STS, 25 de Noviembre de 1998

El motivo que se articula en primer lugar en este recurso denuncia quebrantamiento de forma por la vía del número 1º del 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que consiste en la denegación de la práctica de una prueba solicitada en su momento por el recurrente y a pesar de que el tribunal la estimó pertinente.

Pretendía la defensa del actual recurrente que se aportaran originales de los boletines de la Seguridad Social. Remitidos por error otros distintos de los solicitados, al objetar el acusado que no podía afirmar la autenticidad de su firma, se pidió por el fiscal la suspensión del acto del juicio para que se practicara una prueba de reconocimiento de firma, pero a ello se opuso el acusado.

El derecho a valerse cualquier acusado de delito de todo medio de prueba para su defensa ha sido reconocido a nivel constitucional y, además, el derecho a ser presumido inocente, derechos que también le reconocen tratados internacionales firmados y ratificados por España y cuyo contenido ha pasado a ser parte del ordenamiento jurídico interno (art. 96 de la Constitución, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1.966 y Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales). Pero, como reiteradamente se ha recogido en la doctrina de esta Sala y en la jurisprudencia constitucional, el derecho a la prueba no es absoluto, de tal modo que este el tribunal de instancia obligado a admitir toda la que se proponga por el acusado y a practicarla aun cuando su relevancia para el fallo se haga innecesaria, de tal modo ha de llenarse una serie de requisitos para que la denegación de la prueba vulnere el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, y, entre ellos, además de su solicitación y admisión como tal, el que efectivamente la prueba de que se prescinda tenga efectos perjudiciales en el fallo para el que la solicitó, para lo que ha de razonarse convincentemente por quién recurra sobre la necesidad para su defensa de la prueba de la que se prescindió (sentencias de esta Sala de 18 de Marzo y 9 de Diciembre de 1.997, de 27 de Enero de 1.998). Es este extremo el que no se logra alcanzar en este caso. El tribunal tuvo a su disposición otros medios probatorios de cuya resultancia pudo afirmar la participación del recurrente en los documentos que no fueron aportados originales, documentos que, de otra parte, no eran necesarios para la defensa sino que podían ser útiles para complementar la prueba de cargo. De ahí que fuera el Ministerio Fiscal quien solicitara como alternativa la práctica de un reconocimiento de firma a la que el recurrente se opuso. Si la prueba con que contó el tribunal fué suficiente para dictar sentencia condenatoria es objeto de otro motivo.

El presente ha de ser desestimado.

El motivo correlativo de este recurso, al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alega quebrantamiento de forma por existir manifiesta contradicción entre varios de los hechos entre afirmar que se consideran probados. Se refiere el motivo a la contradicción en los hechos que toda persona que fuera a la finca "DEHESA000" a participar en labores de limpieza se le computaría como tiempo de trabajo, y luego decir de 51 de esas personas que no realizaron las jornadas certificadas, sin quedar claro si fueron o no la finca, ni si, caso de haber ido, la actividad fué considerada laboral, ni tampoco si el recurrente había certificado constándole que no habían ido a la finca, cuando es así que lo habían hecho.

Una invariable y prolongada doctrina de esta Sala ha fijado los requisitos precisos para la existencia del vicio formal que se denuncia: que la contradicción sea manifiesta en el más amplio sentido gramatical del término, ostensible, insubsanable, insoslayable e incompatible con el mantenimiento del relato de hechos por excluirse recíprocamente los términos en contradicción, que emane de los propios términos empleados en la expresión del relato fáctico; que afecte completamente y en forma esencial a los hechos y sus circunstancias con repercusión en la calificación jurídica, o en los grados de ejecución y participación u a otras circunstancias determinantes de la responsabilidad penal y civil; y que sea causa de una incongruencia advertible en el fallo dada la directa relación entre el vicio formal y el contenido del dicho fallo (sentencias de 3 y 18 de Marzo de 1.997, y 19 de Enero, 13 de Marzo y 4 de Abril de 1.998).

