ahora, es la que se acaba de indicar, relativa a la competencia funcional de esta Sala para conocer del presente recurso. Y a tal fin, debe tenerse en cuenta que este Tribunal ya examinó esta misma cuestión en su sentencia de 21 de abril de 2006 (rec. 4004/2004 ), que resolvió un asunto prácticamente igual al presente, ya que en ambos se reclaman el derecho al reconocimiento del derecho a un nuevo trienio, así como la diferencia económica correspondiente al mismo. Pues bien, en el fundamento jurídico de dicha sentencia, se razona lo siguiente :
"1.-Es evidente en el presente caso que la cuantía (311,76 euros) no alcanza el límite establecido para su acceso al recurso de suplicación, sin que tales efectos podamos tomar en cuenta la petición de condena de futuro que se contiene en la demanda, ya que ello depende de contingencias futuras no previsibles en el momento presente, por otra parte, se trata de una cuestión de orden público que la Sala debe examinar de oficio sin necesidad de entrar en el juicio de contradicción.
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- Tampoco se ha aludido en ningún momento, ni siquiera en la fase de recurso, a una posible afectación general, ni existe dato alguno que permita afirmar que la controversia afecta a un gran número de trabajadores, todo ello en los términos establecidos en la regla d) del nº 1 del artículo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral, por lo que la posibilidad de acceder o no al recurso de suplicación queda reducida a la simple confrontación de la cuantía litigiosa con la señalada en el precepto.
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- No es atendible el argumento de que se ejercita primordialmente una acción declarativa dirigida al reconocimiento de una determinada antigüedad, a la que se anuda una acción de condena al pago de una cantidad, puesto que, como nos recuerda la sentencia de esta Sala de 27 de octubre de 2005 (recurso nº 886/2004 ), resumiendo la doctrina ya unificada: "Como se dijo en la citada sentencia de 7 de octubre de 2005 respecto de las acciones declarativas a las que se anuda o de las que se deriva una acción de condena, existe ya doctrina unificada de esta Sala. Las sentencias de 5-7-00 (Rec.- 3227/99), 5-10-01 (Rec.- 4404/00), 17-5-03 (Rec.- 4039/01), 21-1-04 (Rec.- 4951/02) y 21-1-04 (Rec.- 4951/02) entre las mas recientes, - y entre ellas, también la ya citada de 25-5-05 (Rec.- 557/04 ) - señalan que en los casos en que la acción declarativa es insuficiente por sí misma para tutelar al interés del actor, y de ahí que se ejercite conjuntamente con la de condena, el elemento determinante a efectos de recurso no es la previa declaración que se pide y que constituye fundamento inescindible de la petición de condena, sino la cuantía efectiva que se reclama; pues todo pronunciamiento de condena conlleva uno o varios previos, aunque en ocasiones sean implícitos o no se incorporen al fallo, sobre la procedencia del derecho; y ello aun en los casos en que esa previa declaración no sea objeto de una pretensión expresa e independiente de la de cantidad".
Otro entendimiento conduciría a dejar sin aplicación la regla general de limitación cuantitativa que venimos comentando, pues tendrían acceso al recurso como las acciones meramente declarativas todas las que versaran sobre derechos económicos (litigios sobre salarios u otras obligaciones dinerarias).
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- En este supuesto el interés tutelable tiene un contenido económico correspondiente a la declaración de antigüedad desde el 14 de mayo de 1979, cuando la empresa la había reconocido desde el 19 de mayo de 1981, lo que se traduce en la posibilidad de reclamación de un nuevo trienio, a cuyo efecto resulta instrumental la fijación de otra antigüedad distinta que posibilite su cómputo.
Como también recuerda la Sala en su reciente Sentencia de 7 de junio de 2006 (rec. 2611/2004 ), dictada en recurso similar, con cita de las Sentencias de 17 de mayo de 2005 (rec. 623/2003) y 24 de noviembre de 2005 (rec. 3786/2004 ), "esta falta de competencia no se supera por "el hecho de que con carácter previo a la demanda de condena y en el mismo suplico se pidiera la declaración de reconocimiento de un determinado complemento en cuanto que el reconocimiento del mismo se traduce en una cantidad anual que no supera el límite para acceder al recurso, según el criterio de cómputo seguido por una reiterada doctrina de esta Sala (sentencias de 27 de noviembre de 2002 y 9 de diciembre de 2002, entre otras muchas).".
Dado que en el presente caso la reclamación se traduce en la petición de un nuevo trienio, cuyo importe no supera en su cómputo anual el mínimo ya señalado de 1803'04 euros (es hecho admitido por las partes que el actor tiene una antigüedad de 19 de mayo de 1981, y que por tal concepto percibió en el mes de junio de 2004 la cantidad de 289,62 euros) y, no habiéndose hecho referencia en momento alguno, ni siquiera en la fase de recurso, a una posible afectación general, sin la existencia asimismo de datos que permitan afirmar que la controversia afecta a un gran número de trabajadores, en aplicación de la doctrina trascrita, procede que esta Sala case y anule de oficio la sentencia recurrida, por falta de competencia funcional de la Sala de Suplicación, y declare la firmeza de la sentencia de instancia que en las presentes actuaciones dictó el Juzgado de lo Social núm. 2 de Cartagena (autos 854/2004), desde el momento en que fue dictada. Sin que proceda la imposición de costas (artículo 233.1 LPL ).
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Casamos y anulamos de oficio la sentencia dictada el 6 de junio de 2005 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia en el recurso núm. 568/2005 . Y declaramos la firmeza, desde el momento en que fue dictada, de la sentencia de 21 de enero de 2005 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Cartagena, recaída a los autos 854/2004), en virtud de demanda formulada por Don Aurelio, sobre reclamación de derecho y cantidad. Sin costas. Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jordi Agustí Juliá hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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