ATS, 19 de Octubre de 2004
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:11732A |
| Número de Recurso | 471/2003 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Octubre de dos mil cuatro.I. ANTECEDENTES DE HECHO
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- La Procuradora de los Tribunales Sra. Martínez Tripiana, en representación de Dª. María Rosario, formuló demanda de exequátur de la sentencia de fecha 20 de marzo de 2002, dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 24º Turno de Montevideo, República Oriental de Uruguay, por la que se pronunció el divorcio entre su representada y D. Constantino (demandado que no se opuso en el juicio de origen).
El matrimonio disuelto había sido celebrado en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 24 de junio de 1977 e inscrito en el Registro Civil español.
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- Los contrayentes eran española -la mujer- y uruguayo -el varón- y residentes en la República Oriental de Uruguay; cuando pidió justicia a esta Sala, la solicitante era residente en España.
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- Se han aportado los documentos siguientes: copia legalizada de la ejecutoria cuyo reconocimiento se pretende, con expresión de su firmeza; certificado de inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.
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- El Ministerio Fiscal dijo que no se oponía al exequátur.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Francisco Marín Castán
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No resulta aplicable el Convenio de Cooperación Jurídica entre el Reino de España y el Gobierno de la República Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo el 4 de noviembre de 1.987, ratificado el 16 de octubre de 1.997 y que entró en vigor el 30 de abril de 1.998, en cuyo Título I se regula el reconocimiento y ejecución de decisiones, transacciones judiciales, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva, pues su artículo 1º. a) excluye expresamente de su ámbito material de aplicación el estado y capacidad de las personas físicas; ha de estarse, por lo tanto, al régimen general de condiciones regulado en el artículo 954 de la LEC (de 3 de febrero de 1.881) -que mantiene su vigencia conforme establece la Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción tercera, de la LEC 1/2000, de 7 de enero-, no habiéndose acreditado la reciprocidad negativa (art. 953 LEC).
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- Resulta probada la firmeza de la sentencia, según la ley del Estado de origen; la firmeza de la sentencia, cuyo exequátur se pretende, viene exigida, cualquiera que sea el régimen de reconocimiento, por el artículo 951 (de la citada Ley de 1881) -que sobre este extremo, no es únicamente atinente al régimen convencional, si se lee junto con los preceptos siguientes- y reiterada doctrina de esta Sala.
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- El requisito 1º del art. 954 (de la citada LEC 1881) ha de entenderse cumplido habida cuenta de la naturaleza personal de la acción de divorcio.
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- En cuanto al requisito 2º del mismo artículo 954, se tiene por probado que el juicio de origen se siguió con el conocimiento del cónyuge demandado, quien voluntariamente, y pese a haber sido citado regular y oportunamente para comparecer en el proceso, permaneció ausente del mismo, lo que en modo alguno puede constituir un obstáculo para el exequátur (cfr. AATS 17-2-98, 7-4-98, 18-5-99, 23-5-2000, 9-4-2002, 4-6-2002, 25-2-2003, 29-4-2003, 31-7-2003, 8-6-2004 y 27-7-2004, entre otros).
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- Por lo que interesa al requisito 3º del precitado artículo 954, la conformidad con el orden público español -en sentido internacional- es plena: el artículo 85 del Código Civil establece la posibilidad del divorcio cualesquiera que sean la forma y tiempo de celebración del matrimonio.
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- La autenticidad de la resolución, según exige el artículo 954.4º, está garantizada por la legalización con la que se ha diligenciado y tal y como obra en autos.
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- No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la República Oriental de Uruguay haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia (artículos 6º.4 Código Civil y 11.2 L.O.P.J.); el artículo 22.2 y 3 L.O.P.J. no establece foros de competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el presente caso concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles; por el contrario, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es la nacionalidad uruguaya del esposo y el lugar de celebración del matrimonio, razones éstas que permiten considerar fundada la competencia de los Tribunales de origen, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior.
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- No consta contradicción o incompatibilidad material con decisión judicial recaída o proceso pendiente en España.LA SALA ACUERDA
Otorgamos exequátur a la sentencia dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 24º Turno de Montevideo, República Oriental de Uruguay, de fecha 20 de marzo de 2002, por la que se acordaba el divorcio de Dª. María Rosario y D. Constantino, quienes habían contraído matrimonio en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el día 24 de junio de 1977, inscrito en el Registro Civil español.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