No se observa en las contradicciones que en este caso se denuncian que tengan un ostensible carácter meramente gramatical, sino que las diferencias en algunos casos que se expresan son de carácter conceptual y referentes a situaciones de personas distintas y en momentos diferentes con lo que no son contradicciones sino diversas afirmaciones compatibles entre sí, con lo cual no se producen los efectos tergiversadores de los elementos precisos para dictar sentencia y, en definitiva, procede la desestimación del motivo.

También como en el precedente motivo con alegación de quebrantamiento de forma, residenciado en el artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se introduce el tercer motivo del recurso, aunque aquí con denuncia de existir el defecto formal de predeterminación del fallo por utilización en los hechos del término "a sabiendas", en la que se ha ido configurando jurisprudencialmente el conocimiento pleno por el agente de la falsedad de los documentos en cuya realización se le atribuye autoría.

Existe también sobre el vicio formal aquí denunciado una pacífica y constante doctrina de esta Sala sobre los requisitos que han de cumplirse para su estimación: que sean expresiones técnico-jurídicas, generalmente solo asequibles a juristas y no utilizadas en el lenguaje llano del común de las gentes, empleadas en la definición o denominación de tipos penales, que al ser utilizadas en los hechos, sustituyendo los ocurridos por valoraciones jurídicas de los mismos, sean determinantes para el contenido del fallo y, sean insuprimibles por su relevancia en la construcción de los hechos (sentencias de 20 de Junio de 1.997 y 23 de Febrero y 11 de Marzo de 1.998).

En el caso la frase "a sabiendas" es utilizada y entendida por la generalidad de los hispano-parlantes como indicativa de que una conducta o actuación se realiza con conocimiento y conciencia de lo que al obrar se pretende, y no es término que solo sea utilizado por juristas, aunque sí cuente con larga tradición en su empleo para significar el carácter doloso de ciertas acciones, pero no se ha empleado en las definiciones legales de los delitos, apreciados cometidos en la sentencia recurrida, de falsedad y estafa, ni en sus precedentes redacciones del Código Penal de 1.973 (artículos 302 y 529 respectivamente), ni en el vigente (artículos respectivos 390 y 248). No es pues procedente la acogida del motivo, el cual ha de ser desestimado.

El motivo introducido en cuarto lugar entre los del recurso denuncia, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de Ley, en concreto la del artículo 24 de la Constitución que regula el principio de presunción de inocencia.

Según el recurrente la sentencia se basa tan solo en la presunciòn de que él firmó las certificaciones de los jornales de personas que no habían trabajado ni siquiera ido a la finca conocida como "DEHESA000", pero sin contar con verdadera prueba ya que no hay en autos documentos originales, ni ninguno que aparezca expresamente firmado por él, ni de que las personas a quienes los documentos se refieren no hubieran ido a la finca a trabajar, aunque no recibieran retribuciones dinerarias sino en especie, pero con control de lo que los trabajadores hacían.

El ámbito sobre el que recae la presunción de inocencia lo constituyen tan solo hechos y es totalmente ajeno a las valoraciones jurídicas que los hechos reciban o merezcan. Son esos hechos de dos clases: onas de ellos se refieren a la realización de los hechos que pueden merecer el calificativo de delictivos, otros a la participación en ellos del acusado, también sin entrar a calificar jurídicamente esa participación, caso de haberse constatado.

Una abundante y concorde doctrina de esta Sala, cuyo número excusa toda cita de resoluciones concretas, viene señalando los aspectos sobre que puede recaer la función de este tribunal cuando, en casación, se alegue infracción del derecho a la presunción de inocencia, y son: 1º) comprobar si el juzgador de instancia contó con suficiente prueba de cargo, aun cuando pudiera ser mínima, para dictar un fallo condenatorio, 2º) cerciorarse de que esas pruebas se han obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, lo que las haría inválidas a fines probatorios, y en correctas condiciones de inmediación y contradicción, lo que generalmente se logra en el juicio oral, aunque cabe contar también con prueba preconstituída antes de ese momento y siempre que haya llenado las exigencias para ello o valorar manifestaciones hechas por una persona distinta a las afectadas en el juicio, siempre que su diferente contenido haya sido objeto de las discusiones del mismo y 3º) verificar que la asunción y valoración de esas pruebas se ha realizado con criterios, expresados en la preceptiva motivación de la resolución, que responden a principios de lógica y experiencia y, en su caso, científicos, sin que puedan admitirse razonamientos ilógicos o arbitrarios, y sobre todo cuando, careciendo el tribunal de prueba directa de ciertos hechos haya de inferirlos a partir de elementos indiciarios, que han de estar absolutamente probados. Pero hay que destacar que en modo alguno es función de este tribunal de casación realizar sobre el acervo probatorio una nueva valoración de la prueba, porque ello es función exclusivamente atribuída al juzgador de instancia ya que solo él ha podido tener respecto a ellas una irrepetible inmediación. Corolario de esta última afirmación es la improcedencia, por su inutilidad, de que los recurrentes pretendan dar de las pruebas una valoración distinta a la ya realizada con el fín de que esta Sala vuelva a realizar una nueva valoración que, por lo dicho, le está vedada.

En este caso evidentemente no contó el tribunal sobre el hecho de la firma de una serie de certificaciones por el acusado con un reconocimiento por su parte de tales firmas, ni de prueba pericial-caligráfica que la supliera, pero sí de algunas correspondientes a nueve de la serie de cincuenta y una personas que se recogen en el relato de hechos de la sentencia, a lo que se añade por el juzgador la del contenido de esas certificaciones que se corresponde con relaciones nominales de los documentos TC 2/8 y con los asientos de los libros de matrícula que sirvieron para su confección y con los datos incluidos en los documentos relativos del INEM y de la Tesorería de la Seguridad Social, y, para afirmar el hecho de su firma con conocimiento de que lo que en las certificaciones se decía no era, respecto de algunas personas, cierto, con la base además de abundantes declaraciones testificales realizadas en el juicio reconociéndose por bastantes de los que en las certificaciones fueron incluidos, que aun habiendo ido a recoger leña y a hacer, en parte, picón con la leña recogida, no habían sido retribuidos con un salario en dinero, que iban cuando querían sin someterse a un horario fijo, o que iban por la mañana o por la tarde o que se marchaban cuando se cansaban, sin que aparezca haber existido un riguroso control, así como que era conocido generalmente en el pueblo que bastaba con inscribirse en el libro matrícula para luego, realizando esas actividades, poder obtener certificaciones, expresando salarios en dinero, que permitieran usarlas para acreditarlas como peonadas trabajadas. Con tales bases probatorias y a través de inferencias no arbitrarias ni ilógicas, sino por el contrario, razonables , hay que afirmar que el tribunal sentenciador contó con suficiente prueba de signo acusatorio obtenida en el juicio oral, o que fué objeto de referencia en el mismo acto en condiciones de inmediación y contradicción, que, más tarde, fué valorada con criterios lógicos no rechazables para afirmar los hechos que recogía en la redacción del relato fáctico de su sentencia, al menos con referencia a nueve de las personas que obtuvieron certificaciones por supuestas peonadas. Por ello, y aun restringiéndolo a tan solo nueve de esas personas, hay que desestimar el motivo parcialmente y estimarlo tan solo con respecto a las restantes personas de cuyas certificaciones no hay seguridad de las firmas por el recurrente.

El motivo sexto del recurso se articula con invocación en su apoyo del artículo 849 número 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y alega haber sufrido el juzgador error en la apreciación de la prueba. Señala el motivo la falta de referencia en la sentencia recurrida a varios documentos acreditativos de la propiedad de la finca "DEHESA000" por el Ayuntamiento de DIRECCION000, a que, como consecuencia de los trabajos efectuados, el arrendamiento de los pastos de la misma finca ha subido desde 1.000.000.- de pesetas a 3.800.000, a que se obtuvieron licencias administrativas para realizar los trabajos de limpieza de partes sucesivas de la finca municipal que se realizaron por trabajadores de la localidad, y se omitió también cualquier referencia a los dos informes periciales realizados, uno en el que el perito estima haberse podido realizar en la dicha finca 37.751.- jornales de trabajos, y el otro explicando el deterioro de la finca al no haber sido objeto de trabajos después de iniciarse esta causa.

Además de otros requisitos, tales como la acreditación del error mediante prueba de carácter documental, y la no acreditación de ciertos hechos por otros medios probatorios cuya resultancia hubiera preferido acoger el juzgador antes que lo que de los documentos se desprenda, la viabilidad y el éxito de un motivo fundado en error de hecho depende de otras exigencias, no concurrentes en las aquí alegadas, cuales son la existencia de error y la relevancia con respecto al fallo del sufrido, de tal modo que, sin ese error, el contenido del fallo hubiera sido diferente. Pues bien respecto a las calificadas por el recurrente de omisiones en este caso, no hay respecto a la primera alegada error alguno, antes bien, se expresa en los hechos como el Ayuntamiento de DIRECCION000había devenido empresario agrícola con respecto a la finca "DEHESA000" de la que es titular. Y respecto a las otras alegadas omisiones no se refieren a extremos cuyo contenido, si se hubiera tenido en cuenta, hubieran cambiado el signo del fallo de la sentencia porque aunque se expresara haberse realizado los trabajos autorizados administrativamente, el aumento en la cantidad obtenida por arrendar los pastos, debido a las mejoras realizadas la necesidad de un elevado número de jornales para trabajos en la finca y el perjuicio de la misma por no continuarse en esa actividad de mejorarla, de ello no se desprende como lógico resultado que el recurrente no hubiera firmado en certificaciones al efecto que habían realizado trabajos de esa clase algunas personas de las que le constaba no lo habían hecho.

Procede desestimar el motivo.

El quinto motivo del recurso, introducido por infracción de Ley, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se refiere a dos diferentes infracciones de normas, las de los artículos 302 y 528 del Código Penal anteriormente vigente, que se dicen haber sido ambas incorrectamente aplicadas y que, sin embargo, son merecedoras de distinta consideración y suerte.

El artículo 302 del anterior Código Penal, cuyos números 2º y 4º han sido aplicados en la sentencia recurrida, definía el delito de falsedad en documento público.

Inveterada y uniformemente se viene recogiendo en la jurisprudencia de esta Sala que para la existencia del delito de falsedad documental son precisos los siguientes requisitos: 1º) el elemento objetivo o material de mutación de la verdad mediante alguno de los procedimiento enumerados por la Ley, hoy en el artículo 390 del Código Penal, y anteriormente, en el 302 del Código de 1.973; 2º) que tal alteración incida sobre elementos del documento con relevancia para los efectos para las relaciones jurídicas a que normalmente se destinan, de tal modo que con esta exigencia se excluyan las falsedades inocuas o intranscendentes para esos fines, y 3º el elemento subjetivo del dolo falsario que consiste en la conciencia y voluntad del agente del hecho de transmutar la verdad (sentencias de 6 de Octubre de 1.993, 25 de Abril de 1.994, 21 de Noviembre de 1.995 y 21 de Noviembre de 1.996).

Para encajar tales hechos en el precedente artículo 302, ó en el actual 390, es preciso concurra en el agente la condición de funcionario público y que el documento que sea objeto de la falsedad sea de las que pudiera extender en uso de sus funciones, o sea abusando de su oficio (sentencias de 17 de Mayo de 1.994 y 4 de Noviembre de 1.996).

Precisamente todas las antedichas circunstancias concurren en el presente caso en el que el acusado que ahora recurre procedió a poner su firma sobre documentos de carácter público en que sabía se faltaba a la verdad con respecto a datos sobre el trabajo de algunas personas, pese a lo cual y sabiendo que con su firma se completaban y alcanzaban la posibilidad de justificación con efectos jurídicos de unas circunstancias que por tal medio se debían acreditar, puso su firma en condición de alcalde que era la que determinaba fuera él a quien correspondía firmar los documentos. Tal conducta se repitió, si bien no en tantos casos como se han expresado en relato de hechos probados de la sentencia recurrida, al menos con nueve personas de las que en dicho relato se han incluído. Por ello tal conducta ha de ser calificada de delito continuado, toda vez que, existiendo una pluralidad de tales hechos de falsedad realizados en momentos separados, todos respondieron a un dolo unitario y homogéneo y a la realización de un único propósito o finalidad, mediante idéntica forma de operar, que vulneraba un mismo precepto penal, condiciones todas ellas que son las exigidas en la definición legal del delito continuado (artículo 74 del Código Penal y 61 bis del Código precedente) y han sido expresadas en la doctrina de esta Sala (sentencias de 11 de Noviembre de 1.997 y 20 de Marzo de 1.998). Por todo ello no puede estimarse que se haya infringido por indebida aplicación el artículo 302 del Código Penal antes vigente, y en vigor al realizarse los hechos.

En consecuencia esta parte del motivo ha de ser desestimada.

El otro precepto que se dice infringido en el motivo quinto del recurso, por haber sido indebidamente aplicado en el caso, es el artículo 528 del Código Penal vigente al realizarse los hechos enjuiciados y que recogía la definición del delito de estafa.

En abundante número de sentencias de esta Sala de los años 1.992 a 1.996 se ha acogido la tesis de que hechos similares al presente eran constitutivos de un delito de estafa, excluyéndose la aplicación del artículo 350 del Código Penal de 1.973 hasta entonces vigente, por interpretarse que los subsidios de desempleo no constituían subvenciones que era el término que en ese artículo 350 se utilizaba. Empero la Ley Orgánica 6/98, de 29 de Junio, que modificó aún, antes de su desaparición por la promulgación del nuevo Código Penal, el texto del viejo Código de 1.973, introdujo, junto a la obtención de subvenciones y desgravaciones, la de ayudas de las Administraciones Públicas, que, según la Ley 31/90 de 27 de Diciembre, que reformó en ese aspecto la Ley General Presupuestaria, se entiende ser toda disposición gratuíta de fondos públicos realizada por el Estado o sus organismos autónomos en favor de personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fín público. Evidentemente el pago de subsidios de desempleo es una actividad de finalidad social y promueve la consecución del fín público de paliar los negativos efectos del paro laboral. Se equiparaba así la conducta de los trabajadores con los casos de empresarios que obtuvieron subvenciones o desgravaciones públicas, cuando unos u otros recurrieren para obtenerlas a falsear las condiciones requeridas, sacándola, en los casos referidos a subsidios de desempleo, del Código Penal, ya que, no debiendo aplicarse a tales conductas la condición de delito de estafa, en la práctica habrá devenido imposible que por medio de una fraudulenta obtención de subsidio de desempleo se alcance por persona alguna la cantidad de diez millones de pesetas, que es la que, como requisito para la perseguibilidad penal de tal conducta, fijó la reforma de Junio de 1.995 y se mantiene en el precepto idéntico del actual artículo 308 del Código Penal y, naturalmente, sin perjuicio de que tales conductas puedan ser objeto de sanciones administrativas. La aplicación prioritaria del principio de especialidad que sanciona el artículo 8 del Código Penal para solucionar el conflicto aparente de leyes, impide que, existiendo un tipo de delito especial, se aplique en casos como el presente el general de la estafa antes que la especial defraudación a la Administración pública. Ciertamente que tal figura de delito no existía aún al tener lugar los hechos enjuiciados en esta causa, pero por aplicación del principio de retroactividad de las leyes penales que favorezcan al reo, que consagra el número 2º del artículo 2 del Código Penal, y antes se encontraba en el 24 del Código de 1.973, esa aplicación retroactiva de la nueva norma se impone. En este sentido interpretativo se han orientado ya las sentencias de esta Sala de 19 de Abril y 29 de Septiembre de 1.997.

Sí, pues, la conducta del recurrente en la que aún cabía cuestionar si obró con propósito de cooperar a defraudar a la Seguridad Social obteniendo para trabajadores de DIRECCION000indebidos pagos de subsidios por desempleo, no puede ser nunca considerado como cooperación necesaria para un delito de estafa, sino, todo lo más, de cooperación a la comisión de diversas infracciones administrativas, es visto que no se aplicó correctamente al caso el artículo 528 del ya desaparecido Código Penal, y, consecuentemente ha de acogerse esta parte del motivo, haciendo su acogida innecesaria y en la consideración del restante motivo que, por infracción de Ley, se ha articulado.

Recurso del Ayuntamiento de DIRECCION000:

Se articulan en el primer motivo de este recurso dos pretensiones casacionales, alegando en ambas quebrantamiento de forma, en un caso con amparo y cita del artículo 850.1º, y en el otro del 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ambos, cuyo contenido se refiere a los que han sido objeto de los motivos primero y tercero del otro recurso, si bien ampliando la alegación de conceptos predeterminantes del fallo a los términos "lo concibiera él u otros o se imitara otros ejemplos de disfunciones aumentado así de forma ficticia", "permisividad", "inveraz", "apariencia de certeza que se les dió", "librando para mayor autenticidad" y "trabajos indebidamente percibidos", además del término " a sabiendas" a que se refiere el motivo homólogo del otro recurso.

Pues bien, ha de tenerse aquí por dicho lo expresado para desestimar los motivos equivalentes del precedente recurso y aplicarlo también al presente con extensión de la referencia a todos los antes relacionados términos que no han sustituído meros hechos por conceptos jurídicos solo conocidos por técnicos en la materia y empleados en la denominación o definición de cualquier tipo penal.

El motivo, pues, ha de ser desestimado.

El complejo motivo que es el segundo de los que este recurso engloba bajo denuncia de infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda una serie de alegaciones de infracción de distintos preceptos legales concretos: los de los artículos 792.2, 793.2 y 142.4 regla 4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como del 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por un lado, y de los artículos 6 bis a), 69 bis, 302.2 y 4 y 528 del Código Penal antes vigente, así como del artículo 24.2 de la Constitución. Han de recibir separada consideración.

En primer lugar todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no tienen cabida en un motivo que se plantea por infracción de Ley. Efectivamente requiere el artículo 849.1º que la infracción que se denuncia sea de un precepto penal de carácter sustantivo o de otra norma jurídica del mismo carácter. Por ello repetidamente se ha recogido en la doctrina de esta Sala la improcedencia de denunciar por esta vía vicios que pudieran constituir infracción de normas procedimentales, por lo que, respecto a las alegaciones de infracciones de ese tipo en este caso, se hace preciso desestimar la parte del motivo que la incorpora.

Conviene recordar aquí lo dicho para resolver el motivo quinto del precedente recurso y aplicarlo a la denuncia de infracción de los artículos 69 bis, 302 y 528 del Código Penal vigente hasta Mayo de 1.996. En consecuencia procede desestimar que hubiera habido en el caso infracción de los artículos 69 bis, y 302 de ese Código, y, por contra, admitir la infracción del 528 al incardinar la sentencia recurrida en el tipo delictivo de estafa lo que no puede ser a lo sumo más que infracción administrativa.

Respecto a la alegación de indebida inaplicación del artículo 6 bis a) del derogado Código es patente que no hay base alguna para su aplicación al caso (sentencias de 29 de Noviembre de 1.994, 3 de Diciembre de 1.996 y 29 de Septiembre de 1.997). El error de tipo exige que, por una parte, el sufrimiento de error estuviera demostrado y fundado en afirmaciones contenidas en la sentencia y, de otro, que se atienda para valorarlo a las circunstancias objetivas del caso y a las subjetivas del acusado, a su grado de cultura y condiciones psicológicas y a que sabía que podía, si tuviera dudas, haberse asesorado cumplidamente, en este caso mediante el personal técnico del Ayuntamiento. Por ello no queda indicio alguno de que obrara con error, sino que por el contrario actuó con suficiente conciencia de que su manera de proceder era contraria a Derecho.

Finalmente la admisión de que no se cometió delito de estafa deja ya sin razones de utilidad alguna resolver sobre los razonamientos utilizados por el tribunal de instancia para acordar la responsabilidad civil subsidiaria del ayuntamiento recurrente, porque, derivada del supuesto delito de estafa del alcalde acusado, delito que no procedía apreciar, queda derivadamente también sin objeto resolver sobre responsabilidad civil subsidiaria por un delito no cometido.

En definitiva, el presente motivo ha de desestirmase a excepción de la parcial acogida en cuanto se refiere a la aplicación del artículo 528 del precedente Código.

Aún un motivo más se formula en este recurso, y se utiliza para señalar error sufrido por el juzgador en la apreciación de la prueba para cuyo efecto se señalan por el recurrente una larga serie de documentos: acta de inspección con que se inició la causa, fotocopias de documentos TC 1/8 y TC 2/8 de varios trabajadores del ayuntamiento de DIRECCION000, del libro de matrícula de personal de la misma entidad, certificaciones de INEM, contenido de treinta y cuatro de las carpetillas con expedientes en el INEM de varios trabajadores e informe dictámen del perito, ingeniero de montes, Sr. Carlos Jesússobre el hecho de que los jornales anuales necesarios para labores de poda y entresacas forestales de la finca "DEHESA000" fueron 37.751'7.

Es necesario para el éxito de un motivo que escoge la difícil vía casacional de denunciar error de hecho, que la equivocación en la construcción de los hechos que sufriera el juzgador sea puesta de relieve y acreditada por medio de prueba inequívocamente documental o, en casos excepcionales, de informes o dictámenes periciales únicos, o absolutamente coincidentes si fueran varios, con la condición que de lo que de esos documentos, o en su caso, dictámenes, digan fluya patentemente la demostración del error sin necesidad de apoyarse en otros medios de prueba o en elaborados razonamientos. Preténdese en este motivo acreditar que en muchos casos de personas a quienes se le certificaron jornadas trabajadas para el Ayuntamiento de DIRECCION000no necesitaron de las que por esa entidad le fueron certificadas, por lo que parece habrá de sobreentenderse que para nada era preciso al alcalde hacer certificaciones falsas con el fín de ayudar a las personas sobre las que certificó. Pero, aparte de que no se comprueban tales afirmaciones, sino al contrario, que en muchos casos las jornadas que se dijeron trabajadas por algunos trabajadores para el Ayuntamiento completaron exactamente sesenta en un año, y en más númerosos casos aún, la suma de resultados fué de entre 61 y 65 jornales, aunque se comprobara lo que el recurrente pretende de ello no resulta inequívocamente que los documentos que el alcalde firmara no incluyeran datos inveraces y cuya falsedad le era conocida. Y en cuanto a los cálculos de jornales en 37.751'7 de un perito, existen otras pruebas en el sentido de que no hacía falta tanta mano de obra como la que se observó en algún momento estar trabajando en la finca, criterio que, en su función de valoración conjunta de la prueba, ha privilegiado y admitido el tribunal antes que las afirmaciones del perito.

El motivo ha de ser desestimado.III.

FALLO

Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION interpuestos por Enriquey por el Ayuntamiento de DIRECCION000, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Jaén con fecha veintiseis de Noviembre de 1.996 en causa contra el primero citado seguida por delitos de falsedad, malversación y estafa, acogiendo parcialmente los motivos cuarto y quinto del primer recurso y segundo del otro recurso, ambos por infracción de Ley. Y, en su virtud, CASAMOS Y ANULAMOS dicha sentencia con declaración de oficio de las costas ocasionadas por los recursos.

Comuníquese esta resolución, y la que seguidamente se dicta, a la mencionada Audiencia Provincial a los efectos legales oportunos, y con devolución a la misma de los autos que, en su día, remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Andujar y seguida ante la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 2ª, rollo 14/96) por delitos de falsedad en documento oficial, malversación y estafa contra el acusado Enrique, hijo de Luis Albertoy Rosa, de 36 años de edad, natural y vecino de DIRECCION000y, como responsable civil subsidiario, contra el Ayuntamiento de DIRECCION000, causa concluída por sentencia dictada por la mencionada Audiencia Provincial con fecha veintiseis de Noviembre de mil novecientos noventa y seis, que ha sido CASADA Y ANULADA por la dictada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín MARTIN CANIVELL, hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES

U N I C O .- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia recurrida a excepción de la relación nominal de personas a las que se certificaron por el acusado jornales no prestados, de los que se admiten tan solo los incluidos en los números 4, 15, 17, 18, 19, 35, 36, 39 y 46.